Noticias generadas en agosto de 2009

Audiencias Defensoriales | 28 de agosto de 2009Informe Defensoríal sobre situación de derechos humanos de las comunidades de la costa pacifica nariñense

Informe Defensoríal sobre situación de derechos humanos de las comunidades de la costa pacifica nariñense

Con el fin de salvaguardar los derechos fundamentales de los pueblos indígenas y comunidades afrocolombianas que habitan la costa pacífica nariñense en el marco del conflicto armado, y de garantizar la protección del medio ambiente en dicha región, el Defensor del Pueblo, Vólmar Pérez Ortiz, ha convocado a una Audiencia Defensorial el martes 1° de septiembre en el municipio de Tumaco.El evento, que se realizará en el hotel Portobello a partir de las 8:30 de la mañana, tiene el propósito de presentar ante las autoridades nacionales, regionales y locales, dos informes defensoriales.

Impacto del Canal Naranjo

El primer informe defensorial es sobre el impacto ambiental generado por el Canal Naranjo, construido en la década del 70 en el municipio de Olaya Herrera, y los efectos sobre el río Sanquianga, porque cada vez que aumenta su caudal, se desborda causando graves daños a las construcciones que se encuentran a orillas de este río.

De no tomarse medidas efectivas, se puede generar una enorme catástrofe medio ambiental.

DDHH de las comunidades

El segundo informe defensorial, elaborado por el Sistema de Alertas Tempranas (SAT) de la Defensoría del Pueblo, es sobre los derechos humanos de las comunidades de la costa pacifica nariñense en el que se analizan las condiciones de pobreza y marginalidad social expresadas en los altos índices de necesidades básicas insatisfechas, la ocupación y construcción de los territorios, y la configuración de la identidad cultural y autonomía organizacional.

Al mismo tiempo, se estudiarán los impactos generados por el conflicto armado en la región.

La importancia económica y geoestratégica de los municipios de la costa pacífica nariñense (proyectos agroindustriales, explotación de minerales, articulación comercial con países de América y Asia, ampliación de fronteras agrícolas a partir de cultivos de uso ilícito, rutas de embarque de narcóticos y desembarque de mercancías y armas), la imposición de modelos económicos de acumulación, la disolución de las formas tradicionales de asociación y de reproducción social y la profundización de la disputa territorial, son factores que agravan la confrontación armada en esta zona con grave afectación de los derechos humanos de las comunidades indígenas y afrocolombianas que habitan estos territorios.

En busca de soluciones integrales

Esta Audiencia Defensorial le permitirá a las entidades del Estado, del ámbito nacional, regional y local, Organismos Internacionales de derechos humanos y a las comunidades afectadas, conocer el diagnóstico acerca de la situación de la costa pacífica del departamento de Nariño para que se apliquen soluciones integrales que contribuyen a la formulación de políticas públicas de prevención de carácter humanitario y para evitar que se materialice la amenaza que genera el Canal Naranjo.
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Servicios Públicos | 28 de agosto de 2009Audiencia Defensorial sobre servicios públicos en trapecio amazónico

Audiencia Defensorial sobre servicios públicos en trapecio amazónico

Una Audiencia Defensorial en la que se presentará un informe de seguimiento a la Resolución Defensorial No. 52 “Estado social, ambiental y prestación de los servicios públicos de agua potable y saneamiento básico del trapecio amazónico”, se realizará el viernes 28 de agosto en la ciudad de Leticia (Amazonas).

La región amazónica tiene una gran importancia ambiental para el planeta, no obstante, el manejo y la extracción de los recursos naturales, sin dar cumplimiento a la normativa ambiental, ha generado impactos negativos en este ecosistema.

Por otra parte, la calidad de vida, el bienestar general de la población y la vida digna de los habitantes de Leticia, se han visto menoscabados debido a que la prestación de los servicios públicos no ha sido eficiente ni se cuenta con la infraestructura de servicios que garantice su seguridad y salubridad públicas.

De cara a esta situación y con el propósito de hacer efectivo el pleno ejercicio de los derechos de esta colectividad, la Defensoría del Pueblo convoca a las autoridades regionales y nacionales, así como a la comunidad, a esta Audiencia donde se intercambiarán opiniones sobre tan delicado tema.


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Defensoría en los medios | 28 de agosto de 2009"Defensoría del Pueblo denuncia desplazamientos de indígenas

La Defensoría del Pueblo denuncia nuevos desplazamientos de indígenas en el departamento de Nariño, como consecuencia de la masacre. El temor generalizado y la zozobra motivaron a que un grupo de familias de la vereda Calví, perteneciente al resguardo indígena Gran Rosario del municipio de Tumaco, a que abandonaran sus tierras y huyeran hacia la cabecera municipal, luego del asesinato de 12 personas.El Defensor del Pueblo Volmar Pérez señaló que se requiere con urgencia ayuda humanitaria y protección para la región, pues son cerca de 15 familias que salieron del lugar. El Defensor del Pueblo calificó de grave la campaña de exterminio contra la comunidad indígena Awá y le hizo un llamado al Gobierno para que se emprenda en el menor tiempo posible los mecanismos de reparación y protección de las víctimas." Noticia publicada en Caracol Radio el jueves 27 de agosto de 2009.

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Noticia publicada en Caracol Radio.

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Justicia y Paz | 28 de agosto de 2009Unidad de atención integral a víctimas de la Defensoría del Pueblo continúa apoyando y orientando a víctimas

Con la asistencia masiva de personas residentes en distintos sectores del municipio de Soledad en el Atlántico, la Unidad de Atención Integral a Víctimas de la Defensoría del Pueblo Regional Atlántico, cumplió con el desarrollo del Taller Psicojurídico, a través del cual brindó la más completa orientación en lo referente al manejo del proceso de la Ley de Justicia y Paz y los mecanismos adecuados para que los afectados puedan hacer efectivos sus derechos.Más de 93 personas acudieron a este encuentro que fue programado el 20 de agosto de 2009, en el auditorio de la Gran Central de Abastos del Caribe, Granabastos Fue una jornada enriquecedora en la que los asistentes, no sólo conocieron los aspectos jurídicos de la Ley 975 de 2005, sino que también socializaron sobre la forma cómo les afectó el accionar de los grupos armados al margen de la ley y cómo han tratado de salir adelante en sus proyectos de vida. Se realizó un ejercicio metafórico y práctico dirigido por la psicóloga de la Unidad de Atención Integral a Víctimas de la Defensoría del Pueblo Regional Atlántico y con el apoyo logístico de la psicóloga de la gobernación del Atlántico que hace parte del equipo de profesionales de la Defensoría del Pueblo Regional Atlántico. Identificar necesidades En el área de trabajo social se tomó una pequeña muestra de 20 familias que tuvo como propósito fundamental focalizar e identificar las necesidades prioritarias en salud y educación de las víctimas con el fin de subsanarlas a través de las entidades que integran la ruta de atención. por otra parte, en el municipio de Repelón. específicamente en el corregimiento Las Tablas, se organizó una jornada de atención el pasado lunes 24 de agosto, que contó con la participación de Defensores Públicos y el acompañamiento de funcionarios de entidades como Acción Social y la Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía General de la Nación. Salud, educación, subsidios de vivienda y la realización de proyectos productivos, son en gran parte las necesidades que al igual que en el municipio de Soledad, presenta la comunidad de Las Tablas en Repelón. Reparación administrativa Más de 68 víctimas estuvieron presentes en este evento que permitió que Acción Social tuviera contacto directo con ellos para resolver inquietudes sobre el proceso de reparación administrativa y a la vez les hiciera una explicación breve sobre sus nuevas estrategias y cómo acceder a las ayudas humanitarias. Los temas que más despertaron la atención de los desplazados fueron el registro, la atención humanitaria de emergencia AHE y la generación de ingresos y subsidios de vivienda, entre otros. La Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía General de la Nación apoyó en este proceso de atención a víctimas con la recepción de información sobre los hechos ocurridos que inmediatamente sistematizaron y con el cual esperan resolver estos casos dentro del marco de la Ley 975 de 2005.

Galería de imágenes
Organizados en grupos de 10, las victimas realizaron un ejercicio metafórico y práctico.

Asistencia y atención psicojurídica a las víctimas en Las Tablas (Repelón).

Momentos en que se explica a los asistentes el proceso de la Ley de Justicia y Paz.

Orientación psicosocial a los afectados en el corregimiento Las Tablas, por parte de la Unidad de Atención Integral a Víctimas.

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Salud | 26 de agosto de 2009Unidad de medicina legal seguirá funcionando en hospital de Ocaña

Para analizar la permanencia o no de la Unidad Básica de Medicina Legal en las instalaciones del Hospital Emiro Quintero Cañizares de la ciudad de Ocaña, se reunieron esta semana en las instalaciones de la Defensoría del Pueblo de esa ciudad nortesantandereana, los miembros del Ministerio Público de la región (Procuraduría Provincial de Ocaña, Defensoría del Pueblo Regional Ocaña y Personería Municipal de Ocaña).

También fueron convocados el Alcalde Municipal de Ocaña, Yebrail Haddad Linero; el Secretario de Gobierno del Municipio, Neil Alexis Jacome; El Director del Hospital Emiro Quintero Cañizares, Elmer Tamayo, y la Directora de la Unidad Basica de Medicina Legal de Ocaña, Felisa Beatriz Carvajalino Calle.

Allí se analizaron las variantes para buscar una solución que garantice la permanencia de la Unidad Basica en la Provincia.

Principales conclusiones

La primera conclusión a la que se llegó es que el Hospital Emiro Quintero Cañizares, bajo la representación de Elmer Tamayo, no se opone al funcionamiento de la Unidad y manifestó la conveniencia y necesidad de la permanencia de dicha institución en la región.

Del mismo modo, el Hospital dijo que no busca generar beneficios económicos con la permanencia de la Unidad. Solo quiere que los gastos de su funcionamiento no generen una carga presupuestal para la entidad, teniendo en cuenta los problemas fiscales por los que atraviesa desde años anteriores.

Ante esta situación, la administración municipal de Ocaña se comprometió a asumir los costos de Servicios Públicos (Acueducto, alcantarillado, aseo, energía eléctrica) que genere el funcionamiento de la Unidad en las instalaciones del Hospital.

Esta propuesta fue acogida por los presentes en la reunión y así se garantiza la permanencia de la Unidad hasta tanto se avance en la adquisición del predio por parte de la administración municipal, para la construcción del parque Tanato Práctico.

Llamado a las autoridades

Finalmente, los asistentes a la reunión hicieron un llamado a las autoridades que conforman la provincia de Ocaña para que se involucren en los temas que afectan y benefician a la región y, en este caso particular, se hace necesario su concurso, teniendo en cuenta que la Unidad Básica de Medicina Legal presta sus servicios a toda la provincia.

Ver nota al respecto en el diario "La Opinión" de Cúcuta

La OpiniónLa Opinión

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Minorías Étnicas | 26 de agosto de 2009Defensor del Pueblo condenó masacre de 12 indígenas Awá en Nariño

Defensor del Pueblo condenó masacre de 12 indígenas Awá en Nariño

El Defensor del Pueblo, Vólmar Pérez Ortiz, condenó de manera enérgica la masacre de 12 indígenas Awá pertenecientes al resguardo del Gran Rosario, ubicado en la jurisdicción del municipio de Tumaco (Nariño) y en la que fueron asesinados cinco niños, una niña y seis personas adultas de esa comunidad por parte de un grupo armado no identificado.Igualmente, la Defensoría del Pueblo a través de la Regional Nariño junto con agencias de Naciones Unidas, organizaciones de derechos humanos, Autoridades Indígenas del Pueblo Awá y la Organización Nacional Indígena (ONIC), conformarán una comisión humanitaria que se trasladará a la zona el próximo 27 de agosto con el fin de verificar la situación humanitaria de las personas que aún permanecen en el territorio del Resguardo del Gran Rosario.

Hechos

De acuerdo con la información reportada a la Defensoría del Pueblo, siendo aproximadamente las 5:00 a.m., un grupo de personas armadas y encapuchadas ingresó en la comunidad de Calbí, perteneciente al resguardo indígena del Gran Rosario, jurisdicción del municipio de Tumaco, en el departamento de Nariño, causándole la muerte violenta a 12 personas (tres más quedaron heridas).

Las personas asesinadas son cinco niños, una niña y seis adultos.

Los adultos que murieron de manera violenta en este aleve crimen, son: Sixta Tulia García Guanga (35 años), Laurencio García (38), Carmela Guanga (18), Amparo Nastacuas (21), Armando Álvaro Nastacuas (19) y Fabio Taicus García (18).

Los niños y niñas víctimas de esta masacre son Alexander Rodríguez (8 años), Angie Jazmín Rodríguez (5 años), Yeison Ferney (6 meses), Laurencio García (5 años), Roberto Guanga Nastacuas (17 años) y Luis García (13 años).

Entre las víctimas se encuentra la señora Sixta Tulia García Guango, esposa de Gonzalo Rodríguez Guanga, asesinado el 23 de mayo de 2009 en el resguardo. Sixta Tulia era la única testigo de ese hecho criminal.

Entre las personas heridas se encuentran Javier García (20 años), David García (12) y Yolanda Bisbicus (22).

Riesgo de desplazamiento

La comunidad Calbí, integrada por 300 personas, se encuentran en un alto riesgo de desplazamiento forzado por los hechos registrados, que dejaron en completa vulnerabilidad a las 1.875 personas que conforman el resguardo del Gran Rosario.

La Defensoría ha tenido conocimiento que, a raíz de esta masacre, 15 familias de la comunidad Awá se están desplazando a otras zonas.

Advertencia del SAT

Asimismo, el Defensor del Pueblo expresó que el Sistema de Alertas Tempranas (SAT), había advertido el pasado 4 de diciembre, a través del Informe de Riesgo número 029, los factores de amenaza y vulnerabilidad en la que se encuentra la comunidad indígena Awá del resguardo el Gran Rosario por el accionar de grupos armados ilegales.

Este Informe fue declarado Alerta Temprana el 23 de diciembre de 2008 por el Comité Interinstitucional de Alertas Tempranas (CIAT) que coordina el Ministerio del Interior y de Justicia.

El Defensor del Pueblo, a más de condenar este nuevo hecho de violencia contra la comunidad indígena Awá, manifestó su total repudio por la crueldad del crimen en el que murieron de manera violenta seis menores de edad, a quienes los grupos armados debían respetar de manera prevalente dada su condición de personas protegidas ajenas a la confrontación armada.

