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Editorial de la Revista Población Civil Nº 2
Lo urgente y lo importante
Dos conceptos equívocos han impedido analizar el tema del conflicto armado en Bogotá en sus justas proporciones.

En ocasiones, cuando se advierte sobre la presencia de los grupos armados ilegales en la capital, se tiende a exagerar la situación y a mostrar las cosas como si una eventual toma de la ciudad o la disputa territorial de algunas partes de ella fueran inminentes.

En otros casos, se subestima lo que ocurre al punto de negar que en la capital se presentan manifestaciones del conflicto armado o, en ocasiones, se oyen afirmaciones de que Bogotá es un remanso de tranquilidad en medio de la confrontación que afecta al resto del país.

Ambas formas de ver el conflicto en la capital son tan exageradas como riesgosas.

Es justo reconocer que las estrategias de seguridad que se han adaptado en Bogotá en las últimas administraciones distritales, ligadas a importantes esfuerzos en materia de convivencia ciudadana e inversión social, han contribuido a mantener un relativo grado de tranquilidad en la ciudad.

También es cierto que, a diferencia de otras ciudades capitales, como Medellín, los grupos armados ilegales no han llegado a contar con la capacidad militar suficiente para dominar territorialmente sectores específicos de la ciudad.

Pese a ello no se puede desconocer que la capital de la República sigue siendo un lugar vulnerable a la acción de la guerrilla y las autodefensas.

Primero, porque cualquier hecho que se presenta en Bogotá adquiere mayor resonancia a nivel nacional, lo que hace innegable el interés de los grupos armados ilegales por mantener su presencia en la ciudad.

Igualmente, porque Bogotá es una importante fuente de recursos y provisiones para los grupos armados ilegales que operan en las regiones vecinas, de modo que su tránsito por corredores estratégicos, como el de Ciudad Bolívar y Altos de Cazucá es permanente.

Resulta indiscutible que la situación de Bogotá está estrechamente vinculada a lo que ocurra con la confrontación en el resto del país. De ahí que la alerta temprana emitida en marzo pasado sobre la situación de diez barrios de Ciudad Bolívar, adquiere gran relevancia. Pero no para señalar a esta localidad de Bogotá como un “polvorín” o como una eventual amenaza para el resto de la ciudad, sino porque la población civil que habita en sector está siendo gravemente afectada por la acción de los grupos armados ilegales. El hecho de que 64 jóvenes fueran asesinados en tres meses pone en evidencia el conflicto que se vive y que reclama una atención más decidida del Estado y la sociedad.

Seis meses después de emitida la alerta, el fortalecimiento de la seguridad y el aumento de la inversión social han servido para enfrentar en parte esta delicada situación; pero, cuando se piensa que esta localidad, que presenta los niveles más altos de pobreza en la capital, recibe el 25 por ciento de los desplazados que llegan a la ciudad, se concluye que el riesgo social que a largo plazo enfrenta la zona es mucho mayor que el riesgo de seguridad.

En la eterna disyuntiva entre lo urgente y lo importante, no podemos permitir que lo urgente, evitar que se presenten atentados o asesinatos selectivos en la capital, nos impida pensar en lo importante: adoptar soluciones de fondo para enfrentar la crisis social que enfrentan amplios sectores de la ciudad.
Volmar Pérez Ortiz
Defensor del Pueblo

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Si Hay Derecho
Memorias en el cuerpo

