Comunicados de Prensa abril a junio de 2002


Comunicado 735 | 21 de junio de 2002Llamado humanitario de la costa pacífica nariñense

Defensor del Pueblo en Tumaco
Ante la aguda y sistemática violación de los derechos humanos y los graves problemas de supervivencia que enfrentan las comunidades negras, los indígenas y demás comunidades de la Costa Pacífica Nariñense, el Defensor del Pueblo, EDUARDO CIFUENTES MUÑOZ, viajó hoy a Tumaco para presidir una audiencia defensorial en la región.

La zona, que representa el 23 por ciento del deplazamiento forzado en la región, ha sido motivo de alta preocupación para la Defensoría del Pueblo, que puso en marcha un programa de acompañamiento permanente para la defensa de los derechos humanos a través de los DEFENSORES COMUNITARIOS.

Según las cifras de la Red de Solidaridad, el municipio de Tumaco aparece como el mayor expulsor de familias por el conflicto armado en el Departamento de Nariño con 313 familias y Barbacoas como el tercero con 157. De los sectores rurales han llegado desplazadas 255 familias.

Para la Defensoría del Pueblo la cifra es preocupante. Pero más grave aún es que no reflejan la realidad, pues muchas familias desplazadas de las zonas rurales no son registradas por temor o por desconocimiento y por lo tanto no figuran en las cifras oficiales.

La difícil comunicación entre la capital del departamento y la costa, agudizada por los continuos retenes y bloqueos ilegales, limitan las posibilidades reales de brindar una atención oportuna y eficaz a la población víctima del desplazamiento. Además la debilidad institucional de la región hace que la respuesta gubernamental sea tardía y descoordinada.

El problema es tan grave que la frontera colombo - ecuatoriana ha sido permeada por el conflicto. Según CODHES las solicitudes de colombianos pidiendo refugio al gobierno ecuatoriano han ido en aumento desde el año 2000, cuando se registraron 1.594 casos. En el 2001 la cifra ascendió a 3.286 y de octubre del año pasado a la fecha las solicitudes llegan a 1.227.

Comunidades en riesgo

La investigación de la Defensoría del Pueblo ha permitido determinar que las comunidades que habitan en la Costa sur del Pacífico sufren una aguda y sistemática violación de sus derechos sociales, económicos, políticos y culturales.

Sus actividades económicas tradicionales están afectadas por la irrupción de los cultivos ilícitos en las diferentes cuencas de la región.

Se ha generado una grave escasez de alimentos en los municipios de Magüí- Payán y Roberto-Payán, como consecuencia del bloqueo económico de las AUC y otros grupos armados en Barbacoas, principal centro de aprovisionamiento de la zona Centro.

Igualmente, en el río Mira y la zona de frontera el Consejo Comunitario ha visto seriamente afectado su plan de vida étnico territorial, ya que de las cinco zonas en que se divide el territorio colectivo, tres han sido invadidas por cultivos ilícitos. Adicionalmente en el Alto río Mira hacen presencia las FARC y en el Bajo río Mira y la zona de Frontera las AUC.

Zona estratégica

La región del Pacífico ha adquirido un interés estratégico para los actores armados que buscan el control territorial para la financiación y sostenibilidad de sus acciones al margen de la ley.

La Costa Pacífica es fuente de importantes recursos naturales como el oro y la madera, y región de entrada y salida de insumos para el narcotráfico y las armas.

La disputa de los territorios ha venido descendiendo desde el centro y norte del Chocó hacia el sur de la región del Pacífico, y de otra parte las acciones armadas se han ido acercando en dirección oriente - occidente hacia la zona del Litoral.

La disputa territorial configura en la costa nariñense diferentes escenarios de conflicto como la zona centro, en el área de influencia de los municipios de Barbacoas, Magüí-Payán, Roberto-Payán y de manera reciente en la zona norte del Municipio del Charco, en donde se vienen presentando enfrentamientos entre las AUC y el Frente 29 de las FARC.

El conflicto en la costa nariñense se empezó agudizar en 1999 cuando el Bloque Libertadores del Sur de las AUC anunció su ingreso a la región a través de avisos en las paredes de Tumaco. Desde ese momento la Costa Pacífica Nariñense se ha convertido en escenario de bloqueos económicos, asesinatos, desapariciones y desplazamientos forzados.

Comunicado 736 | 21 de junio de 2002Defensor condena amenazas contra el Procurador

El Defensor del Pueblo, EDUARDO CIFUENTES MUÑOZ, condenó hoy la actitud de las Farc de declarar como objetivo militar al Procurador General de la Nación, EDGARDO JOSÉ MAYA VILLAZÓN y a otros funcionarios del Ministerio Público.

El Defensor del Pueblo calificó como graves estas amenazas en la medida en que intentan limitar la actuación del jefe del Ministerio Público, en cabeza del Procurador General de la Nación, que precisamente tiene como misión constitucional la defensa de la sociedad.

Cifuentes Muñoz advirtió que la situación es aún más grave si se tiene en cuenta que según el Procurador (E), CARLOS ARTURO GÓMEZ PAVAJEAU, también han sido amenazados otros delegados de esa entidad en regiones como el Urabá.

Con esta acción, la guerrilla de las FARC intenta una vez más cerrar los espacios para la defensa de los Derechos Humanos en Colombia, precisó el Defensor del Pueblo.

Cifuentes pidió al Gobierno adoptar medidas urgentes para proteger la vida del Jefe del Ministerio Público y la de los demás funcionarios y acciones para fortalecer y garantizar las actividades de los organismos de investigación y control en todo el país.

Comunicado 734 | 20 de junio de 2002Protección para los sindicalistas

Defensor del Pueblo pide
El Defensor del Pueblo, EDUARDO CIFUENTES MUÑOZ, condenó hoy el asesinato del dirigente sindical CESAR BLANCO MORENO, ocurrido en Bucaramanga y que constituye una violación flagrante de las normas protectoras del Derecho Internacional Humanitario.

El Defensor del Pueblo reclamó de los actores armados respeto por la actividad sindical y exige no involucrar al movimiento sindical en el conflicto armado que se desarrolla en Colombia.

Al mismo tiempo el Defensor del Pueblo solicitó el Programa de Protección para Líderes Sindicales amenazados que coordina el Ministerio del Interior, y de los organismos de seguridad del Estado, se incrementen las medidas de protección a los dirigentes sindicales y trabajadores sindicalizados. Se requiere mejorar sus esquemas de seguridad y las de sus sedes para prevenir los atropellos de que son víctimas, manifestó.

El Defensor del Pueblo destaca la importancia y le legitimidad de la labor que cumple el sindicalismo en busca de mejores condiciones para los trabajadores colombianos y recuerda que las muertes violentas y demás atentados contra el derecho a la vida y a la integridad personal de los dirigentes sindicales socava gravemente el sistema democrático, al impedir la expresión legítima de la sociedad civil, a través de la lucha sindical, como mecanismo institucional de solución pacífica de conflictos.

CIFUENTES MUÑOZ advirtió que es preocupante la violencia que se viene registrando contra los sindicalistas, como lo demuestran las cifras de la Central Unitaria de Trabajadores -CUT- según las cuales, en lo que va transcurrido del 2002, 86 sindicalistas fueron asesinados, 11 víctimas de atentados, 7 desaparecidos y nueve secuestrados. De estos últimos solo 4 han recuperado su libertad.

CESAR BLANCO MORENO era miembro de las directivas de la USO en Bucaramanga y fue asesinado cuando se dirigía a su residencia en esa ciudad. Había sido presidente de la USO en Tibú, Norte de Santander, pero a raíz de un atentado de que fuera víctima en mayo de 1998 en Cúcuta, fue trasladado al dispensario médico de Ecopetrol, en Bucaramanga.

Comunicado 733 | 19 de junio de 2002Defensa de vivienda digna para damnificados del terremoto de 1998

Defensoría del Pueblo Regional Quindío
850 familias damnificadas por el terremoto de 1998 podrán restablecer su derecho a una vivienda digna, después de la intervención de la Defensoría del Pueblo Regional Quindío, que comprometió a constructores, financiadores e interventores a la terminación y financiación total del proyecto de vivienda subsidiado por el Gobierno Nacional.

La intervención de la Defensoría Regional Quindío se inició cuando los adjudicatarios del programa de vivienda La Cecilia, al sur de Armenia, denunciaron ante ese despacho que el proyecto calculado en 9 mil 700 millones de pesos estaba paralizado. Según la denuncia, el gobierno había desembolsado a través del FOREC el 94 por ciento de los recursos, es decir 9 mil 300 millones de pesos y solo se habían construido la mitad de las casas y faltaban las vías internas y de acceso al conjunto residencial.