Acciones urgentes

El Defensor del Pueblo, en cumplimiento de su misión constitucional de promover la protección de los derechos humanos de los pueblos indígenas, insta a las autoridades competentes a adelantar de manera urgente las siguientes acciones:

1. Adoptar las medidas efectivas de protección para los testigos y familiares de las víctimas de esta masacre.

2. A la Fiscalía General de la Nación, conformar una comisión de fiscales e investigadores especializados que de manera urgente esclarezcan los hechos que permitan judicializar a los responsables de tan alevoso crimen.

3. A la Agencia Presidencial para la Acción Social, diseñar y aplicar un plan de atención humanitaria de emergencia con enfoque diferencial y adecuado a las condiciones socioculturales, con el fin de asistir a las víctimas del desplazamiento forzado de la comunidad de Calbí y diseñar conjuntamente, con las entidades pertinentes, un plan de prevención y de contingencia ante una posible agudización del desplazamiento forzado en el territorio.

4. Solicitar al Ministerio del Interior y de Justicia, el cumplimiento efectivo de las medidas de protección aprobadas en el Comité de Evaluación de Riesgos para Pueblos Indígenas (ETNOCRER), para garantizar la efectividad de los derechos fundamentales de la comunidad indígena Awá.

5. Solicitar al Ministerio del Interior y de Justicia y a la Agencia Presidencial para la Acción Social, como coordinadores de las entidades de gobierno, la implementación de medidas urgentes de protección del pueblo Awá de acuerdo con lo establecido en el Auto 004 de 2009, expedido por la Corte Constitucional para la preservación y salvaguarda étnica del pueblo Awá.

Por último, el Defensor del Pueblo expresa su profunda preocupación por la campaña de exterminio contra el pueblo indígena Awá, como lo demuestra la masacre ocurrida en el mes de febrero de 2009 y los homicidios sistemáticos que se han registrado en lo transcurrido del presente año, por lo cual insta a las autoridades del Estado colombiano competentes para que, de manera urgente, adelanten un proceso de concertación con las autoridades indígenas que permita la reparación integral y colectiva del pueblo Awá, el esclarecimiento de la verdad y la garantía de no repetición de hechos de violencia.
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Derechos Humanos | 26 de agosto de 2009"Defensor del Pueblo reafirma denuncia de la Iglesia

El defensor del Pueblo en Chocó, Víctor Raúl Mosquera, corroboró la denuncias de la Diócesis de Quibdo sobre el asesinato y desplazamiento de jóvenes, como parte de una mal llamada campaña de limpieza social.El señor Mosquera reconoció que estos hechos han venido ocurriendo en los barrios más pobre del norte de Quibdo, pero la gente, por miedo, se abstiene de denunciarlos, debido a que las bandas criminales permanecen en esos sectores y toman represalias. También respaldó las quejas del Obispo de Quibdo, Fidel León Cadavid, sobre el silencio cómplice de los estamentos sociales de Quibdo, y advirtió que se han reunido consejos de seguridad con autoridades municipales y departamentales, pero ha sido poco interés de los organismos de seguridad del Estado para controlar estos hechos y combatir esas bandas delincuenciales. Sobre los grupos armados ilegales que operan no solo en Quibdo sino también en Istmina, el Defensor señaló a las Águilas Negras, Los Rastrojos y bandas delincuenciales comunes, y reveló que estos grupos también están extorsionando a los comerciantes de las dos ciudades." Noticia publicada en Caracol Radio el miércoles 26 de agosto de 2009.

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Noticia de Caracol Radio

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Cárceles | 26 de agosto de 2009Internos e Internas se gradúan en Derechos Humanos

Después de tres meses de capacitación en Derechos Humanos, cerca de 80 internos e internas pertenecientes a dos de los establecimientos penitenciarios y carcelarios de Bucaramanga (La Modelo y la reclusión de Mujeres), recibieron su certificado de asistencia al “Taller de Protección de Derechos Humanos, DIH y Código de Procedimiento Penal”, cuyo objetivo primordial fue otorgarles los fundamentos legales más importantes para que, la condición humana de ser dignos, no sea franqueada por parte de ninguna institución.Con el apoyo del Ministerio del Interior y de Justicia, la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría Regional y el Inpec, reclusas y reclusos recibieron asesoría jurídica, capacitación en temas relacionados con la legislación procesal penal, resolución pacífica de conflictos, y conocieron también la oferta de servicios que tienen los organismos participantes. De igual manera, quedaron preparados respecto al código de legislación procesal penal colombiano y aprendieron cómo accionar ante las instituciones para que se les reconozcan sus derechos.

El apoyo permanente de la Defensoría con estas capacitaciones cobra gran importancia, pues le permite a las diferentes comunidades conocer la normatividad y reglamentación que está sujeta a los derechos de cada uno de los internos e internas. En adelante su tarea es ser multiplicadores sobre estos temas.

Respeto a la dignidad humana

Durante el acto de clausura el Defensor Regional, Dílmar Ortiz Joya, manifestó que “el respecto a la dignidad humana no tiene cárcel, no tiene diferenciación, no se pierde en situaciones en que se atente o se vulnere por parte de las instituciones del Estado. La integridad humana es la única posibilidad que existe en un Estado democrático y social de derecho, y debe ser respetada con toda la fuerza y poder que se pueda desplegar para que la condición que tenemos de ser dignos no sea franqueado por ningún ente.”

El Estado colombiano, a través de la Defensoría del Pueblo, el Inpec y la Procuraduría, busca que los internos tengan ese reconocimiento mediante el aprendizaje continuo, “pues el conocimiento genera poder. Ustedes pueden haber perdido el derecho a la locomoción, pero no su libertad en el entender, aprender, y el saber”, manifestó el Defensor.

Criterio para entender a los abogados

José Luis Rueda, representante del personal de internos de la Modelo, manifestó emocionado que “para nosotros es muy importante que en las cárceles nos permitan tener estos espacios para conocer más sobre nuestros deberes y derechos; y poder con estas capacitaciones enmarcarnos dentro del respeto, hacer valer nuestros derechos, tanto dentro de la institución como por fuera y en cualquier lugar del mundo…Con este diplomado aprendimos sobre DIH, sobre nuestros derechos fundamentales en cualquier evento y situación. Nosotros ya podemos entender muchas cosas que a veces sólo los abogados manejan como es el Código de Procedimiento Penal. Ahora también sabemos cómo exigir cosas que para nosotros eran ajenas y que gracias a las clases pudimos aprender. Ahora, cuando los defensores públicos conversen con nosotros, ya contamos con algunos criterios para entenderlos.”

Luisa Fernanda Rueda, Procuradora Regional, opina que con estas capacitaciones se está cumpliendo una tarea que, aunque dispendiosa, también depende de ellos. “Seguiremos adelante con esta formación para que siempre estén a la vanguardia de sus derechos con dignidad, tolerancia y respeto. Tenemos que reconocer que sin el concurso de la Defensoría del Pueblo este programa no sería posible y que para nosotros es la llave del éxito en estos talleres.”

La enseñanza no termina

Dílmar Ortiz Joya hizo memoria de la frase: “a los centros penitenciarios no entra el delito sino el hombre”, razón por la cual a estas comunidades se les ejercita el conocimiento. Insistió en que esta clausura es formal pues nunca debe terminar la enseñanza en temas fundamentales sobre los derechos y respecto a la dignidad humana, en la forma de generar acciones para que esos derechos no sean conculcados por nadie y por ninguna institución del Estado.

Así mismo, invitó a las internas e internos a considerar este taller como un aliciente en el avance de sus derechos ya que “sean los ángeles y apóstoles de muchas personas que por algún error se encuentran en las cárceles pero que reciben el respaldo de la Defensoría, la Procuraduría y el Inpec. Queremos que el conocimiento incrustado en sus mentes sean puesto en funcionamiento a través de acciones y solicitudes respetuosas hacia las instituciones que velamos, coordinamos y desarrollamos los conocimientos sobre los derechos fundamentales de las personas”.

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Los internos muestra orgullosos sus diplomas.

Dilmar Ortiz Joya, Defensor del Pueblo de Santander, felicita a una de las internas capacitadas.

Internos graduados en derechos humanos.

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Medio Ambiente | 26 de agosto de 2009Relleno sanitario del Quindío ahorá sí cumple con requerimientos ambientales

Un notable mejoramiento en el funcionamiento del relleno sanitario "Andalucía", ubicado en el departamento del Quindío, pudo constatar esta semana la Defensoría del Pueblo, ante una solicitud realizada por los organismos de control departamentales luego de haber detectado en diciembre pasado notables fallas que estaban afectando derechos colectivos de los habitantes del departamento.La visita

El Comité de Vigilancia a la Gestión Pública (CIVIGEP),
conformado por los organismos de control, entre ellos la Defensoría del Pueblo Regional Quindío, visitó en diciembre de 2008 el relleno sanitario Andalucía.

En esa oportundad se detectaron serias falencias en su funcionamiento como una indebida conducción de lixiviados por falta de canales conductores recubiertos con geo-membrana de alta densidad, había presencia de aves de carroña, indebido cubrimiento de los residuos sólidos con membrana geo-textil, deficiente construcción y señalización de las chimeneas en los vasos correspondientes, las espumas formadas en los procesos de tratamientos de los lixiviados eran dispuestas sobre el terreno natural y el cerramiento no cumplía con lo dispuesto en las normas, entre otras fallas.

250 toneladas diarias de residuos

El relleno sanitario recibe 250 toneladas diarias de residuos sólidos provenientes de 10 municipios del departamento del Quindío, incluida la ciudad de Armenia.

Ante los hallazgos encontrados, la Defensoría del Pueblo Regional Quindío estudió la posibilidad de interponer Acción Popular para la protección de los Derechos Colectivos
y del Medio Ambiente vulnerados; no obstante, realizó en sus dependencias una reunión con la Empresa Servigenerales encargada del funcionamiento del relleno sanitario, la Corporación Autónoma Regional del Quindío, la Alcaldesa de la ciudad de Armenia y los organismos de control.

Plan de mejoramiento

En la reunión se propuso un plan de mejoramiento a realizar de manera inmediata por el relleno sanitario, cuyo cumplimiento fue constatado por los organismos de control en visita realizada el pasado 21 de agosto y se verificaron las obras realizadas.

Efectivamente, se hizo el cerramiento en malla del relleno sanitario, se construyeron canales de conducción de lixiviados con las normas técnicas, se construyeron chimeneas en los vasos 2 y 3; se sembraron árboles y crearon zonas verdes y se hicieron piscinas para lixiviados, entre otros.

La Defensoría del Pueblo Regional del Quindío fue la entidad encargada de realizar el seguimiento respectivo, constatando la protección de los derechos colectivos vulnerados.

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Así se encontraba el relleno sanitario en diciembre pasado.

Así se encuentra el relleno sanitario en agosto de 2009.

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Defensoría en los medios | 23 de agosto de 2009"Ante la Defensoría del Pueblo se entregó Karely Lara Vence

Protegiéndose con unas gafas oscuras, la congresista por el Magdalena Karelly Lara Vence, se presentó a las 3:30 de la tarde de ayer ante la Defensora Regional del Pueblo, Lizeth Peñaranda Peña, para cumplir con el requerimiento de la Corte Suprema de Justicia, que la condenó a seis años de prisión, en la investigación relacionada con el paramilitarismo.

"Aquí estoy, cumpliendo como una buena ciudadana colombiana, aceptando una orden judicial, pero no conforme con el choque de trenes que ha ocasionado toda ésta situación, entre el poder judicial y el ejecutivo", fueron las palabras que declaró ante el acecho de los medios de comunicación.

Lizeth Peñaranda, la recibió luego de una comunicación de uno de sus familiares en que informaba su interés de hacer su entrega voluntaria y ponerse a disposición por la condena que le fue impuesta por la Corte.

Karely, se presentó ante la Defensora del Pueblo, en busca de garantías en la protección de sus derechos y para que se le ubicara en un establecimiento para su reclusión en Santa Marta, ciudad donde se encuentra su familia.

Cuando Peñaranda hizo contacto con la congresista se comunicó con el Defensor Nacional del Pueblo en Bogotá, Volman Pérez, quien la autorizó para que realizara la diligencia de entrega y de inmediato coordinó con el CTI del Magdalena para que se hiciera lo pertinente.

La Defensora, acompañada de Karely Lara, se hizo presente ante Ramiro Sánchez Pardo, director del CTI, quien le notificó la orden de captura expedida por la Corte Suprema de Justicia y le leyó sus derechos. Acto seguido Sánchez la trasladó a la cárcel Rodrigo de Bastidas, donde permanece recluida.

La funcionaria, al hacer referencia a la diligencia, dijo que fue una entrega voluntaria con base en una solicitud que había hecho desde antes, a la Corte, con la posibilidad de quedarse en el establecimiento de Santa Marta, "teniendo en cuenta que ella vela por su señora madre y su abuela, que tienen 65 y 97 años, respectivamente", declaró la Defensora.

La Defensora, agregó que tuvo conocimiento que Karely Lara viajó durante la noche del miércoles para entregarse a las autoridades, en Santa Marta.

Karely Lara es investigada por los magistrados de la Corte por el delito de concierto para delinquir agravado, al ser vinculada con las actividades de los paramilitares al mando de ‘Jorge 40’, Comandante del Bloque Norte de las AUC."

SANTA MARTA, COLPRENSA

Noticia y foto publicados en ELNUEVODIA.COM.CO el viernes 21 de agosto de 2009.

