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Defensor Delegado para Asuntos Constitucionales y Legales: Luis Manuel Castro Novoa

Abogado de la Universidad Nacional de Colombia, Especialista en Derecho Constitucional y Magíster en Derecho con mención meritoria del mismo centro educativo. Durante varios años trabajó en la Corte Constitucional en los despachos de los exmagistrados Juan Carlos Henao Pérez y Jaime Córdoba Triviño. Antes de ingresar a la Defensoría del Pueblo venía desempeñándose como profesor de carrera y coordinador del área de Derecho Constitucional de la Universidad del Rosario y como miembro del Comité Académico de la Maestría en Derechos Humanos y Litigio Internacional de la Universidad Santo Tomás.

Ha sido consultor y capacitador en temas de derechos humanos y derecho internacional humanitario. También es docente de pregrados y posgrados de las universidades Nacional, Rosario, Fundación Universitaria del Área Andina (Pereira) y la Universidad Central del Valle. Ha publicado textos relacionados con la relación entre el derecho constitucional y el derecho internacional de los derechos humanos, sobre reparaciones y otros derechos de las víctimas, así como sobre derechos sexuales y reproductivos.

Funciones generales de la Defensoría delegada para asuntos constitucionales y legales

  • Funciones de protección y defensa de los derechos humanos: Velar por la promoción, el ejercicio y la divulgación de los derechos humanos en Colombia en relación con la materia de su especialidad y sugerir al Defensor del Pueblo la formulación recomendaciones y observaciones a las autoridades y a los particulares en caso de amenaza o violación de los Derechos Humanos; apremiar a las organizaciones privadas para que se abstengan de desconocer derechos; ser mediador de las peticiones colectivas formuladas por organizaciones cívicas o populares frente a la administración pública, cuando aquellas lo demanden, y ser mediador entre los usuarios y las empresas públicas y privadas que presten servicios públicos, cuando aquellos lo demanden en defensa de sus derechos que presuman violados.
  • Funciones de asesoría y apoyo al Defensor del Pueblo y demás dependencias de la Institución en las materias propias de su especialidad: Asesorar al Defensor del Pueblo, respecto de las materias y derechos cuyo estudio y defensa le corresponde y en la presentación y seguimiento de propuestas legislativas relacionados con ellos.
  • Funciones de información y comunicación. Establecer comunicación permanente y compartir información con las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales de protección y defensa de derechos humanos, en su área respectiva.

Funciones específicas de la Defensoría delegada para asuntos constitucionales y legales

  • Le corresponde a la Defensoría Delegada Para Asuntos Constitucionales y Legales proyectar y presentar las demandas e intervenciones ante la Corte Constitucional. Para tal efecto, la Defensoría Delegada deberá ceñirse a los criterios y procedimientos establecidos en la resolución 306 de 12 de mayo de 2003, "por medio de la cual se adopta el Instructivo General Para el Sistema de Atención Integral". Igualmente se encarga de proyectar e instaurar demandas de nulidad ante la Jurisdicción Contencioso Administrativa, cuando quiera que encuentre actos administrativos que se estimen inconstitucionales por vulnerar o amenazar los derechos reconocidos en la Carta Política.
  • Igualmente la Delegada apoya al Defensor del Pueblo en la elaboración de conceptos sobre proyectos de ley que cursen en el Congreso de la República y que incidan en el ejercicio y la realización de los derechos constitucionales de los y las ciudadanas, bien sean de iniciativa gubernamental, parlamentaria o ciudadana.
  • En consonancia con la facultad que la Constitución atribuye al Defensor de presentar proyectos de ley en los asuntos de su competencia, la Delegada para Asuntos Constitucionales y Legales también se encarga de preparar, elaborar y concertar proyectos de ley que tengan por objeto el desarrollo de los derechos constitucionales, así como del diseño y proposición de estrategias encaminadas a fortalecer o lograr alianzas para la culminación exitosa de estas iniciativas.
  • Asuntos Constitucionales también se encarga de estudiar y proyectar para la firma del Defensor del Pueblo los conceptos sobre procesos de privatización de la propiedad accionaria estatal y su oferta a los destinatarios del sector solidario.
  • La Delegada, finalmente, está a cargo de estudiar y recomendar las estrategias requeridas para el desarrollo del derecho a la no discriminación.