La queja de los adjudicatarios obedeció a que los recursos fueron entregados oportunamente por el FOREC a los constructores y sin embargo el proyecto tenía retraso en su ejecución y un déficit de mil 500 millones de pesos. En estas condiciones los damnificados estaban en peligro de perder los subsidios adjudicados por el gobierno. Además, por las demoras en la construcción tuvieron que someterse a vivir en asentamientos temporales, desmantelados y en condiciones de inseguridad.

Para atender el problema, la Defensoría del Pueblo Regional Quindío realizó una audiencia defensorial en la que participaron todas las partes involucradas. En ella comprometió a la aseguradora del proyecto Seguros Liberty a pagar 785 millones de pesos por pólizas de cumplimiento y a la constructora Piedra Blanca Ltda, a entregarle a la Fiduciaria la Previsora activos para la venta, de cuya transacción saldrán los recursos para terminar el proyecto.

Con estos recursos la constructora tendrá que terminar el plan de vivienda para los damnificados.

Las Empresas de Servicios Públicos, que también participaron en la audiencia, instalarán el alcantarillado y los contadores de energía, en cuanto la constructora cumpla los requisitos técnicos para las obras.

La Defensoría del Pueblo Regional Quindío ha realizado un seguimiento estricto de los compromisos asumidos por las partes y estará atenta a la entrega de las viviendas a los damnificados.

Comunicado 732 | 13 de junio de 2002Diagnóstico sobre calidad y eficacia de la Defensoría Pública

Anders Kompass y Eduardo Cifuentes Muñoz, presentaron libro sobre el tema
La Defensoría del Pueblo, en colaboración con la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia, presentaron esta mañana los resultados del diagnóstico sobre la calidad y eficacia de la Defensoría Pública en el área penal, realizado durante el año 2000; así como las estrategias impulsadas por la actual administración, desde finales del mismo año, para solucionar las carencias encontradas en el sistema.

La radiografía, descarnada y crítica, deja al descubierto las enormes fallas que han impedido al Estado, a través de la Defensoría del Pueblo y de su Dirección Nacional de Defensoría Pública (sistema que agrupa a 1075 defensores públicos, 24 coordinadores académicos y 30 asesores de gestión), cumplir eficazmente y con mayor eficiencia su obligación de garantizar el acceso a la justicia, a través de la asignación de un abogado, a las personas que no cuentan con recursos económicos ni sociales para asumir su defensa.

Faltan Defensores Públicos

Una de las causas principales para que la misión se esté prestando de manera residual, está en el hecho de que el Estado, a pesar del mandato constitucional que así lo ordena, no ha apropiado los recursos necesarios para que el derecho a la defensa pueda ser efectivamente realizado. De esta forma, y aunque por ley se ordena que como mínimo haya un defensor público en cada municipio, no se ha alcanzado la cobertura total y, según cifras de la Institución, sólo se garantiza la cobertura mínima del servicio en 783 municipios, contando las capitales de departamento.

El presupuesto asignado se ha mantenido estático a partir de 1999 y al observar su evolución se concluye que ha disminuido, impidiendo además cumplir con obligaciones tan importantes como la de tener un defensor público en las cárceles por cada 50 personas condenadas. Según las estadísticas del INPEC, los reclusos condenados ascendían en septiembre de 2001, a 29.332, -lo que requiere un mínimo de 515 defensores públicos-, para lo cual la Dirección tan sólo disponía de 198 contratados. Iguales razones hacen insuficiente garantizar la defensa de los menores infractores, quienes sólo tienen defensores dedicados con exclusividad a este servicio, en Bogotá, Cali, Medellín, Bucaramanga y Soacha.

Además de los presupuestos, en los que la Defensoría del Pueblo no tiene mayor control, las recomendaciones del diagnóstico, que fue entregado a la Institución a mediados del 2001, coincidió en gran parte con las actuaciones y estrategias que adoptó la Dirección Nacional de Defensoría Pública para solucionar problemas identificados a su interior relacionados con la calidad y eficacia del servicio.

Problemas y Soluciones

Así, y ante la evidencia de problemas como:

- calidades profesionales heterogéneas en los defensores,
- falta de claridad sobre el rol de los defensores regionales y seccionales,
- confluencia de funciones administrativas y directivas,
- carga excesiva de trabajo por defensor público (haciendo primar cantidad sobre calidad),
- deficiencias en el sistema de gestión y control,
- carencia de un sistema de información confiable y de indicadores mínimos de gestión,la actual administración:

- estableció requisitos mínimos para los defensores públicos;
- convocó públicamente dos procesos de selección, uno en el 2000 y otro en el 2001, que lograron la incorporación en tan sólo un año de 448 defensores públicos por concurso a la planta de contratistas;
- visitó de julio a diciembre de 2001 ocho oficinas regionales y seccionales con el objeto de mejorar la calidad de los procedimientos, evaluar los programas y entablar diálogo directo con los defensores;
- diseñó y unificó instrumentos y formatos de control de gestión;
- e implementó nuevos formatos para consignar estadísticas del servicio de Defensoría Pública, entre otras acciones.

El diagnóstico divulgado señala además algunas fallas del sistema de justicia penal que comprometen Instituciones como la Fiscalía, los organismos de Policía Judicial, Procuraduría, así como jueces y personeros.

Comunicado 731 | 5 de junio de 2002Defensores Comunitarios

A partir de hoy:
Un programa de DEFENSORES COMUNITARIOS, que se convertirá en modelo de acompañamiento permanente para las comunidades afectadas por el fenómeno del desplazamiento, puso en marcha la Defensoría del Pueblo en la Costa Pacífica Colombiana.

Se trata de un programa en el que jóvenes profesionales, facultados como DEFENSORES COMUNITARIOS, se desplazan a las zonas donde están ubicadas las comunidades en riesgo de desplazamiento, para acompañarlas de manera permanente en el proceso de articulación de sus planes de vida.

El programa se realizará en una primera etapa en las comunidades de la zona del Río Naya, Tumaco, la Zona del Bajo Río Atrato y Bojayá, donde la población civil está en medio del conflicto armado, con su estructura social y su vida totalmente desarticuladas. Dos antropólogos, una abogada y un historiador estarán ocho meses en la región.

Con el proyecto, financiado por la Agencia de Cooperación Sueca, la Defensoría del Pueblo busca promover los Derechos Humanos, hacer exigible el Derecho Internacional Humanitario y coadyuvar todos los esfuerzos de las comunidades en peligro para que sus planes de vida puedan realizarse, con defensores acompañando a la comunidad directamente en el terreno.

Además el proyecto pretende ser un modelo para demostrar que la presencia del Estado es un factor fundamental para que la comunidad pueda desarrollar sus procesos de articulación, sintiendo al Estado como garante de los mismos. En este caso los garantes serán los DEFENSORES COMUNITARIOS.

Al hacer público el programa, el Defensor del Pueblo, Eduardo Cifuentes Muñoz, advirtió que se trata de un esfuerzo conjunto con la Comunidad Internacional para darle un principio de solución a mediano y largo plazo a miles de comunidades desplazadas que hasta hoy no han tenido una solución definitiva a su problemática. Según el Defensor del Pueblo “hoy tenemos en el país miles de comunidades desplazadas, que en medio del peligro y de los actores armados que permanentemente las asedian, quieren reconstruir su vida colectiva y esos son los procesos que van a apoyar los defensores comunitarios”.

El Defensor exigió a los grupos armados respetar la vida de los DEFENSORES COMUNITARIOS de quienes dijo “son un ejemplo para el país, porque son jóvenes profesionales que asumiendo todos los riesgos, acuden a algunas comunidades que se encuentran en riesgo para servir como factores de integración frente a la fragmentación que se deriva del desplazamiento forzado por la violencia”.

Con este programa la Defensoría del Pueblo busca no solo ayudar en el proceso de reconstrucción de los vínculos sociales de las comunidades, sino jalonar la presencia del Estado que se encuentra en deuda con una población víctima de la guerra y vincular a la sociedad en la solución de esta problemática.

El modelo de DEFENSORES COMUNITARIOS, surgió de la primera experiencia de acompañamiento permanente que realizó la Defensoría del Pueblo con la comunidad de Cacarica, en el Chocó. Una funcionaria estuvo durante dos años entre la comunidad, coadyuvando los esfuerzos de la comunidad por mantenerse unida no obstante los peligros que le acechaban desde las autodefensas, las FARC y otros grupos armados.