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Defensoría en los medios | 22 de agosto de 2009"Cumplir por cumplir

En julio del año pasado, la Corte Constitucional profirió la sentencia T-760, mediante la cual buscaba ponerle fin al desorden imperante en el sistema de salud y lograr que el Estado garantizara, por fin, el acceso equitativo y oportuno de todos los colombianos a estos servicios básicos. Al emitir dicho fallo, el alto tribunal pretendía, además, que se actualizaran y unificaran los planes de beneficios (POS), que se universalizara el acceso y se ordenara el flujo de los recursos dentro del sistema.Con ese propósito, los magistrados fijaron unos mandatos precisos, atados a un cronograma, que los responsables del sector están en la obligación de cumplir. El tiempo ha ido pasando y algunos de esos plazos se han vencido. Sin embargo, una mirada detenida permite concluir que, en muchos casos, las decisiones tomadas para cumplir con lo dispuesto no han pasado de ser un mero formalismo. La Corte ordenó, por ejemplo, que el primero de febrero de este año las EPS presentaran un informe sobre los servicios que siguen negando a sus usuarios. La Defensoría del Pueblo, que hace parte de las comisiones de seguimiento del cumplimiento de la sentencia, encontró que no todas las aseguradoras hicieron la tarea y que los avances en esta materia han sido mínimos; es decir, que los colombianos tuvieron que seguir recurriendo a tutelas para acceder a servicios de salud. El mismo Gobierno señaló que en el 2008 se reconocieron 1,2 billones de pesos en servicios y medicamentos no incluidos en el POS y que fueron reclamados, esencialmente, a través de la figura del amparo judicial. Muchas de las tutelas se fundamentaron en la falta de claridad sobre lo que está incluido en esos planes de beneficios o por fuera de ellos. El problema se presenta en tantos casos, y tan a menudo, que la sentencia de la Corte dio un plazo para acabar con esas zonas grises y fijó el primero de agosto de este año como fecha límite para la actualización del POS de los regímenes contributivo y subsidiado. La orden tenía un destinatario específico: la Comisión de Regulación en Salud (Cres), que se creó hace dos años, pero que posesionó a sus primeros integrantes hace dos meses. Pese a eso, y a que sus miembros no contaron con el tiempo para hacer estudios técnicos y analizar el tema, el 30 de julio expidió el acuerdo 003, que excluyó del POS alrededor de 33 procedimientos e incluyó algo más de 300. El criterio tenido en cuenta fue la frecuencia de uso, pero no se tocaron los medicamentos, y las zonas grises quedaron intactas. Además, ese retoque cosmético, que entrará en vigencia el primero de enero del 2010, se hizo con base en los resultados parciales de un estudio hecho por el Ministerio de la Protección Social y en una consulta ciudadana sobre el POS, en la que solo participaron algo más de 1.200 personas, que opinaron por 44 millones de colombianos. El acuerdo tampoco tocó costos y no aborda un problema grave para el sector: ¿qué tipo de plan de beneficios para todos los usuarios podrá construirse con los recursos que hay? Si esa es la dinámica de cumplimiento de lo ordenado por la sentencia, ¿qué se puede esperar de los plazos venideros para que la Cres unifique los POS de los niños para los regímenes subsidiado y contributivo? ¿Para que en enero del 2010 el Ministerio asegure la cobertura universal y sostenible de los colombianos en el sistema de salud? ¿Y para que toda la gente goce de los mismos beneficios? Se sabe que obedecer a lo mandado no es una tarea sencilla, dadas las dificultades técnicas y la escasez de recursos económicos. Pero eso no excusa la falta de audacia y de claridad exhibida y la intención de cumplir por cumplir. Lo que la Corte está pidiendo en sus decisiones no es lo que los responsables del sector están ejecutando." Noticia publicada en ELTIEMPO.COM/EDITORIALES el 22 de agosto de 2009.

ELTIEMPO.COM/EDITORIALESELTIEMPO.COM/EDITORIALES

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Defensoría en los medios | 22 de agosto de 2009"Arrecian amenazas contra el SAT

Entre enero y junio de este año han sido protegidas 1.500 personas entre defensores de derechos humanos y líderes sociales. Una organización clandestina e ilegal sería la que adelanta una sistemática persecución, con amenazas de muerte, contra analistas del Sistema de Alertas Tempranas (SAT), de la Defensoría del Pueblo.

Estos analistas, por medio de denuncias y estudios en terreno, son capaces de predecir dónde se presentará una violación a los derechos humanos. Y aunque ellos han podido vaticinar catástrofes humanitarias como las masacres de Bojayá y la de los indígenas awá en Nariño, parece que para muchos su trabajo resulta inconveniente y estorboso.

En enero de este año la defensora comunitaria de Bajo Atrato tuvo que salir de la región por las amenazas.

En mayo se conoció en Cesar, Guajira y Magdalena un panfleto del Bloque Norte de las Águilas Negras en contra de la Defensoría, Acción Social y la Personería.

Luego, en algunas zonas del sur de Bogotá circuló otro texto similar firmado por el Bloque Metropolitano de las Águilas Negras, donde amenazaban a los funcionarios del Sistema de Alertas Tempranas que advirtieron sobre la vulnerabilidad de los habitantes de las localidades de Soacha, Ciudad Bolívar y Bosa.

El 31 de julio pasado se recibió la amenaza más reciente. La víctima es Yezid Beltrán, analista del SAT para el Eje Cafetero, quien ha advertido sobre los riesgos que corren las comunidades indígenas emberá chamí de Riosucio y Supía (Caldas), y sobre la amenaza de viejas estructuras paramilitares contra la población de esa región.

Según el panfleto firmado por las Águilas Negras, y en el que amenazan también a Guillermo Castaño (presidente del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos en Risaralda) y a Mauricio Cubides (del Colectivo Domingo Taborda), estas personas afectan con sus denuncias los preceptos de la Seguridad Democrática.

"(...) convocamos a todos los miembros que son fieles a nuestra causa de defender la seguridad democrática y defender al presidente de las calumnias permanentes de ONG que buscan desestabilizar la democracia para que se les persiga y se les dé de baja (...)", dice el panfleto.

No existen las Águilas Negras

Para algunas autoridades consultadas por EL COLOMBIANO, las amenazas vienen de delincuentes comunes, pues según ellas en el Eje Cafetero no existen organizaciones criminales organizadas.

Según el comandante de la Policía de Caldas, coronel John Jaime Ospina, desde que se desmovilizaron las Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio y el bloque Cacique Pipintá, todas las agencias de inteligencia coinciden en que en la zona no hay presencia de paramilitares.

"No se ha podido evidenciar que haya tal organización, ni autodefensas ni los paramilitares y tampoco guerrilla", dice el oficial.

Pero para un funcionario del Gobierno, que pidió reserva de su nombre, "la constante descalificación de la Fuerza Pública de los informes de riesgo del SAT se están materializando en amenazas. En las reuniones aducen que la información de la Defensoría es tergiversada, llena de errores, que atentan contra la seguridad democrática y tildan los discursos de los defensores de derechos humanos como subversivos".

Luz Stella Páez, delegada del Ministerio de Defensa para el Comité Interinstitucional de Alertas Tempranas (Ciat) aseguró que esas apreciaciones no son acertadas ni apegadas a la realidad.

"Yo defiendo la institucionalidad y el análisis serio que se hace desde la Fuerza Pública a los informes (...) las instituciones tienen por ley la potestad de desvirtuar o confirmar los contenidos de los informes de riesgo", sostuvo.

Jorge Enrique Calero, coordinador nacional del SAT, señaló que no se tienen pruebas que respalden una aseveración como esa contra la Fuerza Pública y agregó, sobre las amenazas, que ya se adelantan las investigaciones pertinentes y que dependerá de las autoridades dar con su origen.

"La Defensoría ha pedido a las autoridades que investiguen esta situación tan delicada, que se esclarezcan los hechos y se judicialice a los responsables", dije Calero.

El Defensor del Pueblo, Vólmar Pérez, señaló en un comunicado de prensa que para la Defensoría estos señalamientos corresponden a una "sistemática campaña de estigmatización por parte de este nuevo grupo armado ilegal contra los defensores de Derechos Humanos, líderes sociales y sindicales, representantes de organizaciones de población desplazada, organizaciones humanitarias, las cuales se han extendido a los servidores públicos de la Defensoría que laboran en la defensa y protección de los derechos humanos en el país".

Rafael Bustamante Pérez, director de Derechos Humanos del Ministerio del Interior y de Justicia, confirmó lo dicho por el Defensor e indicó que sólo entre enero y junio de este año se ha protegido a 550 miembros de ONG defensoras de derechos humanos y a 950 líderes sociales en todo el país.

Contexto

Más autoridad para el sistema

En un informe confidencial del 6 de marzo de este año, la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), que financia parte del Sistema de Alertas Tempranas, hizo serias recomendaciones para el mejor funcionamiento de éste. Entre otras, insiste en su independencia, en el problema de que el Gobierno minimice la importancia de los informes de riesgo y en que debe tener más autoridad para tomar decisiones."

Noticia y foto publicados en ELCOLOMBIANO.COM el 21 de agosto de 2009.

ELCOLOMBIANO.COMELCOLOMBIANO.COM

Galería de imágenes
Entre las peores violaciones a los derechos humanos que fueron alertadas por el SAT, estuvo la masacre de 119 personas en Bojayá, Chocó, en 2002.

Noticia publicada en ELCOLOMBIANO.COM

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Defensoría en los medios | 21 de agosto de 2009Avances y logros del modelo insterinstitucional de atención integral a víctimas

Avances y logros del modelo insterinstitucional de atención integral a víctimas

El programa institucional de televisión “Por la Población Civil” de la Defensoría del Pueblo emitirá este sábado 22 de agosto, a las 5:00 pm, una producción sobre los avances y logros del modelo insterinstitucional de atención integral a víctimas que comenzó a ejecutarse en los departamentos de Cesar y Magdalena, donde grupos de profesionales de todas las áreas realizan esfuerzos para hacer más efectiva la atención a las víctimas de la violencia generada por el conflicto aramado en esas regiones del país.Sábado 22 de agosto, 5 pm, Canal UNO.
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Cárceles | 21 de agosto de 2009Preocupa a la Defensoría del Pueblo suicidios en cárceles colombianas

Ante el incremento de suicidios de internos en diferentes centros penitenciarios y carcelarios de Colombia, la Defensoría del Pueblo hizo un llamado a la Dirección General del INPEC, recordándole las conclusiones y recomendaciones de la Resolución 047 del 30 de marzo del 2007, relacionadas con la ocurrencia de suicidios en los establecimientos de reclusión del país, y a la incidencia de comportamientos negligentes de algunos funcionarios del INPEC.

Señala la misiva enviada al Inpec que en 2005 se reportaron seis casos de suicidios, en 2006 la cifra llegó a 19, en el 2007 ocurrieron 20, en el 2008 se registraron 17 y en lo que va corrido de 2009 la cifra alcanza los ocho suicidios. Esto ha motivado a la Defensoría del Pueblo a hacerle un llamado al INPEC "para que se indague el porqué de la falta de efectividad de las medidas adoptadas por sus antecesores."

Igualmente, se le solicitó a la entidad penitenciaria, entre otras medidas, la elaboración de un protocolo que ayude a la pronta detección de los signos propios de aquella conducta con el fin de obtener la atención oportuna para las personas concernidas.

(Adjunto en formato PDF dos documentos: la carta enviada a la Directora Genrela del Inpec y el oficio las conclusiones y las recomendaciones de la Resolución 047).

Carta al INPECCarta al INPEC [29 Kb]

Resolución 047 - ConclusionesResolución 047 - Conclusiones [115 Kb]


En 2009 se han presentado 8 suicidios en cárceles colombianas.

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Salud | 20 de agosto de 2009Segundo Encuentro Nacional por el Control del Cáncer Infantil

Segundo Encuentro Nacional por el Control del Cáncer Infantil

La Defensoría del Pueblo y el Observatorio Interinstitucional de Cáncer Infantil (OICI), con el apoyo de la Liga Colombiana Contra el Cáncer y la Asociación Colombiana de Hematología y Oncología Pediátrico, instalaron hoy viernes 21 de agosto, el “Segundo Encuentro Nacional por el Contro del Cáncer Infantil" en el Hotel Rosales Plaza de la capital del país.El encuentro contço con la asistencia del Defensor del Pueblo, Vólmar Pérez Ortíz; el Ministro de la Protección Social, Diego Palacio Betancourt, y la participación de médicos, científicos e investigadores en el campo de la salud y entidades de control en ese tema a nivel nacional.

El evento fue convocado por segunda vez en Bogotá por parte de las Fundaciones y Asociaciones pro-niños con cáncer a nivel nacional que desarrollan acciones en este campo en las ciudades de Medellín, Cali, Barranquilla, Pereira, Bucaramanga, Cartagena, Cúcuta y Manizales, con el propósito de consolidar un proceso conjunto iniciado hace más de dos años para mejorar el acceso y la posibilidad de curación de estos niños dentro del Sistema General de Seguridad Social en Salud.

Según las Fundaciones y Asociaciones que se ocupan de Colombia del tratamiento y rehabilitación de los niños con cáncer, han manifestado que los infantes que tienen esta enfermedad cuenta con una alta probabilidad de curarse, cercana al 90 por ciento si son diagnosticados y tratados oportunamente.

En Colombia, según informes preliminares del Instituto Nacional de Cancerología, esta probabilidad no supera el 50 por ciento.

Oportunidad en el diagnóstico y tratamiento

Para el OICI, en el país confluyen tres factores importantes que explican la adversidad de estas estadísticas: La falta de oportunidad en el diagnóstico y el tratamiento de los niños con cáncer, pues estos, a diferencia de los adultos, no tienen espera y el tiempo se convierte en factor crucial de su pronóstico de vida. Por ello, la sola presunción diagnóstica de cáncer en un niño se debe tratar como una “urgencia médica”, y no da los tiempos de espera que pueden tener los adultos.

Igualmente, la pérdida de adherencia de los niños al tratamiento, pues la continuidad y desplazamiento geográficos en el actual sistema de salud constituyen un peso insalvable para muchas familias.

La Defensoría del Pueblo explicó que el Segundo Encuentro Nacional de Fundaciones y Asociaciones pro- niños con cáncer busca evaluar el seguimiento a los avances y compromisos del Gobierno nacional en la tarea de hacer que los niños colombianos tengan la misma oportunidad de otros niños de países más desarrollados en los referente a su tratamiento y rehabilitación.

El evento abordará igualmente temas como la Ley de cáncer Infantil, hoy en estudio por la Corte Constitucional y la cual ha contado con un concepto un concepto favorable de la Procuraduría General de la Nación.

También el Segundo Encuentro evaluará la implantación y los resultados del Sistema de Vigilancia Epidemiológica (Sivigila) en el monitoreo y seguimiento de las Leucemias como entidad trazadora de la respuesta del Sistema ante el evento del cáncer infantil. De modo similar se discutirá sobre las guías y protocolos que el Instituto Nacional de Cancerología elaboró para el Ministerio de Protección Social y cuyo compromiso de reglamentación se encuentra hoy suspendido.

Asimismo se abordará el papel de las asociaciones y Fundaciones en su trabajo de ayuda a los niños con cáncer y se darán a conocer los resultados del trabajo de estas ONGs en el seguimiento de casos de niños cáncer frente al Sistema General de Seguridad Social en Salud en Colombia.

Observatorio Interinstitucional

El OICI, del cual forma parte la Defensoría del Pueblo, es una instancia plural de la Sociedad civil, abierta a la participación de organizaciones públicas y privadas cuyo interés sea el de colaborar de manera armónica y eficiente para incidir en la formulación de las políticas públicas que contribuyan al control integral del cáncer de los niños, niñas y adolescentes colombianos.
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Derecho a la vida | 19 de agosto de 2009Defensor del Pueblo insta a autoridades a adoptar medidas eficaces de protección en Atlántico

El Defensor del Pueblo, Vólmar Pérez Ortiz, rechazó las amenazas de muerte proferidas a través de un panfleto contra 21 concejales de Barranquilla, de presunta responsabilidad de las FARC, que se conoció el pasado 13 de agosto en las instalaciones del Concejo de esa ciudad y en la residencia de uno de los miembros de esa corporación.Asimismo, la Defensoría del Pueblo le hace un llamado urgente a las autoridades del área metropolitana de Barranquilla para que implementen medidas eficaces de protección a las organizaciones de la sociedad civil, comunicadores sociales y servidores públicos que han sido objeto de amenazas por parte de grupos armados ilegales durante el año 2009.

