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La Defensa al día - Jurisprudencia

En este espacio se encuentran las últimas providencias que tienen interés para el ejercicio de la defensa, que bien merecen la pena ser conocidas y divulgadas. También encontrará algunos artículos en los que se refleja una política defensorial en construcción del ejercicio de la defensa técnica.

Error de apreciación respecto a indicios

Sentencia Nº 24212 del 17 de Septiembre de 2008 - Magistrado Ponente: María del Rosario González de Lemus
Corte Suprema de Justicia


Los indicios pueden ser necesarios cuando el hecho indicador revela en forma cierta o inequívoca, la existencia de otro hecho a partir de relaciones de determinación constantes como las que se presentan en las leyes de la naturaleza; y contingentes, cuando según el grado de probabilidad de su causa o efecto, el hecho indicador evidencie la presencia del hecho indicado.

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Desconocimiento de las reglas de producción y apreciación de las pruebas.

Sentencia Nº 30214 del 17 de Septiembre de 2008 - Magistrado Ponente: Sigifredo Espinosa Pérez
Corte Suprema de Justicia


Respecto de la obligación ineludible de que el perito concurra a la audiencia del juicio oral, si éste se halla imposibilitado para desplazarse, debe acudir el despacho, con las partes, al lugar donde se halla el experto, o recibirse su atestación por algún sistema de audio video; pero si ya se torna imposible recabar su declaración, surge la posibilidad de solicitar al juez que permita la concurrencia de un nuevo perito quien, examinado el objeto o fenómeno, rendirá su informe (que puede ser verbal), directamente en la audiencia de juicio oral. Sin embargo, si ninguna de estas dos opciones se hace factible –no se halla disponible el perito para rendir su dictamen y no es posible efectuar otro examen al objeto o fenómeno-, estima la Corte que por el camino de la excepcionalidad, dentro de un criterio de razonabilidad y ponderación que tenga en cuenta los derechos de las partes –recuérdese, dentro del presupuesto adversarial y de igualdad de armas, tanto la fiscalía como la defensa pueden, y deben, presentar este tipo de pruebas para favorecer su teoría del caso- y la esencia misma del proceso penal, representada por la norma rectora consagrada en el artículo 10 de la Ley 906 de 2004 (“La actuación procesal se desarrollará teniendo en cuenta el respeto a los derechos fundamentales de las personas que intervienen en ella y la necesidad de lograr la eficacia del ejercicio de la justicia. En ella los funcionarios judiciales harán prevalecer el derecho sustancial”), debe aceptarse que ese informe, entendido como base de la atestación pericial, sirva de soporte al dictamen que rinda un experto distinto a aquel que lo elaboró.

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Vía directa de violación a la ley sustancial

Sentencia Nº 29259 del 2 de Septiembre de 2008 - Magistrado Ponente: Alfredo Gómez Quintero
Corte Suprema de Justicia


Sin duda, la debida motivación de las decisiones judiciales configura además un imperativo mecanismo de control sobre el fundamento que en cada caso tiene el juez para valorar de cierta forma los hechos y aplicarles consiguientemente preceptos de derecho, toda vez que además de tener una fuente originaria constitucional (art.29), involucra al juez en el deber de expresar las razones de sus decisiones y al ciudadano el derecho de conocer en todo su detalle el contenido y alcance de las mismas.

De ahí que la doctrina de la Sala para ponderar el carácter teleológico de la sentencia, haya relevado que implica

“…un juicio sobre los hechos y sobre el derecho. Pero la fijación de los hechos implica una tarea que está más allá de su consideración histórica dada la circunstancia de que a ellos se llega a través de los medios de prueba y que sobre éstos han de hacerse juicios de apreciación o valoración jurídicos (guiados por normas de experiencia, ciencia o lógica, o reglas que les asignan o niegan un determinado valor) o juicios de legalidad o validez. La fundamentación apunta precisamente a que el documento en que se recoge el acto de jurisdicción, o sea la sentencia, comprenda ambas clases de juicios de modo que de la manera más explícita posible sea asertiva, afirmativa y que no hipotetice. De ahí que cuando la sentencia no es expresa o terminante, o se manifiesta de manera ambigua o contradictoria, o se estructura de manera simplemente enunciativa con referencia a los actos de prueba y prescindiendo del thema probandi, se constituye en acto procesal defectuoso, vicio de actividad éste imposible de subsanar en la dinámica de las instancias, como tampoco susceptible de remedio en casación a través de su reemplazo, dado que con ello el superior terminaría trastocando la estructura del proceso por instancias o grados.

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Sentencia en un proceso viciado de nulidad

Sentencia Nº 29258 del 22 de Agosto de 2008 - Magistrado Ponente: Augusto J. Ibáñez Guzmán
Corte Suprema de Justicia


El debido proceso, como manifestación del principio lógico antecedente-consecuente, se relaciona con una sucesión compuesta, escalonada y consecutiva de actos regulados en la ley procesal, cuyo objeto, en materia penal, es la verificación de una conducta punible y la consecuente responsabilidad del imputado, orientados dichos actos a obtener una decisión válida y con fuerza de cosa juzgada a cerca de los mismos temas, de suerte que transgredir el proceso como es debido, significa, ni más ni menos, que pretermitir un acto procesal expresamente señalado por la ley como requisito sine qua non para la eficacia del subsiguiente, o adelantar dicho acto sin la observancia de las garantías constitucionales y legales inherentes a las partes e intervinientes, las cuales lo hacen vinculante en tanto manifestación legitima del ejercicio del ius puniendi detentado por el órgano jurisdicente en un Estado social y democrático de derecho.

