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5 de mayo de 2009 | Por parte de grupos armados ilegales, en Chocó, Cesar, Magdalena, Guajira y Cundinamarca


Preocupa a la Defensoría el aumento de amenazas en diferentes regiones del país
El Defensor del Pueblo, Vólmar Pérez Ortiz,
expresó su preocupación y rechazo por las
recientes amenazas proferidas contra líderes
indígenas Wounaan en el Chocó, contra desplazados
y funcionarios públicos (incluidos de la
Defensoría del Pueblo) que laboran en Cesar,
Magdalena y Guajira, y contra miembros de la
Asociación del predio San Jorge ubicado en
Cabrera (Cundinamarca).

Contra indígenas en Chocó

Los indígenas amenazados esta semana pertenecen
al Resguardo de Papayo, ubicado en el Litoral del
San Juan.

Según información suministrada a la Defensoría
Regional Chocó, por el concejal Aníbal Moya
Chocho, las amenazas a estas comunidades
provienen de grupos armados ilegales como “Los
Rastrojos” y “Las Águilas Negras”, lo que ha
provocado desplazamiento en la zona hacia la
cabecera municipal de Docordó.

Miembros de la comunidad indígena denunciaron
que, además de las amenazas, también han sido
víctimas de una serie de actos delincuenciales
como el robo.

La Defensoría del Pueblo señaló como graves y
preocupantes las amenazas del Frente 57 de las
FARC-EP contra Fabio Panesso Dumaza, médico
tradicional indígena (Jaibaná) perteneciente a la
comunidad de Chuscalito-Tagachí en Quibdó. Estas
amenazas han provocado el desplazamiento forzado
de 18 miembros de la familia de Panesso Dumaza
hacia Bahía Solano y la Boca del río Tagachí.

Alertas Tempranas

El Sistema de Alertas Tempranas (SAT) de la
Defensoría del Pueblo emitió el 14 de julio de
2008 el Informe de Riesgo No. 014-08, en el que
estimó que el escenario de riesgo para la
población civil de la zona urbana, costanera,
ribereña y cordillerana del municipio Litoral del
San Juan (Chocó), lo constituye el accionar
violento de las Farc, de los grupos armados
ilegales post desmovilización de las autodefensas
y de los grupos armados al servicio del
narcotráfico que utilizan el terror y la
violencia como método de control social y como
mecanismo para someter a la población civil.

Esta dinámica está estrechamente ligada a la
actuación de los grupos armados ilegales en toda
la cuenca del San Juan y Baudó.

Atender crisis humanitaria

El Defensor del Pueblo Vólmar Pérez Ortiz,
enfatizó que la territorialidad, la unidad
familiar y el sistema cultural y, en
consecuencia, el desplazamiento de las
comunidades indígenas, constituye una clara
agresión a los valores tradicionales y la
cosmovisión de la comunidad Wounaan.

La Defensoría del Pueblo hace un llamado urgente
para que las autoridades del orden nacional,
regional y municipal atiendan la crisis
humanitaria de la comunidad Wounaan y protejan a
los miembros de la misma frente a la amenaza de
vulneración de los derechos humanos, el derecho
internacional humanitario y las libertades
civiles.

Contra funcionarios públicos

Por otra parte, un panfleto encabezado por un
titular que dice “Águilas Negras, Bloque Norte de
Cesar, Magdalena y Guajira”, advierte a abogados,
funcionarios de Acción Social, Defensoría del
Pueblo, Personerías municipales y líderes de
población desplazada “que hace algún tiempo están
operando en estos departamentos” que serán
objetivo militar y que “en los próximos días
serán erradicados”.

Se desconoce la veracidad o no de estas amenazas
y la plena autoría de las mismas, pero preocupa a
la Defensoría que funcionarios públicos que
trabajan en estas zonas del país, especialmente
atendiendo a comunidades desplazadas, sean
estigmatizados y amenazados por su labor.

El Defensor del Pueblo dijo que por vía de
amenazas indiscriminadas de grupos al margen de
la ley, se pretende intimidar a la población
desplazada para que no evidencie la grave crisis
humanitaria que les afecta y no reclame los
derechos de que son legítimos titulares. Estos
grupos armados ilegales buscan desconocer el
fenómeno del desplazamiento lo que se traduce en
una grave afectación a los derechos humanos.

Es reprochable que las diferencias de cifras
entre sectores oficiales y no oficiales y desde
luego su incidencia en el diseño e implementación
de una política efectiva, sea utilizada por los
violentos para desconocer las dimensiones de esta
tragedia y por el contrario hoy se pretenda
estigmatizar a las principales víctimas de la
violencia en Colombia.

Panfletos como los divulgados por las
autodenominadas “Águilas Negras” en los
departamentos de Cesar, Guajira y Magdalena,
constituyen también una afrenta contra los
defensores y defensoras de los derechos humanos
de las personas en condición de desplazamiento y
hacen más compleja la posibilidad de superar el
estado de cosas inconstitucional en materia de
desplazamiento forzado, declarado así por la
Corte Constitucional.

Aclara el Defensor del Pueblo que, gran parte de
los esfuerzos de las entidades de Gobierno debe
estar dirigida a proteger la integridad de
quienes ya han padecido el rigor de la
confrontación, de las amenazas, especialmente de
líderes, de los asesinatos de sus familiares, de
los tratos crueles humillantes y degradantes,
incluso de desaparición forzada y debe asegurarse
que las amenazas que en diversos panfletos se
advierten, amenazas que deben investigarse por
parte de la Fiscalía General de Nación.

Contra Asociación de campesinos

De otro lado, un grupo de desplazados, que
conforman la “Asociación del predio San Jorge de
la Vereda Quebrada Negra”, adjudicatarios, por
parte de entidades de gobierno, de un predio en
el municipio de Cabrera Cundinamarca, como parte
de su proceso de estabilización social y
económica, son hoy objeto de amenazas a través de
un panfleto en el que se les señala de
reinsertados y en el que se les da un tiempo para
abandonar la región.

En el panfleto aparece como presunto responsable
el 25 frente de las FARC y a nombre de las
“comunidad cabrerense disgustada”, es el reflejo
de una actitud discriminadora y xenófoba que
merece todo rechazo y la acción decidida de las
autoridades competentes para enfrentarlo.

Las víctimas del desplazamiento forzado deben ser
objeto de atención prioritaria por parte del
Estado y deben gozar además de la solidaridad de
toda la sociedad en su conjunto. Es pertinente
recordar que en virtud del artículo 95 de la
Constitución Política, tenemos unos deberes que
se imponen sobre todo en favor de las demás
personas y de manera particular de aquellas en
condición de vulnerabilidad como lo es la
población desplazada.

Medidas de seguridad

Ante estas situaciones intimidatorias en varias
zonas del país, el Defensor del Pueblo aclaró que
las amenazas de muerte que están propalando
grupos armados ilegales no pueden ser
desestimadas por las autoridades sino que deben
ser objeto de un riguroso examen que implique la
adopción de efectivas medidas de seguridad.

Finalmente, Pérez Ortiz recuerda la obligación
del Estado de prevenir y proteger los derechos
humanos de todos los habitantes del país en
especial de aquellos que se encuentran en
situación de vulnerabilidad y, en este sentido,
solicita de la Fiscalía General de la Nación
adelantar las investigaciones correspondientes
para identificar y sancionar a los responsables
de estas amenazas.

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