De acuerdo con la versión suministrada por los concejales, el panfleto amenazante con el logotipo de las FARC, declara “objetivo militar” a todos los concejales de Barranquilla y les manifiestan “que todos nuestros hombres en especial los que hacen presencia en esta urbe tienen la orientación y orden impartida. Han sido ustedes responsables de la masacre laboral...”

Amenazas preocupantes

El Defensor del Pueblo expresa su preocupación por las reiteradas amenazas que se han venido presentando en Barranquilla, presuntamente por integrantes de grupos armados ilegales, contra periodistas, líderes sociales, dirigentes sindicales, defensores de derechos humanos y contra los concejales de dicha ciudad.

Al mismo tiempo, pide que las autoridades civiles y la fuerza pública no desestimen estos hechos que tienen como propósito amedrentar a sectores sociales, gremiales y miembros del Concejo de Barranquilla.

Recuerda el Defensor del Pueblo los antecedentes de acciones violentas contra concejales de Barranquilla, como ocurrió en 2008 y 2009 con el asesinato de tres concejales en Malambo.

Informes del SAT

El Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo (SAT), ha informado reiteradamente sobre los factores de vulnerabilidad en que se encuentran defensores de derechos humanos, periodistas y organizaciones sociales amenazadas en el área metropolitana de Barranquilla.

Respecto a la situación de derechos humanos en esa ciudad y en el departamento del Atlántico, la Defensoría del Pueblo, a través del SAT, ha advertido mediante Informes de Riesgo y Notas de Seguimiento de noviembre de 2008 y julio de 2009, la persistencia de las amenazas y el incremento de los homicidios en esta región del país.

Amenazas a periodistas y líderes sindicales

Igualmente, la Defensoría del Pueblo ha señalado que durante 2009 han sido víctimas de amenazas por medio de panfletos y correos electrónicos, 17 periodistas del departamento del Atlántico, así como servidores públicos de la Gobernación, diputados a la Asamblea, la Personera Distrital de Barranquilla, los Personeros de Suan, Palmar de Varela y Sabanagrande, funcionarios de la rama judicial, defensores y defensoras de derechos humanos, representantes de organizaciones sociales y sindicales, líderes de la Asociación de Familias Unidas por un Solo Dolor (AFUSODO), particularmente la presidenta y vicepresidenta de la mencionada asociación.

De igual manera, han sido objeto de amenazas el Comité de Presos Políticos, la Fundación Infancia Feliz, el Comité Permanente de Derechos Humanos, las Organizaciones Sindicales afiliadas a la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Subdirectiva Atlántico, y de las organizaciones de población en situación de desplazamiento Andas, Andescol y Asocolombia.

Reunión defensorial en Barranquilla

El Defensor del Pueblo, el Director del SAT y la Defensora del Pueblo Regional Atlántico, realizaron una reunión el pasado 24 de julio en Barranquilla, con organizaciones de derechos humanos, líderes comunitarios, personeros municipales y periodistas, para evaluar la situación de amenazas y las acciones institucionales que deben implementarse, por parte de las autoridades, para garantizar la protección efectiva del derecho a la vida e integridad personal.

El Defensor del Pueblo solicita a las autoridades competentes del departamento del Atlántico y del Distrito de Barranquilla, evaluar la situación de amenaza de los concejales de Barranquilla y aplicar las recomendaciones formuladas por la Defensoría del Pueblo en el Informe de Riesgo número 027 del 21 de noviembre de 2008 y en la Nota de Seguimiento 013 del 21 de julio de 2009.

Rigurosas investigaciones

Asimismo, solicita a la Fiscalía General de la Nación, adelantar una rigurosa investigación para indagar la procedencia de las amenazas, esclarecer los móviles y se identifiquen y judicialicen a los presuntos responsables de estos actos de amenaza e intimidación.

Por último, el Defensor del Pueblo expresa su solidaridad a los 21 concejales de Barranquilla, a los periodistas, líderes sociales y defensores de derechos humanos amenazados y espera que las autoridades le brinden efectivas medidas de seguridad para que continúen ejerciendo las funciones públicas, periodísticas y sociales propias de su ejercicio y compromisos profesionales.

Galería de imágenes
El Defensor del Pueblo en Barranquilla.

Rueda de prensa en la capital del Atlántico.

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Defensoría en los medios | 19 de agosto de 2009"Defensoría: ex paramilitares colombianos se reagrupan

La Defensoría del Pueblo manifestó el martes preocupación por un "reagrupamiento" de paramilitares que se habían desmovilizado y que aseguró están provocando el desplazamiento de poblaciones y reclutando menores. En al menos 25 de los 32 departamentos del país están operando de ocho a 10 bandas criminales "emergidos de la desmovilización de las mal llamadas 'autodefensas' o paramilitares", dijo Jorge Calero, director de alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo."Estas nuevas estructuras de grupos ilegales que se están formando, desde que los grupos de los paramilitares se desmovilizaron... son nuevos actores y fuente de amenaza y los que están generando el desplazamiento de la población y la incorporación de niños y niñas, jóvenes y aun antiguos desmovilizados", agregó en entrevista telefónica. Dijo desconocer cuántos miembros tendrían en total esos grupos y cuántos de ellos serían desmovilizados de las antiguas bandas paramilitares. El tema de un reagrupamiento paramilitar ha sido mencionado por grupos no gubernamentales y se reavivó en la jornada ante un reportaje publicado por el diario El Tiempo citando datos de la Defensoría y la Corporación Nuevo Arco Iris, un grupo no gubernamental dedicado a la investigación del conflicto interno y de apoyo a iniciativas civiles en pro de la paz. De acuerdo con Arco Iris, en base al trabajo de campo de sus investigadores, el proceso de rearme y reagrupamiento de desmovilizados se ha acentuado en los dos últimos años debido a que los ex paramilitares no encontraron trabajos, subsisten viejas luchas intestinas y las "ofertas" de rearmarse son más atractivas en términos de salarios por actividades vinculadas al tráfico de drogas, entre otras causas. Por los datos de Arco Iris, que hacen parte de un informe que el grupo divulgará el próximo mes, de los 36.000 desmovilizados paramilitares, a partir de un proceso de negociación iniciado con el gobierno en 2003, al menos 4.500 se han rearmado, formando más de 80 bandas. No todos esos nuevos grupos operan como las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), que reunía los bloques paramilitares, porque ni tienen mando unificado nacional ni actúan coordinadamente, pero incurren en delitos similares como asesinatos, extorsiones y desplazamiento, agregó Arco Iris en su informe preliminar y el cual fue conocido por la AP. La Policía Nacional mantiene que en el país operan ocho bandas criminales con unos 4.500 integrantes, de los cuales algunos serían ex paramilitares, cuyo número no precisa, y asegura que cuando grupos no gubernamentales dan cuentan de más de 80 bandas operando en Colombia es porque cuentan como grupos diferentes a la misma organización criminal que actúa en distintos departamentos del país. De enero al 21 de julio, los datos más recientes de la Policía Nacional, fueron capturados más de 1.200 miembros de esas bandas, de los cuales 182 eran desmovilizados paramilitares. Se les decomisaron más de 650 armas, entre fusiles y pistolas." Noticia publicada en UNIVISION.COM el 18 de agosto de 2009.


Noticia publicada en UNIVISION.COM

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Derechos Humanos | 18 de agosto de 2009Defensor se une a conmemoración del Día Mundial Humanitario

Defensor se une a conmemoración del Día Mundial Humanitario

El Defensor del Pueblo de Colombia, Vólmar Pérez Ortiz, se une a la conmemoración mundial que hoy, 19 de agosto, se hará por primera vez del Día Mundial Humanitario, en homenaje a los cooperantes en labores de derechos humanos asesinados o heridos en los diferentes conflictos en todo el mundo.Hoy 19 de agosto se cumple el sexto aniversario del atentado con bomba llevado a cabo en la sede de Naciones Unidas en Bagdad (Irak), en el que murieron 22 personas, incluido el enviado especial de la ONU Sergio Vieira de Mello.

Se trata de un tributo a los héroes modernos que promueven el transporte de comida, agua potable, vacunas y ropa de abrigo a civiles atrapados en guerras o desastres.

La Asamblea General de la ONU, por petición de un grupo de países liderados por Suecia, adoptó el pasado diciembre una resolución designando el día anual del cooperante, diferente al de los mediadores (de paz), que se celebra el día 29 de mayo.

En 2008 hubo 260 cooperantes víctimas de ataques violentos – de asesinatos, secuestros o heridos de gravedad -, según el Instituto de Desarrollo en Ultramar de Londres (ODI). Por otra parte, en lo que va del año, al menos 69 trabajadores de ayuda humanitaria han sido asesinados en el mundo, según la Comisión Europea, a través de su Oficina Europea de Ayuda Humanitaria (ECHO).

Pérez Ortiz, al unirse a esta conmemoración mundial, recordó que particularmente en Colombia también hay héroes anónimos que han dado su vida por cooperar con labores humanitarias. Se encuentran entre ellos, integrantes de ONGs, Personal Sanitario y Religioso, Periodistas, Defensores de Derechos Humanos, Servidores Públicos que, en forma generosa y desprendida, han contribuido con las causas humanitarias y la defensa de los derechos de los demás.

El Defensor del Pueblo de Colombia agregó que “en esta especial conmemoración se debe honrar a los héroes caídos cuando realizaban acciones de ayuda humanitaria en todo el planeta.”

Adicionalmente, envió un saludo especial de reconocimiento a todos los funcionarios de la Defensoría del Pueblo, y a quienes se dedican a apoyar la tarea humanitaria “que día a día y a pesar de las amenazas por parte de grupos armados ilegales defienden y promueven con altruismo y profesionalismo la causa de los derechos humanos."
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Defensoría en los medios | 18 de agosto de 2009"Alerta por auge de bandas de ex paramilitares; se calcula que podrían tener hasta 4 mil hombres