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Errores en la apreciación probatoria

Sentencia Nº 25917 del 12 de Agosto de 2008 - Magistrado Ponente: Julio Enrique Socha Salamanca
Corte Suprema de Justicia


Trátese de un falso juicio de legalidad o de un falso juicio de convicción, constituye carga del demandante, además de la necesaria mención de las normas que gobiernan el proceso de aducción, producción e incorporación del medio de prueba, o las que regulan el mérito que les corresponde, exponer cómo, tras la exclusión de las pruebas ilegales, o la valoración de aquellas a las que el juez negó esa condición, o la apreciación justa del mérito suasorio que legalmente les corresponde, valoradas todas en conjunto con los demás elementos de conocimiento, se arribaría a una decisión diferente y, en este caso, favorable al procesado.

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Conflicto de competencia

Sentencia Nº 26157 del 31 de julio de 2008 - Magistrado Ponente: Alfredo Gómez Quintero
Expediente 11-001-02-30-000-2008-00228-00 - Corte Suprema de Justicia


Se pronuncia la Sala acerca del conflicto de competencia suscitado entre el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado con funciones de Conocimiento y la Fiscalía Octava Delegada ante los Jueces Penales de la referida categoría y especialidad, ambos de Pasto, dentro de las diligencias de carácter penal que se adelantan contra ÁLVARO por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

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Indicios

Sentencia Nº 29.441 del 10 de julio de 2008 - Magistrado Ponente: José Leónidas Bustos
Corte Suprema de Justicia


La Corte ha sostenido que el error de raciocinio se presenta cuando el juzgador se aparta abiertamente de las reglas de la sana crítica en la determinación del mérito probatorio de un medio específico, o en la construcción de inferencias lógicas en este campo, y por tanto, que cuando se plantea esta clase de error en casación, la demanda debe satisfacer, al menos, los siguientes contenidos:

Uno, el señalamiento específico de la prueba o de la inferencia lógica en la cual se presentó el error. Dos, la indicación precisa de la regla de la sana crítica que fue quebrantada por los juzgadores de instancia. Tres, la acreditación de la trascendencia del error.

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Aplicación del Artìculo 26 de la Ley 1121 de 2006

Sentencia Nº 29.788 del 29 de junio de 2008 - Magistrado Ponente: Augusto Ibáñez Guzmán
Corte Suprema de Justicia


La prohibición de los subrogados y figuras de alternatividad penal que consagra el art 26 de la ley 1121 del 2006 puede cobijar el delito de extorsión como delito autónomo sin tener nada que ver con el terrorismo y su financiación incluido el lavado de activos.

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Incidente de reparación

Sentencia del 5 de diciembre de 2007 - Magistrado Ponente: Augusto J. Ibañez Guzmán
Corte Suprema de Justicia


Si bien el fallador respetó el término máximo de 15 días calendario que para ese acto procesal estipula el artículo 447 del Código de Procedimiento Penal, lo cierto es que olvidó que por disposición del artículo 106 ibidem las víctimas y/o los perjudicados con la conducta punible cuentan con un máximo de 30 días, contados a partir del anuncio del fallo de responsabilidad penal, para solicitar la reparación integral.

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Congruencia

Sentencia del 28 de noviembre de 2007 - Magistrado Ponente: Enrique Socha Salamanca
Corte Suprema de Justicia


La formulación de imputación se constituye en condicionante fáctico de la acusación, de ahí que deba mediar relación de correspondencia entre tales actos. Los hechos serán inmodificables, pues si bien han de serle imputados al sujeto con su connotación jurídica, no podrá la acusación abarcar hechos nuevos.

Si surge otro hecho, debe motivarse una nueva formulación de imputación, pues ello tiene sustento en la Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para la Administración de Justicia Penal al establecer los derechos del imputado cuando indica que "las decisiones que afecten derechos personales o procesales del imputado no podrán ser adoptadas sin audiencia previa."

La aceptación o negociación de cargos deben ser evaluados por el defensor antes de ser sometidos a la aprobación del Juez de conocimiento.



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Nulidad

Sentencia del 31 de octubre de 2007 - Magistrado Ponente: Alfredo Gómez Quintero
Corte Suprema de Justicia


Desde esa perspectiva, la irregularidad que se advierte en la actuación que desarrolló la Fiscalía en cabeza de un Delegado ante la Corte Suprema de Justicia, por cuya orden se llevaron a cabo las actividades de investigación que dieron lugar a la recolección de evidencias, no puede catalogarse como un asunto puramente formal o intrascendente "sino a un punto de fondo, cual es el de la vigencia y operancia de una competencia de arraigo constitucional que garantiza a los funcionarios aforados el respeto de su rango, lo que va de la mano con la garantía del debido proceso y el principio de juez natural, a sabiendas que la competencia en materia penal resulta improrrogable salvo que medie autorización expresa normativa, como insubsanable la nulidad que emana de su desconocimiento". -Cfr. Auto del 7 de mayo de 2007, radicado 11.599-.