Edilson, de 17 años, era miembro de una pandilla en Cali. Una noche cayó en manos de una banda rival. Le dispararon en la espalda y en la cabeza. Cuando llegó al hospital, los médicos no se atrevían a operar y le dijeron que jamás volvería a caminar. Dos años después, este joven, uno de los pacientes del Programa de Rehabilitación Integral y Prevención de la Violencia Urbana de Médicos Sin Fronteras (MSF) en el distrito de Aguablanca, camina de nuevo por sus propios medios.
"El muchacho que me disparó es de una banda que trabaja en el barrio donde yo robaba. Uno roba en un barrio vecino, nosotros allá y ellos acá. Uno trata de hacer respetar su barrio, es como todo, ¿no?”, explica Edilson. Sus enemigos lo rodearon y lo amenazaron con una pistola y un "chupasangre" (una especie de punzón hechizo). “Yo oía que decían: ¡Mátalo! ¡Acábalo! Oí el disparo pero luego todo se volvió negro", recuerda.
En Colombia, la violencia urbana es la primera causa de muerte en hombres entre 14 y 44 años. En Cali, la tercera ciudad del país, sólo en los primeros seis meses de 2004, se registraron 1.225 asesinatos por este motivo, sin incluir las muertes estrictamente relacionadas con el conflicto armado.
Como Edilson, desde 1998, unos 2.700 pacientes de las comunas 13, 14 y 15 de Cali recibieron gratuitamente atención integral en fisioterapia, psicología, enfermería, transporte y servicios sociales en las instalaciones del centro de Rehabilitación de Aguablanca.
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Los niños reporteros de Montes de María
Cerca de doscientos jóvenes son los encargados de llevar todos los días información, variedades y entretenimiento por radio y televisión a los habitantes de Carmen de Bolívar y siete municipios más del Sur de Bolívar, una zona gravemente afectada por el conflicto armado. Esta “escuela de periodismo sin paredes”, por la que ya han pasado más de 3.500 niños, fue la ganadora del Premio Nacional de Paz del año 2003.

En una cocina de leño de una pequeña casa de bahareque, una mujer le enseña a una niña de doce años la receta para preparar una arepa de huevo. En unas calles humildes de casas prefabricadas, un grupo de vecinos “dramatiza” la forma en la que entre todos construyeron el barrio. Parado en la arena de una gallera, un criador de gallos muestra cómo es el oficio del que ha vivido, generación tras generación, toda su familia.

Así son los programas de televisión que ven los habitantes de El Carmen de Bolívar, una población inmortalizada por las canciones de Lucho Bermúdez, pero que en los últimos años ha sido más recordada por el conflicto armado, por el desplazamiento y por ser la mayor población de la antigua zona de rehabilitación de Sucre y el Sur de Bolívar.

En este municipio de unos 120.000 habitantes, funciona un canal de televisión comunitaria, varias estaciones de radio escolar y una productora de radio que son operados, en su gran mayoría, por niños y jóvenes entre los 7 y los 20 años de edad.

Son ellos quienes presentan los programas, manejan las cámaras, las luces y el sonido, hacen la investigación, escriben los guiones y supervisan la edición. Todo bajo la dirección de un grupo de coordinadores y de Soraya Bayuelo y Beatriz Ochoa, las madres de este proyecto, el Colectivo de Comunicaciones Línea 21 de los Montes de María, que el año pasado fue galardonado con el Premio Nacional de Paz.
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Los jóvenes de Ciudad Bolivar

El riesgo de ser joven en Ciudad Bolívar
En la localidad con el mayor índice de pobreza de Bogotá, 64 jóvenes entre los 19 y 27 años de edad fueron asesinados entre enero y marzo de este año, al parecer por parte de los grupos de autodefensas y las Farc. Más que la lucha por el control de un territorio (estratégico por su acceso a la capital), lo que está en juego es el dominio de una población a través del miedo.

Una calle estrecha y polvorienta, que se vuelve un lodazal con las primeras gotas del invierno, va marcando el ingreso a esa especie de laberinto en que se convierte el barrio Caracolí, en Ciudad Bolívar, cuando un aviso en la montaña sentencia: "Prohibido el paso".

Atrás ha quedado un conjunto de casas y de ranchos en madera y techos de zinc, que parecerían abandonados si no fuera porque unos ojos inquisidores escudriñan a través de un hueco que hace las veces de ventana y una voz serena y pausada rompe la angustia de sentirse vigilados por todas partes: "Aquí es, espere un momento yo amarro el perro".