Documentos relacionados con la Defensoría delegada para asuntos constitucionales y legales
La institución de los antecedentes judiciales en Colombia desde una perspectiva de los derechos humanos
La normatividad dedicada a la regulación de los antecedentes judiciales en Colombia es dispersa, inconexa, oscura, insuficiente, y presenta variados riesgos para la vigencia efectiva de sensibles derechos fundamentales.

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Democratización de la propiedad accionaria del Estado

La Ley 226 de 1995, que establece el marco legal que debe atender el Ejecutivo cuando decida enajenar la propiedad accionaria estatal en desarrollo del mandato contenido en el artículo 60 de la Constitución Política, señala a la Defensoría en su artículo 7º la función de garantizar la transparencia de los programas de enajenación de la propiedad estatal.

De conformidad con la función constitucional atribuida a la Defensoría del Pueblo, se entiende que la Entidad interviene como garante de los derechos de participación y de los derechos sociales y económicos de los destinatarios de las condiciones especiales - los trabajadores, extrabajadores, organizaciones solidarias y de trabajadores, fondos de empleados, entre otros-, a fin de garantizar que se les ofrezca la participación que tiene el Estado en condiciones más favorables a las que se establezcan para el público en general y a asegurar la debida publicidad de los procesos y de las condiciones en que se ofrecen las acciones.

La Defensoría del Pueblo ha evaluado, por conducto de la Delegada para Asuntos Constitucionales y Legales, varios procesos de enajenación de la propiedad accionaria del Estado, y en sus conceptos ha insistido al Gobierno Nacional la necesidad de garantizar la más amplia publicidad al proceso, toda vez que la oferta en su primera etapa -dirigida a los destinatarios de las condiciones especiales- se orienta a un sector que tradicionalmente no interviene en el mercado accionario, de realizar la oferta a un precio menor al que se señalará al público en general, de poner a disposición del sector solidario una pluralidad de líneas de crédito debidamente publicitadas, entre los aspectos más relevantes.

Los conceptos emitidos se han referido a los siguientes procesos:

1. Programa de Democratización Accionaria ISAGEN S.A. E.S.P. (2007)

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2. Programa de Enajenación de Acciones del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras, Central de Inversiones S. A., BCH en Liquidación y Banestado en Liquidación en GRANBANCO S. A. (2007)

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3. Programa de enajenación de acciones de propiedad de la Nación -Ministerio de Hacienda y Crédito Público y del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras en Productora de Papeles S.A. PROPAL. (2006)

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4. Programa de enajenación de la Empresa Colombiana de Gas, ECOGAS (2006).

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5. Programa de enajenación de acciones de la Corporación Colombiana de Logística CCL S.A. que forman parte del Patrimonio Autónomo No. 3-1-0316 abierto en Fiducafé, cuyo fideicomitente y titular de derechos beneficiarios es Central de Inversiones S.A. CISA. (2006)

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6. Programa de enajenación de las acciones ordinarias que BANCAFÉ y Granahorrar Banco Comercial S.A. tienen en la Planta Terminal de Distribución de Productos Derivados del Petróleo del Centro S.A., Terpel del Centro S.A. (2005)

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7. Programa de enajenación de Acciones de propiedad de Ecopetrol S.A. y el Instituto de Fomento Industrial, I.F.I, en liquidación en la Sociedad Monómeros Colombo Venezolanos S.A. Empresa Multinacional Andina E.M.A (2004).

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8. Proceso de enajenación de la propiedad accionaria que la Nación tiene en los Fondos Ganaderos de Córdoba, Magdalena, Santander, Occidente, Tolima y Centro (Diciembre 22 de 2006)

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