Comunicados de Prensa octubre a diciembre de 2007
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29 de diciembre de 2007Se agudiza conflicto por tierras en el Cauca
29 de diciembre de 2007 | Defensoría llama a la ponderación y al diálogo
El comunero indígena Rodrigo Pito, del Resguardo de Huellas Caloto (Cauca), fue herido en el pecho y Lorenzo Dagua, impactado por una bala en la axila derecha, ambos con diagnóstico reservado. A estos hechos se agrega el número de miembros de las comunidades indígenas movilizadas del norte del departamento del Cauca que han resultado afectados en el marco de la realización de lo que ellos llaman “ritos de liberación de la madre tierra”.
De igual manera, un número significativo de miembros de la fuerza pública han sido afectados en su integridad personal en el proceso de confrontación sobre los predios ubicados en el municipio de Caloto, cuya adjudicación buscan las comunidades indígenas como parte de la reparación por la masacre del Nilo perpetrada en el año 1991.
Son lamentables los hechos presentados y para evitar que se repitan el Defensor del Pueblo, Vólmar Pérez Ortiz, convoca a las partes a construir un escenario de diálogo, con el fin de abrir el camino a la intervención urgente del Grupo de Acompañantes del Acuerdo, suscrito en el año 2005 en Bodega Alta - Caloto, para concretar una fórmula de solución del conflicto que se ha presentado desde una perspectiva que permita facilitar el ejercicio de los derechos constitucionales y el cumplimiento de los compromisos que se han asumido.
De igual manera, un número significativo de miembros de la fuerza pública han sido afectados en su integridad personal en el proceso de confrontación sobre los predios ubicados en el municipio de Caloto, cuya adjudicación buscan las comunidades indígenas como parte de la reparación por la masacre del Nilo perpetrada en el año 1991.
Son lamentables los hechos presentados y para evitar que se repitan el Defensor del Pueblo, Vólmar Pérez Ortiz, convoca a las partes a construir un escenario de diálogo, con el fin de abrir el camino a la intervención urgente del Grupo de Acompañantes del Acuerdo, suscrito en el año 2005 en Bodega Alta - Caloto, para concretar una fórmula de solución del conflicto que se ha presentado desde una perspectiva que permita facilitar el ejercicio de los derechos constitucionales y el cumplimiento de los compromisos que se han asumido.
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24 de diciembre de 2007Defensor repudió dos masacres en Cauca
24 de diciembre de 2007 | Seis personas fueron asesinadas en Caspiracacho y tres más en La Playa
Dos masacres ocurridas el fin de semana en dos municipios del departamento del Cauca (Balboa y Bolívar) y que dejaron nueve muertos, fueron rechazadas hoy por el Defensor del Pueblo, Vólmar Pérez Ortiz.
La Defensoria del Pueblo Regional Cauca supo que el viernes pasado, 21 de diciembre, en la finca “Aguacate”, vereda Caspiracacho, a cuatro horas de la cabecera de Balboa, fueron asesinadas en forma violenta seis personas de una misma familia conformada por el padre (51 años), la madre (43), tres hijos de la pareja de 10, 12 y 23 años y una nieta de 2 años
Por otra parte, la misma Regional tuvo conocimiento de que el viernes 21 de diciembre, una patrulla del Ejército detuvo a Edwin Montenegro (29 años), a Arbey Paz (21 años) y a Abelardo González (38 años) en la carretera que conduce del municipio del Bordo a Bolívar (Cauca) y fueron puestos a disposición de la Sijín en Bolívar el sábado 22 por presunto delito de hurto.
Un Defensor Público de la Defensoría se entrevistó con ellos y una vez determinó que no habían sido capturados en flagrancia y que tampoco había elementos materiales probatorios, solicitó al Fiscal de turno la libertad de los acusados la cual se dio a las 3 pm momento en que los jóvenes se dirigieron a sus sitios de origen.
Al día siguiente, domingo 23 de diciembre, el Fiscal que conoció el caso, le avisó al Defensor Público que las tres personas habían sido asesinadas a tiros en el sitio La Playa del municipio de Bolívar.
El Defensor del Pueblo, al condenar de manera enérgica los hechos ocurridos en Caspiracacho y La Playa, solicita a la Fiscalía esclarecer estos dos hechos violentos, determinar las causas y responsables e instó a las autoridades a que adopten medidas de protección que garanticen el derecho a la vida y a la seguridad de los habitantes de departamento del Cauca y con ello brindar tranquilidad a sus habitantes en las festividades de fin de año.
Apagón en Buenaventura
Por otra parte, el Defensor del Pueblo rechazó el ataque dinamitero realizado ayer domingo contra una torre de energía en el puerto de Buenaventura que afectó el circuito Bajo Anchicayá-El Pailón, motivo por el cual el Puerto se encuentra en toque de queda, hay preocupación por la inseguridad y no se pueden poner en funcionamiento ventiladores y aires acondicionados para calmar el sofocante calor.
Autoridades dijeron que el ataque fue realizado por las Farc a la torre de energía localizada en la vereda Aguaclara, en jurisdicción del Corregimiento Número 8 de Buenaventura (Valle del Cauca). El atentado se presentó en una zona de difícil acceso por lo que la reparación demandará tiempo.
La Defensoría recordó a la organización subversiva, que está obligada a respetar y aplicar el Derecho Internacional Humanitario (DIH), y que estos atentados representan un método de guerra prohibido por cuanto están atacando bienes indispensables para la supervivencia de la población civil.
Cuando falta el fluido eléctrico, se afectan también el bombeo de los acueductos municipales, la atención en los hospitales y puestos de salud, las telecomunicaciones, la conservación y refrigeración de alimentos, y en general todas las actividades rutinarias de las comunidades.
La Defensoria del Pueblo Regional Cauca supo que el viernes pasado, 21 de diciembre, en la finca “Aguacate”, vereda Caspiracacho, a cuatro horas de la cabecera de Balboa, fueron asesinadas en forma violenta seis personas de una misma familia conformada por el padre (51 años), la madre (43), tres hijos de la pareja de 10, 12 y 23 años y una nieta de 2 años
Por otra parte, la misma Regional tuvo conocimiento de que el viernes 21 de diciembre, una patrulla del Ejército detuvo a Edwin Montenegro (29 años), a Arbey Paz (21 años) y a Abelardo González (38 años) en la carretera que conduce del municipio del Bordo a Bolívar (Cauca) y fueron puestos a disposición de la Sijín en Bolívar el sábado 22 por presunto delito de hurto.
Un Defensor Público de la Defensoría se entrevistó con ellos y una vez determinó que no habían sido capturados en flagrancia y que tampoco había elementos materiales probatorios, solicitó al Fiscal de turno la libertad de los acusados la cual se dio a las 3 pm momento en que los jóvenes se dirigieron a sus sitios de origen.
Al día siguiente, domingo 23 de diciembre, el Fiscal que conoció el caso, le avisó al Defensor Público que las tres personas habían sido asesinadas a tiros en el sitio La Playa del municipio de Bolívar.
El Defensor del Pueblo, al condenar de manera enérgica los hechos ocurridos en Caspiracacho y La Playa, solicita a la Fiscalía esclarecer estos dos hechos violentos, determinar las causas y responsables e instó a las autoridades a que adopten medidas de protección que garanticen el derecho a la vida y a la seguridad de los habitantes de departamento del Cauca y con ello brindar tranquilidad a sus habitantes en las festividades de fin de año.
Apagón en Buenaventura
Por otra parte, el Defensor del Pueblo rechazó el ataque dinamitero realizado ayer domingo contra una torre de energía en el puerto de Buenaventura que afectó el circuito Bajo Anchicayá-El Pailón, motivo por el cual el Puerto se encuentra en toque de queda, hay preocupación por la inseguridad y no se pueden poner en funcionamiento ventiladores y aires acondicionados para calmar el sofocante calor.
Autoridades dijeron que el ataque fue realizado por las Farc a la torre de energía localizada en la vereda Aguaclara, en jurisdicción del Corregimiento Número 8 de Buenaventura (Valle del Cauca). El atentado se presentó en una zona de difícil acceso por lo que la reparación demandará tiempo.
La Defensoría recordó a la organización subversiva, que está obligada a respetar y aplicar el Derecho Internacional Humanitario (DIH), y que estos atentados representan un método de guerra prohibido por cuanto están atacando bienes indispensables para la supervivencia de la población civil.
Cuando falta el fluido eléctrico, se afectan también el bombeo de los acueductos municipales, la atención en los hospitales y puestos de salud, las telecomunicaciones, la conservación y refrigeración de alimentos, y en general todas las actividades rutinarias de las comunidades.
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22 de diciembre de 2007Defensoría deploró asesinato de periodista
en Cúcuta
22 de diciembre de 2007 | También ha advertido sobre repunte de criminalidad en Norte de Santander
El Defensor del Pueblo, Vólmar Pérez Ortiz, deploró el fallecimiento del periodista gráfico del diario La Opinión, Rafael Bruno Bruno, ocurrido el pasado jueves 20 de diciembre en la ciudad de Cúcuta.
El comunicador, según los informes preliminares de las autoridades que adelantan las investigaciones de rigor, fue atacado en su residencia por individuos que lo esperaban en el patio de su casa.
Además de sus actividades de fotógrafo, Rafael Bruno era propietario de una fábrica de ladrillos y de otra de hielo. Pertenecía a la vez al Colegio de Periodistas de Cúcuta y a la Asociación Colombiana de Pequeños Industriales (Acopi), y hasta sus últimos días estuvo vinculado al periódico La Opinión.
En los últimos meses, la Defensoría del Pueblo ha venido haciendo un seguimiento atento y evaluando los altos índices de criminalidad que se vienen presentando en la ciudad de Cúcuta y municipios del área metropolitana en lo que va corrido del año con el fin de emitir informes de riesgo que alerten y conminen a las autoridades competentes del Estado, para que adopten medidas eficaces de prevención que busquen salvaguardar la vida y la integridad personal de los ciudadanos.
La Defensoría del Pueblo, a través del Sistema de Alertas Tempranas (SAT), da cuenta en sus informes de riesgo para la ciudades de Cúcuta y municipios del área metropolitana, de los lugares críticos y la población que evidencia un mayor grado de riesgo y vulnerabilidad a ser víctima de violaciones de sus derechos fundamentales como consecuencia del incremento que viene mostrando la criminalidad en esta ciudad, particularmente durante el año 2007 y que lamentablemente la ubica como una de las mas violentas del país.
Así mismo, la Defensoría ha venido advirtiendo sobre el repunte de la criminalidad urbana en ciudades como Ocaña, donde justamente una de las poblaciones identificadas en situación de riesgo son los comunicadores sociales que han sufrido amenazas, lo que constituye una violación flagrante a la libertad de prensa. En tal sentido, el pasado 5 de diciembre se emitió un informe de riesgo, registrando entre otras, la reiterada vulneración al derecho a la vida, la integridad y la libertad en esta región del país.
El Defensor del Pueblo condenó este tipo de hechos de violencia y al mismo tiempo se sumó a las voces de repudio expresadas por organizaciones como La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), y Reporteros sin Fronteras para reclamar el esclarecimiento de este crimen. Hay que recordar que el periodismo ha sido golpeado en reiteradas oportunidades en el departamento Norte de Santander, siendo el último hecho el perpetrado contra el periodista de la Cadena radial Colmundo Radio, Julio Palacios, quien fue asesinado hace tres años en Cúcuta.
La Defensoría del Pueblo estará atenta a recibir todas las quejas que los comunicadores y periodistas, así como la ciudadanía en general, formulen, para adelantar las acciones correspondientes ante los órganos competentes del Estado.
El comunicador, según los informes preliminares de las autoridades que adelantan las investigaciones de rigor, fue atacado en su residencia por individuos que lo esperaban en el patio de su casa.
Además de sus actividades de fotógrafo, Rafael Bruno era propietario de una fábrica de ladrillos y de otra de hielo. Pertenecía a la vez al Colegio de Periodistas de Cúcuta y a la Asociación Colombiana de Pequeños Industriales (Acopi), y hasta sus últimos días estuvo vinculado al periódico La Opinión.
En los últimos meses, la Defensoría del Pueblo ha venido haciendo un seguimiento atento y evaluando los altos índices de criminalidad que se vienen presentando en la ciudad de Cúcuta y municipios del área metropolitana en lo que va corrido del año con el fin de emitir informes de riesgo que alerten y conminen a las autoridades competentes del Estado, para que adopten medidas eficaces de prevención que busquen salvaguardar la vida y la integridad personal de los ciudadanos.
La Defensoría del Pueblo, a través del Sistema de Alertas Tempranas (SAT), da cuenta en sus informes de riesgo para la ciudades de Cúcuta y municipios del área metropolitana, de los lugares críticos y la población que evidencia un mayor grado de riesgo y vulnerabilidad a ser víctima de violaciones de sus derechos fundamentales como consecuencia del incremento que viene mostrando la criminalidad en esta ciudad, particularmente durante el año 2007 y que lamentablemente la ubica como una de las mas violentas del país.
Así mismo, la Defensoría ha venido advirtiendo sobre el repunte de la criminalidad urbana en ciudades como Ocaña, donde justamente una de las poblaciones identificadas en situación de riesgo son los comunicadores sociales que han sufrido amenazas, lo que constituye una violación flagrante a la libertad de prensa. En tal sentido, el pasado 5 de diciembre se emitió un informe de riesgo, registrando entre otras, la reiterada vulneración al derecho a la vida, la integridad y la libertad en esta región del país.
