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Defensoría delegada para la política criminal y penitenciaria

Defensor delegado: Jorge Emilio Caldas Vera

El ámbito dentro del cual la defensoría delegada puede cumplir su misión y ejercer sus funciones está dado, como su propia denominación lo indica, por los temas de política criminal y de política penitenciaria. Desde la primera perspectiva, la Defensoría debe abogar por la construcción de una política criminal respetuosa de la dignidad y del derecho humano y enmarcada dentro de los principios de Estado Social de derecho que prescribe la Constitución Política.

La incursión de la Defensoría delegada es muy reciente y limitada a la intervención que el Defensor del Pueblo hace -en calidad de miembro- ante el Consejo Superior de Política Criminal, organismo creado mediante el Decreto 200 de 2003, modificado por la Ley 888 del 2004. Desde este escenario se busca, entre otros objetivos "asesorar, con base en los estudios realizados, a las autoridades encargadas de formular la política criminal del Estado y recomendar políticas al respecto".

Desde la segunda perspectiva, se busca hacer de la Defensoría del Pueblo la primera entidad estatal que promueva, divulgue, vigile y defienda los derechos humanos de las personas privadas de la libertad, en forma independiente, objetiva e imparcial. Con tal fin debe hacer a las autoridades responsables de la problemática carcelaria, las observaciones y recomendaciones necesarias para que la potestad punitiva del estado no se utilice como instrumentos de venganza y para que se respeten los derechos humanos y se hagan efectivos los mecanismos diseñados para la reinserción del individuo a la sociedad.

El control que ejerce la Defensoría del Pueblo a través de la Defensoría Delegada para la Política Criminal y Penitenciaria sobre los centros de reclusión no sólo es crítico sino también, y de manera esencial, correctivo, esto es, dirigido a producir recomendaciones útiles para superar ese déficit, cerrando la profunda brecha que existe entre las exigencias de justicia derivadas de la dignidad humana y la realidad que efectivamente se vive en esos centros. El ejercicio del control defensorial sobre las prisiones colombianas tiene como metas:

  • Llevar la democracia a los establecimientos designados para privar legítimamente de la libertad, haciendo que en ellos imperen los valores, principios y disposiciones constitucionales.
  • Restablecer la dignidad de las personas privadas de la libertad, rescatando de los prejuicios su condición de ser humano.
  • Recuperar y reivindicar al recluso como titular de derechos.( Obra"Derechos Humanos de las personas privadas de la libertad-Manual para su vigilancia y protección". Defensoría del Pueblo ,Oficina en Colombia del Alto comisionado de las Naciones Unidas 2006)
Entre los objetivos misionales que persigue esta Delegada están concentrados en dos frentes. El primero de ellos, abogar por la adopción de una política criminal preventiva enmarcada dentro de los principios propios del Estado social de derecho que prescribe la Constitución y cimentada en el respeto de la dignidad humana y en criterios de alternatividad penal. El segundo, fortalecer e institucionalizar los programas y acciones diseñadas para promover, divulgar y defender los derechos humanos de las personas privadas de la libertad, de forma independiente, objetiva y crítica.

Funciones

Dentro de ese contexto, la Resolución 2389 de 1995, en concordancia con la Resolución 159 de 1994, señala que la Defensoría Delegada para la Política Criminal y Penitenciaria cumple las funciones relacionadas a continuación:

  • Prestar asesoría al despacho del Defensor del Pueblo respecto de las materias y derechos cuyo estudio y defensa le corresponde.
  • Asesorar al Defensor del Pueblo en la presentación de propuestas legislativas en aquellos asuntos de su especialidad.
  • Mantener oportunamente informado al Defensor del Pueblo sobre el curso de las propuestas legislativas relacionadas con las materias y derechos que le compete estudiar y salvaguardar.
  • Evaluar permanentemente la situación de los derechos humanos en Colombia en relación con la materia de su especialidad y sugerir al Defensor del Pueblo la formulación de observaciones, recomendaciones o denuncias de carácter general sobre la situación de esos derechos.
  • Establecer comunicación permanente y compartir información con las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales de protección y defensa de derechos humanos, en su área respectiva.
  • Apoyar y asesorar a las demás dependencias de la Defensoría en las materias propias de su especialidad.
Las actividades que implementa la Delegada en el desempeño de sus funciones son las siguientes:
  • Coordina las acciones que las diferentes dependencias de la Defensoría del Pueblo adelantan en materia de política criminal y defensa de los derechos humanos de los reclusos.
  • Recomienda al Ministerio del Interior y de Justicia y a otras autoridades competentes las soluciones que se deben adoptar para superar los problemas de naturaleza legal que se presentan en las instituciones carcelarias.
  • Propone fórmulas de concertación para superar aquellas situaciones de conflicto en las cuales se solicita la labor mediadora de la Defensoría.
  • Sustenta con análisis legales y constitucionales las denuncias que por amenazas o violaciones a los derechos humanos ocurridas en el sistema penitenciario debe formular la Defensoría del Pueblo ante las autoridades competentes.
  • Supervisa el cumplimiento de las normas internacionales aplicables en Colombia para el manejo del sistema carcelario y para la protección de los derechos humanos de los reclusos y del personal de guardia.
  • Verifica el acatamiento de las recomendaciones que los organismos internacionales formulan a las autoridades penitenciarias en materia de protección de derechos humanos de personas privadas de libertad.
  • Diseña planes de enseñanza de los derechos humanos y sus sistemas de protección dirigidos a la población reclusa.
  • Define la metodología y los procedimientos operativos que se deben seguir para la práctica de visitas inspectivas a los centros de reclusión.

Seguimiento a la Sentencia de Tutela 062 de 2011


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La política criminal y penitenciaria del Estado colombiano

Este artículo pretende llamar la atención acerca de la política criminal que se tiene y se quiere mantener, sus reales resultados y consecuencias, tanto en la llamada seguridad ciudadana como en el respeto efectivo de los derechos humanos de las personas privadas de libertad. Se abordan aspectos no coyunturales sino estructurales de la problemática, representada en el incremento de la criminalidad y en la consecuente sobrepoblación carcelaria, es decir, sin desconocer sus evidentes y nocivos efectos se hace énfasis en las causas de esta.

La política criminal y penitenciaria del Estado colombiano


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