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Homicidio agravado en concurso homógeneo

Sentencia 001-2006-009 del 11 de Octubre de 2007 - Magistrado Ponente: Jesús Antonio Lozano Hoyos
Expediente D-6482 - Juzgado 1° penal del Circuito Especializado de Cundinamarca


Descendiendo en el orden de la crítica, así la precisión terminológica en cuanto al grado de intervención se refiere del acusado Santofimio Botero no haya sido la esperada y según la redacción técnica del Código Penal de 1980, al tratar el fenómeno de la participación, por cuanto en el convocatorio a juicio se hizo referencia a diversos conceptos, tal situación no generó vicio alguno que hubiera impedido ejercer el derecho de defensa que sería lo que se menoscabaría, como se insinúa, pues, pese a la variedad de términos utilizados, claro es que finalmente se especificó en forma correcta el aspecto fáctico jurídico de la coautoría al aquí procesado. Tema este con desarrollado legal hoy a partir de la Ley 599 de 2000, pero, reiteramos, antes lo había hecho la doctrina y la jurisprudencia, como actualmente hace clara mención y que, en apoyo, citaremos algunos apartes de otros pronunciamientos a asuntos que, como este, acaecieron en vigencia del Código Penal anterior.

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Muros de la infamia

Sentencia 31707 del 10 de Octubre de 2007 - Magistrado Ponente: Augusto Ibáñez Guzmán
Expediente T626-07 - Corte Suprema de Justicia


Una sanción de esa índole contraría la filosofía de rehabilitación del delincuente y de su reinserción social, así como la Declaración Universal de Derechos Humanos del 10 de diciembre de 1948, que en su artículo 5º establece que nadie será sometido a penas crueles inhumanas o degradantes; la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, que en su artículo XXV señala que todo individuo tiene derecho a un tratamiento humano durante la privación de su libertad, y en el artículo XXVI dispone que toda persona acusada de un delito tiene derecho a que no se le impongan penas crueles, infamantes o inusitadas; la Convención Americana de Derechos Humanos, que en su artículo 5.2. dice que nadie debe ser sometido a penas crueles, inhumanas o degradantes y que toda persona privada de libertad será tratada con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano, y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que en su artículo 7 prohíbe someter a las personas a torturas y a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes.

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Retractación

Sentencia del 10 de octubre de 2007 - Magistrado Ponente: Alfredo Gómez Quintero
Corte Suprema de Justicia


La limitación a la posibilidad de discutir o controvertir los términos de las aceptaciones o acuerdos, ha sido normativamente regulada por la ley a través de lo que la doctrina y la jurisprudencia ha denominado principio de irretractabilidad -(Artículo 37 B numeral 4° del Decreto 2700 de 1991, artículo 40 de la ley 600 de 2000 y 293 de la ley 906 de 2004)-, que comporta, precisamente, la prohibición de desconocer el convenio realizado, ya en forma directa, como cuando se hace expresa manifestación de deshacer el convenio, o de manera indirecta, como cuando a futuro se discuten expresa o veladamente sus términos.

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Nulidad-derecho de defensa

Sentencia 22159 del 26 de septiembre de 2007 - Magistrado Ponente: Jorge Luis Quintero Milanés
Expediente 22159 - Corte Suprema de Justicia


Ahora, cuando la nulidad se vincula a la vulneración del derecho de defensa, por desconocimiento del principio de investigación integral - como acontece en el caso concreto -, porque los funcionarios judiciales no decretaron o dejaron de practicar algunas pruebas, para la correcta formulación de la censura corresponde al demandante ocuparse de: i) especificar cuáles son aquellos medios probatorios cuya ausencia extraña; ii) explicar razonadamente que tales medios de convicción eran procedentes, conducentes y factibles de practicar; iii) advertir el contenido material de las pruebas omitidas, en cuanto esté a su alcance, para brindar a la Sala la oportunidad de confrontar el aporte de aquellos elementos de convicción con las motivaciones del fallo y así poder concluir si en realidad se han vulnerado las garantías fundamentales del procesado; y iv) establecer de qué manera las pruebas dejadas de practicar, tenían capacidad de incidir favorablemente en la situación del procesado.

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Modificacion del sentido del fallo

Sentencia 27336 del 17 de septiembre de 2007 - Magistrados Ponentes: Augusto Ibáñez Guzmán y Jorge Luis Quintero Milanés
Expediente 27336 - Corte Suprema de Justicia


La comunicación del juez sobre el sentido del fallo, acto con el que culmina el debate público oral, forma parte de la estructura básica del proceso como es debido y vincula al juzgador en la redacción de la sentencia. El fallo conforma un todo inescindible, un acto complejo, una unidad temática, entre el anuncio público y la sentencia finalmente escrita, debiendo, por tanto, ser coincidentes sus alcances. No obstante lo anterior, de manera excepcional, el juez puede desconocer el sentido del fallo que anuncia al término del juicio, cuando el reexamen de lo acaecido lo lleve al convencimiento de que acatar el mismo resulta injusto, siendo necesario, en esa eventualidad excepcional, declarar la nulidad de dicho sentido del fallo y rehacer la actuación desde ese momento, con miras al acatamiento del debido proceso y al respeto de los derechos de los intervinientes.