El Defensor del Pueblo condenó este tipo de hechos de violencia y al mismo tiempo se sumó a las voces de repudio expresadas por organizaciones como La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), y Reporteros sin Fronteras para reclamar el esclarecimiento de este crimen. Hay que recordar que el periodismo ha sido golpeado en reiteradas oportunidades en el departamento Norte de Santander, siendo el último hecho el perpetrado contra el periodista de la Cadena radial Colmundo Radio, Julio Palacios, quien fue asesinado hace tres años en Cúcuta.
La Defensoría del Pueblo estará atenta a recibir todas las quejas que los comunicadores y periodistas, así como la ciudadanía en general, formulen, para adelantar las acciones correspondientes ante los órganos competentes del Estado.
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20 de diciembre de 2007Defensoría apoya decisión de acabar con “muros de la infamia”
20 de diciembre de 2007 | Era una práctica vulneratoria de los DDHH tanto de víctimas como de victimarios
La Corte Constitucional ha decidido, en sede de revisión de tutela, que la divulgación en vallas de las fotos y nombres de los condenados por delitos sexuales cometidos contra menores de edad, a través de los denominados “muros de la infamia”, no se puede realizar. La decisión cobija igualmente la misma divulgación que el Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) realizaba a través del servicio de televisión.
La Defensoría había solicitado a la Corte Constitucional que declarara inexequible el segundo inciso del artículo 48 de la Ley 1098 de 2006 -Código de la Infancia y la Adolescencia-, así como el Acuerdo Distrital 280 de 2007 "Por el cual se adoptan medidas para la protección, garantía y restablecimiento de los derechos de las niñas y los niños en el Distrito Capital", por el cual se ordenó el establecimiento de los Muros de la Infamia en el Distrito Capital, por desconocer el derecho al debido proceso, a la dignidad, a la intimidad de los agresores, pero fundamentalmente, por vulnerar la intimidad de los menores víctimas y someterlos a una segunda victimización, al ser expuestos a la imagen de su agresor.
La Defensoría había advertido que, tal como lo muestran las estadísticas, la divulgación de las imágenes de los agresores atentaba además contra la intimidad familiar de las víctimas, dado el altísimo porcentaje de casos en los que el victimario es un familiar de los menores. Por otra parte, había señalado que la medida era incapaz de superar un examen de razonabilidad y eficacia, parámetros necesarios de cumplir a la hora de limitar o restringir derechos fundamentales.
La Defensoría destaca la determinación de la Honorable Corte Constitucional, puesto que pone término a una práctica vulneratoria de los derechos humanos tanto de víctimas como de victimarios. Si bien la aberrante conducta de abuso sexual que se comete en tan alta frecuencia contra niñas y niños en Colombia amerita la más seria e inquebrantable acción de las autoridades, la Defensoría invita a los gobiernos nacional y distrital a estudiar y adoptar medidas cuya eficacia sea comprobable y que, además, sean respetuosas del marco constitucional.
La Defensoría había solicitado a la Corte Constitucional que declarara inexequible el segundo inciso del artículo 48 de la Ley 1098 de 2006 -Código de la Infancia y la Adolescencia-, así como el Acuerdo Distrital 280 de 2007 "Por el cual se adoptan medidas para la protección, garantía y restablecimiento de los derechos de las niñas y los niños en el Distrito Capital", por el cual se ordenó el establecimiento de los Muros de la Infamia en el Distrito Capital, por desconocer el derecho al debido proceso, a la dignidad, a la intimidad de los agresores, pero fundamentalmente, por vulnerar la intimidad de los menores víctimas y someterlos a una segunda victimización, al ser expuestos a la imagen de su agresor.
La Defensoría había advertido que, tal como lo muestran las estadísticas, la divulgación de las imágenes de los agresores atentaba además contra la intimidad familiar de las víctimas, dado el altísimo porcentaje de casos en los que el victimario es un familiar de los menores. Por otra parte, había señalado que la medida era incapaz de superar un examen de razonabilidad y eficacia, parámetros necesarios de cumplir a la hora de limitar o restringir derechos fundamentales.
La Defensoría destaca la determinación de la Honorable Corte Constitucional, puesto que pone término a una práctica vulneratoria de los derechos humanos tanto de víctimas como de victimarios. Si bien la aberrante conducta de abuso sexual que se comete en tan alta frecuencia contra niñas y niños en Colombia amerita la más seria e inquebrantable acción de las autoridades, la Defensoría invita a los gobiernos nacional y distrital a estudiar y adoptar medidas cuya eficacia sea comprobable y que, además, sean respetuosas del marco constitucional.
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19 de diciembre de 2007Asociados de Sayco levantaron protesta en sede de la Defensoría
19 de diciembre de 2007 | Luego de acercamientos con la Defensoría del Pueblo
La Sociedad de Autores y Compositores de Colombia, Sayco, y los señores Francisco Paúl, José Amín Díaz Araujo, Cristóbal Galindo y Benjamín Sánchez, asociados de Sayco, luego de distintos diálogos promovidos por la Defensoría del Pueblo, decidieron levantar la protesta que adelantaban en las instalaciones de la Defensoría del Pueblo en la sede de Bogotá.
Por su parte la Defensoría del Pueblo registra la disposición y actitud de las partes para conciliar las diferencias y reitera su compromiso institucional de hacer el acompañamiento correspondiente para encontrarle una fórmula de solución duradera a la situación planteada entre las partes.
Por su parte la Defensoría del Pueblo registra la disposición y actitud de las partes para conciliar las diferencias y reitera su compromiso institucional de hacer el acompañamiento correspondiente para encontrarle una fórmula de solución duradera a la situación planteada entre las partes.
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13 de diciembre de 2007Guías en derechos sexuales y reproductivos para población desplazada
13 de diciembre de 2007 | Lanzamiento: viernes 14 de diciembre en auditorio del Museo Nacional
Dos textos que servirán de guía en el tema relacionado con los Derechos Sexuales y reproductivos para la Población Víctima del Desplazamiento Forzado, serán presentadas este viernes 14 de diciembre, en el auditorio del Museo Nacional, por parte de la Defensoria del Pueblo, a través de la Delegada de los Derechos de la Niñez, la Juventud y la Mujer, y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) en el marco del programa de Atención a Desplazados y Grupos Vulnerables.
Los desarrollos en materia de reconocimiento de los derechos humanos han permitido posicionar los derechos sexuales y reproductivos como tales, considerando su respeto y garantía como condiciones esenciales para el ejercicio y disfrute de los derechos de las mujeres, niños, niñas y adolescentes como base de su verdadera ciudadanía, que no alude únicamente a tomar decisiones en el ámbito público, sino que se refiere a la necesidad de tener un verdadero dominio sobre su propio cuerpo de manera que sean autónomas y autónomos en el ejercicio de su sexualidad y en lo relacionado con la reproducción.
Las Guías son herramientas pedagógicas para la prevención, promoción y restablecimiento de derechos sexuales y reproductivos de las víctimas de las violencias de género, con especial énfasis en la atención a las víctimas del desplazamiento forzado.
“La Guía para la formación en Derechos Sexuales y Reproductivos para la población en Situación de desplazamiento con énfasis en violencia”, es una propuesta para promover el conocimiento y apropiación de los derechos humanos y, en particular, los derechos sexuales y reproductivos de mujeres, niños, niñas y adolescentes víctimas del desplazamiento forzado. Esta Guía está dirigida a todas aquellas organizaciones e instituciones que trabajen con y para la población víctima del desplazamiento forzado.
“El Módulo de la A a la Z en Derechos Sexuales y Reproductivos para Funcionarios y Funcionarias con énfasis en violencia intrafamiliar y violencia sexual”, busca dar a conocer y difundir los derechos sexuales y reproductivos y los mecanismos para hacer efectiva su protección y garantía, así como las principales herramientas para el restablecimiento de los derechos. El Módulo está dirigido a funcionarios y funcionarias con competencias en la atención a víctimas de violencias intrafamiliar y sexual y de la población en situación de desplazamiento.
Fecha: Diciembre 14 de 2007
Lugar: Museo Nacional de Colombia
Hora: 9:00 – 11:00 am.
Información: 3147300 Ext. 2323
Los desarrollos en materia de reconocimiento de los derechos humanos han permitido posicionar los derechos sexuales y reproductivos como tales, considerando su respeto y garantía como condiciones esenciales para el ejercicio y disfrute de los derechos de las mujeres, niños, niñas y adolescentes como base de su verdadera ciudadanía, que no alude únicamente a tomar decisiones en el ámbito público, sino que se refiere a la necesidad de tener un verdadero dominio sobre su propio cuerpo de manera que sean autónomas y autónomos en el ejercicio de su sexualidad y en lo relacionado con la reproducción.
Las Guías son herramientas pedagógicas para la prevención, promoción y restablecimiento de derechos sexuales y reproductivos de las víctimas de las violencias de género, con especial énfasis en la atención a las víctimas del desplazamiento forzado.
“La Guía para la formación en Derechos Sexuales y Reproductivos para la población en Situación de desplazamiento con énfasis en violencia”, es una propuesta para promover el conocimiento y apropiación de los derechos humanos y, en particular, los derechos sexuales y reproductivos de mujeres, niños, niñas y adolescentes víctimas del desplazamiento forzado. Esta Guía está dirigida a todas aquellas organizaciones e instituciones que trabajen con y para la población víctima del desplazamiento forzado.
“El Módulo de la A a la Z en Derechos Sexuales y Reproductivos para Funcionarios y Funcionarias con énfasis en violencia intrafamiliar y violencia sexual”, busca dar a conocer y difundir los derechos sexuales y reproductivos y los mecanismos para hacer efectiva su protección y garantía, así como las principales herramientas para el restablecimiento de los derechos. El Módulo está dirigido a funcionarios y funcionarias con competencias en la atención a víctimas de violencias intrafamiliar y sexual y de la población en situación de desplazamiento.
Fecha: Diciembre 14 de 2007
Lugar: Museo Nacional de Colombia
Hora: 9:00 – 11:00 am.
Información: 3147300 Ext. 2323
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11 de diciembre de 2007Defensoría, Procuraduría y Fiscalía firmaron convenio para fortalecer garantía de derechos de niños, niñas y adolescentes
11 de diciembre de 2007 | En el Día Internacional de los Derechos Humanos
En el Día Internacional de los Derechos Humanos, la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría General de la Nación, la Fiscalía General de la Nacional, la Fundación Maya Nasa y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), con el apoyo financiero de la Agencia del Gobierno de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) firmaron un convenio dirigido a fortalecer a estas instituciones en el ejercicio de sus respectivas funciones preventivas y de control y seguimiento para la garantía de los derechos de los niños, niñas y jóvenes.
El objetivo general del Convenio será el de apoyar y fortalecer a la Fiscalía, a la Procuraduría y a la Defensoría, en el ejercicio de sus respectivas funciones preventivas, de control y seguimiento, de investigación, promoción y garantía de efectividad de los Derechos Humanos y prevalentes de los niños, niñas y adolescentes a llevar una vida digna, en especial a no ser vinculados o utilizados ni directa ni indirectamente, por ningún actor en el conflicto armado.
El Convenio está dirigido a apoyar técnica y financieramente a las instituciones en sus procesos conjuntos de control preventivo, investigación y alerta temprana en materia de reclutamiento de niños, niñas y adolescentes al conflicto armado e incluye, entre otros compromisos, el apoyo técnico y financiero a la Defensoría del Pueblo a través de la Delegada para los Derechos de la Niñez, Juventud y la Mujer, y la Delegada para la Evaluación de Riesgos de la Población Civil como consecuencia del Conflicto Armado, en el diseño y puesta en marcha de un sistema de alerta temprana, focalizado a municipios con alto riesgo para la prevención del reclutamiento o uso de niños, niñas y adolescentes en el conflicto armado.
El convenio, que se firmó el 10 de diciembre en la sala de audiencias de la Procuraduría General de la Nación, contó con la presencia del Procurador General de la Nación, Edgardo José Maya Villazón; el Fiscal General de la Nación, Mario Iguarán Arana; el Defensor del Pueblo, Vólmar Pérez Ortiz; la Directora de la Oficina para la Desmovilización y la Reincorporación de la Agencia del gobierno de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), Ileana Baca; el Jefe de Misión de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), José Ángel Oropeza, y la consultora Natalia Springer de la Fundación Maya Nasa.
El objetivo general del Convenio será el de apoyar y fortalecer a la Fiscalía, a la Procuraduría y a la Defensoría, en el ejercicio de sus respectivas funciones preventivas, de control y seguimiento, de investigación, promoción y garantía de efectividad de los Derechos Humanos y prevalentes de los niños, niñas y adolescentes a llevar una vida digna, en especial a no ser vinculados o utilizados ni directa ni indirectamente, por ningún actor en el conflicto armado.
El Convenio está dirigido a apoyar técnica y financieramente a las instituciones en sus procesos conjuntos de control preventivo, investigación y alerta temprana en materia de reclutamiento de niños, niñas y adolescentes al conflicto armado e incluye, entre otros compromisos, el apoyo técnico y financiero a la Defensoría del Pueblo a través de la Delegada para los Derechos de la Niñez, Juventud y la Mujer, y la Delegada para la Evaluación de Riesgos de la Población Civil como consecuencia del Conflicto Armado, en el diseño y puesta en marcha de un sistema de alerta temprana, focalizado a municipios con alto riesgo para la prevención del reclutamiento o uso de niños, niñas y adolescentes en el conflicto armado.
El convenio, que se firmó el 10 de diciembre en la sala de audiencias de la Procuraduría General de la Nación, contó con la presencia del Procurador General de la Nación, Edgardo José Maya Villazón; el Fiscal General de la Nación, Mario Iguarán Arana; el Defensor del Pueblo, Vólmar Pérez Ortiz; la Directora de la Oficina para la Desmovilización y la Reincorporación de la Agencia del gobierno de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), Ileana Baca; el Jefe de Misión de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), José Ángel Oropeza, y la consultora Natalia Springer de la Fundación Maya Nasa.