La Defensoría del Pueblo y las ONG hablan de nuevos copamientos de estos grupos e incluso de rearme paramilitar, con intereses distintos al combate de la guerrilla: el punto de partida de las Auc."La primera semana de mayo llegaron a mi rancho tres muchachos, a los que yo ya conocía. Ellos antes andaban con el señor (Salvatore) Mancuso. Estaban de civil y sin armas, pero con un tronco me voltearon las cosas que tenía encima de la mesa y me dieron 20 días para salir de la finca. Tan sólo con la ropa. Nada más". El testimonio de esta mujer campesina, habitante de una vereda del departamento de Córdoba, hace parte de una larga lista de relatos que la Defensoría del Pueblo y varias ONG han recibido en los últimos meses. EL TIEMPO la encontró resguardada en una casa del sur de la capital, con sus 7 hijos y un par de ollas que subió a la flota, junto a cuatro costales llenos de ropa. Sus tierras quedaron allá, abandonadas y a merced de los hombres a los que ella misma vio desmovilizarse hace cuatro años en Santafé de Ralito. Y es que a pesar de la guerra frontal que las autoridades están librando contra estos grupos, ahora llamados bandas emergentes o Bacrim, la alerta está prendida. La Defensoría del Pueblo y las ONG hablan de nuevos copamientos de estos grupos en el país, e incluso de rearme paramilitar, con intereses distintos al combate de la guerrilla: el punto de partida de las Auc. Según la Policía, la ofensiva de los últimos meses, con más de 200 operaciones, debilitó a por lo menos tres estructuras, quedan tan sólo ocho grupos reconocidos. Sin embargo, la Fundación Nuevo Arco Iris tiene dentro de sus registros a 82 estructuras criminales, con presencia en 273 municipios del país. Afectados 25 departamentos Por su parte, la Defensoría del Pueblo habla del mismo número de bandas, surgidas tras las desmovilizaciones, pero dice que tienen incidencia en 141 municipios de 25 departamentos. Se habla de 'Águilas Negras', 'la Cordillera', 'los Rolos', 'los Rastrojos' y 'los Paisas', como las bandas más temidas y con mayor presencia. "En su mayoría, según los testimonios de la gente, sus integrantes son antiguos paramilitares", señaló Félix Durán, uno de la Organización Futuro, que ha atendido a varios desplazados. Para las autoridades, la banda de 'los Rastrojos' se convirtió en una red criminal, que además se ha dedicado en los últimos meses a reclutar a los jóvenes que en algún momento pertenecieron a un bloque paramilitar. "Ellos ofrecen buena plata. Sólo exigen buen estado físico, que uno sepa disparar y algunos le piden que maneje monte", le contó a este diario un desmovilizado del Bloque Capital, que trabaja recogiendo basura y que fue contactado por un antiguo compañero. Precisamente, hace dos semanas la Sijín del Cauca capturó a Medardo Holguín, alias 'Tormenta', uno de los hombres fuertes de 'los Rastrojos' en ese departamento y responsable de asesinar a por lo menos 32 personas. Fue capturado cuando reclutaba a 17 jóvenes para la organización. Este grupo, que actúa 'oficialmente' como el ejército privado de Luis Enrique Calle Serna, alias 'Comba', jefe del cartel del Norte del Valle, extendió sus tentáculos a Norte de Santander y al Magdalena Medio. Para la Policía, parte de la criminalidad en el país la encabeza esta banda, así como 'los Paisas', 'Nueva Generación', 'Renacer' y la banda del Magdalena Medio. Y calcula que, entre todas, sumarían cerca de 4.000 hombres. Narcotrafico y extorsión Arco Iris sostiene que sólo un 42 por ciento de la actividad delictiva con fines económicos de estas bandas está relacionada con el tráfico de drogas. El otro 58 por ciento corresponde a extorsiones, robo de tierras y lo que es más grave: delincuencia común en las calles de las grandes ciudades. Aunque se trata de grupos aparentemente independientes entre sí, con formas diferentes del accionar de las autodefensas, analistas coinciden en afirmar que de la misma manera nacieron los paramilitares, y que ese puede ser un peligroso punto de partida para el rearme de las autodefensas en Colombia. Según Arco Iris, dentro de sus registros tiene un total de 10.000 combatientes que actualmente conforman las bandas emergentes, 5.000 de los cuales son desmovilizados que están reincidiendo en el crimen. La otra mitad corresponde a nuevos reclutas. Los testimonios de los pobladores en varias regiones del país señalan que, a diferencia de las Autodefensas, buena parte de las bandas de hoy están penetrando en los cascos urbanos, sin uniforme y sin armas largas. Reacomodamientos y guerra Ese, tal vez, ha sido el mayor obstáculo para que la Fuerza Pública pueda actuar con contundencia. "Podemos identificar a los hombres, porque la gente los ha señalado, pero al momento de la captura, se convierten en ciudadanos comunes y corrientes, vestidos de civil y sin armas. Así es imposible judicializarlos", señala un coronel de la Policía. El otro problema que prendió las alarmas de las autoridades es el reacomodamiento de estructuras, que ha desembocado en vendettas y purgas internas de los grupos. Este es tal vez el caso de la 'oficina de Envigado', integrada por 'combos' en los que militan, además de jóvenes sicarios de las comunas de Medellín, ex 'paras' de los bloques Metro y Nutibara. Según los informes de Inteligencia, las de Daniel Rendón Herrera, alias 'don Mario' y Gennie Alberto Moreno, alias 'el Búho' -mano derecha de Luis Calle Serna-, también desataron una ola de reclutamientos y ajustes de cuentas en el Eje Cafetero, Antioquia y Córdoba. "Puedo decir que soy sobreviviente de la primera guerra de los paramilitares, pero a mi marido sí me lo mataron en el 2001. Hace pocos meses retorné a mi pueblo (en el Putumayo) y el recibimiento fue de unos desmovilizados que se llevaron a mi hijo menor porque necesitaban gente para 'los Rastrojos'", asegura otra mujer campesina que, por segunda vez, salió desplazada de su tierra. Otros casos se han vivido en municipios como Puerto Berrío, Barrancabermeja y Aguachica, que según los reportes de Inteligencia tienen presencia de cerca de 200 hombres liderados por un alias 'Julio', de la banda del Magdalena Medio. Las otras Bacrim que amenazan al país Las autoridades indagan por un grupo autodenominado 'Autodefensas Gaitanistas de Colombia', que se habría conformado para combatir a la organización de 'Comba'. Al mismo nivel de 'los Rastrojos' está el Erpac (Ejército Popular Antiterrorista Colombiano), de Pedro Olivero Guerrero, alias 'Cuchillo', paramilitar desmovilizado y reinsidente del bloque Guaviare. Por otro lado, en Urabá y Antioquia están 'los Paisas', al mando de Ángel Pacheco, 'Sebastián' y quien ha desatado una guerra por el control de la ruta de la droga con 'los Rastrojos', en Córdoba. Allí, en municipios como Lorica y San Antero, se han vivido en las últimas semanas casos de sicariato. Para la Policía, las otras bandas, como 'los Machos' y 'Renacer' son grupos más pequeños, pero cada vez juegan un papel más relevante en el control del narcotráfico. 'los Machos', antiguos hombres de 'don Diego', son casi un centenar, liderados por Dilver Urdinola, alias 'H'. Otra banda es 'Renacer', que delinque en el Chocó con cerca de 80 hombres. El 'peso' de la banda de 'Los Rastrojos' 'Los Rastrojos', el temible grupo de sicarios que nació en la guerra mafiosa del cartel del Norte del Valle, cuando le servían a Wílber Varela y enfrentaban a 'los Machos' de 'don Diego', ahora pasaron a ser otra banda emergente al servicio de alias 'Comba', el nuevo jefe del cartel. Fuentes de Inteligencia de la Policía y el Ejército coinciden en afirmar que sus tentáculos se han regado por buena parte del país, simplemente, porque además del narcotráfico, montaron oficinas de cobro y están hasta extorsionando a conductores y comerciantes en los sanandresitos de varias ciudades del país. La Policía tiene individualizados a los jefes de la banda en cada departamento: en Chocó, la lidera Pablo Emilio Montoya, alias 'Talibán'. En Nariño está Nubel Sarria, alias 'Apache 5', quien tiene a su cargo a cerca de 300 hombres y se encarga de cuidar los cargamentos de droga, según las autoridades. En los municipios del Tambo, el Bordo y Argelia (Cauca), está la gente de 'Comba', que son por lo menos 220 hombres liderados por un ex paramilitar conocido como 'el Zarco', quien al lado de 'R-9', ha intentado ganarle terreno a las Farc. "Esa guerra terminó en una alianza", agregó uno de los investigadores." REDACCIÓN JUSTICIA jinbed@eltiempo.com.co Noticia publoicada en ELTIEMPO.COM/JUSTICIA el 18 de agosto de 2009.

ELTIEMPO.COM/JUSTICIAELTIEMPO.COM/JUSTICIA


Noticia publicada en ELTIEMPO.COM/JUSTICIA

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Defensoría en los medios | 14 de agosto de 2009"Lluvia de amenazas contra funcionarios de la Defensoría del Pueblo

Los últimos tres meses han sido fatales para muchos funcionarios de la Defensoría del Pueblo. Desde mayo, las Águilas Negras empezaron a enviar amenazas sospechosamente bien documentadas a funcionarios de esa entidad y de ONG defensoras de derechos humanos en Bogotá, Cesar, Magdalena y Bolívar.

La Defensoría del Pueblo, organizaciones internacionales como el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) y los defensores de las ONG, se han convertido, a menudo, en obstáculos de hombres armados que quieren atentar contra los civiles en zonas de conflicto.

Mancomunadamente, estas organizaciones hacen monitoreos de lo que hacen los violentos para reportar a tiempo a las autoridades y tratar de evitar desplazamientos, asesinatos o masacres.

Las amenazas que se iniciaron en mayo no han amainado, sino que, por el contrario, se han expandido. Incluso, ya se han presentado dos ataques con armas de fuego contra funcionarios de la Defensoría del Pueblo.

Cuando apenas había pasado un mes de aquella intimidación de mayo, el 16 de junio, llegó una amenaza escrita a las oficinas del Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio en San Pablo, municipio que queda en la conflictiva zona del Sur de Bolívar.

Desde aquellas instalaciones se coordinan proyectos de la Defensoría del Pueblo, Acnur y la Unión Europea para evitar el desplazamiento, denunciar actos violentos y promover que los campesinos se queden en sus tierras y trabajen en ellas. Lo particular es que quienes dirigen las labores son todas mujeres profesionales en Derecho, Trabajo Social y Agronomía.

Eso lo sabían bien quienes arrojaron el texto amenazante por debajo de la puerta, pues en él dice “cuídense, viejas, porque las estamos siguiendo una por una. Ya sabemos la vida de cada una de ustedes. No se confíen. No den papaya”.

Al mes siguiente, el 28 de julio a las 2 de la tarde, un grupo de funcionarios de la Defensoría del Pueblo viajaba por la vía que une a Cali con Puerto Tejada, en Cauca, para hacer una diligencia judicial. Iban en una camioneta blanca, doble cabina, que tenía estampados los distintivos de la institución en sus puertas y capó.

De repente, fueron atacados. Les dispararon dos veces. Por fortuna, nadie resultó herido. Las autoridades dijeron que se trataba de un intento de atraco.

Otro ataque que se presentó fue contra un funcionario que trabaja en la Unidad de Investigación Criminal en Bogotá. El 30 de julio, le dispararon, lo dejaron herido y tuvo que ser internado en una clínica. Su salud es estable y aunque hay que investigar los motivos de la agresión, no se descarta que haya sido por la labor que desempeña como investigador forense.

Y ahí no termina todo. Al día siguiente, el 31 de julio, las Águilas Negras amenazaron por correo electrónico a una persona del Sistema de Alertas Tempranas (SAT) de la Defensoría del Pueblo, y a dos integrantes de ONG en el Eje Cafetero.

El argumento de la advertencia de muerte era que “nuestras fuentes de inteligencia nos han informado que ustedes hacen parte de las estructuras subversivas y terroristas en el Quindío”.

Y dan una opinión política en la que dicen que “bajo el discurso de los derechos humanos, estos tres sujetos se amparan y se protegen pero desde nuestros espacios convocamos a todos los miembros que son fieles a nuestra causa de defender la seguridad democrática y defender al presidente de las calumnias permanentes de ONG”.

Por lo pronto, el defensor del Pueblo, Vólmar Pérez, ha rechazado toda esa violencia contra sus funcionarios. Y algunas agencias de Naciones Unidas han emitido comunicados rechazando las amenazas y han cooperado en atender a los amenazados.

Fuentes cercanas a lo que está pasando le contaron a Semana.com que la respuesta de las autoridades colombianas ha sido débil y que califican las amenazas como simples actos aislados de delincuentes comunes.

Por eso, según conoció Semana.com, no han recibido los suficientes recursos para la reubicación de quienes están en la mira de estos hombres violentos. Para el caso del funcionario que laboraba en el Eje Cafetero, fue una agencia de cooperación internacional la que donó todo lo necesario para reubicarlo en otra ciudad.

Todos estos atropellos han venido ocurriendo, sin contar que ya son varias las ocasiones en las que les roban computadores con información valiosa. La Defensoría suele manejar mucha información de violaciones a los derechos humanos, ya que es la institución encargada de defender a quienes son víctimas de las faltas contra sus garantías.

El caso más reciente ocurrió el 11 de agosto, cuando alguien entró por la noche al edificio de la Defensoría en Córdoba, pasó de largo por el primer piso, donde había equipos nuevos y no tomó ninguno, sino que llegó directamente a la oficina del SAT y se llevó el computador que tenía información sobre violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario por parte de los grupos ilegales y la fuerza pública.

Casos idénticos se presentaron el año pasado en Bucaramanga y Cartagena. Sin embargo, las autoridades, contra las evidencias, insisten que se trata de delincuencia comun que solo quiere revender los aparatos y no apropiarse de su información.

Mientras a los defensores los embargan el desespero y la decepción, la esperanza es que la relatora de Naciones Unidas para Defensores de Derechos Humanos, que viene al país en septiembre, haga un pronunciamiento fuerte, que resuene internacionalmente para que, por lo menos, se sepa qué está pasando, así las autoridades no puedan aceptar que los ataques simultáneos en todo el país no son mera coincidencia, y den una respuesta a un fenómeno que se parece mucho al paramilitarismo de antaño."

Noticia y foto publicados en Semana.com el 14 de agosto de 2009.

Semana.comSemana.com


Noticia publicada en Semana.com

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Defensoría en los medios | 13 de agosto de 2009"Reclamo del Defensor del Pueblo por barreras para discapacitados en el MÍO

Luego de varias visitas de inspección a distintas estaciones del sistema masivo de transporte de Cali, los representantes del Ministerio Público, vieron de cerca sus problemas de acceso. Tras presentar un documento en el que se recogen las irregularidades y recomenaciones, el defensor del Pueblo del Valle, Andrés Santamaría, pidió a la Alcaldía, a Metrocali y a los operadores, adoptar las medidas que se necesiten para garantizar el acceso de las personas en condición de discapacidad al sistema.

El listado de las irregularidades encontradas es el siguiente:

1. La flota de buses alimentadores no posee una rampa o elevador para el acceso autónomo y seguro de las personas con movilidad reducida.

2. No hay continuidad para posibilitar el itinerario del usuario en situación de discapacidad en su ingreso o egreso del bus hacia la estación de parada o viceversa. Toda vez que entre el piso de la estación y el piso del bus existe un espacio que genera de manera continua un riesgo para los pasajeros, incluso, para los que no están en discapacidad.

3. Deficiencias en la sealización sonora interna de los buses. Tal como los anuncios de próxima parada en cada estación del sistema con el fin de alertar a las personas invidentes o baja visión que no pueden estar al tanto y percatarse por medio de otras maneras de la información.

4. Las puertas de la estación de parada que dan acceso a los buses están indebidamente señalizadas, por cuanto la banda no cumple con las especificaciones técnicas.

5. Los andenes adyacentes a los corredores troncales ubicados a lo largo de varios tramos de corredores troncales, no cumplen con las especificaciones de accesibilidad por no haberse instalado la loseta táctil pertinente para guía de invidentes.

6.No hay correspondencia en la colocación de las guas táctiles en las estaciones y algunas se encuentran obstaculizadas por árboles, avisos publicitarios y el estacionamiento indebido.

7. Estas y otras dificultades han sido evidenciadas por la Defensoría del Pueblo desde que se dio inicio a la operación promocional del sistema, en noviembre del año pasado.

Finalmente, hace un listado de recomendaciones para mitigar la violación de los derechos de las personas en condición de discapacidad. Son las siguientes:

1. Trazar por parte de la autoridad municipal y la empresa una polìtica definida que muestre la voluntad política de hacer cesar la vulneración a los derechos de la comunidad en situación de discapacidad.

2. Dotar la flota de alimentadores de la rampa o elevador para acceso autónomo y seguro de las personas con movilidad reducida.

3. Optimizar la sealización sonora interna de los buses. Tal como los anuncios de próxima parada en cada estación del sistema con el fin de alertar a las personas invidentes o baja visión que no pueden estar al tanto y percatarse por medio de otras maneras de la información.

4. Señalizar en la forma debida las puertas de la estación de parada que dan acceso a los buses, cumpliendo con las especificaciones de color, y demás convenciones técnicas acordada para las personas con baja visión.

5.Reacomodar en total correspondencia la guías táctiles en las estaciones y eliminar de ellas cualquier obstáculo como los avisos publicitarios, árboles y vehículos que se estacionan y no permiten la adecuada lectura por quienes deben valerse de ellas para ingreso a las estaciones del MÍO."

Noticia publicada en ELTIEMPO.COM/OCCIDENTE, el jueves 13 de agosto de 2009.