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Redosificación de pena

Expediente 32637 del 28 de agosto de 2007 - Magistrado Ponente: Alfredo Gómez Quintero
Corte Suprema de Justicia


Bajo una tal comprensión y superado el embate jurídico que de atrás se replicaba y que impedía la asimilación de los dos institutos, ha de detenerse la Sala en el caso particular, el que permite señalar: no se muestra exótico, y en cambio sí se ofrece como postulado necesario en aras de una debida aplicación de un derecho procesal penal con claros raigambres constitucionales, el acopiar el precepto contenido en el artículo 351 de la Ley 906 de 2004 y traerlo a situaciones bajo la vigencia de la Ley 600, artículo 40. Para decirlo de otra manera, debió la Sala Penal del Tribunal Superior de Ibagué al momento de conocer del trámite por vía del recurso de apelación de la sentencia estudiar la norma en cita, no obstante no hacer parte del andamiaje procesal por el que se regentó el instructivo pero sí en un claro acatamiento del principio universal de la favorabilidad en materia penal y de favor rei; con un argumento adicional: para la época en que el juez colegiado se pronunció -y mediando petición en ese sentido- ya había entrado a regir la novísima legislación en su distrito por lo que se les imponía su observancia, en la medida que ésta última resultaba ser mucho más benigna y generosa.

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Non reformatio in pejus

Sentencia D-6482 del 23 de agosto de 2007 - Magistrado Ponente: Julio Enrique Socha Salamanca
Corte Suprema de Justicia


Por lo tanto, la limitante que le imponía el artículo 204 de la Ley 600 de 2000, sólo le permitía al Tribunal atender la pretensión del apelante, al revisar los puntos y argumentaciones expuestos, es decir, el objeto de su pronunciamiento no podía salirse del marco propuesto por el representante del Ministerio Público. De manera que el juez colegiado desbordó la competencia funcional al sobrepasar los linderos de la impugnación modificando la absolución proferida a favor FERRER PINTO, agravando de esa forma su situación, yerro que además de vulnerar las garantías de defensa y de segunda instancia, constituye un vicio de estructura procesal.

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Captura Ilegal

Sentencia 27754 del 8 de agosto de 2007 - Magistrado Ponente: Yesid Ramírez Bastidas
Corte Suprema de Justicia


El proceso no se afecta o atrofia por una captura ilegal y la misma no es causal de nulidad, pues a la luz de la legislación procesal vigente, los actos procesales son ineficaces por prueba ilícita, incompetencia del juez y violación a garantías fundamentales, y, según lo dispuesto por el artículo 458 de la Ley 906 de 2004, "no podrá decretarse ninguna nulidad por causal diferente a las señaladas".

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Flagrancia

Sentencia 27707 del 1 de agosto de 2007 - Magistrado Ponente: Julio Enrique Socha Salamanca
Corte Suprema de Justicia


La Corte no desconoce que el concepto de flagrancia se configura con los elementos de actualidad e inmediatez, su esencia está en que la persona sea sorprendida en el mismo momento de la ejecución del delito o inmediatamente después pero sin haber sido perdida de vista, ora por un particular o por un agente de la autoridad que lo sorprende o persigue, siendo la captura la consecuencia directa de la flagrancia.

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Variación calificación juridica

Sentencia 27848 del 1 de agosto de 2007 - Magistrado Ponente: María del Rosario González de Lemos
Corte Suprema de Justicia


Cuando en el curso de la etapa del juicio se varía la adecuación típica de la conducta imputada, el delito a considerar para efectos de determinar la procedencia del recurso de casación es el concretado en las sentencias de instancia, dado que antes de ello la calificación jurídica tiene carácter meramente provisional, adquiriendo naturaleza definitiva únicamente cuando se pronuncian los fallos de instancia, que por ostentar la doble presunción de legalidad y acierto pasan en adelante a regir la actuación, salvo que la Corte, en sede de casación, disponga otra cosa.

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Defensa técnica

Sentencia 27283 del 1 de agosto de 2007 - Magistrado Ponente: Yesid Ramirez
Expediente 27283 - Corte Suprema de Justicia


El defensor está obligado a utilizar con habilidad, que no habilidosamente, todos los mecanismos procesales, sustanciales y probatorios para que su representado resulte favorecido pues, como decía CALAMDREI, el único límite que tiene el defensor para ejercer su defensa es el juego limpio porque la habilidad en la competición es lícita aunque no se permite hacer trampas.

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Sedición

Sentencia 26945 del 11 de julio de 2007 - Magistrados Ponentes: Yesid Ramirez Bastidas, Julio Enrique Socha Salamanca - Corte Suprema de Justicia

Debido a que los hechos delictivos cometidos por cuenta o en nombre de los paramilitares no fueron ejecutados con el propósito de atentar contra el régimen constitucional y legal vigente, con denunciado apoyo de importantes sectores institucionales y procurando obtener beneficios particulares, pretender que una norma identifique como delito político conductas claramente señaladas como delitos comunes resulta contrario a la Constitución vigente, desconoce la jurisprudencia nacional y contradice la totalidad de doctrina nacional y extranjera.