Comunicado 729 | 4 de junio de 2002Defensoría Alerta al Sector de la Salud

Ante crítica situación de embarazo de adolescente
La Defensoría del Pueblo evidenció hoy durante una Audiencia Pública, la necesidad de establecer políticas públicas en materia de salud sexual y reproductiva, para enfrentar la problemática del embarazo adolescente en Colombia.

Una investigación realizada por la Delegada para los Derechos de la Niñez, la Juventud y la Mujer de la Defensoría del Pueblo, revela que una de cada tres adolescentes a los 19 años ya es madre, está embarazada de su primer hijo, o ha estado alguna vez embarazada. Una de cada cinco mujeres de 17 años y una de cada 3 de 19 ha estado embarazada.

El tema está directamente relacionado con la educación. Las mujeres sin ninguna instrucción tienen su primera relación sexual seis años más jóvenes que aquellas que pueden acceder a educación superior.

La investigación advierte que los embarazos a temprana edad forman parte del patrón cultural del país, la mayoría son no deseados y estas adolescentes se convierten en madres solteras abandonadas. A esto se suma el rechazo de los padres, el desprecio e indiferencia de los demás y el trato discriminatorio en los establecimientos educativos, que en algunas ocasiones expulsan a las estudiantes.

Esta situación está ligada al tema de la mortalidad materna. El 33 por ciento de los hijos de madres adolescentes corren riesgo al momento de nacer por complicaciones del parto. Esto quiere decir que de tres partos de mujeres adolescentes, uno se complica.

La investigación advierte que la inmadurez física de muchas adolescentes y la falta de acceso a servicios adecuados de asistencia médica prenatal o materna, aumenta riesgos de muerte, que en la mayoría de los casos se presentan por causas que podrían evitarse con control prenatal.

La eclampsia, las complicaciones del trabajo de parto y posparto y el aborto, son las principales causas de mortalidad materna. El 25 por ciento de los casos se presenta por complicaciones del trabajo de parto y el 16 por ciento por aborto.

El Aborto

La investigación de la Defensoría del Pueblo, apoyada en Profamilia, advierte que una de cada tres mujeres embarazadas ha tenido uno o más abortos inducidos. Dos de cada tres han


abortado una sola vez y una de cada 20 mujeres ha abortado tres o más veces. Al año, en Colombia ocurren en promedio 300 mil abortos.

El mayor riesgo de aborto está en las jóvenes menores de 20 años, en las mujeres que no utilizan métodos anticonceptivos, y las que llegan a un mayor número de gestaciones.

Muchos de estos casos terminan en abortos clandestinos y costosos que se realizan en condiciones inadecuadas.

Métodos Anticonceptivos

La investigación de la Defensoría del Pueblo estableció que la generalidad de las mujeres conoce la existencia de métodos anticonceptivos. Todas conocen al menos un método. Sin embargo, expresan que el no utilizar la anticoncepción obedece a factores de acceso, disponibilidad, limitaciones económicas, temor a efectos secundarios, creencias personales u oposición familiar.

Los métodos más utilizados son la esterilización femenina, el dispositivo intrauterino y la píldora.

EPS y ARS

En desarrollo de su investigación, La Defensoría consultó a 19 EPS y 10 ARS sobre el tema del embarazo en adolescente; pero sólo obtuvo respuesta del 45 por ciento de las entidades a las que se les envió el cuestionario. Nueve EPS y tres ARS.

De las respuestas se estableció que el 54 por ciento de las entidades, desconoce si hay incremento del embarazo adolescente, lo que demuestra la falta de conocimiento y atención sobre el tema.

En el caso del Seguro Social, esta EPS no tiene certeza del número de adolescentes que atiende.

Registra alrededor de 719.189 jóvenes menores de 21 años, de los cuales el 57.6 por ciento son mujeres. El 18.4 por ciento de los embarazos



que atendió, correspondieron a mujeres menores de 14 años.

Ni el Instituto del Seguro Social, ni Cajanal conocen la cantidad de afiliados y partos de mujeres menores de 19 años que atienden mensualmente.

Preocupación Internacional

El informe de la Defensoría del Pueblo recogió la preocupación expresada sobre el tema en los últimos dos años, por el Comité para la Erradicación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer de las Naciones Unidas y el Comité de los Derechos del Niño.

Fundamentalmente el hecho de que el aborto sea la principal causa de mortalidad materna, que el medio más utilizado para planificar sea la esterilización, que aumente el abuso en el uso de sustancias psicoactivas, así como el alto contagio de niños y adolescentes de VIH/SIDA y las elevadas tasas de malnutrición entre los niños menores de cinco años.

Recomendaciones

Después de exponer los resultados del informe evaluativo de la investigación realizada por la Defensoría del Pueblo, hizo hincapié en la necesidad urgente de implementar políticas públicas en materia de salud sexual y reproductiva para la población adolescente.

Para ello la Defensoría recomienda que los presupuestos de los municipios destinen partidas específicas y diseñen planes concretos para programas de prevención en embarazos adolescentes.

Finalmente advierte la necesidad de que el Ministerio de Educación Nacional y las secretarías de educación departamental, distrital y municipal, concentren sus esfuerzos en la promoción de campañas de información y educación para adolescentes.

Comunicado 730 | 4 de junio de 2002Acompañamiento Preventivo a Desplazados

En Rueda de Prensa, Defensoría del Pueblo anuncia:
La Defensoría del Pueblo pondrá en marcha un proyecto de acompañamiento permanente a comunidades en riesgo de desplazamiento.

Las primeras comunidades beneficiadas serán las ubicadas en la Costa del Pacífico colombiana, en los departamentos de Nariño, Valle del Cauca, el Bajo y el Medio Atrato, en un proyecto financiado por la Agencia de Cooperación Sueca.

El Defensor del Pueblo, Eduardo Cifuentes Muñoz, y el Primer Ministro Consejero de la Embajada de Suecia, Ingemar Cedenberg, darán a conocer mañana miércoles, en Rueda de Prensa, los detalles del proyecto. Estarán presentes además, la Coordinadora de la Oficina de Desplazados de la Defensoría del Pueblo, María Camila Moreno y varias de las personas que realizarán el acompañamiento.



Lugar: Auditorio de la Defensoría del Pueblo
Calle 55 10-32 - Bogotá
Fecha: Miércoles 5 de Junio de 2002
Hora: 10:00 a.m.

Comunicado 728 | 31 de mayo de 2002Desde Chocó Defensor Pide Mayor Compromiso Con Población Civil

Emitida Resolución Humanitaria sobre lo ocurrido en Bojayá
El Defensor del Pueblo, Eduardo Cifuentes Muñoz, consideró urgente hoy desde Quibdó, el establecimiento de una estrategia sostenible de protección a la población civil del Bajo y Medio Atrato, al advertir que los hechos sucedidos en Bellavista, Chocó, el pasado 2 de mayo en los que murieron 119 civiles, se pueden repetir.

Según la Resolución Defensorial No. 012, revelada hoy por el Defensor, "la posición estratégica del corredor del Atrato para los actores armados y la dinámica de la guerra, son elementos que permiten afirmar que los hechos sucedidos en Bellavista pueden repetirse, si el Estado no recupera la soberanía y el monopolio de la fuerza en esta región del país".

Para la Defensoría es claro que "la presencia de hombres de la guerrilla y de las autodefensas en el Bajo y Medio Atrato señala el interés prioritario de estos grupos de controlar el territorio a cualquier precio".

Según la Resolución, la estrategia de protección no puede limitarse a la presencia temporal de la fuerza pública en la zona, sino que debe incluir el fortalecimiento de la acción estatal, a través de proyectos de inversión que contribuyan al mejoramiento de la calidad de vida de los pobladores de la región y el fortalecimiento de las acciones para la organización de las comunidades de paz, la resistencia pacífica y los consejos comunitarios, entre otras.

Cifuentes Muñoz recomendó al Gobierno Nacional, diseñar una política de prevención de violaciones masivas de derechos humanos, y en especial pautas de acción para organizar la respuesta gubernamental, luego de que se emitan alertas tempranas por parte de la Defensoría del Pueblo.

Condena a las FARC y a las AUC

La Resolución condena por igual a las FARC y a las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC, al precisar las infracciones al Derecho Internacional Humanitario en que incurrió cada uno de los grupos armados, en los hechos de Bojayá.