ELTIEMPO.COM/OCCIDENTEELTIEMPO.COM/OCCIDENTE


ELTIEMPO.COM/OCCIDENTE

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Sistema de Alertas Tempranas - SAT | 12 de agosto de 2009Octavo Encuentro Nacional del SAT de la Defensoría del Pueblo

El Sistema de Alertas Tempranas (SAT) de la Defensoría del Pueblo, instrumento para la prevención de las violaciones masivas de los derechos humanos y las infracciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH), realizó recientemente el Octavo Encuentro Nacional con el objetivo de fortalecer la capacidad conceptual, técnica y metodológica para monitorear, valorar y analizar los riesgos de posibles violaciones de los derechos humanos e infracciones al DIH de la población civil como consecuencia del conflicto armado.Asimismo, el evento tuvo como propósito el análisis de la variable de protección de tierras y de patrimonio, en la identificación de los escenarios de riesgo que realiza el SAT, a partir del intercambio de conceptos, metodologías e instrumentos con el Proyecto de Protección de Tierras de la Población Desplazada por la Violencia que coordina la Agencia Presidencial para la Acción Social. Previo a la inauguración del Encuentro, se llevó a cabo una reunión con el Defensor Nacional del Pueblo, quien brindó un saludo a los analistas regionales y al equipo nacional del SAT y formuló diversas recomendaciones para el mejor desempeño de la labor de advertencia del Sistema y el manejo de las fuentes de información. Los temas que se desarrollaron en los tres de días de taller fueron: hipótesis de riesgo regional a partir de una propuesta del marco conceptual del conflicto armado; avance en el ajuste metodológico del SAT, presentación de la línea de visión cinco de Prevención y Protección de Derechos Humanos del Plan Estratégico de la Defensoría, presentación del plan estratégico del SAT; elementos conceptuales y marco normativo aplicable a la protección de tierras y patrimonio de la población en riesgo y en situación de desplazamiento; procedimientos, herramientas e instrumentos del Proyecto de Protección de Tierras y Patrimonio a partir de la aplicación de medidas de protección y eventuales procesos de formalización, reparación y restitución. El evento se realizó en el Hotel Almirante del municipio de Melgar y participaron los consultores del SAT, los delegados del proyecto Tierras de la Defensoría y la Directora y el equipo directivo del Proyecto de Protección de Tierras y Patrimonio de la Población Desplazada de la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional.


Reunión de funcionarios del SAT con el Defensor del Pueblo

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Justicia y Paz | 12 de agosto de 2009Atención a víctimas de la violencia del conflicto armado

Atención a víctimas de la violencia del conflicto armado

La Defensoría del Pueblo Regional Bogotá cuenta con profesionales en el área del derecho y la psicología, distribuidos en tres duplas, que se encargan del desarrollo de la estrategia de atención psicojurídica en el Distrito Capital, planteada por la Unidad de Atención a Víctimas de la Defensoría del Pueblo, quienes con base en el análisis del contexto urbano, la presencia de las víctimas y con el fin de lograr mayor cobertura y un acercamiento a las víctimas cubren diversos sitios como el Tribunal de Bogotá, la Fiscalía General de la Nación y las Unidades de Atención y Orientación a la Población en situación de Desplazamiento (UAO).Las Duplas realizan talleres de atención psicojurídicos con el fin de acercar a la población víctima del conflicto armado al proceso de Justicia y Paz, utilizando una metodología participativa, donde a través de información, educación y comunicación, se permite a las víctimas tener acceso a los derechos a la verdad, la justicia y la reparación estipulados en la Ley 975 de 2005 y el Decreto 1290 de 2008 referente a la reparación administrativa, protección de bienes, así como herramientas que faciliten la manera de afrontar el proceso penal en el que participarán y la reconstrucción de sus objetivos vitales.

Desde mayo de 2009, se realizan nueve talleres mensuales en las UAO ubicadas en las localidades de San Cristóbal, Puente Aranda, Suba y Ciudad Bolívar, con un promedio de 30 asistentes en cada uno. El último fue realizado en San Cristóbal el pasado 5 de agosto con un total de 29 participantes.
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Sistema de Alertas Tempranas - SAT | 12 de agosto de 2009Defensor del Pueblo rechaza amenazas contra funcionario del Sistema de Alertas Tempranas

Defensor del Pueblo rechaza amenazas contra funcionario del Sistema de Alertas Tempranas

El Defensor del Pueblo, Vólmar Pérez Ortiz, rechazó las amenazas de muerte proferidas contra Yezid Beltrán, Analista Regional del Sistema de Alertas Tempranas (SAT) de la Defensoría del Pueblo para el Eje Cafetero, y quien a través de un correo electrónico recibió amenazas por parte de las autodenominadas “Águilas Negras” que operan en el Eje Cafetero.Los correos electrónicos con contenidos amenazantes igualmente fueron enviados a Guillermo Castaño, Presidente de la Corporación Surcos Comunitarios y a Mauricio Cubides, Presidente del Colectivo Domingo Taborda.

En el mensaje electrónico que lleva el logotipo de las Autodefensas Unidas de Colombia, las supuestas “Águilas Negras del Eje Cafetero” señalan de manera temeraria, peligrosa e irresponsable a los amenazados, de hacer parte de las estructuras subversivas en el Quindío que buscan desestabilizar la democracia.

Campaña de estigmatización

Para la Defensoría del Pueblo estos señalamientos corresponden a una sistemática campaña de estigmatización por parte de este nuevo grupo armado ilegal contra los defensores de Derechos Humanos, líderes sociales y sindicales, representantes de organizaciones de población desplazada, organizaciones humanitarias, y que ahora se han extendido a los servidores públicos de la Defensoría del Pueblo que laboran en la defensa y protección de los derechos humanos en varias zonas del país.

Para la Defensoría del Pueblo un ejemplo de estas amenazas se encuentra los señalamientos a los Defensores Regionales de Cesar, Guajira, Magdalena y a la Defensora Comunitaria de Bajo Atrato, quien tuvo que salir de la región en enero pasado.

Igualmente, los seguimientos a la Defensora Comunitaria del Cesar y la Guajira, las continuas amenazas contra la casa de los Derechos de la Defensoría del Pueblo en Soacha y en general contra el SAT de la Defensoría, evidencian las amenazas.

Para el Defensor del Pueblo, estas amenazas e intimidaciones buscan restringir la libre expresión y las acciones reivindicatorias de las víctimas y de los grupos sociales afectados por el conflicto armado interno que vive Colombia.

El Defensor condena este tipo de amenazas e intimidaciones que constituyen en sí mismas una grave infracción al derecho internacional humanitario y una violación a los derechos fundamentales.

Defensor pide rigurosa investigación

Al mismo tiempo, manifiesta que la institución no aceptará la intimidación de los violentos y urge a las autoridades competentes a adelantar una rigurosa investigación a la persistente y sistemática amenazas e intimidaciones contra los servidores de la Defensoría del Pueblo, los defensores y defensoras de derechos humanos, los representantes de organizaciones de población desplazada, de mujeres y de víctimas, contra la dirigencia sindical y los comunicadores sociales.

La Defensoría del Pueblo también recomienda a las autoridades, realizar los estudios y análisis de nivel de riesgo y adoptar efectivas medidas de protección para salvaguardar la vida e integridad de las personas amenazadas.

Por último, el Defensor del Pueblo recuerda la responsabilidad del Estado de prevenir y proteger los derechos humanos de todos los habitantes del país en especial de aquellos que se encuentran en situación de vulnerabilidad y, en este sentido, solicita de la Fiscalía General de la Nación adelantar las investigaciones correspondientes para identificar y sancionar a los responsables de estos hechos violatorios de las libertades civiles y de la integridad, la seguridad y la libertad personal.
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Defensoría en los medios | 12 de agosto de 2009"Estado debe garantizarle el estudio a los 'niños genio', determinó la Corte Constitucional

El alto tribunal regañó al Ministerio de Educación y a los entes departamentales y territoriales por no contar con convenios y estrategias para garantizar la educación a niños avanzados. Lo hizo al revisar una tutela contra la Secretaría de Educación de Cundinamarca interpuesta por Isabel Méndez Mantilla, madre del niño y quien padece cáncer de seno.La educación de un niño de 13 años de Mosquera (Cundinamarca), que según certificación de expertos tiene capacidades y talentos excepcionales pero que la difícil situación económica y de salud de su madre no puede costear su formación, llevó a la Corte Constitucional a hablar de la responsabilidad del Estado de garantizar la educación a los menores considerados como 'niños genio'. El hijo de Méndez Mosquera, de acuerdo con las certificaciones de médicos tiene un coeficiente intelectual de 142 (el promedio es de 90 a 110 y el de un superdotado de 130 a 150). Sus habilidades se concentran en la parte artística, pues a su edad cursa cuarto semestre de piano y undécimo grado de solfeo en la Fundación Orquesta Sinfónica Juvenil de Colombia. Su preparación escolar, octavo grado, la adelanta en el colegio Oakland, un instituto de enseñanza temprana en el municipio de Cota. La madre del niño argumentó que el cáncer le ha impedido cumplir con el pago de la educación, pues debió renunciar a uno de sus trabajos como maestra y trasladar su residencia a Bogotá para practicarse las cirugías y tratamientos para combatir la enfermedad. También, que los gastos corren por cuenta propia, pues es separada y el padre no le colabora económicamente. Para los jueces que estudiaron la tutela en primera y segunda instancia las razones no fueron suficientes y negaron su solicitud al considerar que Méndez Mosquera contaba con recursos, pues es una profesora del distrito, y que la educación del niño superdotado no estaba en riesgo porque la mujer seguía cancelando las cuotas mensuales en donde estudia. Por eso, la Defensoría del Pueblo solicitó a la Corte seleccionar la tutela para revisión. Tras estudiarla en abril pasado, los magistrados de la Corte Constitucional señalaron que si bien las gobernaciones y el ministerio son independientes, deben crear una estrategia para atender la educación de niños avanzados. "Este incumplimiento resulta aún más sorprendente cuando los gobiernos Nacional y de las entidades territoriales cuentan con la posibilidad de contratar con entidades privadas los apoyos pedagógicos, terapéuticos y tecnológicos necesarios para la atención de los menores con capacidades o talentos excepcionales", señaló la Corte en su fallo. Añadió: "no encuentra la Sala justificación alguna al desinterés y falta de compromiso de las entidades del orden nacional y territorial en la atención de esta población, situación que ha terminado por vulnerar los derechos fundamentales del menor Héctor García Méndez, a la educación especial y al libre desarrollo de la personalidad". La Corte lo dice porque en el proceso, la Secretaría de Educación de Cundinamarca respondió que no contaba con instituciones que ofrecieran educación para niños excepcionales, por lo que remitió a la madre a Icetex. En esta entidad de crédito, la respuesta fue aún más desalentadora: señaló que existe un fondo para atender a esta población, pero que desde el 2005 no hay cupos. "Solo atiende el proceso de renovaciones a la población activa en el programa que lo solicita cada año, pero desde entonces no ha admitido nuevos beneficiarios". Mientras tanto, el Ministerio de Educación justificó que su obligación se limitaba a formular los lineamientos generales de la política educativa. Al final, los magistrados de la Corte Constitucional señalaron que el Estado debe buscar la manera de garantizar la educación del niño y no solo establecer políticas, sin ningún 'goce efectivo'. En su fallo, ordenó al Ministerio elaborar una base de datos con la población con talentos o capacidades excepcionales de cada uno de los municipios del país. Al Icetex, incluir al menor como beneficiario del fondo inmediatamente y a la Secretaría de Educación de Cundinamarca diseñar un plan de cubrimiento gradual para la atención en educación de niños superdotados. Pero la Corte también le dio una orden a la madre. La sentenció a interponer un recurso reclamando la mensualidad del niño al padre, quien desde hace varios años no cumple con la cuota alimentaria. REDACCIÓN JUSTICIA". Noticia publicada el 12 de agosto en ELTIEMPO.COM/JUSTICIA.

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Eventos y actos públicos | 12 de agosto de 2009Mirar hacia un pensamiento común bolivariano, pide Defensor del Pueblo de Colombia

Respecto al actual litigio con Venezuela, el Defensor del Pueblo de Colombia, Vólmar Pérez Ortiz, hizo un llamado a obrar con el mayor cuidado, con mucha tranquilidad, a evitar los excesos verbales y a no responder agravios y ofensas, "pues esos estilos oratorios lesionan sensiblemente a la dignidad nacional”. La intervención la realizó esta semana en la ciudad de Barrancabermeja (Santander) donde se realiza el V Encuentro de la Jurisdicción Constitucional.Agregó que la situación con Venezuela suscita gran inquietud y mucha preocupación, pero que la Defensoría del Pueblo procurará, lo mas pronto posible, una reunión con las autoridades en las zonas de frontera y con las Cámaras de Comercio, “para oír sus inquietudes, sus reclamos justicieros y sus solicitudes y peticiones. Desde luego debemos entender que estos anuncios que ha hecho el gobierno de Venezuela afectan principalmente a las comunidades que habitan en la zona de frontera.”

El Defensor del Pueblo hizo alusión al ilustre pensador venezolano Arturo Uslar Pietri quien sostenía que en realidad no se trata de zonas de frontera en términos estrictos, sino de una región conformada por habitantes de un lado y del otro de las franjas limítrofes.

Para Pérez Ortiz la clase dirigente y los distintos estamentos tenemos que reflexionar sobre esta coyuntura; sobre la tensión diplomática que se ha presentado y entender que, aun cuando sintamos lesionada nuestra dignidad nacional como pueblo, tenemos que obrar con un alto sentido de responsabilidad y entender que hay dificultades que es necesario superar.

Colombia y Venezuela conforman una sola nación dividida seguramente por dos gobiernos, pero “lo que uno no puede entender es cómo en el marco de los actos de conmemoración del bicentenario se presentan este tipo de dificultades”, agregó.

Reiteró que la desde la Defensoría del Pueblo estará muy atento a la controversia pues este no es el mejor de los homenajes al pensamiento bolivariano. Es una situación de inquietud y de mucha preocupación. “Buscaremos un encuentro para poder visitar las zonas de frontera y reunirnos con las comunidades, oír sus inquietudes, compartir reflexiones y analizar de qué manera podemos adelantar la tarea que nos corresponde ante los órganos competentes del Estado colombiano, a efectos de poder salvaguardar con la efectividad que se requiere, los derechos que también le asisten a los habitantes de las zonas de frontera del país."

Galería de imágenes
V Encuentro de la Jurisdicción Constitucional en Barrancabermeja (Santander)

El Presidente Álvaro Uribe Vélez estuvo presente en el evento.

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Justicia y Paz | 11 de agosto de 2009Representantes Judiciales de Víctimas y Duplas de la Costa participaron en Grupo Focal realizado en Barranquilla

La Defensoría del Pueblo organizó la semana pasada en Barranquilla, con el respaldo del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la facilitación del Centro Internacional para la Justicia Transicional (ICTJ), con la participación activa de miembros de la Unidad de Atención Integral a Víctimas de la Defensoría del Pueblo, Representantes Judiciales de Víctimas y Asesores de Gestión, en una actividad denominada Grupo Focal.Los grupos focales son actividades que se han desarrollado dentro de un programa de Fortalecimiento de la Justicia, a fin de visibilizar algunos obstáculos, problemáticas en el proceso de atención y representación judicial de las víctimas de Justicia y Paz. El objetivo de este proyecto es obtener herramientas que permitan la construcción de un protocolo en virtud del cual se puedan establecer, de manera precisa y muy clara, los pasos y compromisos de cada uno de los funcionarios de la Defensoría del Pueblo, en relación con el trabajo de representar y defender los intereses jurídicos de las víctimas. La Revisión del Mandato Institucional, los Obstáculos y Dificultades de la Acción Institucional y la Creación de Propuestas y Modificaciones para mejorar la Acción Institucional, hicieron parte de la agenda de trabajo que se programó durante dos días en Barranquilla, y que contó con la presencia de Patricia Luna Paredes, Coordinadora de la Unidad Atención Integral a Víctimas. Bogotá, Medellín y Barranquilla, han sido las tres ciudades escogidas para la realización de estos grupos focales. Con los insumos obtenidos a través de estas agendas de trabajo, el ICTJ se encargará de presentar una propuesta de cómo construir o qué lineamientos debe contener el protocolo de representación judicial.