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Indemnización a Victimas

Sentencia c-516 -07 del 11 de julio de 2007 - Magistrado Ponente: Jaime Córdoba Triviño
Corte Constitucional


la Corte encontró que el calificativo de "directo" del daño para el solo efecto de determinar la calidad de víctima, restringe de manera inconstitucional la posibilidad de intervención de las víctimas en el proceso penal y su derecho a un recurso judicial efectivo. La determinación de la calidad de víctima debe partir de las condiciones de existencia del daño y no de las condiciones de imputación del mismo que corresponde a un análisis posterior del juez al determinar la responsabilidad. De ahí que el término "directo" del artículo 132 referido al daño resulta inexequible. Otro tanto ocurre con la calificación de víctima "directa" para pedir medidas cautelares, pues desconoce la concepción amplia de los derechos de las víctimas adoptada por la jurisprudencia, que incluye como titulares de todas las prerrogativas que se derivan de los derechos a la verdad, la justicia y a la reparación a las víctimas o perjudicados que hubiesen padecido un daño real, cierto y concreto. Por consiguiente, el vocablo "directa" de los incisos primero y segundo del artículo 92 y el inciso segundo del artículo 102 de la Ley 906 de 2004 fueron declarados inexequibles.

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Descubrimiento probatorio

Sentencia 27608 del 29 de junio de 2007 - Magistrado Ponente: Sigifredo Espinosa Pérez
Corte Suprema de Justicia


Cuando ya las partes conocen qué es lo pretendido introducir en el juicio como prueba por su contraparte, conforme lo ocurrido en el momento de la enunciación, es factible llegar a acuerdos respecto de los hechos y la forma de probarlos, con el claro cometido de evitar juicios farragosos con una práctica probatoria inane o reiterativa que atenta contra los principios de eficiencia y celeridad propios de la sistemática acusatoria.

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Prueba de Oficio

Sentencia C-396/07 del 23 de mayo de 2007 - Magistrado Ponente: Marco Gerardo Monroy Cabra
Expediente D-6482 - Corte Constitucional


La Prohibicion del decreto y práctica oficiosa de pruebas hace parte de la estructura del Sitema Penal adoptado en nuestra constitución y no es correcto ligar por si solo, el concepto de verdad con la búsqueda de oficio de aquella. Una manifestacion de la parcialidad objetiva del juez es, precisamente, la separación de las funciones de instrucción y juzgamiento y la pasividad probatoria del Juez favorece la igualdad de trato juridico de los sujetos procesales, lo que la doctrina ha denominado "IGUALDAD DE ARMAS".

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Ilegalidad en el recaudo de evidencia física o elemento material probatorio

Sentencia del 16 de mayo de 2007 - Magistrado Ponente: Sigifredo Espinosa Pérez.
Radicación 26.310 - Corte Suprema de Justicia


La competencia del juez de garantías en torno a la exclusión por ilegalidad en el recaudo de evidencia física o elemento material probatorio, únicamente se limita a las hipótesis previstas en el artículo 154-1 y 237 del Código de Procedimiento Penal, relacionadas con el control de legalidad posterior de registros, allanamientos, retención de correspondencia, interceptación de comunicaciones e información dejada al navegar por internet.

Únicamente en esos cinco (5) eventos procede el control de legalidad sobre la evidencia física o elementos materiales probatorios con miras a su eventual exclusión, ya que en los demás casos, el examen de legalidad en la obtención del elemento probatorio se verifica en audiencia preparatoria ante el juez de conocimiento.

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Caso de la masacre de La Rochela contra Colombia

Sentencia del Mayo 11 del 2007- Corte Interamericana de Derechos Humanos

La responsabilidad internacional del Estado colombiano se presenta por acción y por omisión, en el primer caso porque brindó un marco legal que propició la creación y fomento de grupos paramilitares, y en el segundo, omitió otorgar a los afectados las condiciones de seguridad necesarias para evitar que se vulneraran sus derechos humanos. Además de lo anterior, la justicia colombiana fue deficiente en la investigación y castigo de las conductas, lo que produjo la impunidad de los crímenes.

La responsabilidad que se declara es de carácter objetivo, es decir, no se requiere probar dolo o culpa del Estado, sino que basta demostrar que las autoridades no cumplieron con el deber de protección a la población civil.

Las condenas dictadas dentro de procesos administrativos de carácter interno, no constituyen reparación integral, pues lo que allí se juzga no es el incumplimiento al deber de protección de los derechos humanos reconocidos en la Convención Americana de Derechos Humanos, y el fallo en dichos procesos no contiene una manifestación de responsabilidad estatal por la violación de derechos como la vida y la integridad personal, la rehabilitación, la verdad, la justicia y el rescate de la memoria histórica, así como tampoco medidas de garantía de no repetición.

El paramilitarismo fue una política institucional del Estado colombiano, apoyada de manera efectiva por las Fuerzas Militares.

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Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 14 (parcial), 244 (parcial) y 246 (parcial) de la Ley 906 de 2004 “Por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal”.

Sentencia C-336/07 del 9 de mayo de 2007 - Magistrado Ponente: Jaime Córdoba Triviño
Expediente D-6473 - Corte Constitucional


Solicitud de la declaratoria de inconstitucionalidad parcial de los artículos 14, 244 y 246 de la Ley 906 de 2004 "Por medio de la cual se expide el Código de Procedimiento Penal".