A las FARC las responsabiliza de:

- causar la muerte a 119 personas y heridas a 116, todas ellas civiles;
- el ataque a bienes civiles y en particular a un templo religioso donde se encontraban personas civiles resguardadas;
- hacer padecer verdadera hambruna a los pobladores de Napipí y otras comunidades del Medio Atrato por el bloqueo alimentario al que fueron sometidos;


- del uso de cilindros de gas, armas de efectos indiscriminados y que causan sufrimientos innecesarios;
- el incumplimiento de su deber de adoptar medidas orientadas a excluir a la población civil de los efectos del conflicto;
- el riesgo en que colocaron la vida e integridad de los pobladores de Napipí al abrir fuego, desde esa población contra un barco nodriza de la Armada Nacional que se dirigía a Bellavista;
- y el Desplazamiento forzado de 4 mil personas.

A las Autodefensas Unidas de Colombia las condenó
- por no desplegar ninguna acción para proteger a la población civil;
- utilizar bienes de carácter civil y a la población para protegerse de los ataques de las FARC
- y por provocar el desplazamiento forzado de los habitantes de esa región.

Por otra parte, la Defensoría pidió agilizar la labor de identificación de los cadáveres, como requisito previo para acceder a la reparación integral de las víctimas.

La Resolución también instó a los actores del conflicto armado para que se abstengan de adelantar la confrontación armada en abierta contradicción con las disposiciones humanitarias y entender la importancia de acatar en su conjunto las normas del Derecho Internacional Humanitario.

La Resolución delegó en la Dirección Nacional de Recursos y Acciones Judiciales de la Defensoría del Pueblo, la responsabilidad de presentar la demanda ante la jurisdicción contencioso-administrativa para buscar la indemnización a las personas afectadas, al tiempo que anunció el seguimiento de este caso a través de la Dirección Nacional de Atención y

Trámite de Quejas, la Oficina Coordinadora del Desplazamiento de la Defensoría del Pueblo y el Sistema de Alertas Tempranas.



Zona Estratégica

La zona del Atrato Medio, cuyo control se disputan actualmente las FARC y las Autodefensas Unidas de Colombia, está integrada por los municipios de Quibdó; Medio Atrato y Bojayá, en Chocó y Vigía del Fuerte y Murindó, en Antioquia. Allí habitan alrededor de 60 mil personas de 120 comunidades.

Constituye un importante corredor hacia la frontera con Panamá y la Costa Pacífica, por la posibilidad de ingreso de armas, abastecimientos e insumos para los actores armados ilegales y la salida de droga.

A partir de 1996 la violencia comenzó a golpear a las comunidades negras de la región, con la incursión y presencia de grupos de autodefensa, que ocasionó bloqueos económicos, amenazas, desapariciones, desplazamientos y asesinatos.

Por esos hechos en 1997, 16 comunidades se desplazaron masivamente hacia Quibdó.

En el año 2000 las FARC realizaron una primera gran incursión por el Medio Atrato. Se tomaron la población de Vigía del Fuerte. En los últimos dos años diferentes frentes del bloque noroccidental (57, 5 y 34) han pretendido tomar el control militar de la región, que durante muchos años contó con la presencia mayoritaria del Frente Guevarista del Ejército de Liberación Nacional y recientemente de las Autodefensas Unidas de Colombia.

Comunicado 727 | 29 de mayo de 2002Graves Epidemias Sufren Indígenas Desplazados en Zona de Bojayá

Defensoría pide apoyo inmediato a Brigadas de Salud
Una ola de epidemias como paludismo, diarrea aguda, infecciones respiratorias, tosferina y enfermedades de piel, que ya han causado la muerte de 13 niños, está azotando a la población indígena que tuvo que huir por los enfrentamientos ocurridos a comienzos de mayo en zonas cercanas al municipio de Bojayá (Chocó) y que ahora se encuentra refugiada en las montañas fuera de sus comunidades.

La Organización Regional Indígena Embera – Wounaan, OREWA, a través de su programa de salud, inició hoy una brigada urgente de carácter humanitario para atender a cerca de 800 enfermos entre niños, jóvenes, adultos y ancianos.

OREWA había solicitado con anterioridad, a la ARS Barrios Unidos de Quibdó, asumir la atención de sus 4.000 afiliados, haciendo acompañamiento de recursos humanos y entrega de medicamentos, pero no ha recibido respuesta. Igualmente reclama que las instituciones encargadas de velar por el bienestar de los pueblos indígenas y negros del la zona, asuman su responsabilidad.

El Defensor del Pueblo, Eduardo Cifuentes Muñoz, se une al clamor de estas comunidades abandonadas y pide tanto al Gobierno Nacional como al Departamental, apoyar de inmediato esta brigada que desde hoy inició una atención urgente de salud a las comunidades indígenas y negras de los ríos Bojayá, Napipí, Opogadó, Buchadó, Uva y Apartadó.

Adicionalmente, un funcionario de la Defensoría del Pueblo, Regional Chocó, acompañado por personal de las Naciones Unidas, estará llegando el próximo sábado a la zona, donde apoyará la brigada de salud y estará informado y haciendo seguimiento de la problemática que allí se está presentando.

Por otra parte, el Defensor del Pueblo exigió a todos los actores del conflicto armado, respetar los derechos de los pueblos indígenas, el ejercicio de su autonomía y sus propias formas de Gobierno y resolución de conflictos, absteniéndose de interferir en sus asuntos internos, evitando el tránsito o permanencia en sus territorios o la instalación de retenes y el decomiso o destrucción de sus pertenencias entre otros.

Igualmente y de manera incondicional, deben respetar la inmunidad de los no combatientes, así como las garantías fundamentales previstas en la ley humanitaria y observar las prohibiciones que tienen como propósito la protección de la población civil.

Cifuentes Muñoz también pidió a las autoridades y entidades especializadas del Estado, hacer presencia en la zona, consultando y concertando con las comunidades y sus autoridades, para garantizar los derechos humanos del los indígenas y de las comunidades negras, incluyendo los económicos, sociales y culturales, y en particular el derecho a la vida, a la integridad física y a la Salud.

Comunicado 726 | 24 de mayo de 2002Defensoría del Tolima Gana Tutela al INPEC

Tres inimputables podrán asistir a las Audiencias de sus propios procesos
Tres personas con incapacidad mental, privadas de la libertad en el Hospital Granja de Lérida, podrán desplazarse a Ibagué para asistir a las audiencias públicas de sus propios procesos, gracias a una tutela interpuesta por el Defensor del Pueblo de Tolima contra el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, INPEC.

Las Audiencias de Juzgamiento para definir los casos de Benito Guaca, Jair Sánchez y Carlos Ariel, quienes están sindicados del delito de homicidio y han sido recluidos en condición de inimputables, no se han podido realizar porque el INPEC aduce no contar con personal idóneo para transportar a estas personas a los despachos judiciales.

La Defensoría consideró que con esta actitud se estaban vulnerando los derechos constitucionales al debido proceso, a la administración de justicia, a la igualdad y a la defensa de los tres sindicados involucrados.

Ante la acción presentada, el Tribunal Superior de Ibagué resolvió tutelar los derechos mencionados y ordenó al INPEC, realizar los traslados necesarios para llevar a cabo las audiencias.

El Defensor del Pueblo, Eduardo Cifuentes Muñoz, recordó que de acuerdo con la Resolución Defensorial No. 015, del 4 de diciembre de 2001, se resolvió, encargar a la Dirección Nacional de Recursos y Acciones Judiciales y la Defensoría Delegada para la Política Criminal y Penitenciaria estudiar la posibilidad de utilizar alguno de los mecanismos judiciales de protección de los derechos fundamentales para determinar la entidad responsable del traslado de las personas judicialmente declaradas inimputables hacia las diversas instituciones y despachos judiciales. Igualmente, se solicitó a los Defensores Regionales y Seccionales, invocar ante los respectivos gobernadores o alcaldes, según el caso, protección integral en favor de aquellas personas en quienes concurran las circunstancias de debilidad manifiesta.

Unidades de Salud Mental

Por otra parte, como consecuencia del no traslado de los inimputables hacia las diversas instituciones y despachos judiciales, actualmente algunos de estos internos se encuentran recluidos en las denominadas “unidades de salud mental”. Considera la Defensoría que no debe permitirse que a estas unidades se les siga dando la misma destinación que anteriormente tenían los anexos siquiátricos. Las unidades deben ser lugares transitorios de reclusión, en los cuales ciertas personas reciban los cuidados y la protección primarios indispensables, y se les separe del resto de la población reclusa para evitar que sean víctimas de agresiones por los compañeros de reclusión o que, por el contrario, ellos se conviertan en agresores.

