Historia de la Defensoría Pública

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Año 1991La Defensoría Pública en la Defensoría del Pueblo

Conscientes de la necesidad de garantizar el ejercicio del derecho de defensa de las personas vinculadas a un proceso y de hacer efectivos los convenios internacionales suscritos por Colombia al respecto, los miembros de la asamblea Nacional Constituyente de 1991 decidieron elaborar a rango constitucional la Defensoría Pública.

En el Artículo 282, numeral 4, de la nueva Carta otorga al Defensor del Pueblo el deber de organizarla y dirigirla, pues en adelante estará bajo su dependencia.

El Decreto 2700 del 30 de noviembre de 1991, código de procedimiento penal, que en artículo 140 establecía que: "el servicio de la Defensoría Pública bajo la dirección y organización del Defensor del Pueblo se prestará en favor de quienes carecen de recursos económicos para proveer su propia defensa a solicitud del sindicado, del Ministerio Público o del funcionario Judicial", y en el artículo 141 dispone que se nombrará defensor de oficio cuando en el lugar no exista Defensor Público o sea imposible designarlo en el momento.

De las anteriores normas se deduce lo siguiente:
  • Se limita la prestación del servico de Defensoría Pública a quienes carezcan de recursos económicos, por que la razón principal de esta institución es prestarle la defensa técnica a quienes de ninguna manera pueden acceder a los servicios de un defensor de confianza por no tener el dinero necesario para cancelar sus honorarios.

  • La Defensoría Pública dependerá para todos los efectos, del Defensor del Pueblo, mientras que antes de entrar en vigencia el nuevo estatuto procedimental, los Defensores Públicos eran contratados por el Ministerio de Justicia.

  • La solicitud del servicio de la Defensoría Pública debe provenir del sindicado, del Ministerio Público o del funcionario Judicial que este conociendo el proceso.

  • Al defensor de oficio se recurre subsidiariamente y siempre que se dé uno de los presupuestos consagrados en el artículo 141.

  • De acuerdo a la Ley 24 de 1992 que reglamentó la organización y funcionamiento del servicio en concordancia con el código de procedimiento penal señala que, el servicio de Defensoría Pública debe presentarse en favor de quienes carecen de recursos económicos para proveer su propia defensa. Pero, además avanza en el campo social al establecer que dicho servicio sea prestado a quien por "su condición social se les imposibilite acceder a ella". Lo anterior tiene en cuenta a los grupos que teniendo la posibilidad económica de contratar un defensor de confianza, no les es posible hacerlo por la naturaleza de la conducta punible o por circunstancias personales particulares.

La Ley 24 tambien amplía el alcance de la norma del código de procedimiento penal, en relación con la facultad del Defensor del Pueblo para que aún sin petición del sindicado, del Ministerio Público o del funcionario Judicial pueda hacerlo "motu propio" cuando se prevea la posibilidad de que un procesado pueda quedarse sin defensa técnica y oportuna.

Se considera además en la Ley, que no debe continuarse la tradicional asimililación de la Defensa Pública a los procesos penales, ya que si bien es cierto que la libertad es el derecho que guia la protección eficaz, la constitución también reconoce otros derechos a los individuos tambíen económicamente desprotegidos. Para ellos se amplía este campo de acción de defensa estatal a otros ámbitos como son el derecho laboral, civil y el contencioso adminstrativo, desde luego, con las limitaciones que en nuestro medio exige ésta institución.
© 2003 - 2013 Defensoría del Pueblo Colombia - Última actualización: 18 - 04 - 2014
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