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Búsqueda selectiva en bases de datos

Sentencia C-336/07 del 9 de mayo de 2007 - Magistrado Ponente: Jaime Córdoba Triviño.
Expediente D-6473


La búsqueda selectiva en bases de datos conformadas por instituciones o entidades públicas o privadas, autorizadas para el tratamiento de datos personales, que contienen información confidencial del indiciado o imputado, a la que aluden los artículos 14 y 244 de la ley 906 del 2004, debe estar precedida de autorización previa del juez de control de garantías, en la medida en que es una actividad que afecta el derecho fundamental a la autodeterminación informática, la cual no puede confundirse con los registros, como instrumento de pesquisa, ni con la búsqueda en sistemas de información creados por el usuario que no ejerce esa actividad de acopio de información de manera profesional o institucional.

Preclusión de la indagación

Sentencia de preclusión del 27 de abril de 2007 - Magistrado Ponente. Julio Enrique Socha Salamanca
Proceso 26740 - Corte Suprema de Justicia


Ante la evidencia de cualquiera de las causales contempladas en el artículo 332 de la Ley 906 de 2004 ó, las de extinción de la acción correspondientes al artículo 77, el fiscal debe requerir la preclusión de la investigación al juez de conocimiento, independientemente que se haya formalizado la investigación.

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Caso de Masacre de Mapiripán

Sentencia del 26 de Abril del 2007 - Magistrados Ponentes: Sigifredo Espinosa Pérez y Álvaro O. Pérez Pinzón
Radicación: 25889 - Corte Suprema de Justicia


La Corte estimó que no se puede concluir de manera certera que el cadáver hallado por la fiscalía en la diligencia de exhumación realizada en horas de la mañana del 1º de junio de 2006, en la finca Camagüey, corresponda al del procesado Carlos Castaño Gil, pues aún cuando obra una prueba de ADN que arrojó como resultado que el padre biológico del joven Carlos Esteban Duque era el individuo cuyo esqueleto fue encontrado en tal diligencia, no existe prueba demostrativa de que ese joven sea hijo de Carlos Castaño Gil, razón por la cual no declara la cesación del procedimiento en contra de dicho procesado.

Resulta lesivo del principio de congruencia que en la sentencia se haya dosificado la pena a algunos de los sentenciados con base en circunstancias de agravación o de mayor punibilidad que no se les imputó en la acusación.

Casa oficiosamente por violación al principio de legalidad la imposición de pena accesoria de inhabilitación de derechos y funciones públicas por un lapso de veinte (20) años, en la medida en que desborda el limite máximo de diez años establecido en el artículo 44 del Decreto 100 de 1980, norma vigente para la época de ocurrencia de los hechos juzgados y aplicable por favorabilidad.

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Acusación. El principio de congruencia en la Ley 906 de 2004.

Sentencia del 25 de abril de 2007 - Magistrado Ponente: Yesid Ramírez Bastidas
Proceso 26309 - Corte Suprema de Justicia


A partir del escrito de acusación y de manera progresiva a través de cada una de las etapas procesales ulteriores, el juez practica un control exhaustivo sobre la acusación en cuanto a su seriedad y verosimilitud, de manera que el juicio oral sólo pueden ser objeto de debate los aspectos fáctico concretados en la acusación, los cuales deben concretarse en lo que jurídicamente se argumente hasta el alegato final. Los jueces no pueden derivar consecuencias adversas al imputado o acusado, según sea el caso, distintas a las que fáctica, jurídicamente y probatoriamente ha considerado el fiscal, tal y como lo informa el principio acusatorio.

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Favorabilidad. Precedente judicial.

Sentencia T-232/07 del 29 de marzo de 2007 - Magistrado Ponente: Jaime Córdova Triviño
Expediente T-1485788 - Corte Constitucional


Cuando un juez desconoce un precedente judicial es viable la tutela contra su decisión. Por tal se entiende una serie de pronunciamientos que definen el alcance de los derechos fundamentales, "mediante interpretaciones pro homine, esto es, aplicando la interpretación que resulte más favorable a la aplicación de los derechos fundamentales" . Tal y como sucede cuando un juez se niega a reconocer la aplicación favorable de la rebaja de pena prevista en el artículo 351 de la Ley 906 de 2004, a quienes bajo el régimen de la Ley 600 de 2000 se sometieron a sentencia anticipada.

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Prescripción y variación de la calificación jurídica provisional.

Sentencia del 28 de febrero de 2007 - Magistrado Ponente: Jorge Luis Quintero Milanés
Proceso 25395- Corte Suprema de Justicia


El término de prescripción que opera con posterioridad a la acusación, comienza a contabilizarse desde la ejecutoria de la resolución acusatoria, sin que tal fecha se altere por un eventual cambio en la calificación jurídica provisional operado durante el juicio.

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Aplicación del artículo 14 de la Ley 890 de 2004. Aplicación favorable de la Ley 906 de 2004.

Sentencia del 21 de marzo de 2007 - Magistrado Ponente: Álvaro Orlando Pérez Pinzón
Proceso 26065 - Corte Suprema de Justicia


De conformidad con las actas correspondientes a la producción de la Ley 890 de 2004, los incrementos punitivos contemplados en el artículo 14 de la misma, obedece al margen de maniobrabilidad ofrecido por el sistema acusatorio de la Ley 906 de 2004, a propósito de las concesiones y negociaciones de penas. Por consiguiente, dicho incremento se encuentra atado a esa forma de procesamiento, y no es viable su aplicación sino en los lugares en que ha entrado a operar su implementación.