Las personas recluidas en las unidades de salud mental, sólo deben permanecer allí mientras judicialmente se decide su condición de inimputables y, una vez establecida tal calidad, inmediatamente deben ser remitidas al establecimiento especializado que indique el Ministerio de Salud. Al tolerarse la aludida estadía, se está atentando gravemente contra el derecho fundamental a la salud síquica y física de esos pacientes, pues lo que persiguen las medidas legalmente previstas para ellos es la curación y rehabilitación.

Comunicado 725 | 23 de mayo de 2002Defensoría investiga operativos que dejaron 9 muertos en comunas de Medellín

Autoridades deben distinguir entre civiles y combatientes
El Defensor del Pueblo, Eduardo Cifuentes Muñoz, dijo que la entidad a su cargo está tratando de establecer si la Policía y el Ejército se excedieron o no en el uso de la fuerza en los operativos realizados el martes pasado en algunos barrios marginales de Medellín.

En la sorpresiva incursión, donde las fuerzas gubernamentales pretendían capturar milicianos de la guerrilla que operan en la capital antioqueña, murieron nueve personas, entre ellas dos niñas, y otras 30 resultaron heridas.

“Los operativos que se adelanten en este tipo de zonas densamente pobladas tienen que cumplirse sin poner en peligro a la población civil", aclaró Cifuentes Muñoz.

Según afirmaron habitantes afectados, la Policía y el Ejército ingresaron con tanquetas y helicópteros a las calles de barrios del centro-oeste de Medellín y que en los combates murieron inocentes. Incluso algunas organizaciones de derechos humanos denunciaron que desde los helicópteros habían disparado ráfagas a la población, afirmación que fue negada por las autoridades militares.

Por otra parte, el General Luis Ernesto Gilibert, director de la Policía, dijo que sus hombres fueron recibidos por fuego de potentes armas que demuestran la presencia de milicias urbanas de las FARC y el ELN.

Ausencia estatal

Lo que sí resulta claro para la Defensoría es que hay ausencia de Estado en las comunas de Medellín, lo que ha permitido a las organizaciones armadas al margen de la ley, apoderarse y controlar zonas importantes de la capital de Antioquia.

Los hechos violentos ocurridos en Medellín revelan de manera general los riesgos de una posible intensificación de los fenómenos de violencia armada urbana en el país, lo que obliga a las fuerzas estatales a replantear su estrategia de lucha contra los grupos armados al margen de la ley (milicias, guerrillas, grupos de autodefensa o bandas delincuenciales). En el futuro, ésta deberá concurrir a recuperar las zonas donde el Estado de derecho es precario y a preservar la vida y la integridad de los civiles.

Comunicado 724 | 16 de mayo de 2002Aprobación de la Corte Penal Internacional fortalece la defensa de los Derechos Humanos

El Defensor del Pueblo, Eduardo Cifuentes Muñoz, calificó como un valioso respaldo para la defensa de los derechos humanos en Colombia, la aprobación por parte del Congreso del Tratado de Roma, que contiene los estatutos de la Corte Penal Internacional.

Para Cifuentes Muñoz, la Corte es una importante herramienta en la lucha contra la impunidad y en la persecución de crímenes de lesa humanidad y de violaciones al Derecho Internacional Humanitario.

La Defensoría del Pueblo ha tenido una muy activa participación en el proceso de ratificación de la Corte. Aunque Colombia fue uno de los 120 países que aprobó el Estatuto en 1998, la incorporación de este instrumento a nuestro ordenamiento jurídico no era posible sin adelantar previamente un cambio constitucional.

La Defensoría colaboró con un grupo de parlamentarios en una iniciativa que permitió la adopción, en diciembre del año pasado, de un acto legislativo que eliminó las barreras constitucionales para la adopción del tratado por parte de Colombia y permanentemente llamó la atención de la opinión pública sobre la importancia de la Corte y sobre la contribución de ésta al logro de la paz en el país.

La entidad, así mismo, acompañó permanentemente los debates realizados por el Congreso que concluyeron hoy con el voto positivo por parte de la Cámara de Representantes. Con esta decisión, el Tratado solo queda pendiente de la sanción presidencial para ser ratificado.

A nivel internacional, La Corte Penal Internacional ya obtuvo la ratificación de 66 países y empezará a operar el 1 de julio pasado. Juzgará a las personas involucradas en crímenes de lesa humanidad y violaciones del Derecho Internacional Humanitario, pero solo tendrá competencia para investigar hechos cometidos con posterioridad a su entrada en vigencia.

Será subsidiaria, porque sólo ejercerá su autoridad cuando la justicia de las respectivas naciones no lo haga. Por lo tanto, Colombia no está eximida de juzgar a los responsables de las violaciones al DIH y los delitos de lesa humanidad que se cometan en su territorio.

Colombia es actualmente víctima de crímenes que serían de competencia de la Corte Penal Internacional: ataques contra la población civil; crímenes cometidos con la intención de eliminar comunidades étnicas, nacionales o religiosas (genocidio); acciones que violan principios mínimos humanitarios, y uso de armas prohibidas por el Derecho Internacional Humanitario, entre otros. La Corte facilita la penalización y esclarecimiento de estos hechos.

Comunicado 723 | 15 de mayo de 2002Ordenan reubicar familias expropiadas por explotación carbonífera

Acogiendo los argumentos de la Defensoría del Pueblo, la Corte Suprema de Justicia ordenó a la alcaldía de Hatonuevo (Guajira) iniciar la adopción de un plan de vivienda para reubicar a los habitantes del corregimiento de Tabaco, en jurisdicción de dicho municipio, a quienes les fueron expropiadas sus casas para permitir la entrada en operación de nuevas áreas de minería en el proyecto Cerrejón Zona Norte.

Carbocol S.A. demandó la expropiación judicial de los terrenos en donde estaba ubicado el corregimiento de Tabaco y pidió al juez, tal como lo establece la ley, la entrega anticipada de dichos predios.

Veinte familias del corregimiento presentaron una acción de tutela contra el alcalde de la localidad de Hatonuevo, alegando que las autoridades municipales los habían desalojado de sus predios y habían destruido sus casas y la escuela, sin ofrecerles una solución efectiva a cambio.

La Defensoría del Pueblo coadyuvó esta demanda ante la Corte Suprema de Justicia y solicitó al tribunal que ordenara, a favor de los afectados, una reubicación que les permitiera conservar su unidad social, las relaciones de vecindad y el deseo de conservar un destino común.

La Corte Suprema de Justicia constató que la Alcaldía de Hatonuevo había recibido unos recursos de parte de la empresa carbonífera para la restitución de los bienes públicos como consecuencia de la expropiación, pero no los había destinado al restablecimiento de los servicios públicos de educación y salud de los habitantes de la zona, como era su deber.

Por esa razón, ordenó iniciar dentro de las 48 horas siguientes a la notificación del fallo los trámites correspondientes para desarrollar un plan de vivienda a favor de los habitantes del corregimiento, y una vez aprobado ejecutarlo de manera inmediata.

Para la Defensoría del Pueblo, la explotación de grandes proyectos de desarrollo no puede ser motivo para desarticular el tejido social de una comunidad, construido durante muchos años de convivencia.

La Defensoría considera que la opción de compra de las propiedades debe ser excepcional y que el Estado debe garantizar la reubicación de las comunidades asentadas como pueblo, que gozan de las prerrogativas públicas que implica su existencia.

Comunicado 722 | 9 de mayo de 2002Lanzan cátedra de Derechos Humanos en la Universidad del Atlántico

Acogiendo recomendaciones de la Defensoría
El Defensor del Pueblo, Eduardo Cifuentes Muñoz, viajará mañana a la ciudad de Barranquilla para participar en el lanzamiento del Comité Universitario de Derechos Humanos (COUDE) y la cátedra de Derechos Humanos en la Universidad del Atlántico.

Estos programas fueron creados acogiendo las recomendaciones de la Defensoría del Pueblo, consignadas en la Resolución Regional No. 1 de julio 18 de 2001, en la que se hacía un análisis de la difícil situación de Derechos Humanos por la que atravesaba la Universidad, en donde nueve personas, entre ellas cinco estudiantes y tres profesores, fueron asesinadas en menos de cuatro años.