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10 de diciembre de 2007Defensor hace un nuevo llamado a los colombianos
10 de diciembre de 2007 | Al conmemorarse el Día Internacional de los Derechos Humanos
El Defensor del Pueblo, Vólmar Pérez Ortiz, hizo un nuevo llamado en pro de los derechos humanos, al recordar que el 10 de diciembre se proclamó la Declaración Universal de Derechos Humanos.
El Defensor afirmó que durante 2007 en Colombia se siguieron ignorando de manera reiterada los derechos humanos y las normas del Derecho Internacional Humanitario (DIH) por parte de los actores del conflicto, en especial por los grupos armados al margen de la ley, quienes vienen perpetrando graves atentados contra la población civil a través de conductas tales como el homicidio, el desplazamiento forzado o la toma de rehenes.
A propósito de la penosa situación por la que atraviesan las personas que se encuentran privadas de la libertad en poder de las FARC, el Defensor del Pueblo reiteró su llamado humanitario y señaló que, las vidas, la integridad y la libertad personales de quienes son mantenidas en cautiverio en contra de su voluntad son responsabilidad de ese grupo armado, de acuerdo con el DIH.
El Defensor del Pueblo de Colombia invocó una vez más la conciencia de la humanidad para hacer a las FARC un llamamiento que permita a un organismo humanitario imparcial –tal como el Comité Internacional de la Cruz Roja– visitar, según las modalidades propias de la acción humanitaria del CICR, a todas las personas privadas de la libertad en poder de ese grupo, con el fin de poder establecer su estado actual de salud, prestarles la asistencia humanitaria que requieran y traer noticias a sus familias.
El Defensor del Pueblo recordó que, como consecuencia de las violaciones a los derechos humanos y las infracciones del derecho humanitario, miles de compatriotas se vieron forzados a desplazarse en contra de su voluntad.
Señaló el Defensor que se siguen presentando violaciones a los derechos de las comunidades indígenas y afrocolombianas, los menores, las mujeres, los defensores de los derechos humanos, las organizaciones sindicales, las minorías sexuales, las personas privadas de la libertad y quienes padecen el rigor de la pobreza y la exclusión, frente a lo cual, los organismos del Estado deben asumir con responsabilidad su compromiso en defensa de los derechos de los más débiles.
Abogó también el Defensor por el respeto y el compromiso que deben asumir la sociedad y el Estado frente a las víctimas de los grupos armados ilegales, a quienes se debe garantizar de manera amplia y sincera los mecanismos que permitan la defensa de sus derechos, especialmente a la verdad, la justicia y la reparación.
Finalmente, el Defensor del Pueblo expresó que al conmemorar el Día Internacional de los Derechos Humanos, siguiendo el llamado y la convocatoria de las Naciones Unidas, la Defensoría del Pueblo de Colombia reitera a todas y a todos quienes vivimos en Colombia su permanente disposición de servir a la causa de defender, proteger y promover nuestros derechos y libertades.
El Defensor afirmó que durante 2007 en Colombia se siguieron ignorando de manera reiterada los derechos humanos y las normas del Derecho Internacional Humanitario (DIH) por parte de los actores del conflicto, en especial por los grupos armados al margen de la ley, quienes vienen perpetrando graves atentados contra la población civil a través de conductas tales como el homicidio, el desplazamiento forzado o la toma de rehenes.
A propósito de la penosa situación por la que atraviesan las personas que se encuentran privadas de la libertad en poder de las FARC, el Defensor del Pueblo reiteró su llamado humanitario y señaló que, las vidas, la integridad y la libertad personales de quienes son mantenidas en cautiverio en contra de su voluntad son responsabilidad de ese grupo armado, de acuerdo con el DIH.
El Defensor del Pueblo de Colombia invocó una vez más la conciencia de la humanidad para hacer a las FARC un llamamiento que permita a un organismo humanitario imparcial –tal como el Comité Internacional de la Cruz Roja– visitar, según las modalidades propias de la acción humanitaria del CICR, a todas las personas privadas de la libertad en poder de ese grupo, con el fin de poder establecer su estado actual de salud, prestarles la asistencia humanitaria que requieran y traer noticias a sus familias.
El Defensor del Pueblo recordó que, como consecuencia de las violaciones a los derechos humanos y las infracciones del derecho humanitario, miles de compatriotas se vieron forzados a desplazarse en contra de su voluntad.
Señaló el Defensor que se siguen presentando violaciones a los derechos de las comunidades indígenas y afrocolombianas, los menores, las mujeres, los defensores de los derechos humanos, las organizaciones sindicales, las minorías sexuales, las personas privadas de la libertad y quienes padecen el rigor de la pobreza y la exclusión, frente a lo cual, los organismos del Estado deben asumir con responsabilidad su compromiso en defensa de los derechos de los más débiles.
Abogó también el Defensor por el respeto y el compromiso que deben asumir la sociedad y el Estado frente a las víctimas de los grupos armados ilegales, a quienes se debe garantizar de manera amplia y sincera los mecanismos que permitan la defensa de sus derechos, especialmente a la verdad, la justicia y la reparación.
Finalmente, el Defensor del Pueblo expresó que al conmemorar el Día Internacional de los Derechos Humanos, siguiendo el llamado y la convocatoria de las Naciones Unidas, la Defensoría del Pueblo de Colombia reitera a todas y a todos quienes vivimos en Colombia su permanente disposición de servir a la causa de defender, proteger y promover nuestros derechos y libertades.
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21 de noviembre de 2007Hay que proteger a los niños de los maltratos físicos, psicológicos y morales
21 de noviembre de 2007 | Día Universal del Niño
En conmemoración del Día Universal del niño, el Defensor del Pueblo, Vólmar Pérez Ortiz, nuevamente hace un llamado a los ciudadanos y a las autoridades del Estado para proteger y respetar los derechos fundamentales de la infancia de manera que se reduzcan los niveles de violencia que se registra en Colombia.
Señaló el Defensor que los niños y las niñas son víctimas de la violencia que estamos viviendo los colombianos y de las violaciones a sus derechos que se expresa en maltratos físicos, sicológicos y morales.
Recordó el Defensor que en Colombia existe un número considerable de niños por fuera del Sistema Educativo, a pesar de los esfuerzos que se vienen haciendo en materia de cobertura y con necesidades insatisfechas básicas; por esta razón se ven expuestos a la explotación laboral y a ser utilizados con frecuencia en explotación sexual comercial y actividades delicuenciales.
Cifras Preocupantes
Por su parte, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses reportó el volumen de menores de edad muertos al año en circunstancias violentas, tales como homicidios y suicidios. Más de 670 por accidentes; 1.008 lesiones por accidentes y 59.770 casos de violencia intrafamiliar, de los cuales 9.035 fueron contra menores de 18 años. Igualmente, registra que el 84.3% de las víctimas de delitos sexuales son menores de edad.
De acuerdo con UNICEF en el país 20 de cada 100 niños y niñas colombianos carecen de registro civil, lo que dificulta el acceso a la protección y garantía de sus derechos por parte del Estado. UNICEF también registra que al cumplir el primer año de vida solo la mitad de los niños y niñas reciben leche materna; ello pone en riesgo su adecuado desarrollo físico, sicológico y afectivo.
En lo que respecta a los efectos de la violencia sobre la niñez, recordó el Defensor del Pueblo que 1.100.000 personas menores de 18 años han sido desplazadas en los últimos 15 años.
Nuevo Código de Infancia
Para la Defensoría del Pueblo la sanción del Nuevo Código de la Infancia y la Adolescencia exige de las instituciones obligadas a la realización y protección de los derechos humanos de los niños y las niñas, coordinar esfuerzos de manera que las acciones que se emprendan logren que los efectos sean oportunos, eficientes y eficaces.
El Defensor del Pueblo, con ocasión de la celebración del “Día Universal del Niño”, ha considerado pertinente invitar a las instituciones del Estado, a las organizaciones de la sociedad civil y a las propias familias a que asuman integralmente su responsabilidad en la realización de los derechos fundamentales de nuestros niños y niñas, proponiéndoles adelantar todas las gestiones a que haya lugar para la implementación adecuada del nuevo Código de la Infancia y la Adolescencia.
Finalmente, el Defensor hace un llamado para que alcaldes, gobernadores acaten las disposiciones de la ley 1098 de 2006 y los postulados de la convención sobre los derechos del niño y asuman el compromiso de incluir en los planes de desarrollo territoriales y en sus correspondientes presupuestos medidas tendientes a obtener la protección real y efectiva de los derechos de los niños y las niñas.
Señaló el Defensor que los niños y las niñas son víctimas de la violencia que estamos viviendo los colombianos y de las violaciones a sus derechos que se expresa en maltratos físicos, sicológicos y morales.
Recordó el Defensor que en Colombia existe un número considerable de niños por fuera del Sistema Educativo, a pesar de los esfuerzos que se vienen haciendo en materia de cobertura y con necesidades insatisfechas básicas; por esta razón se ven expuestos a la explotación laboral y a ser utilizados con frecuencia en explotación sexual comercial y actividades delicuenciales.
Cifras Preocupantes
Por su parte, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses reportó el volumen de menores de edad muertos al año en circunstancias violentas, tales como homicidios y suicidios. Más de 670 por accidentes; 1.008 lesiones por accidentes y 59.770 casos de violencia intrafamiliar, de los cuales 9.035 fueron contra menores de 18 años. Igualmente, registra que el 84.3% de las víctimas de delitos sexuales son menores de edad.
De acuerdo con UNICEF en el país 20 de cada 100 niños y niñas colombianos carecen de registro civil, lo que dificulta el acceso a la protección y garantía de sus derechos por parte del Estado. UNICEF también registra que al cumplir el primer año de vida solo la mitad de los niños y niñas reciben leche materna; ello pone en riesgo su adecuado desarrollo físico, sicológico y afectivo.
En lo que respecta a los efectos de la violencia sobre la niñez, recordó el Defensor del Pueblo que 1.100.000 personas menores de 18 años han sido desplazadas en los últimos 15 años.
Nuevo Código de Infancia
Para la Defensoría del Pueblo la sanción del Nuevo Código de la Infancia y la Adolescencia exige de las instituciones obligadas a la realización y protección de los derechos humanos de los niños y las niñas, coordinar esfuerzos de manera que las acciones que se emprendan logren que los efectos sean oportunos, eficientes y eficaces.
El Defensor del Pueblo, con ocasión de la celebración del “Día Universal del Niño”, ha considerado pertinente invitar a las instituciones del Estado, a las organizaciones de la sociedad civil y a las propias familias a que asuman integralmente su responsabilidad en la realización de los derechos fundamentales de nuestros niños y niñas, proponiéndoles adelantar todas las gestiones a que haya lugar para la implementación adecuada del nuevo Código de la Infancia y la Adolescencia.
Finalmente, el Defensor hace un llamado para que alcaldes, gobernadores acaten las disposiciones de la ley 1098 de 2006 y los postulados de la convención sobre los derechos del niño y asuman el compromiso de incluir en los planes de desarrollo territoriales y en sus correspondientes presupuestos medidas tendientes a obtener la protección real y efectiva de los derechos de los niños y las niñas.
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21 de noviembre de 2007La Defensoria del Pueblo presenta informe defensorial "La ciénaga de Palagua: recuperación de las zonas de ronda y zonas de manejo y preservación ambiental".
21 de noviembre de 2007 | EL 20 de noviembre
La ciénaga de Palagua, importante cuerpo hídrico localizado en el municipio de Puerto Boyacá, ha sufrido desde hace aproximadamente cincuenta años, alteraciones en su medio ambiente, en razón de la exploración y explotación petrolera y de otras situaciones relacionadas con asentamientos humanos, actividades agropecuarias y cambios en el uso del suelo. Con el fin de lograr una solución integral a la problemática de la Ciénaga, la Defensoría del Pueblo presenta el 20 de noviembre en el municipio de Puerto Boyacá, el Informe Defensorial “La ciénaga de Palagua: recuperación de las zona de ronda y zonas de manejo y preservación ambiental”.
La operación de los Campos Palagua y Velásquez y sus vertimientos en el suelo, los bajos inundables, las aguas subterráneas, causaron alteración en la flora, en la fauna, en los ecosistemas en general y contaminación del agua subterránea. La tarulla, gracias al continuo aporte de nutrientes a la ciénaga y a sus características regenerativas, invadió el espejo de agua y formó un tapón flotante, ocasionando dificultad en la circulación de canoas. De otro lado, el intercambio de oxígeno atmósfera - agua, ha favorecido la retención de sedimentos y nutrientes y producido el encerramiento de los bancos de peces y su disminución por causa de las condiciones anaerobias. La tarulla continúa sobre la ciénaga de Palagua sin que se haya emprendido un programa efectivo y constante para su remoción.
Producto de la mala disposición de residuos industriales y domésticos, por vertimientos de aguas residuales de las empresas y de las comunidades aledañas, se han deteriorado los bajos, la vegetación de la ciénaga y el suelo que la circunda. Debe terminarse con la contaminación, por los químicos usados para la agricultura, por los nitratos, así como la contaminación con fenoles.
En el fondo de la ciénaga permanecen desde hace más de 20 años, residuos de derrames de hidrocarburo, provenientes del oleoducto sumergido que la atravesaba. La ronda hidráulica que corresponde a una franja de 30 metros que debe respetarse como barrera natural, protectora, reguladora de los cauces del agua y retenedora de sedimentos, ha sido ocupada, en detrimento de las aves y de los peces, así como de las demás especies que tienen en ella su hábitat. Se recuerda la importancia de la preservación y manejo de la franja correspondiente a la ronda de la ciénaga, en cuanto a que de ello depende en gran medida que se eviten desastres, con pérdidas de vida y de bienes por causa de las inundaciones, en razón de la dinámica natural de flujo de aguas que existe entre el río Magdalena y la ciénaga de Palagua con sus afluentes.