Facilitación del Centro Internacional para la Justicia Transicional (ICTJ)

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Justicia y Paz | 11 de agosto de 2009Medición de impacto de la estrategia psicojurídica

Un profundo análisis de los casos más relevantes que se han presentado en la Unidad de Atencion Integral a Victimas de Justicia y Paz de la Defensoría del Pueblo Regional Atlántico, realizó recientemente la Consultora de la Unidad de Justicia y Paz de la Defensoría del Pueblo, Miriam Ocampo. El objetivo es determinar cuál ha sido el impacto que la estrategia psicojurídica ha causado en las personas que diariamente son atendidas en la Defensoria del Pueblo.Las personas citadas para tal fin fueron entrevistadas directamente por la consultora en julio pasado. Allí contaron aspectos trascedentales de su vida, antes y después de haber sido afectadas por los grupos armados al margen de la ley. La información aportada por las víctimas en este proceso, será recopilada en lo que se ha denominado "Memoria Colectiva de las Personas Atendidas en la Defensoría del Pueblo", todo ello dentro del marco de la Ley de Justicia y Paz. Según la consultora Ocampo, cinco han sido los casos seleccionados. A cada una de las personas participantes en este proceso, se les realizó una entrevista a fondo semiestructurada de manera individual. Posteriormente, a través de un grupo focal, los afectados comentaron su historia antes, durante y después de los hechos violentos y cómo ha sido la asesoría y orientación recibida desde el momento en que solicitaron la cooperación de entidades vinculadas al proceso de Justicia y Paz como la Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía General de la Nación, la Defensoría del Pueblo, Acción Social, Procuraduría General de la Nación y Personería, entre otros. Se podrá así denunciar el hecho y despejar las inquietudes acerca del proceso Judicial de Justicia y Paz y de la Reparación por vía Administrativa. Bogotá, Barrancabermeja, Barranquilla y Pasto, han sido las cuatros ciudades escogidas para medir el impacto y los efectos de la estrategia psicojurídica en busca de mejorar la calidad la atención integral que se ofrece a las víctimas.

Galería de imágenes
Miriam Ocampo, Consultora de la Unidad de Justicia y Paz de la Defensoría del Pueblo.

Víctimas entrevistadas en Barranquilla.

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Defensoría en los medios | 10 de agosto de 2009"Preso en Cómbita secuestró por casi 4 horas a una estudiante de derecho para exigir traslado

Eran las 10:45 de la mañana cuando José Darío Gómez tomó a la fuerza a Jenny Pulido y le puso un cuchillo en el cuello para presionar su traslado a la cárcel de Girón (Santander). Los hechos ocurrieron cuando Jenny Pulido, una estudiante de derecho de la universidad Santo Tomás, se disponía a realizar la sustentación de la hoja de vida (notificar cómo avanza el proceso penal) de José Darío Gómez.Por casi cuatro horas, la Defensoría del Pueblo en Boyacá, guardianes y directivas del penal intermediaron para que el preso, que paga una condena por homicidio, liberara a la joven que desde hace dos meses realiza sus prácticas en la oficina jurídica de la cárcel de alta seguridad. Fuentes en el lugar contaron que Gómez mantuvo a la estudiante en el cubículo de sanidad de la torre 1, donde se realizan las notificaciones, y que la joven pese al nerviosismo estuvo tranquila. "Eso pasa por la falta de guardianes, pues si estuviéramos los suficientes la muchacha no habría entrado sola sino acompañada por uno de nosotros", dijo un guardián en Cómbita y agregó que "de un tiempo para atrás nos han disminuido el personal de guardia, actualmente tenemos 150 dragoneantes menos". Pero el Inpec asegura que se violó el reglamento de seguridad. "En los protocolos está establecido que los estudiantes no deben tener ningún contacto físico con los internos. Las notificaciones se deben hacer en una sala especial con un vidrio de seguridad, y en este caso al interno no se sacó del pabellón esposado", dijo la directora del Inpec, Teresa Moya Suta, quien agregó que se ordenó la investigación disciplinaria dentro de la cárcel. Después de largas horas de tensión, a eso de las 3:00 de la tarde, Gómez liberó a la estudiante cuando vio la resolución de traslado firmada por el Inpec. El Instituto señaló que en principio se autorizó el cambio de cárcel para preservar la vida de la joven, pero que la idea es que con la denuncia instaurada por la estudiante un juez dicta una nueva orden de captura por secuestro extorsivo y tentativa de homicidio. Por estos dos delitos fue denunciado Gómez. Según explicó la directora del Inpec, con la nueva orden no se trasladaría al interno sino que se mantendría en el centro carcelario de alta seguridad." Noticia publicada en ELTIEMPO.COM/JUSTICIA, el lunes 10 de agosto de 2009.

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Noticia publicada en ELTIEMPO.COM.

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Minorías Étnicas | 8 de agosto de 2009En la conmemoración del Día Internacional de los Pueblos Indígenas.

En la conmemoración del Día Internacional de los Pueblos Indígenas.

Para el Defensor del Pueblo, Vólmar Pérez Ortíz, resulta oportuno destacar la importancia del Día Internacional de los Pueblos Indígenas que se celebra anualmente cada 9 de agosto, para recordar a la opinión pública y las autoridades del Estado, que contamos en Colombia con un invaluable patrimonio cultural representado en los 87 pueblos indígenas reconocidos, que da cuerpo y significado a la Diversidad Étnica y Cultural que hace parte de nuestro patrimonio como sociedad.En mi condición de Defensor del Pueblo de Colombia, destaco el avance que ha representado el reconocimiento que el Constituyente de 1991 hizo en la Constitución Política a las poblaciones indígenas sobre la condición de sujeto jurídico de derechos, con capacidad de interlocución válida con el Estado y sus instituciones y como titulares de derechos humanos fundamentales, colectivos e integrales.

Este trascendental paso ha significado la apertura de un espacio democrático para estas poblaciones fundantes de nuestra nacionalidad y nos ha permitido profundizar en el conocimiento de otras culturas, sus usos y costumbres, así como el inicio de un diálogo de saberes, para construir un auténtico Estado pluriétnico y multicultural sustentado en el respeto a la dignidad humana.

No obstante, llegar a este punto ha implicado un largo proceso forjado en varios siglos y en el cual estos pueblos a partir de sus acciones lograron emerger desde la invisibilización hasta posicionarse en las diferentes dimensiones de la vida política, cultural y económica de nuestra sociedad en el marco del Estado Social y Democrático de Derecho que hoy nos rige. Esta ha sido una construcción lenta pero sostenida, logrando un avance paso a paso sobre la base del derecho a la igualdad en la diferencia.

Es importante para los pueblos indígenas que celebran un día de especial relevancia para su permanente desarrollo como culturas diferentes, el aporte invaluable de la Corte Constitucional de Colombia, que ha avanzado en el desarrollo de la protección de los principios y derechos en los cuales se basa la condición jurídica que desde 1991 hasta la fecha, ha contribuido a la consolidación de los derechos y la garantía de su identidad cultural, de sus lenguas, valores, costumbres, instituciones y formas de gobierno propio, conjunto de rasgos culturales que caracterizan el ser de los pueblos indígenas.

Para la Corte Constitucional “el principio de diversidad e integridad personal no es simplemente una declaración retórica, sino que constituye una proyección, en el plano jurídico, del carácter democrático, participativo y pluralista de la república colombiana” y obedece a "la aceptación de la alteridad ligada a la aceptación de la multiplicidad de formas de vida y sistemas de comprensión del mundo diferentes de los de la cultura occidental."

En contraste con el avance del reconocimiento de derechos mencionado, para la Defensoría del Pueblo es materia de inquietud y de preocupación el panorama de derechos humanos que afronta un significativo número de pueblos indígenas de nuestro país. Cotidianos han sido los reportes de múltiples situaciones de vulneración de derechos humanos fundamentales, colectivos e integrales, que, en el marco del conflicto armado interno, han afectado tanto a comunidades como personas pertenecientes a estos pueblos. Los hechos de los cuales se tiene conocimiento en esta institución se presentan en diferentes regiones del país y dan cuenta de violación de múltiples derechos civiles y políticos, económicos sociales y culturales y de graves infracciones al derecho internacional humanitario.

El derecho a la vida, a la integridad, al goce efectivo de sus derechos territoriales, la autonomía, la jurisdicción especial, el gobierno propio, el desarrollo de su planes de vida y demás garantías que emanan del ordenamiento jurídico, son vulnerados por la incidencia de los actores del conflicto armado, así como por la presión de las prácticas del narcotráfico; los hechos derivados de estas acciones violentas han incidido por demás en el desplazamiento forzado de integrantes de varias comunidades indígenas, las que hoy se encuentran desarraigadas de sus territorios de origen, en lugares ajenos a sus patrones sociales y culturales; circunstancia que los sitúa en mayor grado de vulnerabilidad y pone en riesgo su identidad y patrimonio cultural.

Particularmente grave es la situación de algunas comunidades del sur de país, que han sufrido la pérdida física de importantes líderes de sus comunidades a causa de homicidios cometidos por grupos armados ilegales. En la primera semana de agosto la Defensoría del Pueblo tuvo conocimiento de la ocurrencia de 5 homicidios contra destacados dirigentes de los pueblos Inga, Nasa y Eperara-Siapidara.

Por tanto, la Defensoría del Pueblo, una vez más y de manera categórica, insta a las autoridades estatales competentes ha asumir de manera efectiva las acciones institucionales que sean necesarias para contrarrestar las graves violaciones de derechos humanos de que son víctimas estos pueblos y, asimismo formular políticas urgentes de protección especial que aseguren su vida digna, en todas las dimensiones que abarcan los derechos reconocidos en condiciones de igualdad.
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Minorías Étnicas | 7 de agosto de 2009Defensor del Pueblo reclama protección especial para líderes indígenas

Defensor del Pueblo reclama protección especial para líderes indígenas

El Defensor del Pueblo, Vólmar Pérez Ortiz, hace un llamado urgente a las autoridades del Estado colombiano para que se garanticen la efectiva protección de los derechos fundamentales de los líderes de los pueblos indígenas del país.Hechos:

La Defensoría del Pueblo ha recibido información de los hechos de violencia recientes contra líderes indígenas de los departamentos de Putumayo y Cauca:

Casos en Putumayo

- Homicidio del Líder Indígena del Putumayo Edilberto Imbachi Mutumbajoy, reconocido dirigente de los pueblos indígenas, quien se había desempeñado como directivo de la Organización Zonal Indígena del Putumayo (OZIP), de la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) y de la Organización Indígena de la Amazonía Colombiana (OPIAC), quien fue asesinado por desconocidos dentro del Resguardo Indígena de Puerto Rosario, el pasado 2 de agosto.

Este líder indígena adelantaba conjuntamente con las Autoridades Tradicionales de su comunidad, un proceso de protección de los territorios colectivos del Pueblo Inga a través de diferentes acciones de concertación con entidades del Gobierno nacional.

Casos en el Cauca

- En el Departamento del Cauca se presentaron diferentes hechos de violencia en contra de líderes indígenas. El primero de ellos corresponde a la muerte violenta de Arnulfo Palacios Conda, del resguardo de López Adentro, quien fue asesinado por hombres encapuchados el 26 de julio en la vereda Guabito.

El segundo se relaciona con el secuestro y desaparición de Jesús Darío Fernández y su esposa Yuri Carolina Romero, en hechos ocurridos el 26 de julio en el municipio de Santander de Quilichao.

El tercero tiene que ver con la muerte de José Wilson Ramón Vivas, asesinado el pasado 31 de julio dentro de su vivienda en el municipio de Caloto.

El cuarto hecho se relaciona con el homicidio de Luis Antonio Sánchez e Higinio Sánchez Gallego, comuneros del Resguardo de Polindara, en hecho ocurrido el 2 de agosto en la vereda el Bao.

El quinto hecho corresponde al homicidio
del líder indígena Horacio Puama Quiro del pueblo Eperara – Siapidara, quien fue asesinado con arma corto punzante el 3 de agosto en la cabecera municipal de Timbiquí. Era miembro de la comunidad de la vereda Peña Tigre y había sido víctima de desplazamiento forzado.

Preocupación internacional

El Defensor del Pueblo condenó de manera enérgica estos actos de violencia, que ponen en riesgo la pervivencia física y cultural de los Pueblos Indígenas de Colombia, máxime cuando el Relator Especial para Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas, James Anaya, en el informe de conclusión de su reciente visita a nuestro país, expresó:

“(...) su extrema preocupación que los grupos armados ilegales…parecen desconocer por completo los estándares de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario. Según información recibida, estos grupos son los principales responsables de asesinatos de indígenas y otros graves crímenes, que afectan desproporcionadamente a los Pueblos Indígenas.”

De igual manera precisó que “persisten alegaciones de derechos humanos por miembros de la Fuerza Pública y que siguen sin ser resueltos varios casos con victimas indígenas. También urge a la Fuerza Pública a respetar la autonomía de los Pueblos Indígenas y concertar con las Autoridades Indígenas las condiciones de cualquier presencia necesaria en sus territorios”.

Planes de Salvaguardia Étnica

En este sentido, el Defensor del Pueblo insta a las distintas dependencias del Estado a concretar de manera urgente la formulación e implementación de los Planes de Salvaguarda Etnica ordenados por la Corte Constitucional mediante el Auto No. 004 de 2009, buscando desarrollar acciones efectivas de protección de los líderes y autoridades indígenas amenazados y en alto riesgo de vulnerabilidad de sus derechos.