El evento tendrá lugar en el Teatro de Bellas Artes de la Universidad con la presencia del Gobernador del Atlántico, Ventura Díaz Mejía, el rector de la institución, Juan Romero, autoridades académicas y demás estamentos universitarios. En la misma Universidad, Cifuentes dictará posteriormente una conferencia.

El Defensor del Pueblo también participará en la protocolización del convenio interinstitucional para la constitución del Observatorio de Coyuntura Social del Atlántico, del cual hacen parte la Defensoría del Pueblo, el Programa Nacional de Desarrollo Humano, la Gobernación del Atlántico, la Universidad Simón Bolívar, la Universidad del Norte, la Universidad del Atlántico, la Asamblea Departamental del Atlántico, el Club de Leones Monarca, la Cámara de Comercio del Atlántico, la Sociedad de Ingenieros y el SENA.

Los Observatorios Departamentales para el Análisis de la Coyuntura Social son una iniciativa de la Defensoría del Pueblo en alianza con el Programa Nacional de Desarrollo Humano que busca promover la realización de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, mediante un análisis sistemático y riguroso del nivel de desarrollo social y humano en cada uno de los departamentos del país.

Comunicado 720 | 3 de mayo de 2002Defensoría pide presencia estatal en Vigía del Fuerte y Bellavista

Más de 60 muertos y un centenar de heridos deja enfrentamientos entre FARC y AUC
El Defensor del Pueblo, Eduardo Cifuentes Muñoz, expresó su dolor y tristeza por la muerte de cerca de 60 habitantes de la comunidad de Bojayá (Chocó) y un saldo de al menos un centenar de heridos, luego de enfrentamientos entre las FARC y las AUC.

Según los último informes recibidos de la Defensoría Regional Chocó, el pasado 21 de abril, paramilitares se tomaron las cabeceras municipales de Vigía del Fuerte (Antioquia) y Bellavista (Chocó), lugares en donde el pasado miércoles se iniciaron fuertes combates con las FARC.

Ayer, en medio de la confrontación, cayó un artefacto explosivo en la capilla católica de Bellavista donde se encontraba población civil refugiada. Según informaron algunos sacerdotes a la Defensoría, 60 personas murieron y quedaron totalmente irreconocibles. Otras 106 resultaron heridas, 13 de ellas en estado de gravedad.

Una parte de la población de Bellavista se desplazó a Vigía del Fuerte, donde al parecer ya cesaron los combates. Los heridos están siendo atendidos en el hospital de Vigía.

En estos municipios no hay presencia de la Fuerza Pública desde el 14 de marzo de 2000, fecha en que las FARC se tomaron las mismas poblaciones, asesinaron a 21 policías y secuestraron a 7 más.
Cifuentes Muñoz reitera la petición que hizo desde el pasado 24 de abril, para que la Fuerza Pública haga presencia inmediata en la región y apoye a la población civil, la proteja y le garantice el derecho a la vida.

El Defensor del Pueblo afirmó que este no es solo un problema de los abandonados habitantes de Chocó o Antioquia. “Este es un grave problema que afecta a toda la población colombiana y no podemos seguir indiferentes esperando a seguir registrando en las estadísticas este tipo de masacres”.

Así mismo, condenó enérgicamente los niveles de degradación a que está llegando la guerra en Colombia, como lo demuestra el hecho de que la insurgencia y las autodefensas, están acudiendo a procedimientos y métodos atroces que indiscriminadamente afectan a poblados completos, infringiendo de manera directa las normas protectoras del Derecho Internacional Humanitario, que exige el respeto por la población civil.

“Estos son actos de guerra contra ciudadanos inermes que merecen el repudio de la comunidad nacional e internacional y que no pueden seguir en la impunidad”, concluyó el Defensor del Pueblo.

Comunicado 719 | 23 de abril de 2002Muerte de un niño cargando caballo con explosivos es un acto demencial contra la sociedad

Presuntos miembros de las FARC utilizaron dos menores de edad para atacar soldados
La Defensoría del Pueblo calificó como demencial la acción cometida el pasado fin de semana, al parecer por las FARC, en la vereda La Estrella en el municipio de Acevedo (Huila), cuando obligaron a dos menores a llevar un caballo cargado con explosivos hacia el batallón Magdalena del Ejército, resultando uno de los pequeños muertos y otro herido. También murieron dos adultos que se encontraban en el lugar.

Según información recibida por la Defensoría del Pueblo de Huila, al parecer guerrilleros del frente 61 “Timanco” de las FARC, cargaron en la tarde del sábado pasado, un caballo con racimos de plátano y otro con explosivos, obligando a dos niños a llevarlos hasta donde se encontraban unos soldados desarrollando tareas de control y vigilancia en la región. El caballo bomba explotó 200 metros antes de llegar al lugar donde estaban los uniformados.

En la explosión resultaron muertos Juan Carlos Gómez de 14 años y los adultos Norberto Navarro y Jesús Álvarez. También quedó herido José Humberto Gómez de 15 años, hermano del menor fallecido, quien sufrió graves heridas y logró narrar los hechos descritos.

Considera la Defensoría que si la guerrilla de las FARC utilizó niños y animales como instrumento para en forma pérfida y atroz, preparar una trampa humana, no solo incurrió en una flagrante violación al Derecho Internacional Humanitario, sino que hizo evidente un alto grado de deshumanización, degradación y barbarie, propio de mentes criminales que no pueden escudar esta terrible acción en presupuestos o reivindicaciones de orden social o político.

Insiste la Defensoría en reclamar a todos los actores del conflicto armado, el abandono de prácticas que atentan contra los más elementales principios de humanidad y reclama comportamientos éticos ajustados a la normatividad humanitaria para que cese esta contienda fratricida y se vislumbren caminos de reconciliación para el bien del país y de todos los colombianos.

Comunicado 718 | 22 de abril de 2002Defensoría exige inmediata liberación de comisión retenida

Gobernador, ex ministro y sacerdote fueron retenidos ayer por las FARC
La Defensoría del Pueblo, al condenar la retención por parte de las FARC del Gobernador de Antioquia, Guillermo Gaviria Correa; del Comisionado de Paz de esa gobernación, Gilberto Echeverry, y del sacerdote Carlos Yepes, en zona rural de Caicedo (Antioquia), exigió al grupo armado respeto a su vida e integridad física y su inmediata liberación.

Dos kilómetros antes de llegar a Caicedo, guerrilleros de las FARC impidieron que 900 caminantes, que emprendieron el miércoles pasado la Marcha de la No Violencia desde Medellín, llegaran a esa población antioqueña. Los insurgentes le salieron al paso a los marchantes y pidieron hablar con una comisión encabezada por el Gobernador. Gaviria conformó entonces una comisión para pedirles a los insurgentes que permitieran la marcha a Caicedo. Hasta ahora no se tiene muy claro el destino de las personas que salieron con el grupo guerrillero. Posteriormente, los marchantes emprendieron su regreso.

Al desconocer la suerte de estos colombianos, la Defensoría le recordó a las FARC que la retención para cualquier fin, es un acto que atenta en forma grave contra la dignidad humana y constituye infracción a la normativa humanitaria.

Reiteradamente, el Defensor del Pueblo ha condenado en forma enérgica todo acto que, en el contexto del conflicto armado, victimice a personas protegidas por el Derecho Internacional humanitario.

La Defensoría del Pueblo demandó de las FARC un gesto humanitario para con el país y la democracia, retornando en forma inmediata a la libertad a los tres ciudadanos retenidos ayer, así como a los diputados plagiados hace dos semanas en la ciudad de Cali, a la candidata a la presidencia Ingrid Betancur, a los miembros de la Fuerza Pública y a los civiles que se encuentran privados de la libertad, para que regresen pronto, sanos y salvos al seno de sus familias.

Finalmente, la Defensoría del Pueblo hace un llamado a las FARC para que siempre prevalezca el diálogo y la salida negociada al conflicto sobre cualquier otra alternativa.

Comunicado 716 | 15 de abril de 2002INFORME SOBRE LA SITUACIÓN DEL DESPLAZAMIENTO

Resumen ejecutivo
El desplazamiento forzado es una de las más
graves violaciones al Derecho Internacional Humanitario que se producen en Colombia. Se trata del irrespeto sistemático por parte de los actores armados, de los derechos humanos de la población civil, como resultado de múltiples conductas que incluyen el homicidio selectivo o colectivo, las amenazas, los bloqueos económicos y los ataques contra poblados, entre otros.