Las ciénagas cumplen con las funciones hidrológicas y ecológicas de los humedales, contribuyen a la diversidad biológica y enriquecen el patrimonio cultural y paisajístico. Controlan las inundaciones, estabilizan las orillas, ayudan a la disminución de la erosión, aportan a la estabilización del clima y a la purificación del líquido mediante la retención de nutrientes, sedimentos y agentes contaminantes. También alojan una gran diversidad biológica al constituirse en hábitat de especies endémicas y de aves migratorias protegidas internacionalmente, muchas de las cuales se encuentran bajo amenaza de extinción.
El petróleo como recurso natural no renovable, representa una de las mayores riquezas para cualquier país; sin embargo, las actividades que se desarrollan en torno a su exploración, explotación, transporte y comercialización, llevan de manera intrínseca un riesgo para el medio ambiente, lo que hace de esta una actividad peligrosa, que requiere de gran diligencia en su ejecución. Por lo tanto es necesario adelantar esta actividad dentro del modelo de desarrollo sostenible, para bien de las generaciones presentes y futuras.
Existe una deuda ambiental con la ciénaga de Palagua que requiere medidas prontas para reparar el daño causado y evitar que se presenten otros en el futuro. Con este propósito y con el de garantizar el derecho la vida, a la salud, a gozar de un ambiente sano, al equilibrio ecológico, a la seguridad alimentaria y a la atención y prevención de desastres técnicamente previsibles, el Defensor del Pueblo recomienda no dilatar más el proceso de recuperación de la ciénaga de Palagua y emprender acciones concretas y concertadas, en torno al saneamiento predial, a la remoción de la tarulla, la definición del conflicto entre comunidades, el ajuste y la implementación del plan de manejo integral y la zonificación para definir usos.
La operación de los Campos Palagua y Velásquez y sus vertimientos en el suelo, los bajos inundables, las aguas subterráneas, causaron alteración en la flora, en la fauna, en los ecosistemas en general y contaminación del agua subterránea. La tarulla, gracias al continuo aporte de nutrientes a la ciénaga y a sus características regenerativas, invadió el espejo de agua y formó un tapón flotante, ocasionando dificultad en la circulación de canoas. De otro lado, el intercambio de oxígeno atmósfera - agua, ha favorecido la retención de sedimentos y nutrientes y producido el encerramiento de los bancos de peces y su disminución por causa de las condiciones anaerobias. La tarulla continúa sobre la ciénaga de Palagua sin que se haya emprendido un programa efectivo y constante para su remoción.
Producto de la mala disposición de residuos industriales y domésticos, por vertimientos de aguas residuales de las empresas y de las comunidades aledañas, se han deteriorado los bajos, la vegetación de la ciénaga y el suelo que la circunda. Debe terminarse con la contaminación, por los químicos usados para la agricultura, por los nitratos, así como la contaminación con fenoles.
En el fondo de la ciénaga permanecen desde hace más de 20 años, residuos de derrames de hidrocarburo, provenientes del oleoducto sumergido que la atravesaba. La ronda hidráulica que corresponde a una franja de 30 metros que debe respetarse como barrera natural, protectora, reguladora de los cauces del agua y retenedora de sedimentos, ha sido ocupada, en detrimento de las aves y de los peces, así como de las demás especies que tienen en ella su hábitat. Se recuerda la importancia de la preservación y manejo de la franja correspondiente a la ronda de la ciénaga, en cuanto a que de ello depende en gran medida que se eviten desastres, con pérdidas de vida y de bienes por causa de las inundaciones, en razón de la dinámica natural de flujo de aguas que existe entre el río Magdalena y la ciénaga de Palagua con sus afluentes.
Las ciénagas cumplen con las funciones hidrológicas y ecológicas de los humedales, contribuyen a la diversidad biológica y enriquecen el patrimonio cultural y paisajístico. Controlan las inundaciones, estabilizan las orillas, ayudan a la disminución de la erosión, aportan a la estabilización del clima y a la purificación del líquido mediante la retención de nutrientes, sedimentos y agentes contaminantes. También alojan una gran diversidad biológica al constituirse en hábitat de especies endémicas y de aves migratorias protegidas internacionalmente, muchas de las cuales se encuentran bajo amenaza de extinción.
El petróleo como recurso natural no renovable, representa una de las mayores riquezas para cualquier país; sin embargo, las actividades que se desarrollan en torno a su exploración, explotación, transporte y comercialización, llevan de manera intrínseca un riesgo para el medio ambiente, lo que hace de esta una actividad peligrosa, que requiere de gran diligencia en su ejecución. Por lo tanto es necesario adelantar esta actividad dentro del modelo de desarrollo sostenible, para bien de las generaciones presentes y futuras.
Existe una deuda ambiental con la ciénaga de Palagua que requiere medidas prontas para reparar el daño causado y evitar que se presenten otros en el futuro. Con este propósito y con el de garantizar el derecho la vida, a la salud, a gozar de un ambiente sano, al equilibrio ecológico, a la seguridad alimentaria y a la atención y prevención de desastres técnicamente previsibles, el Defensor del Pueblo recomienda no dilatar más el proceso de recuperación de la ciénaga de Palagua y emprender acciones concretas y concertadas, en torno al saneamiento predial, a la remoción de la tarulla, la definición del conflicto entre comunidades, el ajuste y la implementación del plan de manejo integral y la zonificación para definir usos.
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16 de noviembre de 2007Proyecto para prevenir, erradicar y sancionar toda forma de discriminación
16 de noviembre de 2007 | Comenzaron Audiencias Públicas
Esta semanaza comenzaron las Audiencias Públicas para debatir el proyecto de ley No. 040 “por medio del cual se adoptan medidas en desarrollo del artículo 13 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones para prevenir, erradicar y sancionar toda forma de discriminación” acumulado con el proyecto de ley no. 068 de 2007, senado, “por la cual se desarrolla el derecho a la igualdad y se dictan disposiciones para prevenir, erradicar y sancionar la discriminación”.
Colombia es, por disposición de la Constitución, una Nación pluriétnica y multicultural, con reconocimiento de derechos y garantías para todas las personas, sin distinción alguna. Sin embargo, esta declaración está aún lejos de ser una realidad material y una vivencia cotidiana para la gran mayoría de los colombianos. A las condiciones de marginalidad que impone la pobreza de la mayoría de la población, se agrega la interiorización de patrones, prejuicios e imaginarios que han generado por centurias el odio, la discriminación y la exclusión con fundamento en las más variadas razones, incluida la propia igualdad.
El proyecto define, a lo largo de 58 artículos, el contenido esencial de los derechos a la igualdad y a la no discriminación, y presenta un catálogo descriptivo de conductas discriminatorias, organizadas por criterio poblacional. Este catálogo de conductas tienen no sólo una finalidad jurídica, sino también un propósito pedagógico que consiste en describir las circunstancias de discriminación que afectan a numerosos habitantes del territorio nacional, bien sea por la edad; el origen familiar, nacional o regional; el sexo; algún tipo de discapacidad; la etnia; el color de la piel; la orientación sexual; situación de salud o condición social.
La voluntad institucional de incidir en la vigencia efectiva del derecho a la igualdad motivó la iniciativa defensorial para elaborar un proyecto de ley en torno a la igualdad y la no discriminación. Aunque el insumo primordial es el proyecto de Ley, radicado en el Congreso de la República bajo el número 068 de 2007, lo cierto es que su elaboración comportó un trabajo continuo y una labor de concertación y de construcción colectiva con los sectores interesados a lo largo de más de tres años. Del proceso hicieron parte más de 20 organizaciones sociales que se reunieron desde el año 2004 en un espacio que se autodesignó como “Grupo Antidiscriminación”.
El activismo y el esfuerzo continuo de estas organizaciones contribuyeron a posicionar el tema de la discriminación en Colombia, hasta el punto de que son varias las iniciativas que han hecho tránsito en el Congreso pero que, por múltiples razones, no se han convertido en leyes de la República. Justamente, la Defensoría ha constatado que no está sola en esta importante causa.
En el Informe de ponencia para Primer debate, se da cuenta de que la Mesa Directiva de la célula legislativa dispuso la acumulación del Proyecto de Ley No. 068 de 2007 con el Proyecto de Ley No. 040 de 2007, de autoría de la senadora Gina Parody D’Echeona y, en atención a que el tema desarrollado y las líneas esenciales de los proyectos eran coincidentes. La Defensoría considera que, ciertamente, el enfoque que anima ambas iniciativas se sustenta en una visión garantista y en un criterio integral del derecho a la igualdad y la no discriminación, en orden a visibilizar las prácticas y conductas que sustentan esta dinámica anómala de la sociedad colombiana, a promover conductas, procesos y mecanismos alternativos de tolerancia y respeto por la diferencia y, eventualmente, a sancionar las conductas estimadas como discriminatorias de cierta entidad.
El Defensor del Pueblo reitera la disposición de la Defensoría de comprometer sus voluntad institucional para apoyar el Proyecto de Ley por el cual se desarrolla el derecho a la igualdad y se dictan disposiciones para prevenir y sancionar la discriminación, tal como hasta ahora lo ha venido haciendo y lo evidencian más de tres años de trabajo sostenido y arduo con las organizaciones y grupos de personas de colectivos discriminados o en situación de discapacidad, cuyo concurso ha sido decisivo para la elaboración del proyecto.
Colombia es, por disposición de la Constitución, una Nación pluriétnica y multicultural, con reconocimiento de derechos y garantías para todas las personas, sin distinción alguna. Sin embargo, esta declaración está aún lejos de ser una realidad material y una vivencia cotidiana para la gran mayoría de los colombianos. A las condiciones de marginalidad que impone la pobreza de la mayoría de la población, se agrega la interiorización de patrones, prejuicios e imaginarios que han generado por centurias el odio, la discriminación y la exclusión con fundamento en las más variadas razones, incluida la propia igualdad.
El proyecto define, a lo largo de 58 artículos, el contenido esencial de los derechos a la igualdad y a la no discriminación, y presenta un catálogo descriptivo de conductas discriminatorias, organizadas por criterio poblacional. Este catálogo de conductas tienen no sólo una finalidad jurídica, sino también un propósito pedagógico que consiste en describir las circunstancias de discriminación que afectan a numerosos habitantes del territorio nacional, bien sea por la edad; el origen familiar, nacional o regional; el sexo; algún tipo de discapacidad; la etnia; el color de la piel; la orientación sexual; situación de salud o condición social.
La voluntad institucional de incidir en la vigencia efectiva del derecho a la igualdad motivó la iniciativa defensorial para elaborar un proyecto de ley en torno a la igualdad y la no discriminación. Aunque el insumo primordial es el proyecto de Ley, radicado en el Congreso de la República bajo el número 068 de 2007, lo cierto es que su elaboración comportó un trabajo continuo y una labor de concertación y de construcción colectiva con los sectores interesados a lo largo de más de tres años. Del proceso hicieron parte más de 20 organizaciones sociales que se reunieron desde el año 2004 en un espacio que se autodesignó como “Grupo Antidiscriminación”.
El activismo y el esfuerzo continuo de estas organizaciones contribuyeron a posicionar el tema de la discriminación en Colombia, hasta el punto de que son varias las iniciativas que han hecho tránsito en el Congreso pero que, por múltiples razones, no se han convertido en leyes de la República. Justamente, la Defensoría ha constatado que no está sola en esta importante causa.
En el Informe de ponencia para Primer debate, se da cuenta de que la Mesa Directiva de la célula legislativa dispuso la acumulación del Proyecto de Ley No. 068 de 2007 con el Proyecto de Ley No. 040 de 2007, de autoría de la senadora Gina Parody D’Echeona y, en atención a que el tema desarrollado y las líneas esenciales de los proyectos eran coincidentes. La Defensoría considera que, ciertamente, el enfoque que anima ambas iniciativas se sustenta en una visión garantista y en un criterio integral del derecho a la igualdad y la no discriminación, en orden a visibilizar las prácticas y conductas que sustentan esta dinámica anómala de la sociedad colombiana, a promover conductas, procesos y mecanismos alternativos de tolerancia y respeto por la diferencia y, eventualmente, a sancionar las conductas estimadas como discriminatorias de cierta entidad.
El Defensor del Pueblo reitera la disposición de la Defensoría de comprometer sus voluntad institucional para apoyar el Proyecto de Ley por el cual se desarrolla el derecho a la igualdad y se dictan disposiciones para prevenir y sancionar la discriminación, tal como hasta ahora lo ha venido haciendo y lo evidencian más de tres años de trabajo sostenido y arduo con las organizaciones y grupos de personas de colectivos discriminados o en situación de discapacidad, cuyo concurso ha sido decisivo para la elaboración del proyecto.
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9 de noviembre de 2007Estado Social y Ambiental del Departamento del Amazonas
9 de noviembre de 2007 | Audiencia Defensorial hoy en Leticia
Fortalecer la acción institucional en el departamento de Amazonas y promover procesos organizativos y de fortalecimiento de las comunidades y de gestión de las entidades departamentales, es el objetivo de una Audiencia Defensorial que la Delegada para los Derechos Colectivos y del Ambiente de la Defensoría del Pueblo dará a conocer hoy, viernes 9 de noviembre, en el Centro de Convivencia Ciudadana de Leticia, con la Resolución No. 50 “Estado Social y Ambiental del Departamento del Amazonas”.
El propósito fundamental de esta Resolución y de la Audiencia es proteger los derechos colectivos al goce de un ambiente sano, al equilibrio ecológico, al acceso a los servicios públicos y a que su prestación sea eficiente y oportuna, así como contribuir con el mejoramiento de la calidad de vida, el bienestar de la población y la vida digna de las comunidades del Amazonas.