De igual manera, reclama de los grupos armados al margen de la ley, el respeto por el Derecho Internacional Humanitario y sustraer a los pueblos indígenas de la dinámica de la confrontación armada respetándoles su condición de miembros de la población civil.
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Defensoría en los medios | 7 de agosto de 2009"Asesinatos de indígenas de Cauca y Putumayo denuncia la Defensoría

El Defensor del Pueblo hizo un llamado urgente a las autoridades del Estado colombiano para que se garantice la efectiva protección de los derechos fundamentales de los líderes de los Pueblos Indígenas del país, y denunció el asesinato de varios dirigentes de las Comunidades Indígenas en los Departamentos del Putumayo y el Cauca.Entre los hechos de violencia sobre los que puso en alerta la Defensoría, están: PUTUMAYO: 2 de agosto de 2009: Homicidio del Líder Indígena del Putumayo EDILBERTO IMBACHI MUTUMBAJOY, reconocido dirigente que se había desempeñado como directivo de la Organización Zonal Indígena del Putumayo-OZIP, de la Organización Nacional Indígena de Colombia - ONIC y de la Organización Indígena de la Amazonía Colombiana - OPIAC, quien fue asesinado por desconocidos dentro del Resguardo Indígena de Puerto Rosario. Este líder indígena adelantaba conjuntamente con las Autoridades Tradicionales de su comunidad, un proceso de protección de los territorios colectivos del Pueblo Inga a través de diferentes acciones de concertación con entidades del Gobierno nacional. CAUCA: 26 de julio de 2009: La muerte violenta de ARNULFO PALACIOS CONDA, del resguardo de López Adentro, quien fue asesinado por hombres encapuchados el día en la vereda Guabito. Ese mismo día se reportó el secuestro y desaparición de JESUS DARIO FERNANDEZ y su esposa YURI CAROLINA ROMERO, en en el municipio de Santander de Quilichao. 31 de julio: La muerte de JOSE WILSON RAMON VIVAS asesinado dentro de su vivienda en el municipio de Caloto. 2 de agosto: Homicidio de LUIS ANTONIO SANCHEZ e HIGINIO SANCHEZ GALLEGO, comuneros del Resguardo de Polindara, en la vereda el Bao. 3 de agosto: HORACIO PUAMA QUIRO del pueblo Eperara – Siapidara, quien fue asesinado con arma corto punzante el día 3 de agosto en la cabecera municipal de Timbiquí, miembro de la comunidad de la vereda Peña Tigre, quien había sido víctima de desplazamiento forzado. Semana.com denunció a principios de julio la difícil situación en la que se encuentran las comunidades indígenas del norte del Cauca, presas en el fuego cruzado entre la fuerza pública y la guerrilla. Igualmente las amenazas de las Farc contra los líderes indígenas que han impulsado la iniciativa de sacar de sus resguardos campamentos, laboratorios de drogas y caletas de armas y explosivos. Lea aquí la crónica "Indígenas desafían al narcotráfico" y vea los videos: http://www.semana.com/noticias-conflicto-armado/indigenas-desafian-narcotrafico/126360.aspx En un comunicado, el Defensor del Pueblo, Volmar Pérez, condenó ayer de manera enérgica estos actos de violencia, “que ponen en riesgo la pervivencia física y cultural de los Pueblos Indígenas de Colombia”, según dijo Pérez. En su visita a Colombia el pasado mes de julio, el Relator Especial para Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas, Sr. James Anaya, en el informe de conclusión expresó “(...) su extrema preocupación que los grupos armados ilegales…parecen desconocer por completo los estándares de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario. Según información recibida, estos grupos son los principales responsables de asesinatos de indígenas y otros graves crímenes, que afectan desproporcionadamente a los Pueblos Indígenas.” El Defensor añadió que “persisten alegaciones de (violaciones) derechos humanos por miembros de la Fuerza Pública y que siguen sin ser resueltos varios casos con victimas indígenas. También urge a la Fuerza Pública a respetar la autonomía de los Pueblos Indígenas y concertar con las Autoridades Indígenas las condiciones de cualquier presencia necesaria en sus territorios”. En este sentido, el Defensor del Pueblo instó a las distintas dependencias del Estado a concretar de manera urgente la implementación de los Planes de Salvaguarda Etnica ordenados por la Corte Constitucional mediante el Auto No. 004 de 2009, buscando desarrollar acciones efectivas de protección de los líderes y autoridades indígenas amenazados y en alto riesgo de vulnerabilidad de sus derechos. De igual manera, reclamó de los grupos armados al margen de la ley, el respeto por el Derecho Internacional Humanitario y sustraer a los pueblos indígenas de la dinámica de la confrontación armada respetándoles su condición de miembros de la población civil." Noticia publicada en Semana.com, publicada el 7 de agosto de 2009.

Semana.comSemana.com


Noticia publicada en Semana.com

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Eventos y actos públicos | 5 de agosto de 2009¿Es el Estado Social de Derecho Colombiano Garante de los Derechos Humanos?

¿Es el Estado Social de Derecho Colombiano Garante de los Derechos Humanos?, fue el tema de análisis realizado esta semana en el Salón Fundadores de la Universidad Autónoma de Colombia y en el que participó activamente la Defensoría del Pueblo Regional Bogotá, en el marco de su labor de formación en derechos humanos.En el evento, al que asistieron cerca de 300 asistentes, intervinieron Mónica Naranjo Londoño, Personera Delegada para los Derechos Humanos; Gelasio Cardona Serna, Presidente de la Universidad Autónoma de Colombia; Myriam Luz Vargas, Asesora de la Defensoría del Pueblo Regional Bogotá; José Pernett Castillo, Coordinador de la Cátedra de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobierno; Eusebio Clavijo, Director del Consultorio Jurídico de la Universidad, y Juan Carlos Ocampo, Personero de La Candelaria. En la reunión, convocada por la Personería de Bogotá, participaron líderes sociales, presidentes de las Juntas de Acción Comunal, Ediles, miembros del Comité de Derechos Humanos, estudiantes y profesores de las universidades y colegios pertenecientes a la localidad de La Candelaria.

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Panel principal

Auditorio en la Universidad Autónoma.

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Educación | 5 de agosto de 2009Finalizó Taller de Clínica Psicojurídica en Cali

El objetivo del taller, que se realizó esta semana en la capital del valle del Cauca, fue fortalecer la capacidad de respuesta de los profesionales de la Unidad, en el manejo de los instrumentos psicojurídicos referentes a los derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación, para brindar asistencia de tipo integral a las víctimas del conflicto armado.En la capacitación se brindaron elementos conceptuales sobre los ejes en los que se basa la estrategia psicojurídica en el marco de la Ley 975 de 2005, se analizaron los procedimientos y los métodos utilizados por los distintos equipos en la implementación de la estrategia para la atención y orientación a las víctimas, y se unificó la forma en que se realiza. Se trabajaron temas específicos relacionados con la implementación de la estrategia psicojurídica, como: diligenciamiento de documentación general, registro de orientación y asesoría a víctimas, manejo y sistematización de la información, programación y realización de talleres psicojurídicos, elementos sobre el procedimiento de protección de los bienes patrimoniales y acompañamiento psicojurídicos en escenarios judiciales. Se revisaron los estándares internacionales y nacionales en materia de justicia transicional (verdad, justicia y reparación), la teoría general del daño: daño material e inmaterial y medidas de reparación en casos de violaciones a los derechos humanos. El evento contó con la participación de los miembros de los equipos psicojurìdicos de los departamentos del Valle, Cauca, Caquetá, Putumayo, Chocó, Risaralda y Antioquia, quienes participaron de manera activa a través de la resolución de casos prácticos hipotéticos que fueron resueltos en la capacitación. Se construyeron alternativas para que los equipos psicojurídicos respondan adecuadamente a las inquietudes de las víctimas. El próximo taller se realizará los día 27 y 28 de agosto, en la ciudad de Bucaramanga.

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Taller en Cali

La presentación del Taller estuvo a cargo de Patricia Luna, Coordinadora Nacional de la Unidad de Víctimas de la Defensoría del Pueblo.

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Eventos y actos públicos | 4 de agosto de 2009Inaugurada Ludoteca en "Casa de los Derechos" en Soacha

En las instalaciones de la Casa de los Derechos Defensoría del Pueblo Regional Cundinamarca, ubicada en Altos de Cazucá, municipio de Soacha, se inauguró la semana pasada una Ludoteca que se construyó con el apoyo y acompañamiento del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados ACNUR, la Universidad Pedagógica Nacional, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y la Universidad Minuto de Dios.La Casa, que está ubicada en la Comuna IV del barrio La Isla, Manzana 83 Lote 4, del municipio de Soacha, es el resultado de un proyecto piloto de la Defensoría del Pueblo que se ha constituido, desde el año 2005, en un espacio interinstitucional de carácter estatal y de acompañamiento de las instituciones privadas, para la atención, promoción y divulgación de los derechos humanos a la población víctima del desplazamiento forzado y a la población residente del sector. Durante la inauguración de la Ludoteca, el Defensor Regional de Cundinamarca dio apertura al espacio junto con una oficial de terreno de ACNUR. En la ceremonia estuvieron también delegados y representantes de la Personería Municipal de Soacha, el ICBF, la Unidad de Atención y Orientación de Soacha, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), los Conciliadores en Equidad, la Universidad Pedagógica, la Universidad Minuto de Dios y la Fundación Fedes. Así mismo, estuvieron presentes los niños y niñas de la comunidad quienes con el apoyo de las universidades participantes y su creatividad, dieron apertura a la Ludoteca presentando un noticiero infantil, un baile y una obra de teatro sobre derechos. Finalizaron el evento con una manualidad dirigida por el ICBF. Este espacio se diseñó con el fin de atender a los niños y niñas que acuden a la Casa de los Derechos, teniendo en cuenta lineamientos ordenados por la Corte Constitucional en su Sentencia T 025 de 2004 y sus Autos, frente a la atención con enfoque diferencial a la población víctima del desplazamiento forzado. El principal propósito es generar espacios de reconocimiento y atención, donde los niños y niñas, a través de actividades artísticas, recreativas y culturales, mejoren su desarrollo psicosocial, en aras de contribuir a la realización de una convivencia pacífica y a una concepción de los derechos humanos como una forma de vida.

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El Defensor del Pueblo de Cundinamarca, Mauricio Vesga, inaugura la Ludoteca en "La Casa de los Derechos".

Ludoteca ubicada en el municipio de Soacha

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Defensoría en los medios | 4 de agosto de 2009"Por problemas de desnutrición, Defensoría del Pueblo pide medidas en población Koguis

La Defensoría Regional del Magdalena informó sobre las denuncias realizadas por Javier Bacuma, integrante de la etnia Kogui, quien dio a conocer ante las autoridades y diversos medios de comunicación en Santa Marta acerca de la muerte de 13 menores indígenas por inanición en la Sierra Nevada.El señor Bacuma es oriundo de la aldea Taminaca, ubicada en las estribaciones de la Sierra Nevada y desde la cual se trasladó hasta el municipio de Soledad-Atlántico, en busca de ayuda médica para su hijo menor de 11 meses de nacido y a quien los médicos diagnosticaron un avanzado estado de desnutrición. Las informaciones que han llegado a la Defensoría del Pueblo revelan que los padres del menor han manifestado que en su aldea han muerto varios niños en idénticas circunstancias y, que ante la falta de reacción de las autoridades, decidieron trasladarse a la ciudad de Barranquilla para buscar apoyo. La Defensoría del Pueblo realiza gestiones con el fin de que la IPS a la cual se encuentra afiliada esta familia y la de los 13 niños fallecidos por inanición de que la población infantil de estas comunidades reciban los servicios de consulta, tratamientos médicos y prevención necesarios. También se dieron instrucciones para tramitar las quejas del gerente de la IPS "Gonawindua", ubicada en el Distrito de Santa Marta, quien expresó que la falta de acción de la Secretaría de Salud de Santa Marta se debe a que no se ha suscrito un convenio que permita realizar actividades de salud pública dentro de la población indígena, lo cual no ha permitido avanzar en la cobertura de los servicios de salud. Por otra parte, se han recibido quejas por parte de usuarios de dicha IPS, sobre la falta de suministro de medicamentos y alimentación para las personas que permanecen en ese centro médico. La Defensoría del Pueblo en respuesta a la situación ha puesto en marcha un plan de acción que incluye la convocatoria de reuniones para exponer por parte de los Gobernadores indígenas Arhuaco y Kogui la situación social de sus etnias y una solicitud al Instituto de Bienestar Familiar con jurisdicción en el departamento del Magdalena, para realizar un seguimiento a los programas de alimentación y apoyo que se brinda a éstas comunidades. Igualmente, la Defensoría del Pueblo ha oficiado a la IPS "Gonawindua " la entrega de un informe sobre las irregularidades en los suministros de alimentación y la falta de entrega de medicamentos, según han denunciando algunos usuarios." Noticia publicada en "El Informador" de Santa Marta, el 3 de agosto de 2009.

El InformadorEl Informador


Noticia publicada en "El Informador" de Santa Marta

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Defensoría Pública | 4 de agosto de 2009Encuentro Nacional de Defensores Públicos de Oficinas Especiales de Apoyo en Armenia

El "Segundo Encuentro Nacional de Defensores Públicos de las Oficinas Especiales de Apoyo (OEAS) del Sistema Nacional de Defensoría Pública", se realizó el pasado fin de semana en la ciudad de Armenia (Quindío). Fue organizado por la Unidad de Capacitación e Investigación; instalado por el Director Nacional de Defensoría Pública, Alfonso Chamie Mazzilli, y clausurado por el Defensor del Pueblo, Vólmar Pérez Ortiz.El evento contó con la participación de 34 Defensores Públicos que hacen parte de las oficinas especiales de apoyo de Medellín, Manizales, Cali y Bogotá, con sus respectivos coordinadores. Dentro de los objetivos trazados, se dio cumplimiento a la jornada académica en Argumentación Jurídica e Interpretación Constitucional, a cargo de Diego Eduardo López Medina, con Doctorado y Maestría de la Universidad de Harvard, quien actualmente es docente en la Universidades Andes y Nacional de Bogotá. Así mismo, se contó con el acompañamiento pedagógico del equipo de consultores de la firma ILAPSI, integrado por María Lucero Botía y Luis Humberto Orozco Pulido, en el avance del diseño curricular de la Escuela de Defensoría Pública "Roberto Camacho Weberverg". El evento contó con la activa participación de la Defensora del Pueblo Regional Quindío, Piedad Correal Pubiano, quien en calidad de afitriona acompañó a los defensores durante la realización del mismo.


Encuentro de Defensores Públicos en Armenia

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Defensoría en los medios | 1 de agosto de 2009Programa de televisión sobre desplazamiento forzado

Programa de televisión sobre desplazamiento forzado

El Desplazamiento Forzado en Colombia es el tema del programa de televisión de la Defensoría del Pueblo "Por la Población Civil" que se emitirá el sábado 8 de agosto a las 5:00 pm por el Canal UNO."Por la Población Civil", el programa de Televisión de la Defensoría del Pueblo, sábados 5:00 pm, Canal 1.
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