El desplazamiento ha mostrado una tendencia creciente en los últimos seis años. Según los datos registrados en el Sistema Nacional de Información del Desplazamiento Forzado del gobierno nacional, 720 mil personas han sido desplazadas forzosamente entre 1996 y 2001.

En el año 2000, 128.843 personas fueron desplazadas. En 2001, la cifra ascendió a 190.454 personas, es decir, en el lapso de un año el fenómeno aumentó en un 50 por ciento.

El fenómeno del desplazamiento está estrecha-mente ligado con el recrudecimiento del conflicto armado en Colombia.

El crecimiento de los grupos guerrilleros y de autodefensa es determinante en el aumento de personas desplazadas. A mayor número de hombres en armas, mayor cantidad de frentes; por lo tanto, mayor capacidad de disputa por el control territorial.

Los escenarios de disputa territorial coinciden con las zonas en donde más se presentan desplazamientos. Las regiones en donde se produce el fenómeno, por lo tanto, son corredores estratégicos o representan intereses económicos para los grupos armados.

La dinámica del conflicto ha generado nuevos tipos de éxodo: los desplazamientos urbanos, entre barrios o entre veredas son más difíciles de detectar e implican un mayor nivel de vulnerabilidad para las personas afectadas. Algunos centros urbanos de importancia donde tradicionalmente llegaban los desplazados, hoy son también expulsores de población.

Estos son tres de los casos más representativos del problema, a los cuales la Defensoría del Pueblo ha hecho seguimiento detallado.

Caso Andén Pacífico

Nariño, Cauca, Valle y Chocó, que conforman el Litoral Pacífico, además de poseer gran cantidad de recursos como el oro y la madera, son zona de tránsito de armas e insumos para el narcotráfico. De este modo, la región es esencial para la financiación y sostenibilidad de las autodefensas y grupos guerrilleros que buscan el dominio armado de la región.

La disputa territorial de esta zona entre la guerrilla y las autodefensas ha venido descendiendo desde el centro y el norte del Chocó hacia el sur de la región pacífica.
Este avance se manifiesta claramente en las cifras de desplazados. En 2000, Chocó presentó uno de los porcentajes de desplazamiento más alto en el país.

Al año siguiente, mientras este departamento permaneció estable en términos de expulsión de población, Cauca y Nariño cuadruplicaron el número de personas desplazadas.

Cauca fue uno de los dos departamentos con mayor crecimiento del fenómeno en 2001: más de 6 mil personas se desplazaron como consecuencia del asesinato de 30 campesinos en el sector del Alto Naya.

Por otra parte, las acciones armadas se dirigen en sentido oriente-occidente desde la cordillera Occidental hacia la costa del Pacífico.

Comunicado 717 | 15 de abril de 2002Defensoría advierte sobre cuidado especial que se debe tener con instalaciones que contienen fuerzas peligrosas

Grave riesgo se corrió en Usme por atentado contra planta de gas
El Defensor del Pueblo (e), Juan Carlos Botero Ospina, rechazó enérgicamente el atentado realizado el martes en la noche contra la planta de gas natural en la localidad de Usme que puso en grave riesgo a los vecinos del lugar y que provocó la restricción parcial en el servicio de gas en Bogotá.

Botero Ospina también lamentó que en el frustrado atentado, en el que presuntos miembros de las FARC colocaron una carga con tres kilos de explosivos, resultó muerto el vigilante Benjamín Vivas, de 39 años.

Aunque la acción contra la planta no afectó el abastecimiento y suministro del combustible para el sector residencial, esta se vio obligada a restringir a partir de ayer el servicio para las industrias y los vehículos.

El Defensor (e) le recordó a quienes cometieron este grave atentado que este tipo de acciones infringen claramente la normativa humanitaria, específicamente el Protocolo II adicional a los Convenios de Ginebra que señala en su artículo 15 la protección especial que se debe tener hacia las obras e instalaciones que contienen fuerzas peligrosas.
La norma aclara que las obras o instalaciones que contienen fuerzas peligrosas, “no serán objeto de ataques, aunque sean objetivos militares, cuando tales ataques puedan producir la liberación de aquellas fuerzas y causar, en consecuencia, pérdidas importantes en la población civil”.

Botero Ospina agregó que es tal el grado de degradación a que ha llegado la confrontación actual, que quienes atentaron contra la planta de Usme ni siquiera respetaron la señalización que vienen haciendo la Alcaldía Mayor en infraestructuras que, según convenios internacionales, son consideradas como intocables. La Administración Distrital ya había puesto dos de tres triángulos amarillos que identifican la planta de gas atacada, como zona protegida.

Finalmente, y ante la oleada terrorista que viene azotando a los colombianos, Botero Ospina le recordó a los diferentes grupos armados al margen de la ley, que en la guerra no todo está permitido, que la población civil no puede ser víctima de más ataques indiscriminados y que en muy poco tiempo será la Corte Penal Internacional quien castigue a los responsables de estos atentados.

Comunicado 715 | 12 de abril de 2002ASESINADA LIDER INDIGENA EMBERÁ CHAMÍ EN CALDAS

Denuncian plan de exterminio contra dirigentes indígenas de Riosucio
El Defensor del Pueblo, Eduardo Cifuentes Muñoz, rechazó enérgicamente el asesinato cometido por presuntos paramilitares contra María Fabiola Largo Cano, líder indígena de la comunidad Emberá Chamí de Caldas.

La Corporación para la Defensa y Promoción de Derechos Humanos (Reiniciar) y el Consejo Regional Indígena de Caldas (CRIDEC), denunciaron que sicarios de las Autodefensas, que desde mayo de 2001 se encuentran asentados en los territorios indígenas del departamento, fueron quienes mataron a Largo Cano.

Señalaron que el martes pasado, en la comunidad indígena de Sipirra, en el Resguardo Cañamomo-Lomaprieta en Riosucio, dos sujetos que se desplazaban en una motocicleta de alto cilindraje propinaron varios impactos de arma de fuego contra la líder Emberá Chamí. También hirieron gravemente a Miguel Antonio Largo Pescador, Ex Gobernador Indígena del Resguardo Nuestra Señora Candelaria de la Montaña.

Las víctimas se encontraban junto con otros indígenas cerca de la escuela rural Mixta Sipirra, asistiendo a un evento de capacitación orientado por la escuela de Administración Pública, ESAP.

María Fabiola fue gobernadora durante cuatro años del resguardo Candelaria de la Montaña y fue candidata a la Alcaldía de Riosucio en octubre de 2000.
La comunidad afectada en esta zona del país denuncia continuos hostigamientos, amenazas y atentados realizados por los grupos paramilitares en contra de la población indígena de Caldas y contra los miembros del CRIDEC y acusan a las Autodefensas Unidas de Colombia de realizar un plan de exterminio contra la dirigencia indígena en Riosucio.

Ante esta situación, el Defensor del Pueblo pidió mayor presencia institucional en la región y resultados concretos por parte de las autoridades ante las denuncias de la comunidad.

Finalmente, Cifuentes Muñoz dijo que la modalidad de asesinatos selectivos contra líderes indígenas, no sólo constituye grave violación del derecho fundamental a la vida sino violación de derechos especiales dada la investidura que ostentan como sujetos jurídicos titulares de derechos colectivos. Tales delitos producen en el contexto de los pueblos indígenas un efecto que incide negativamente en el disfrute de derechos esenciales para su preservación de la integridad, organización social, autonomía y territorio.

Por eso, una vez más, el Defensor del Pueblo, advierte a los grupos armados que asesinan indígenas, que sus acciones son contrarias no sólo al Derecho Internacional Humanitario, sino al espíritu de un pueblo que lucha por reconstruirse.

Comunicado 714 | 11 de abril de 2002DEFENSOR DEL PUEBLO CALIFICA COMO GRAVE INFRACCIÓN AL DIH SECUESTRO DE DIPUTADOS EN CALI

El Defensor del Pueblo, Eduardo Cifuentes Muñoz, condena enérgicamente el secuestro de doce diputados de la Asamblea Departamental del Valle del Cauca, que tuvo lugar hoy en Cali. Exige además al bloque urbano y al Frente 30 de las FARC, que se han adjudicado oficialmente el hecho, respetar las vidas e integridad de los secuestrados y liberarlos a la mayor brevedad.