La Defensoría del Pueblo insta a la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonía y a las organizaciones indígenas del departamento, a definir y poner en marcha los planes de manejo forestal dentro de sus territorios; a coordinar conjuntamente con el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial y las demás autoridades pertinentes, las acciones necesarias para controlar la explotación ilegal de oro en los diferentes ríos del departamento por parte de personas provenientes de Brasil.
Del mismo modo, la defensoría solicita a la Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales que defina coordinadamente con las comunidades y el concesionario del área turística del parque Amacayacu, los mecanismos de uso de las zonas concesionadas y de las actividades conexas que puedan afectar a esas comunidades.
Respecto a la prestación del servicio de salud, la Defensoría del Pueblo requiere a la Gobernación para que se dé solución a los problemas de infraestructura en las escuelas, centros educativos y los puestos de salud en las comunidades que están afectadas por el mal estado de estos; así mismo, se recomienda, que dentro de la Mesa Interadministrativa, se solicite a las tres ARS que cubren el departamento, adelantar brigadas conjuntas de salud para lograr mayor eficiencia y cobertura a la población.
El propósito fundamental de esta Resolución y de la Audiencia es proteger los derechos colectivos al goce de un ambiente sano, al equilibrio ecológico, al acceso a los servicios públicos y a que su prestación sea eficiente y oportuna, así como contribuir con el mejoramiento de la calidad de vida, el bienestar de la población y la vida digna de las comunidades del Amazonas.
La Defensoría del Pueblo insta a la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonía y a las organizaciones indígenas del departamento, a definir y poner en marcha los planes de manejo forestal dentro de sus territorios; a coordinar conjuntamente con el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial y las demás autoridades pertinentes, las acciones necesarias para controlar la explotación ilegal de oro en los diferentes ríos del departamento por parte de personas provenientes de Brasil.
Del mismo modo, la defensoría solicita a la Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales que defina coordinadamente con las comunidades y el concesionario del área turística del parque Amacayacu, los mecanismos de uso de las zonas concesionadas y de las actividades conexas que puedan afectar a esas comunidades.
Respecto a la prestación del servicio de salud, la Defensoría del Pueblo requiere a la Gobernación para que se dé solución a los problemas de infraestructura en las escuelas, centros educativos y los puestos de salud en las comunidades que están afectadas por el mal estado de estos; así mismo, se recomienda, que dentro de la Mesa Interadministrativa, se solicite a las tres ARS que cubren el departamento, adelantar brigadas conjuntas de salud para lograr mayor eficiencia y cobertura a la población.
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28 de octubre de 2007Defensoría del Pueblo destacó normalidad en jornada electoral
28 de octubre de 2007 | Se lograron habilitar 2.837 electores
“Esta fue una jornada electoral sin mayores contratiempos y donde las medidas de seguridad implementadas fueron efectivas para mitigar los riesgos y amenazas contra el derecho fundamental de elegir y ser elegido”, dijo el Defensor del Pueblo, Vólmar Pérez Ortiz, al tiempo que destacó el valor cívico de la ciudadanía en esta jornada democrática.
Según el Sistema de Alertas Tempranas (SAT) de la Defensoría del Pueblo, al medio día de hoy se habían presentado los siguientes hechos: un bus incendiado en Ibagué (Tolima); voladura de 2 torres de energía y dos buses quemados en Ricaurte (Nariño); la explosión de una granada de fragmentación que dejó una mujer herida en Villavicencio (Meta); un petardo explotó en Nariño (Antioquia) y la voladura de dos torres de energía en Cocorná (Antioquia).
En Salento (Quindío) un candidato a la Asamblea del Tolima que había sido secuestrado la semana pasada fue encontrado por el Ejército, mientras en Jamundí (Valle) una balacera dejó un muerto y dos heridos. La Armada Nacional incautó 60 kilos de explosivos en cercanías a la cabecera municipal de Puerto Leguízamo (Putumayo).
Se conoce de enfrentamientos entre el Ejército y las FARC en Sipí (Chocó); entre la Armada y las Farc en Carmen de Bolívar), y entre el Ejercito y las FARC en Ituango (Antioquia).
En lo relacionado con amenazas, delegados de la Registraduría renunciaron en Argelia (Cauca) por amenazas de las FARC; en Samaná (Caldas) las amenazas provocaron la disminución del transporte público y en Riosucio y Bagadó (Chocó) y Dolores y Chaparral (Tolima), las amenazas de las FARC impidieron la realización de los comicios.
Adicionalmente, en Argelia (Cauca), un agente de policía y una menor de edad fueron asesinados presuntamente por las FARC.
La Defensoría también supo sobre retrasos en los comicios porque no llegó a tiempo la papelería en seis poblaciones chocoanas; en Convención y San Calixto (Norte de Santander); en Aracataca (Magdalena); en María Angola (Cesar) y en Nechí y San Luis (Antioquia).
En las inspecciones de Policía de Mecayá y Sencella, en Puerto Leguízamo (Putumayo) delegados de la Registraduría y la papelería electoral fueron retenidos al parecer por las FARC, acción que produjo enfrentamientos con la Fuerza Pública.
También se presentaron alteraciones del orden en Gaira (Magdalena) donde pobladores bloquearon la vía por problemas de inundaciones, mientras que en Valle San Juan (Tolima) opositores al actual alcalde bloquearon las vías de acceso a la población e impidieron el normal desarrollo de los comicios.
Electores habilitados
Por otra parte, la Defensoría del Pueblo desarrolló distintas gestiones en la adopción de medidas para garantizar los derechos fundamentales que involucra el actual proceso electoral.
La Entidad hizo la respectiva gestión para habilitar, a través de la coadyuvancia de tutelas, 2.837 electores, cuyas inscripciones de cédulas habían sido declaradas nulas por el Consejo Nacional Electoral (509 en Antioquia, 38 en Barrancabermeja y 2.290 en Guaviare).
Según el Sistema de Alertas Tempranas (SAT) de la Defensoría del Pueblo, al medio día de hoy se habían presentado los siguientes hechos: un bus incendiado en Ibagué (Tolima); voladura de 2 torres de energía y dos buses quemados en Ricaurte (Nariño); la explosión de una granada de fragmentación que dejó una mujer herida en Villavicencio (Meta); un petardo explotó en Nariño (Antioquia) y la voladura de dos torres de energía en Cocorná (Antioquia).
En Salento (Quindío) un candidato a la Asamblea del Tolima que había sido secuestrado la semana pasada fue encontrado por el Ejército, mientras en Jamundí (Valle) una balacera dejó un muerto y dos heridos. La Armada Nacional incautó 60 kilos de explosivos en cercanías a la cabecera municipal de Puerto Leguízamo (Putumayo).
Se conoce de enfrentamientos entre el Ejército y las FARC en Sipí (Chocó); entre la Armada y las Farc en Carmen de Bolívar), y entre el Ejercito y las FARC en Ituango (Antioquia).
En lo relacionado con amenazas, delegados de la Registraduría renunciaron en Argelia (Cauca) por amenazas de las FARC; en Samaná (Caldas) las amenazas provocaron la disminución del transporte público y en Riosucio y Bagadó (Chocó) y Dolores y Chaparral (Tolima), las amenazas de las FARC impidieron la realización de los comicios.
Adicionalmente, en Argelia (Cauca), un agente de policía y una menor de edad fueron asesinados presuntamente por las FARC.
La Defensoría también supo sobre retrasos en los comicios porque no llegó a tiempo la papelería en seis poblaciones chocoanas; en Convención y San Calixto (Norte de Santander); en Aracataca (Magdalena); en María Angola (Cesar) y en Nechí y San Luis (Antioquia).
En las inspecciones de Policía de Mecayá y Sencella, en Puerto Leguízamo (Putumayo) delegados de la Registraduría y la papelería electoral fueron retenidos al parecer por las FARC, acción que produjo enfrentamientos con la Fuerza Pública.
También se presentaron alteraciones del orden en Gaira (Magdalena) donde pobladores bloquearon la vía por problemas de inundaciones, mientras que en Valle San Juan (Tolima) opositores al actual alcalde bloquearon las vías de acceso a la población e impidieron el normal desarrollo de los comicios.
Electores habilitados
Por otra parte, la Defensoría del Pueblo desarrolló distintas gestiones en la adopción de medidas para garantizar los derechos fundamentales que involucra el actual proceso electoral.
La Entidad hizo la respectiva gestión para habilitar, a través de la coadyuvancia de tutelas, 2.837 electores, cuyas inscripciones de cédulas habían sido declaradas nulas por el Consejo Nacional Electoral (509 en Antioquia, 38 en Barrancabermeja y 2.290 en Guaviare).
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25 de octubre de 2007Defensoría recibirá quejas sobre proceso electoral del domingo
25 de octubre de 2007 | Funcionarios laborarán en jornada continua en todas sus 35 oficinas Regionales y Seccionales
El Defensor del Pueblo, Vólmar Pérez Ortiz, informa a la ciudadanía en general que el próximo domingo, 28 de octubre de 2007, los equipos de funcionarios y servidores de la Defensoría del Pueblo laborarán en jornada continua en todas sus 35 oficinas Regionales y Seccionales con el fin de atender las quejas, las peticiones y los reclamos que los ciudadanos tengan a bien formular en la seguridad de que serán tramitadas en forma inmediata ante la autoridad electoral, la fuerza publica, la Procuraduría General y a Fiscalía General de la Nación, según el caso.
La Defensoría del Pueblo recuerda que los proceso electoral son espacios en los cuales se ejerce el derecho fundamental de elegir y ser elegido, lo mismo que el derecho a la participación ciudadana. Por consiguiente los ciudadanos, a través del derecho al sufragio, elegirán a quienes consideren los representen de la mejor manera en los Concejos municipales, las Asambleas departamentales, las Juntas Administradoras Locales (JAL), lo mismo que en las Alcaldías y Gobernaciones de los departamentos.
Por tal razón, los equipos de funcionarios de la Defensoría del Pueblo de las 35 oficinas regionales y seccionales le harán el acompañamiento correspondiente a las comunidades; orientarán a los ciudadanos y ciudadanas sobre las garantías para el ejercicio del derecho fundamental de elegir y ser elegido y para quienes tengan a bien presentar denuncias, se ha dispuesto un equipo especial de asesores de la Dirección Nacional de Atención y Trámite de Quejas de la Defensoría que podrá contactar a través de los teléfonos Línea Gratuita: 018000914814. Bogotá D.C., PBX 317300 ext. 2332, 2115, 2213, 2235, 2239.
La Entidad hará presencia en los centros de mayor votación, o que ofrezcan un mayor riesgo, lo mismo que en los centros especiales de reclusión para velar por la prevención de amenazas o violaciones que se puedan presentar contra el derecho al sufragio
El Defensor del Pueblo ha impartido precisas instrucciones y ha señalado directrices a las oficinas Regionales y Seccionales, 35 en todo el país, sobre el contenido y alcance del derecho a elegir y ser elegido, y ha instado a las autoridades competentes a garantizar el ejercicio del derecho fundamental de elegir en los comités nacionales, regionales y municipales de garantías electorales.
La Defensoría ha elaborado un mapa de riesgos electorales para identificar y prevenir los escenarios en los que se puedan presentar hechos de violencia.
Electores habilitados
Por otra parte, la Defensoría del Pueblo ha desarrollado distintas gestiones en la adopción de medidas para garantizar los derechos fundamentales que involucra el actual proceso electoral.
El pasado miércoles la Entidad hizo la respectiva gestión para que se diera cumplimiento al Fallo de Tutela del Tribunal Administrativo de Antioquia que ordenó
la rehabilitación de 507 electores.
Mientras tanto, en Barrancabermeja la Defensoría coadyuvó una tutela que rehabilitó a 38 ciudadanos para ejercer el derecho al voto el próximo 28 de octubre
Igualmente, en el departamento de Guaviare, la Defensoría Seccional ganó una tutela que rehabilitó el derecho a elegir de 2.290 ciudadanos que habían sido privados de este derecho por el Consejo Nacional Electoral.
La Defensoría del Pueblo recuerda que los proceso electoral son espacios en los cuales se ejerce el derecho fundamental de elegir y ser elegido, lo mismo que el derecho a la participación ciudadana. Por consiguiente los ciudadanos, a través del derecho al sufragio, elegirán a quienes consideren los representen de la mejor manera en los Concejos municipales, las Asambleas departamentales, las Juntas Administradoras Locales (JAL), lo mismo que en las Alcaldías y Gobernaciones de los departamentos.
Por tal razón, los equipos de funcionarios de la Defensoría del Pueblo de las 35 oficinas regionales y seccionales le harán el acompañamiento correspondiente a las comunidades; orientarán a los ciudadanos y ciudadanas sobre las garantías para el ejercicio del derecho fundamental de elegir y ser elegido y para quienes tengan a bien presentar denuncias, se ha dispuesto un equipo especial de asesores de la Dirección Nacional de Atención y Trámite de Quejas de la Defensoría que podrá contactar a través de los teléfonos Línea Gratuita: 018000914814. Bogotá D.C., PBX 317300 ext. 2332, 2115, 2213, 2235, 2239.
La Entidad hará presencia en los centros de mayor votación, o que ofrezcan un mayor riesgo, lo mismo que en los centros especiales de reclusión para velar por la prevención de amenazas o violaciones que se puedan presentar contra el derecho al sufragio
El Defensor del Pueblo ha impartido precisas instrucciones y ha señalado directrices a las oficinas Regionales y Seccionales, 35 en todo el país, sobre el contenido y alcance del derecho a elegir y ser elegido, y ha instado a las autoridades competentes a garantizar el ejercicio del derecho fundamental de elegir en los comités nacionales, regionales y municipales de garantías electorales.