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Juzgamiento incompatible

Proceso No. 25.407. Casación Penal de 21 de Marzo de 2007 - Magistrado Ponente: Alfredo Gómez Quintero.
Corte Suprema de Justicia.


Cuando el juez aprueba el preacuerdo suscrito entre fiscal y defensor, y como consecuencia dicta fallo condenatorio en contra del imputado o acusado, debe el sentenciador apartarse del juzgamiento de los coimputados que no preacordaron, habida consideración que resulta ineludible el ejercicio concurrente y consecutivo de la misma actividad sentenciadora de los coautores o partícipes -unos aceptantes, otros no-, lo cual entraña el ejercicio de dos funciones de juzgamiento incompatibles.

Es ampliamente probable, fácilmente predicable y fundadamente criticable que ese mismo funcionario que sentenció a los aceptantes de la responsabilidad, asuma la función pública de juzgar la responsabilidad de los demás implicados, porque llega al juicio con el pensamiento previo del compromiso penal de los demás, dada la indisolubilidad fáctica que los referencia a todos con la misma conducta punible, a pesar de ser individual la responsabilidad penal.

Derechos de las víctimas del delito a la verdad, justicia y reparación

Sentencia C-209 del 21 de marzo de 2007 - Magistrado Ponente: Manuel José Cepeda Espinosa
Expediente 6396 - Corte Constitucional


El ejercicio de los derechos de las víctimas del delito a la verdad, justicia y reparación, debe hacerse de manera compatible con los rasgos estructurales y las características esenciales del sistema procesal acusatorio de talante adversarial, creado por el Acto Legislativo 03 de 2002, pudiendo intervenir en el proceso penal, en lo que tiene que ver con pruebas anticipadas; en la audiencia de formulación de imputación; solicitando directamente medidas de aseguramiento y de protección; en la aplicación del principio de oportunidad, audiencia en la que se deberán valorar expresamente sus derechos, permitiendo el control de la decisión mediante el uso de los recursos ordinarios, así como participar en la controversia; pueden igualmente allegar o solicitar elementos materiales probatorios para oponerse a la petición de preclusión; intervenir en la audiencia de formulación de acusación en punto a competencia, recusaciones y nulidades, así como solicitando el traslado del escrito de acusación no solo con fines de información, solicitar el descubrimiento de algún elemento material probatorio específico o de evidencia física específica.

En la etapa del juicio, consideró la Corte que no era posible que la víctima interviniera para presentar teoría del caso, ni ninguna otra actividad propia del juicio oral, sin perjuicio de la comunicación que pueda tener, para tales efectos con el fiscal, pudiendo el juez decretar los recesos que considere convenientes para garantizar dicha comunicación.

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Congruencia - solicitud de absolución de fiscalía equivale a retiro de cargos

Sentencia del 14 de marzo de 2007 - Magistrado Ponente: Alfredo Gómez Quintero
Proceso 23243 - Corte Suprema de Justicia


La Corte Suprema reitera jurisprudencia sentada en el proceso con radicacion 15.843 de 13de julio de 2006 MP Alfredo Gomez Quintero, en el sentido en que en el nuevo sistema la solicitud de absolucion por parte d ela fiscalia equivale al retiro d elos cargos, lo que traduce necesariamente en que en esos eventos el Juez no puede proferir fallo condenatorio. La congriencia se predica entonces del tripode acusacion-solicitud de condena-sentencia ( art 448 Ley 906 de 2004)

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Restricciones a la libertad por orden de "autoridad competente"

Sentencia C-176 del 14 de marzo de 2007 - Magistrado Ponente: Marco Gerardo Monroy Cabra.
Expediente D-6472. - Corte Constitucional


La privación de la libertad de una persona debe sujetarse a la orden de autoridad judicial competente, por motivos previamente definidos por el legislador y observando la plenitud de las formas del debido proceso, de manera que cuando el Código Nacional de Policía art. (56 del decreto 1355 de 1970) se refiere a restricciones a la libertad por orden de "autoridad competente", debe entenderse "orden de autoridad judicial competente".

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Descubrimiento de evidencia y elementos materiales probatorios. Oportunidad.

Sentencia del 21 de febrero de 2007 - Magistrado Ponente: Javier Zapata Ortiz
Radicación 25920 - Corte Suprema de Justicia


El descubrimiento de la evidencia y elementos materiales probatorios que pretenda utilizar la Fiscalía en el juicio oral, lo puede descubrir inicialmente en la audiencia de acusación, no obstante posteriormente también lo puede hacer, es decir, en la audiencia preparatoria, incluso, en la de juicio oral.

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Verdad, justicia y reparación

Sentencia C-095 del 14 de febrero de 2007 - Magistrado Ponente: Marco Gerardo Monroy Cabra
Expedientes D-6341 y D-6350.


El hecho de que el legislador en los artículos 324 y siguientes de la ley 906 del 2004 no condicione en todos los casos la aplicación del principio de oportunidad a que se hayan indemnizado los perjuicios, no implica que se restrinja la protección de los derechos de las víctimas a la verdad, justicia y reparación, pues dicha protección se encuentra en numerosos cuerpos normativos de la citada ley (arts. 11, 137 y 326, entre otros), debiendo el juez de garantías, al momento de examinar la aplicación del principio de oportunidad, armonizar todo el cuerpo de disposiciones que protegen los derechos de las víctimas, no únicamente los referidos a su participación en el principio de oportunidad.