En esta ocasión, las FARC han irrumpido en uno de los espacios donde se desarrollan procesos democráticos de decisión. Su estrategia de guerra señala una vez más su intención de debilitar al Estado y de limitar las libertades públicas y políticas en el país. Libran no sólo una guerra contra los civiles, como lo revelan sus recientes acciones violentas, sino también contra la democracia.

Por otra parte, el Defensor del Pueblo reitera su solicitud a las fuerzas del Estado de una acción coherente que garantice la vida y la seguridad de los secuestrados en estas circunstancias.

Comunicado 713 | 9 de abril de 2002DEFENSOR PIDE PLAN ESPECIAL DE SEGURIDAD CIUDADANA

El Defensor del Pueblo, Eduardo Cifuentes Muñoz, rechazó la serie de atentados terroristas cometidos en la capital de la República y en los departamentos de Meta y Cundinamarca y pidió a todos los colombianos respaldar a las instituciones del Estado y no ceder ante las presiones de los violentos que quieren desestabilizar al país.

Esta mañana, varios petardos de mediano poder explotaron en el centro de Bogotá, con un saldo de una niña de 6 años y dos adultos heridos. En Sibaté (Cundinamarca) un capitán de la Dijín y un agente antiexplosivos murieron cuando intentaban desactivar una camioneta que llevaba un cadáver cargado de explosivos, hecho que está proscrito por el Derecho Internacional Humanitario, como acto de perfidia.

De acuerdo con Cifuentes, es claro que los actores armados, con los ataques cometidos en las últimas semanas, pretenden generar una falsa sensación de debilidad del Estado, para impulsar así sus propósitos criminales.

Los colombianos no pueden dejarse llevar por el pánico que generan este tipo de actos de crueldad y deben entender que sólo con el fortalecimiento de nuestro Estado democrático es posible hacerle frente a este tipo de amenazas.

El Defensor le pidió así mismo a la Fuerza Pública que perfeccione un plan de seguridad ciudadana que, dentro del marco del respeto a los Derechos Humanos, permita aumentar el pie de fuerza policial en las ciudades y fortalezca los controles en espacios públicos y en lugares de alto riesgo.

Para el éxito de este plan, aseguró Cifuentes, es fundamental un mayor apoyo de la comunidad a las autoridades al igual que canales de comunicación más eficientes entre ambas, así como el estudio de fórmulas que permitan la destinación de mayores recursos para la protección ciudadana.

Comunicado 712 | 8 de abril de 2002DEFENSOR PIDE PROTECCION ESPECIAL PARA EL META

Después de atentado en Villavicencio
El Defensor del Pueblo, Eduardo Cifuentes Muñoz, condenó hoy enérgicamente el atentado cometido el pasado fin de semana en el barrio La Grama en pleno centro de Villavicencio (Meta), en el que dos artefactos explosivos dejaron un saldo de 12 muertos y 74 heridos. “Estos actos demenciales y de barbarie deben cesar inmediatamente."

“No hay nada más degradante y en contra de la población civil que privar a humildes e indefensos ciudadanos del Derecho a la Vida. Estos hechos criminales constituyen una flagrante violación del Derecho Internacional Humanitario, y sobre sus autores materiales e intelectuales, las autoridades deben hacer recaer todo el peso de la ley”, dijo el Defensor.

Insistentemente la Defensoría del Pueblo ha reclamado a los actores del conflicto armado, que en la guerra no todo está permitido y que están expresamente prohibidos ciertos medios y métodos de guerra y en especial los ataques indiscriminados que afectan y victimizan a la población civil.

El ataque, al parecer de las FARC, contra la capital del Meta, hace evidente que en las hostilidades se ha perdido toda noción de proporcionalidad entre la acción y el objetivo militar buscado y lamentablemente se orienta al aniquilamiento físico del contrario, sin importar además, que con ello se afecte gravemente a la población civil, señaló el Defensor.

Agregó que “no podemos seguir aterrorizados esperando que quienes dicen defender al pueblo ejecuten este tipo de atentados. Todos debemos reaccionar en defensa de la vida y apoyar la acción de la justicia y de las autoridades legítimamente constituidas”.

Finalmente, Cifuentes Muñoz reiteró el llamado a las autoridades nacionales y locales para que se adopten con urgencia todas las medidas necesarias, con el fin de conjurar la grave situación de violencia y terror que viene azotando a los habitantes del Meta, departamento que ha venido soportando todo tipo de ataques por parte de los diferentes actores del conflicto armado, después de haber servido como anfitrión para realizar los diálogos del frustrado proceso de paz.

Comunicado 710 | 5 de abril de 2002DEFENSORÍA RECHAZA MUERTE DE PERSONERO DE VENADILLO

El Defensor del Pueblo, Eduardo Cifuentes, lamentó el asesinato del personero de Venadillo (Tolima), Alfonso González Amórtegui, e insistió en su petición al Gobierno nacional para que establezca medidas de protección para la vida de los personeros amenazados en todo el país.

González Amórtegui fue asesinado ayer a las dos de la tarde, a menos de 200 metros de la alcaldía municipal de Venadillo, por tres hombres que le dispararon en siete oportunidades. El funcionario alcanzó a ser llevado con vida al Hospital Santa Barbará de la localidad, en donde falleció.

En los últimos meses, la Defensoría del Pueblo ha recibido insistentemente las denuncias de los personeros de distintos lugares del país sobre las amenazas de que vienen siendo víctimas de parte de grupos armados ilegales.

El pasado 14 de febrero, María del Carmen Flórez, personera de Mutatá (Antioquia) fue asesinada por un grupo de hombres armados en la vía de conduce de este municipio a Chigorodó.

En respuesta a estos hechos, la Defensoría del Pueblo ha solicitado al Ministerio del Interior que incluya a los personeros amenazados en el plan de protección de defensores de los derechos humanos o en su defecto les brinde medidas especiales de seguridad. La entidad reitera esa petición.

La Defensoría, así mismo, rechaza estos actos de persecución contra los personeros, que atentan contra la democracia y entorpecen la labor de defensa de los derechos humanos, tan necesaria en nuestro país.

Comunicado 711 | 5 de abril de 2002DEFENSORÍA DENUNCIA ASESINATO DE INTEGRANTE DE COMUNIDAD DE PAZ

OEA pidió tomar medidas de seguridad
La Defensoría del Pueblo rechaza enérgicamente la retención y posterior asesinato de Gilma Graciano, de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, Antioquia, por parte de presuntos paramilitares, hecho que tuvo lugar el sábado 30 de marzo.

La entidad conoció que, en un retén ilegal en la vía San José-Apartadó, a la altura de Tierra Amarilla, varios paramilitares detuvieron un colectivo de servicio público. Calificaron a Gilma Graciano y a otra pasajera como “guerrilleras” y las obligaron a bajar del vehículo. El domingo 31, el cadáver de Gilma fue encontrado a la entrada de Nueva Colonia, corregimiento de la población de Turbo.

Desde su conformación como comunidad de paz, en marzo de 1997, la Comunidad de San José de Apartadó ha sido objeto de múltiples agresiones por parte de actores armados. Esta situación ha limitado las posibilidades de consolidación de los procesos de desarrollo social y económico en el marco de su retorno.

En diversas ocasiones, las autoridades han sido advertidas en forma oportuna acerca de señalamientos y amenazas en contra de la comunidad, al igual que de inminentes agresiones. La situación registrada el pasado fin de semana es una más dentro de una larga cadena de hechos violentos que atentan contra este proceso organizativo.
La Defensoría del Pueblo reitera su respaldo a la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, así como su reconocimiento a modelos de organización comunitaria que, al igual que éste, buscan posibilidades de subsistencia en medio del conflicto, a partir de una posición no violenta y de su voluntad de permanecer al margen de las acciones de los actores armados.

La constante situación de riesgo a que está sometida la Comunidad obliga a adoptar medidas de protección eficaces. En este sentido la Defensoría solicita al Ministerio de Defensa, a la Brigada XVII, a la Fiscalía General de la Nación, a la Vicepresidencia y al Ministerio del Interior, que establezcan medidas permanentes, coordinadas y oportunas respecto a la situación de seguridad de San José de Apartadó.

La urgencia y necesidad de estas acciones preventivas por parte del Estado han sido igualmente reconocidas por diferentes instancias. En particular, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el año 2000, requirió del Estado las acciones necesarias para proteger a la comunidad. Entre las medidas solicitadas se señaló la ampliación de las estrategias de seguridad, la investigación de los sujetos responsables de violaciones de derechos humanos, así como las garantías para la permanencia y retorno de las comunidades a sus lugares de origen.
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