La Defensoría ha elaborado un mapa de riesgos electorales para identificar y prevenir los escenarios en los que se puedan presentar hechos de violencia.
Electores habilitados
Por otra parte, la Defensoría del Pueblo ha desarrollado distintas gestiones en la adopción de medidas para garantizar los derechos fundamentales que involucra el actual proceso electoral.
El pasado miércoles la Entidad hizo la respectiva gestión para que se diera cumplimiento al Fallo de Tutela del Tribunal Administrativo de Antioquia que ordenó
la rehabilitación de 507 electores.
Mientras tanto, en Barrancabermeja la Defensoría coadyuvó una tutela que rehabilitó a 38 ciudadanos para ejercer el derecho al voto el próximo 28 de octubre
Igualmente, en el departamento de Guaviare, la Defensoría Seccional ganó una tutela que rehabilitó el derecho a elegir de 2.290 ciudadanos que habían sido privados de este derecho por el Consejo Nacional Electoral.
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23 de octubre de 2007Defensoría presenta Informe Especial de Riesgo Electoral
23 de octubre de 2007 | 310 municipios del país están en alto riesgo
Un Informe Especial de Riesgo - Elecciones 2007, en el que se identifican 310 municipios del país en alto riesgo con ocasión del actual proceso electoral, 87 en riesgo medio y seis en riesgo bajo, fue presentado esta semana a la Comisión Nacional de Seguimiento Electoral por Vólmar Pérez Ortiz, Defensor del Pueblo.
Este Informe Especial, complementa el mapa de riesgo electoral entregado por la Defensoría del Pueblo, en los meses junio y julio de 2007 al Ministerio del Interior y de Justicia, a la Comisión Nacional de Seguimiento Electoral y a la Unidad de Reacción Inmediata Electoral (URIEL) para la adopción de medidas de prevención y protección en aras de garantizar el derecho a la vida, a la integridad y libertad personales y, los derechos políticos de los ciudadanos y ciudadanas que residen en las regiones señaladas en riesgo.
El Informe contiene tres partes: La primera, describe el panorama de riesgo por la incidencia del conflicto armado en el proceso electoral; la segunda parte, alude a los factores de riesgo que no se atribuyen necesariamente a grupos armados ilegales pero que afectan de igual modo el derecho fundamental de elegir y ser elegido y/o que atentan contra el normal desarrollo del proceso electoral, y la tercera parte, contiene un instructivo elaborado por la Dirección Nacional de Atención y Trámite de Quejas y la Defensoría Delegada para la Evaluación de Riesgos de la Población Civil, sobre la prevención y protección de los derechos políticos.
Para llevar a cabo este diagnóstico, la Defensoría del Pueblo, a través del Sistema de Alertas Tempranas (SAT), monitoreó, entre otras, las siguientes variables: municipios o localidades donde se han presentado amenazas, atentados, secuestros, desapariciones y homicidios, contra dirigentes políticos, precandidatos o candidatos a cargos de elección popular, funcionarios públicos y autoridades electorales; municipios o localidades donde los alcaldes, personeros o concejales municipales están ejerciendo funciones desde la capital del departamento o desde otras municipalidades; municipios o localidades donde los candidatos han renunciado; municipios o localidades donde se han tomado fuertes medidas de seguridad para los candidatos a corporaciones públicas; municipios en los que se pueden presentar dificultades con relación al proceso electoral a partir de la disputa territorial de los grupos armados ilegales, presencia o hegemonía de un nuevo actor armado ilegal y, municipios donde se presentarán anomalías o irregularidades con motivo del proceso electoral o como acción derivada del conflicto armado.
Los departamentos que registran un mayor alto riesgo por la interferencia de los grupos armados ilegales en el proceso electoral son: Putumayo, Caquetá, Nariño, Huila, Cauca, Valle del Cauca, Arauca, Meta, Vichada, Tolima, Santander, Antioquia, Magdalena, Atlántico, Bolívar, Córdoba, Sucre y Chocó.
La Defensoría del Pueblo ante los escenarios identificados llama la atención de las autoridades electorales y gubernamentales, a los partidos políticos y a la sociedad en general para adoptar e implementar medidas que permitan de manera eficaz reducir o prevenir los riesgos electorales y garantizar el libre y transparente certamen democrático.
Entre las recomendaciones formuladas están las relacionadas con la presencia focalizada de autoridades públicas en circunscripciones, zonas o puestos de votación, con nivel de riesgo alto, la entrega de cédulas durante la jornada electoral, garantizar el derecho al voto de los desplazados y la suspensión del uso de la tinta indeleble en los municipios de mayor riesgo, entre otras.
Este Informe Especial, complementa el mapa de riesgo electoral entregado por la Defensoría del Pueblo, en los meses junio y julio de 2007 al Ministerio del Interior y de Justicia, a la Comisión Nacional de Seguimiento Electoral y a la Unidad de Reacción Inmediata Electoral (URIEL) para la adopción de medidas de prevención y protección en aras de garantizar el derecho a la vida, a la integridad y libertad personales y, los derechos políticos de los ciudadanos y ciudadanas que residen en las regiones señaladas en riesgo.
El Informe contiene tres partes: La primera, describe el panorama de riesgo por la incidencia del conflicto armado en el proceso electoral; la segunda parte, alude a los factores de riesgo que no se atribuyen necesariamente a grupos armados ilegales pero que afectan de igual modo el derecho fundamental de elegir y ser elegido y/o que atentan contra el normal desarrollo del proceso electoral, y la tercera parte, contiene un instructivo elaborado por la Dirección Nacional de Atención y Trámite de Quejas y la Defensoría Delegada para la Evaluación de Riesgos de la Población Civil, sobre la prevención y protección de los derechos políticos.
Para llevar a cabo este diagnóstico, la Defensoría del Pueblo, a través del Sistema de Alertas Tempranas (SAT), monitoreó, entre otras, las siguientes variables: municipios o localidades donde se han presentado amenazas, atentados, secuestros, desapariciones y homicidios, contra dirigentes políticos, precandidatos o candidatos a cargos de elección popular, funcionarios públicos y autoridades electorales; municipios o localidades donde los alcaldes, personeros o concejales municipales están ejerciendo funciones desde la capital del departamento o desde otras municipalidades; municipios o localidades donde los candidatos han renunciado; municipios o localidades donde se han tomado fuertes medidas de seguridad para los candidatos a corporaciones públicas; municipios en los que se pueden presentar dificultades con relación al proceso electoral a partir de la disputa territorial de los grupos armados ilegales, presencia o hegemonía de un nuevo actor armado ilegal y, municipios donde se presentarán anomalías o irregularidades con motivo del proceso electoral o como acción derivada del conflicto armado.
Los departamentos que registran un mayor alto riesgo por la interferencia de los grupos armados ilegales en el proceso electoral son: Putumayo, Caquetá, Nariño, Huila, Cauca, Valle del Cauca, Arauca, Meta, Vichada, Tolima, Santander, Antioquia, Magdalena, Atlántico, Bolívar, Córdoba, Sucre y Chocó.
La Defensoría del Pueblo ante los escenarios identificados llama la atención de las autoridades electorales y gubernamentales, a los partidos políticos y a la sociedad en general para adoptar e implementar medidas que permitan de manera eficaz reducir o prevenir los riesgos electorales y garantizar el libre y transparente certamen democrático.
Entre las recomendaciones formuladas están las relacionadas con la presencia focalizada de autoridades públicas en circunscripciones, zonas o puestos de votación, con nivel de riesgo alto, la entrega de cédulas durante la jornada electoral, garantizar el derecho al voto de los desplazados y la suspensión del uso de la tinta indeleble en los municipios de mayor riesgo, entre otras.
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18 de octubre de 2007Defensor condenó Masacre en Chocó
18 de octubre de 2007 | Siete personas fueron asesinadas en Itsmina. Tres más quedaron heridas
El asesinato de siete mineros ocurrido ayer en zona rural de Itsmina, departamento del Chocó, fue condenado enérgicamente hoy por el Defensor del Pueblo, Vólmar Pérez Ortiz, quien agregó que “estos hechos reclaman una acción decidida de la Fuerza Pública para garantizar la protección que reclaman las comunidades”.
Al mismo tiempo, el Defensor solicitó de los cuerpos de investigación del Estado “adelantar con la eficacia que se requiere, la investigación correspondiente para esclarecer estos hechos lamentables y evitar que queden en la impunidad”.
Al parecer, miembros del grupo armado ilegal “Los Rastrojos”, dispararon contra diez campesinos afrocolombianos ayer miércoles en la finca La Matraca, vereda de Paitó, corregimiento de Basurú, en el corregimiento de Itsmina (Chocó), según pudo confirmar la Defensoría del Pueblo de la Regional Chocó.
Los afectados habían sido contratados el pasado domingo 14 de octubre, en Quibdó, al parecer en forma engañosa para trabajar en minería en Itsmina, pero al llegar a Itsmina fueron puestos a laborar en actividades de siembra y recolección de cultivos ilícitos.
En la masacre murieron siete de los afrocolombianos: José Chalá, Guillermo Santos, Roque Bamboa, Damilson Palacios, un ingeniero NN, Heiler y su padre NN. Tres más, que parecían muertos (Juan Bautista Moya, Juan Rodríguez Córdoba y Erinson Chaverra Mosquera), quedaron malheridos y se encuentran internados en el hospital de San Francisco de Asís en Quibdó.
Informe de Riesgo
En Nota de seguimiento (007 del 7 de febrero de 2007) sobre el Informe de Riesgo No 024 del 30 de mayo de 2006, el Sistema de Alertas Tempranas (SAT) de la Defensoría del Pueblo alertó sobre nuevos escenarios de riesgo en los municipios de Sipí, Medio San Juan e Istmina (Chocó) y le solicitó al Comité Interinstitucional de Alertas Tempranas (CIAT), “mantener la Alerta Temprana, y que reitere, a las autoridades del orden nacional, departamental y local, las recomendaciones formuladas por el SAT, especialmente las que tienen que ver con la adopción de medidas integrales efectivas para disuadir, alejar o mitigar el riesgo y garantizar la plena vigencia de los derechos fundamentales de la población civil”.
En la misma nota de seguimiento, el SAT hizo una serie de recomendaciones al Alto Comisionado para la paz, a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, al Ministerio de Educación Nacional y a la Agencia Presidencial para la Acción Social.
La guerra tiene límites
Preocupa a la Defensoría y especialmente a los habitantes del Chocó, la bárbara acción cometida contra indefensos campesinos, lo que ha generado temor y angustia entre todos los habitantes de la zona.
El Defensor del Pueblo recordó que “la guerra tiene límites y es imperioso el acatamiento del Derecho Internacional Humanitario (DIH), por parte de todos los actores del conflicto armado. Este tipo de acciones infringen en forma grave la normativa humanitaria (art. 3 Común y art. 13 del Protocolo II), por cuanto constituyen un ataque indiscriminado contra la población civil y selectivo contra personas protegidas”.
La Defensoría del Pueblo requiere de las autoridades del ramo, en especial de la Fuerza Pública, adoptar con carácter urgente las medidas, planes y programas que sean necesarios para prevenir estas acciones criminales y el posible desplazamiento de los familiares y amigos de las víctimas que permanecen atemorizados por los hechos violentos recientemente ocurridos.
Al mismo tiempo, el Defensor solicitó de los cuerpos de investigación del Estado “adelantar con la eficacia que se requiere, la investigación correspondiente para esclarecer estos hechos lamentables y evitar que queden en la impunidad”.
Al parecer, miembros del grupo armado ilegal “Los Rastrojos”, dispararon contra diez campesinos afrocolombianos ayer miércoles en la finca La Matraca, vereda de Paitó, corregimiento de Basurú, en el corregimiento de Itsmina (Chocó), según pudo confirmar la Defensoría del Pueblo de la Regional Chocó.
Los afectados habían sido contratados el pasado domingo 14 de octubre, en Quibdó, al parecer en forma engañosa para trabajar en minería en Itsmina, pero al llegar a Itsmina fueron puestos a laborar en actividades de siembra y recolección de cultivos ilícitos.
En la masacre murieron siete de los afrocolombianos: José Chalá, Guillermo Santos, Roque Bamboa, Damilson Palacios, un ingeniero NN, Heiler y su padre NN. Tres más, que parecían muertos (Juan Bautista Moya, Juan Rodríguez Córdoba y Erinson Chaverra Mosquera), quedaron malheridos y se encuentran internados en el hospital de San Francisco de Asís en Quibdó.
Informe de Riesgo
En Nota de seguimiento (007 del 7 de febrero de 2007) sobre el Informe de Riesgo No 024 del 30 de mayo de 2006, el Sistema de Alertas Tempranas (SAT) de la Defensoría del Pueblo alertó sobre nuevos escenarios de riesgo en los municipios de Sipí, Medio San Juan e Istmina (Chocó) y le solicitó al Comité Interinstitucional de Alertas Tempranas (CIAT), “mantener la Alerta Temprana, y que reitere, a las autoridades del orden nacional, departamental y local, las recomendaciones formuladas por el SAT, especialmente las que tienen que ver con la adopción de medidas integrales efectivas para disuadir, alejar o mitigar el riesgo y garantizar la plena vigencia de los derechos fundamentales de la población civil”.
En la misma nota de seguimiento, el SAT hizo una serie de recomendaciones al Alto Comisionado para la paz, a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, al Ministerio de Educación Nacional y a la Agencia Presidencial para la Acción Social.
La guerra tiene límites
Preocupa a la Defensoría y especialmente a los habitantes del Chocó, la bárbara acción cometida contra indefensos campesinos, lo que ha generado temor y angustia entre todos los habitantes de la zona.