A los pocos segundos, envuelta en una toalla, sale doña María Loaíza. Su perro apenas puede caminar. "No sé qué le pasa, pero lleva varios días así. No come. Bueno, es que yo tampoco como mucho".
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El campo humanitario
Con el propósito de excluir a la Población Civil de los efectos del conflicto armado, múltiples iniciativas y gestiones de paz se emprenden de manera permanente con los grupos armados irregulares. El concejal de Bogotá y ex asesor de Derechos Humanos de la Fundación Social, analiza las dificultades y complejidades de esa labor.
Por Carlos Vicente de Roux

Todos los días, en medio de este conflicto armado, la gente busca sus propios caminos para obtener pequeñas esferas de protección. En muchos rincones de nuestro país se producen contactos y aproximaciones entre autoridades locales o representantes de la sociedad civil y grupos armados irregulares, bien sea guerrilla o autodefensas. Estas aproximaciones - que no obedecen a un plan, nadie se sienta y las define – tienen un efecto de amparo, para que cesen las agresiones contra el derecho a la vida, la integridad y la libertad de las personas.

Más aún, podría decirse que hay millares de personas en Colombia que sólo pueden sobrevivir como consecuencia de acuerdos con los grupos armados irregulares, ya sea de manera directa, o como beneficiarios de las conversaciones que sostienen otros miembros de su comunidad (autoridades departamentales y regionales, organizaciones sindicales, agrarias, o gremiales).

Estas conversaciones o aproximaciones pueden dividirse en dos:
  • Las que conducen al sometimiento de la población por los actores armados irregulares: tienen como efecto una ciudadanía restringida. La persona sobrevive y puede conservar su terreno, sus bienes y no ser desplazada si acepta la autoridad del actor armado, que le impone diversas condiciones, como no tener contactos con el adversario armado; no hacer propaganda política, ni militar en partidos políticos u organizar asociaciones; e incluso, aceptar condiciones disciplinarias específicas, como la forma de vestirse, las horas de guarecerse en sus casas y los sitios por los que debe circular.
  • Las que permiten la protección de la población en condiciones de dignidad: la persona puede seguir siendo ciudadana colombiana, mantener una relación con las autoridades y ampararse bajo la Constitución Política y el Estado social de derecho.

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Sin rastro de Kimy Pernía

El 2 de junio de 2001, tres hombres armados secuestraron al más importante dirigente tradicional del publo Embera del Alto Sinú. Aprendió español de un lingüista estadounidense, estuvo en la cárcel acusado injustamente de la muerte de cuatro ingenieros forestales y fue uno de los más fuertes opositores al proyecto Urrá. Más de tres años después de su desaparición, no se sabe nada de su paradero.

A mediados del pasado mes de agosto, un grupo de funcionarios de la Fiscalía visitó en el Resguardo Beguidó de la comunidad Embera del Alto Sinú, a Marta Domicó, la hija de Kimy Pernía, el líder de este pueblo indígena, desaparecido hace más de tres años.

Le preguntaron qué sabía de la desaparición de su padre y ella les contestó lo mismo que ya constaba en el expediente abierto desde esa época por el organismo de investigación: que el sábado 2 de junio de 2001 dos hombres armados abordaron a su padre en una de las calles principales de Tierralta, a pocos metros de la Fiscalía seccional; que lo obligaron a montar en una motocicleta y, cuando intentó oponer resistencia, lo esposaron y le pusieron un revólver en la cabeza. Kimy alcanzó a gritar “me llevan secuestrado”, según manifiestan algunos testigos, e intentó lanzarce del vehículo cuando este tomó la carretera que conduce de Tierralta a Montería.

Desde entonces, ella no sabe nada de él. Y, al parecer, tampoco la justicia. “Para mí, no han hecho nada. ¿Por qué vienen a preguntarme ahora después de tres años? ¿Por qué no lo hicieron cuando desaparecieron a mi papá?”, afirma Marta.
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