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9 de febrero de 2012 | En la conmemoración del Día Nacional del Periodista


Defensor del Pueblo, Volmar Pérez, manifiesta que las acciones violentas de los grupos armados ilegales y los actos de intimidación contra la prensa, atentan contra la libertad de expresión
El Defensor del Pueblo, Volmar Pérez, señaló hoy, 9 de febrero, con motivo de la conmemoración del Día Nacional del Periodista, que las acciones violentas de los grupos armados ilegales, lo mismo que las prácticas de intimidación contra la prensa que investiga actos de corrupción en los sectores público y privado, atenta contra el ejercicio libre e independiente de la libertad de expresión.

El Defensor del Pueblo, Volmar Pérez Ortíz, pidió hoy avanzar en el esclarecimiento de las muertes violentas que han dejado como víctimas a 139 periodistas de 1977 a 2011,según la Fundación para la Libertad de Prensa -FLIP, así como en la necesidad de impulsar las investigaciones que tienen que ver con casos de amenazas de muerte, hostigamientos y seguimientos contra comunicadores del país, como imperativo para proteger la libertad de expresión y la vida e integridad personal de los trabajadores de los medios.

El Defensor del Pueblo también señaló que los informes de la Fundación para la Libertad de Prensa-FLIP, dan cuenta de violaciones a los derechos fundamentales de los periodistas, que ameritan la atención urgente de las autoridades para luchar contra la impunidad de actos de violencia contra la prensa y judicializar a los responsables de los crímenes contra los comunicadores.

Asimismo, el Defensor del Pueblo expresó que los factores que afectan el ejercicio de la libertad de prensa en Colombia incluye los casos de amenazas a periodistas en diferentes regiones del país denunciados por la organizaciones del medio , así como el el uso de mecanismo judiciales para intimidar a los trabajadores de la prensa, por parte de personas por lo general vinculadas a escándalos de corrupción y malversación de recursos públicos.

El Defensor del Pueblo indicó que, en muchos casos, estas acciones no prosperan, lo que evidencia la ausencia de un fundamento razonable para las mismas, pero constituyen un precedente riesgoso por la posibilidad de que por vía de los mecanismos judiciales se pueda gestar un mecanismo de control previo de los contenidos a divulgar.

Finalmente, el Defensor del Pueblo destacó que se han registrado avances en materia de libertad de expresión, pero es necesario acometer nuevas tareas y asumir retos adicionales en actividades de promoción, sensibilización y concientización de derechos, y en el fortalecimiento de las medidas de protección, con el fin de crear un ambiente propicio para el ejercicio de la libertad de expresión en condiciones de garantías adecuadas, concordantes con las normas, principios y estándares que la desarrollan.




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