El Defensor del Pueblo recordó que “la guerra tiene límites y es imperioso el acatamiento del Derecho Internacional Humanitario (DIH), por parte de todos los actores del conflicto armado. Este tipo de acciones infringen en forma grave la normativa humanitaria (art. 3 Común y art. 13 del Protocolo II), por cuanto constituyen un ataque indiscriminado contra la población civil y selectivo contra personas protegidas”.
La Defensoría del Pueblo requiere de las autoridades del ramo, en especial de la Fuerza Pública, adoptar con carácter urgente las medidas, planes y programas que sean necesarios para prevenir estas acciones criminales y el posible desplazamiento de los familiares y amigos de las víctimas que permanecen atemorizados por los hechos violentos recientemente ocurridos.
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16 de octubre de 2007Diagnóstico sobre calidad de agua para consumo humano
16 de octubre de 2007 | Presentó Defensoría del Pueblo
Con el propósito de garantizar el pleno ejercicio del derecho al agua, la Defensoría del Pueblo presenta por tercer año consecutivo, en el marco del derecho humano al agua y con base en el Decreto 475 de 1998, el Diagnóstico sobre calidad de agua para consumo humano, correspondiente al primer semestre de 2007.
Para el desarrollo de este informe, se tomaron como base los resultados de 17.826 muestras que analizaron los parámetros microbiológicos y 12.977 de los parámetros fisicoquímicos de 952 cabeceras municipales, del total de los 1.099 municipios del país, suministradas por las secretarías de salud de los departamentos.
Estos datos representan cerca del 86,6% del total de los municipios, que albergan 30 millones de habitantes de un total de 32 millones que residen en las zonas urbanas, incluyendo a Bogotá D.C.
Resultados en los municipios
De las pruebas analizadas en las 951 cabeceras municipales, sin incluir la capital del país, se concluye que no se suministra agua apta para el consumo humano en el 79% de las reportadas, 748 municipios que cuentan con 13 millones de habitantes; aunque no cumplen, se encuentran muy cercanos de hacerlo 90 municipios con 3.7 millones de habitantes que representan el 9% de los municipios. De otro lado, en el 12% que corresponde a 113 cabeceras municipales, con una población de 6 millones de habitantes, se suministra agua potable.
Cabe anotar que de los 838 municipios donde no se suministra agua potable en el país, es decir, los que se encuentran cercanos y los que suministran agua de mala calidad, corresponden a las tres cuartas partes del país. La mayor deficiencia se presenta en los parámetros fisicoquímicos puesto que incumplen la norma en el 86% de los municipios, mientras que los resultados microbiológicos lo hacen en el 75% de los casos analizados.
Una vez adelantada la comparación de los tres diagnósticos elaborados en el 2005, en el 2006 y en el 2007, se encontró una disminución en el número de cabeceras municipales que cumplen, pues se pasó de 171 en el 2005 a 82 en el 2006, con una variación de 10 millones de habitantes beneficiados a 5.1 millones. En parte, esta disminución obedece al reporte que hizo la Secretaría de Salud del Huila, en el cual mencionó el suministro de agua apta en las 33 cabeceras municipales de su departamento, y en el año siguiente, la mayoría de los municipios incumplen.
Para el 2007, se aumenta de manera notoria el número de municipios que consumen agua segura, ya que de 82 que cumplían en el 2006, correspondientes al 8.6% de los municipios de Colombia, se pasa a 113 en el 2007, que son el 11.9%, con una población beneficiada de 6.3 millones de habitantes, entre los cuales se encuentran capitales como Cali e Ibagué, que el año anterior no habían reportado.
En cuanto a los municipios que no cumplen con los parámetros de potabilidad, se observa un porcentaje de incumplimiento del 73.4% para el 2005, equivalentes a 704 zonas urbanas, luego aumentó a 801 municipios (83.9%) y una ligera disminución de incumplimiento correspondiente
a 748 municipios (78.7%). En cuanto a la población que se afecta por no cumplirse la norma, se nota un incremento entre el primer año reportado y el último, ya que de 8.9 millones habitantes en el 2005, se incrementa a 13.millones en el 2007. Este incremento se explica con el reporte de Cartagena, Neiva, Bucaramanga y Medellín, que son capitales que incumplen, cuyos datos no habían sido considerados y que inciden en el resultado.
En relación con el municipio de Ragonvalia, del Norte de Santander, que durante el año 2006 registró el más alto porcentaje en cuanto a consumo de agua con riesgo para la salud humana, en el presente informe, la población del municipio sigue consumiendo agua con mala calidad, pero los porcentajes de cumplimiento mejoraron con respecto al año 2006.
La obligación del Estado de suministrar agua apta para el consumo humano al usuario debe ser atendida tanto en la salida de la planta de tratamiento como en la red. Este compromiso le corresponde al municipio (a las alcaldías) y al ente prestador del servicio, en tanto que el usuario tiene el deber de asegurar que en las instalaciones de almacenamiento se mantengan las condiciones para preservar el agua con la calidad segura para su consumo; sin embargo, las secretarías de salud, los alcaldes municipales y los entes prestadores del servicio, tienen la obligación de educar y de orientarlos sobre el mantenimiento adecuado de la infraestructura domiciliaria, en particular sobre los sitios de almacenamiento doméstico.
Resultados en los departamentos
Si se compara el promedio departamental de calidad del agua que se consume, diferenciando los parámetros microbiológicos y fisicoquímicos, se aprecia un crecimiento del promedio de calidad de agua para consumo humano del 14.5% entre los años 2005 y 2007, desde el punto de vista microbiológico. En sentido contrario el parámetro fisicoquímico decreció en calidad para el mismo período en un 19.4%.
Los departamentos con el mayor número de municipios en los que se suministra agua apta para su consumo, son en su orden: Quindío - 91,7% -, Valle -78,6% - y Caldas - 63% -. Se destaca que estos departamentos durante los tres años evaluados han mostrado una alta calidad de agua para consumo humano. En el resto de departamentos no se surte agua segura para su consumo en la mayoría de los municipios que lo conforman.
De otro lado, los departamentos de Vichada, Vaupés, Santander, Putumayo, Archipiélago de San Andrés, Nariño, Meta, Guaviare, La Guajira, Guainía, Córdoba, Chocó, Caquetá, Cauca, Boyacá, Bolívar, Atlántico, Arauca y Amazonas no se abastece agua segura en ninguno de sus municipios.
De acuerdo con lo anterior, la mayor parte de los departamentos no muestran mejoría en la calidad de agua para consumo humano; solamente los departamentos del Valle del Cauca y de Cundinamarca han mejorado la calidad de agua. Esto se hace evidente en el incremento del número de municipios de estos departamentos que consumen agua potable y en el aumento del promedio departamental de calidad microbiológica y fisicoquímica. Los otros departamentos que han venido mejorando en ambos parámetros aunque en menor proporción son Arauca, Caquetá, Casanare, Risaralda y Tolima.
En el departamento del Quindío, sólo un municipio, Pijao, no cumple con las normas de calidad de agua para consumo humano. Sin embargo dentro de su plan de acción se tiene como prioridad el mejoramiento de la calidad de agua que se suministra a la población.
Resultados en Bogotá, D.C.
En cuanto al Distrito Capital de Bogotá, para este estudio se trata de manera independiente, debido a que no fueron considerados los años anteriores, así mismo porque cuenta con más de siete millones de personas y por el significativo cumplimiento de la normatividad, que alcanza el 100%, se podrían tergiversar los resultados.
Para el desarrollo de este informe, se tomaron como base los resultados de 17.826 muestras que analizaron los parámetros microbiológicos y 12.977 de los parámetros fisicoquímicos de 952 cabeceras municipales, del total de los 1.099 municipios del país, suministradas por las secretarías de salud de los departamentos.
Estos datos representan cerca del 86,6% del total de los municipios, que albergan 30 millones de habitantes de un total de 32 millones que residen en las zonas urbanas, incluyendo a Bogotá D.C.
Resultados en los municipios
De las pruebas analizadas en las 951 cabeceras municipales, sin incluir la capital del país, se concluye que no se suministra agua apta para el consumo humano en el 79% de las reportadas, 748 municipios que cuentan con 13 millones de habitantes; aunque no cumplen, se encuentran muy cercanos de hacerlo 90 municipios con 3.7 millones de habitantes que representan el 9% de los municipios. De otro lado, en el 12% que corresponde a 113 cabeceras municipales, con una población de 6 millones de habitantes, se suministra agua potable.
Cabe anotar que de los 838 municipios donde no se suministra agua potable en el país, es decir, los que se encuentran cercanos y los que suministran agua de mala calidad, corresponden a las tres cuartas partes del país. La mayor deficiencia se presenta en los parámetros fisicoquímicos puesto que incumplen la norma en el 86% de los municipios, mientras que los resultados microbiológicos lo hacen en el 75% de los casos analizados.
Una vez adelantada la comparación de los tres diagnósticos elaborados en el 2005, en el 2006 y en el 2007, se encontró una disminución en el número de cabeceras municipales que cumplen, pues se pasó de 171 en el 2005 a 82 en el 2006, con una variación de 10 millones de habitantes beneficiados a 5.1 millones. En parte, esta disminución obedece al reporte que hizo la Secretaría de Salud del Huila, en el cual mencionó el suministro de agua apta en las 33 cabeceras municipales de su departamento, y en el año siguiente, la mayoría de los municipios incumplen.
Para el 2007, se aumenta de manera notoria el número de municipios que consumen agua segura, ya que de 82 que cumplían en el 2006, correspondientes al 8.6% de los municipios de Colombia, se pasa a 113 en el 2007, que son el 11.9%, con una población beneficiada de 6.3 millones de habitantes, entre los cuales se encuentran capitales como Cali e Ibagué, que el año anterior no habían reportado.
En cuanto a los municipios que no cumplen con los parámetros de potabilidad, se observa un porcentaje de incumplimiento del 73.4% para el 2005, equivalentes a 704 zonas urbanas, luego aumentó a 801 municipios (83.9%) y una ligera disminución de incumplimiento correspondiente
a 748 municipios (78.7%). En cuanto a la población que se afecta por no cumplirse la norma, se nota un incremento entre el primer año reportado y el último, ya que de 8.9 millones habitantes en el 2005, se incrementa a 13.millones en el 2007. Este incremento se explica con el reporte de Cartagena, Neiva, Bucaramanga y Medellín, que son capitales que incumplen, cuyos datos no habían sido considerados y que inciden en el resultado.
En relación con el municipio de Ragonvalia, del Norte de Santander, que durante el año 2006 registró el más alto porcentaje en cuanto a consumo de agua con riesgo para la salud humana, en el presente informe, la población del municipio sigue consumiendo agua con mala calidad, pero los porcentajes de cumplimiento mejoraron con respecto al año 2006.
La obligación del Estado de suministrar agua apta para el consumo humano al usuario debe ser atendida tanto en la salida de la planta de tratamiento como en la red. Este compromiso le corresponde al municipio (a las alcaldías) y al ente prestador del servicio, en tanto que el usuario tiene el deber de asegurar que en las instalaciones de almacenamiento se mantengan las condiciones para preservar el agua con la calidad segura para su consumo; sin embargo, las secretarías de salud, los alcaldes municipales y los entes prestadores del servicio, tienen la obligación de educar y de orientarlos sobre el mantenimiento adecuado de la infraestructura domiciliaria, en particular sobre los sitios de almacenamiento doméstico.
Resultados en los departamentos
Si se compara el promedio departamental de calidad del agua que se consume, diferenciando los parámetros microbiológicos y fisicoquímicos, se aprecia un crecimiento del promedio de calidad de agua para consumo humano del 14.5% entre los años 2005 y 2007, desde el punto de vista microbiológico. En sentido contrario el parámetro fisicoquímico decreció en calidad para el mismo período en un 19.4%.
Los departamentos con el mayor número de municipios en los que se suministra agua apta para su consumo, son en su orden: Quindío - 91,7% -, Valle -78,6% - y Caldas - 63% -. Se destaca que estos departamentos durante los tres años evaluados han mostrado una alta calidad de agua para consumo humano. En el resto de departamentos no se surte agua segura para su consumo en la mayoría de los municipios que lo conforman.
De otro lado, los departamentos de Vichada, Vaupés, Santander, Putumayo, Archipiélago de San Andrés, Nariño, Meta, Guaviare, La Guajira, Guainía, Córdoba, Chocó, Caquetá, Cauca, Boyacá, Bolívar, Atlántico, Arauca y Amazonas no se abastece agua segura en ninguno de sus municipios.
De acuerdo con lo anterior, la mayor parte de los departamentos no muestran mejoría en la calidad de agua para consumo humano; solamente los departamentos del Valle del Cauca y de Cundinamarca han mejorado la calidad de agua. Esto se hace evidente en el incremento del número de municipios de estos departamentos que consumen agua potable y en el aumento del promedio departamental de calidad microbiológica y fisicoquímica. Los otros departamentos que han venido mejorando en ambos parámetros aunque en menor proporción son Arauca, Caquetá, Casanare, Risaralda y Tolima.
En el departamento del Quindío, sólo un municipio, Pijao, no cumple con las normas de calidad de agua para consumo humano. Sin embargo dentro de su plan de acción se tiene como prioridad el mejoramiento de la calidad de agua que se suministra a la población.
Resultados en Bogotá, D.C.
En cuanto al Distrito Capital de Bogotá, para este estudio se trata de manera independiente, debido a que no fueron considerados los años anteriores, así mismo porque cuenta con más de siete millones de personas y por el significativo cumplimiento de la normatividad, que alcanza el 100%, se podrían tergiversar los resultados.