La configuración del principio de oportunidad por parte del legislador en las causales establecidas en el artículo 324 numerales 9, 10, 11, 12 y 15 de la ley 906 del 2004, no contienen expresiones que adolezcan de imprecisión, vaguedad o amplitud que las haga inconstitucionales.

Es inconstitucional la expresión "de acuerdo con lo dispuesto en el Estatuto de Roma", contenida en este parágrafo 3° del artículo 324, pues restringe inconstitucionalmente la protección de los derechos humanos que constituyen los bienes jurídicos amparados por ciertos delitos descritos en algunos tipos penales del Código Penal, y en otros tratados internacionales de los cuales Colombia es estado parte.

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Delito Imposible. Hurto. Tentativa inidónea.

Sentencia 22164 del 05 de febrero de 2007 - Magistrado Ponente: Alfredo Gómez Quintero
Corte Suprema de Justicia


La inexistencia de los bienes objeto de un supuesto delito de hurto, hace imposible que se configure el tipo penal.

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Primacía del principio de la non reformatio in pejus sobre el principio de legalidad.

Sentencia del 05 de febrero de 2007 - Magistrado Ponente: Marina Pulido de Barón
Proceso 26508 - Corte Suprema de Justicia


Se reafirma la decisión de recoger el criterio conforme con el cual prevalece el principio de legalidad sobre la interdicción de la reformatio in pejus, siguiendo la línea jurisprudencial originada a partir de la providencia del 22 de noviembre de 2005, producida dentro del radicado 24066.

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Competencia para conocer en segunda instancia de las decisiones de los jueces de ejecución de penas. Inaplicación de la ley 906 del 2004 a procesos regidos por la ley 600 del 2000.

Sentencia del 1° de febrero del 2007 - Magistrado Ponente: Jorge E. Socha Salamanca.
Proceso 22296 - Corte Suprema de Justicia


El recurso de apelación contra las decisiones de los Jueces de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad, corresponde decidirlo a los Tribunales Superiores de Distrito Judicial, por mandato expreso del artículo 80 de la ley 600 de 2000, norma que rige la actuación de los procesos que todavía no han ingresado en la cuerda procesal de la ley 906 del 2004.

El artículo 478 de la ley 906 del 2004 no es de aquellas normas procesales que se puedan considerar de aplicación inmediata, sino que se rige por el principio de gradualidad establecido en el Acto Legislativo 03 del 2002 y normas concordantes de la Ley 906 del 2004.

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Apelación sentencia absolutoria. Artículos 176 y 177 de la Ley 906 de 2004

Sentencia C-047-06 - Magistrado Ponente: Rodrigo Escobar Gil
Corte Constitucional


El derecho a la impugnación no se predica exclusivamente del procesado, también son titulares los intervinientes como la víctima o el Ministerio Público y, desde luego, la otra parte conformada por la Fiscalía, asistidos todos del propósito de alcanzar la justicia, la verdad y reparación.

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Efectos de la incompatibilidad de las defensas

Sentencia de septiembre 2 de 2005 - Magistrado Ponente: Fernando Alberto Castro Caballero
Radicación 11001610441020050015 - Corte Suprema de Justicia


Si el defensor observa que entre sus defendidos hay conflicto de intereses, y no se aparta de la defensa de uno de ellos, lo actuado es violatorio del derecho de defensa de alguno de sus poderdantes, y procede la nulidad.

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Aplicación favorable de la Ley 906 de 2004.

Sentencia del 4 de mayo de 2005 - Magistrado Ponente: Yesid Ramírez Bastidas
Proceso 19094 - Corte Suprema de Justicia


Si bien estuvo prevista la imposibilidad de aplicar por vía de favorabilidad la Ley 906 de 2004, a caso abrigados por la Ley 600 de 2000, dicha restricción opera únicamente para las instituciones propias del sistema penal acusatorio, no para las restantes, siempre que involucren efectos sustanciales, como precisamente ocurre con los requisitos para la procedencia de la privación de la libertad. Siendo más benigno a los intereses del procesado el régimen de condiciones de procedencia de la detención preventiva contemplada en la Ley 906 de 2004, es aplicable por favorabilidad con base en el artículo 29 de la Constitución, a los casos de la Ley 600 de 2000.

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Aplicación de las normas sobre competencia de la Ley 906 de 2004

Auto del 7 de abril de 2005 - Magistrado Ponente: Alfredo Gómez Quintero
Proceso 23247 - Corte Suprema de Justicia


Aún cuando la Ley 906 de 2004 modificó la competencia de los Jueces Penales de Circuito Especializado en materia de extorsión, puesto que conforme a élla sólo conocen de estos delitos cuando su cuantía supere los 500 salarios mínimos legales mensuales, tal argumento es aplicable únicamente a los delitos ocurridos con posterioridad al 1° de enero de 2005 y, dentro de los distritos en que ha entrado a regir el nuevo código.

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Alcance, naturaleza y validez de las entrevistas rendidas fuera del juicio

Magistrado Ponente: Sigifredo Espinosa Pérez - Radicación 25738
Corte Suprema de Justicia


Las entrevistas rendidas por los declarantes fuera del juicio tienen validez, siempre que el expositor y su declaración sean sometidas a los principios de inmediación, concentración y contradicción.

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