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5 de octubre de 2007Defensor responde acusaciones de ACEMI
5 de octubre de 2007 | Sobre el estudio de Tutelas
El Defensor del Pueblo, Vólmar Pérez Ortiz, manifiesta al presidente ejecutivo de la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (ACEMI), Juan Manuel Diazgranados, que la Defensoría del Pueblo no busca afectar la imagen y reputación de las Empresas Promotoras de Salud (EPS) privadas, como lo ha venido expresando en los medios de comunicación, sino la defensa de los usuarios del Sistema General de Seguridad Social en Salud.
Los resultados divulgados por la Defensoría sobre el número de tutelas interpuestas por los usuarios para solicitar servicios de salud, son producto de un análisis juicioso que se soportan en la base de datos de la Corte Constitucional y que refleja la realidad de lo que viene sucediendo en el Sistema de Seguridad Social en Salud.
ACEMI interpuso un derecho de petición en el que solicita claridad sobre la interpretación del Plan Obligatorio de Salud (POS), la metodología seguida y el soporte técnico, legal y financiero que sustenta el estudio sobre las tutelas, y concluye que estos estudios afectan la imagen y reputación de las EPS.
Ante tal solicitud, la Defensoría del Pueblo sostiene que su sustento descansa en toda la normatividad que ha expedido el Ministerio de Salud, hoy Ministerio de la Protección Social, y en los Acuerdos expedidos por el máximo órgano regulador.
Según ACEMI, los lineamientos para establecer los contenidos del POS los rige el Ministerio de Hacienda, que es quien “más sabe del tema y controla el gasto”. Preocupa a la Defensoría que ACEMI no preste mérito suficiente a los criterios y normas expedidas por el Ministerio de la Protección Social, y a los Acuerdos del Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud.
Usuarios deben exigir sus derechos
La Defensoría reconoce que el modelo de aseguramiento adoptado es uno de los más adecuados en la asignación de recursos para garantizar el goce del derecho a la salud de los ciudadanos, de acuerdo con lo que ordena el Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales, suscrito por Colombia.
En este sentido, en desarrollo de su misión constitucional, en lo que respecta a los estudios que se ocupan de la sensible problemática de la salud y de la seguridad social, Pérez Ortiz dijo que los mismos son de carácter imparcial sobre las entidades involucradas, y que en estos se insta a las autoridades competentes del orden nacional que al Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud (CNSSS) y a los respectivos Órganos de Inspección Vigilancia y Control (IVC), sobre las fallas estructurales del Sistema para que se adopten medidas que permitan superar las deficiencias a que alude el informe. Complementariamente, la Defensoría busca empoderar a los usuarios en el reclamo de sus derechos y para ello promueve la exigencia del formato de negación de servicios de salud, cuando las EPS o IPS lo hacen.
Respecto del señalamiento del presidente de ACEMI en el sentido de que “No hay un marco regulatorio ni un tratamiento adecuado para el sector”, cabe preguntarse bajo qué lineamientos han venido operando durante los 13 años posteriores a la reforma de la salud que dio participación al sector privado para incursionar en un sector que maneja entre el 7% y el 9% del Producto Interno Bruto (PIB) del país. Igualmente, bajo la premisa de que “no hay marco regulatorio”, según ACEMI, los órganos de control tendrán que realizar un seguimiento muy estricto sobre los recursos que las EPS han venido recibiendo durante la vigencia del nuevo modelo de salud.
“No puede ser propósito de esta institución afectar la imagen de entidad alguna o sector en particular y menos que quien se sienta aludido por los resultados de los estudios técnicos de la Defensoría observe buen desempeño en el desarrollo de las actividades que legalmente le corresponden. El cumplimiento de la responsabilidad social que le corresponde es el mejor elemento para garantizar el buen nombre”, expresó el Defensor.
Sobre los hallazgos de la Defensoria del Pueblo se debe tener en cuenta que la Superintendencia Nacional de Salud, en información reciente estableció que el 68.4% de los requerimientos mediante las tutelas, hacen parte del POS; cifra superior a la encontrada por la Defensoria del Pueblo (56.4%), la cual fue oportunamente verificada.
En este sentido, la Defensoria del Pueblo en reiteradas ocasiones le ha solicitado a las autoridades competentes del Estado y al CNSSS que se revise y establezca de manera explicita el POS, lo mismo que su respectiva financiación.
Los resultados divulgados por la Defensoría sobre el número de tutelas interpuestas por los usuarios para solicitar servicios de salud, son producto de un análisis juicioso que se soportan en la base de datos de la Corte Constitucional y que refleja la realidad de lo que viene sucediendo en el Sistema de Seguridad Social en Salud.
ACEMI interpuso un derecho de petición en el que solicita claridad sobre la interpretación del Plan Obligatorio de Salud (POS), la metodología seguida y el soporte técnico, legal y financiero que sustenta el estudio sobre las tutelas, y concluye que estos estudios afectan la imagen y reputación de las EPS.
Ante tal solicitud, la Defensoría del Pueblo sostiene que su sustento descansa en toda la normatividad que ha expedido el Ministerio de Salud, hoy Ministerio de la Protección Social, y en los Acuerdos expedidos por el máximo órgano regulador.
Según ACEMI, los lineamientos para establecer los contenidos del POS los rige el Ministerio de Hacienda, que es quien “más sabe del tema y controla el gasto”. Preocupa a la Defensoría que ACEMI no preste mérito suficiente a los criterios y normas expedidas por el Ministerio de la Protección Social, y a los Acuerdos del Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud.
Usuarios deben exigir sus derechos
La Defensoría reconoce que el modelo de aseguramiento adoptado es uno de los más adecuados en la asignación de recursos para garantizar el goce del derecho a la salud de los ciudadanos, de acuerdo con lo que ordena el Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales, suscrito por Colombia.
En este sentido, en desarrollo de su misión constitucional, en lo que respecta a los estudios que se ocupan de la sensible problemática de la salud y de la seguridad social, Pérez Ortiz dijo que los mismos son de carácter imparcial sobre las entidades involucradas, y que en estos se insta a las autoridades competentes del orden nacional que al Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud (CNSSS) y a los respectivos Órganos de Inspección Vigilancia y Control (IVC), sobre las fallas estructurales del Sistema para que se adopten medidas que permitan superar las deficiencias a que alude el informe. Complementariamente, la Defensoría busca empoderar a los usuarios en el reclamo de sus derechos y para ello promueve la exigencia del formato de negación de servicios de salud, cuando las EPS o IPS lo hacen.
Respecto del señalamiento del presidente de ACEMI en el sentido de que “No hay un marco regulatorio ni un tratamiento adecuado para el sector”, cabe preguntarse bajo qué lineamientos han venido operando durante los 13 años posteriores a la reforma de la salud que dio participación al sector privado para incursionar en un sector que maneja entre el 7% y el 9% del Producto Interno Bruto (PIB) del país. Igualmente, bajo la premisa de que “no hay marco regulatorio”, según ACEMI, los órganos de control tendrán que realizar un seguimiento muy estricto sobre los recursos que las EPS han venido recibiendo durante la vigencia del nuevo modelo de salud.
“No puede ser propósito de esta institución afectar la imagen de entidad alguna o sector en particular y menos que quien se sienta aludido por los resultados de los estudios técnicos de la Defensoría observe buen desempeño en el desarrollo de las actividades que legalmente le corresponden. El cumplimiento de la responsabilidad social que le corresponde es el mejor elemento para garantizar el buen nombre”, expresó el Defensor.
Sobre los hallazgos de la Defensoria del Pueblo se debe tener en cuenta que la Superintendencia Nacional de Salud, en información reciente estableció que el 68.4% de los requerimientos mediante las tutelas, hacen parte del POS; cifra superior a la encontrada por la Defensoria del Pueblo (56.4%), la cual fue oportunamente verificada.
En este sentido, la Defensoria del Pueblo en reiteradas ocasiones le ha solicitado a las autoridades competentes del Estado y al CNSSS que se revise y establezca de manera explicita el POS, lo mismo que su respectiva financiación.
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4 de octubre de 2007Defensoría presenta Análisis Estructural de Riesgo sobre Risaralda
4 de octubre de 2007 | En Audiencia Defensorial el viernes 5 de octubre
Una Audiencia Defensorial que tiene como propósito presentar ante las autoridades nacionales, regionales y locales, el Informe de Riesgo Estructural para Risaralda, en el cual se analizan los factores sobre amenaza y vulnerabilidad de la población civil de este departamento, se realizará el próximo viernes 5 de octubre en la ciudad de Pereira.
Este informe, elaborado por el Sistema de Alertas Tempranas (SAT) de la Defensoría del Pueblo, centra su atención en el departamento de Risaralda, que se ha convertido en un territorio de confrontación armada no sólo por las ventajas que ofrece su localización y características geográficas, las cuales lo configuran como corredor estratégico para los actores armados ilegales con el Chocó, el Valle del Cauca y demás departamentos del Eje Cafetero, sino también por su importancia geoestratégica en la implementación de megaproyectos de infraestructura física proyectados para esta zona, los cuales lo convierten en un territorio de disputa entre los grupos armados ilegales.
Igualmente, el informe hace énfasis en la conformación de tres ejes espaciales: Biopacífico, Cafetero e Industrial, que han sido impactados de una forma diferencial por el accionar de los grupos armados de la región. Desde la década de los cincuenta la violencia organizada ha sido persistente en los municipios del Eje Cafetero y las tasas de homicidio han estado por encima de las nacionales y muy ligadas a móviles relacionados con el conflicto armado y, desde luego, también asociadas al fenómeno del narcotráfico. Las tasas de homicidio en el año 2005, para el departamento de Risaralda fue de 106 homicidios por cada 100.000 habitantes, superando el promedio nacional que fue de 41 homicidios por cada 100.000 habitantes y en el año 2006, la tasa fue de 89 homicidios por cada 100.000 habitantes mientras que la tasa nacional fue de 38 homicidios por cada 100.000 habitantes, según el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias forenses.
Este estudio para Risaralda, constituye un importante instrumento de la Defensoría del Pueblo para orientar la política pública de prevención en el marco del conflicto armado interno y se suma a los elaborados para la Zona Cordillerana de Nariño y para el departamento de Putumayo.
La Defensoría del Pueblo, a través del Informe, formula un conjunto de recomendaciones a las autoridades nacionales, departamentales y municipales con el fin de que se implementen medidas políticas, económicas, sociales y humanitarias que permitan prevenir las causas que estimulan la confrontación armada en el departamento de Risaralda y que ponen en riesgo los derechos fundamentales de la población civil.
La Audiencia Defensorial es un escenario de debate informado sobre problemas específicos de derechos humanos y, en esta oportunidad, le permitirá a las entidades estatales, a las organizaciones sociales y a las comunidades afectadas, conocer el diagnóstico y análisis estructural acerca de la situación de Risaralda para que se adopten e implementen de manera anticipada las acciones que mitiguen o prevengan los riesgos de violencia masiva o selectiva contra las comunidades.
El evento, al que también asistirán organismos internacionales de defensa de derechos humanos y Derecho Internacional Humanitario, organizaciones sociales y líderes de las comunidades de Risaralda, se realizará en el salón Turquesa del Hotel Soratama, de la ciudad de Pereira a partir de las 8:30 de la mañana.
Este informe, elaborado por el Sistema de Alertas Tempranas (SAT) de la Defensoría del Pueblo, centra su atención en el departamento de Risaralda, que se ha convertido en un territorio de confrontación armada no sólo por las ventajas que ofrece su localización y características geográficas, las cuales lo configuran como corredor estratégico para los actores armados ilegales con el Chocó, el Valle del Cauca y demás departamentos del Eje Cafetero, sino también por su importancia geoestratégica en la implementación de megaproyectos de infraestructura física proyectados para esta zona, los cuales lo convierten en un territorio de disputa entre los grupos armados ilegales.
Igualmente, el informe hace énfasis en la conformación de tres ejes espaciales: Biopacífico, Cafetero e Industrial, que han sido impactados de una forma diferencial por el accionar de los grupos armados de la región. Desde la década de los cincuenta la violencia organizada ha sido persistente en los municipios del Eje Cafetero y las tasas de homicidio han estado por encima de las nacionales y muy ligadas a móviles relacionados con el conflicto armado y, desde luego, también asociadas al fenómeno del narcotráfico. Las tasas de homicidio en el año 2005, para el departamento de Risaralda fue de 106 homicidios por cada 100.000 habitantes, superando el promedio nacional que fue de 41 homicidios por cada 100.000 habitantes y en el año 2006, la tasa fue de 89 homicidios por cada 100.000 habitantes mientras que la tasa nacional fue de 38 homicidios por cada 100.000 habitantes, según el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias forenses.
Este estudio para Risaralda, constituye un importante instrumento de la Defensoría del Pueblo para orientar la política pública de prevención en el marco del conflicto armado interno y se suma a los elaborados para la Zona Cordillerana de Nariño y para el departamento de Putumayo.
La Defensoría del Pueblo, a través del Informe, formula un conjunto de recomendaciones a las autoridades nacionales, departamentales y municipales con el fin de que se implementen medidas políticas, económicas, sociales y humanitarias que permitan prevenir las causas que estimulan la confrontación armada en el departamento de Risaralda y que ponen en riesgo los derechos fundamentales de la población civil.
La Audiencia Defensorial es un escenario de debate informado sobre problemas específicos de derechos humanos y, en esta oportunidad, le permitirá a las entidades estatales, a las organizaciones sociales y a las comunidades afectadas, conocer el diagnóstico y análisis estructural acerca de la situación de Risaralda para que se adopten e implementen de manera anticipada las acciones que mitiguen o prevengan los riesgos de violencia masiva o selectiva contra las comunidades.
El evento, al que también asistirán organismos internacionales de defensa de derechos humanos y Derecho Internacional Humanitario, organizaciones sociales y líderes de las comunidades de Risaralda, se realizará en el salón Turquesa del Hotel Soratama, de la ciudad de Pereira a partir de las 8:30 de la mañana.
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