Noticias generadas en octubre de 2010

Eventos y actos públicos | 25 de octubre de 2010Red de Defensorías de Mujeres de Iberoamérica debatirán sobre la agenda de “Ciudades Seguras para las Mujeres”

En el evento que comenzará a partir del martes 26 de octubre en Cartagena de Indias a las 8:30 a.m en la sede del Centro de Formación de la Agencia Española para la Cooperación Internacional para el desarrollo- AECID-, localizada en la Plaza de Santo Domingo de esa ciudad y como preámbulo al XV Congreso y Asamblea de la Federación Iberoamericana de Ombudsman-FIO, el eje central será la seguridad ciudadana desde la perspectiva de los derechos de las mujeres, que según la Red, son las víctimas mayoritarias de la violencia en los espacios públicos y privados.El Defensor del Pueblo, Volmar Pérez Ortiz y la alcaldesa de Cartagena de Indias, Judith Pinedo, realizarán la apertura del evento que tendrá como tema “Seguridad Ciudadana. Ciudades Seguras para las Mujeres”, en el marco de la reunión anual de la Red de Mujeres de la Federación Iberoamericana del Ombudsman (FIO), que abrirá sus sesiones de debate a partir de hoy, donde también sesionará el XV Congreso y Asamblea Anual de Defensorías del Pueblo de Iberoamérica. La seguridad ciudadana incluye un conjunto de fenómenos y realidades que directamente afectan los derechos de las mujeres, y que se enmarca en un desarrollo conceptual y normativo cuyo abordaje propone un especial reto para la vida de las mujeres en la región. El desarrollo de este tema es de especial interés para las Defensorías del Pueblo y las dependencias que tienen bajo su responsabilidad la promoción y defensa de los derechos de las mujeres si tenemos en cuenta que siguen siendo las víctimas mayoritarias de la violencia en los espacios públicos y privados, especialmente de la violencia sexual. Es indispensable destacar que, desde su creación en 1996, la Red de Defensorías de las Mujeres, a través del debate estratégico interno y del intercambio de experiencias, que tiene lugar en su reunión anual, ha logrado impactar e incidir significativamente los tradicionales espacios de discusión y decisión de la FIO, especialmente de materias que históricamente no han tenido una mirada desde la perspectiva de los derechos humanos de las mujeres. En este contexto la Red ha venido proponiendo cambios para eliminar los factores de exclusión que afectan a las mujeres en Iberoamérica, y fortaleciendo por esta vía el trabajo de las propias Defensorías del Pueblo de cada país miembro.


Red de Defensorias de mujeres FIO

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Eventos y actos públicos | 25 de octubre de 2010El Vicepresidente de la República, Angelino Garzón y el Defensor del Pueblo, Volmar Pérez, instalarán en Cartagena el XV Congreso y Asamblea de la Federación Iberoamericana de los Ombudsman

El Vicepresidente de la República, Angelino Garzón y el Defensor del Pueblo, Volmar Pérez, instalarán en Cartagena el próximo miércoles 27 de octubre el XV Congreso y Asamblea de la Federación Iberoamericana de los Ombudsman -Defensores del Pueblo, en el que se evaluarán los temas de la Seguridad Ciudadana y los Derechos Humanos, entendidos como las medidas que deben adoptar los Estados para ofrecer protección y garantizar la seguridad de los migrantes, víctimas de la violencia, los individuos en condición de refugio y los del delito transnacional de trata de personas.La instalación del evento se llevará cabo a las 9:00 a.m en el centro de Formación de la AECID y contará también con las intervenciones de Judith Pinedo, Alcaldesa de Cartagena de Indias, la Doctora Beatriz Merino, Presidenta de la FIO, el señor Serge Malé, Director Adjunto de la Oficina del ACNUR para las Américas y Marcelo Pisani, Jefe de Misión de la OIM en Colombia.

El evento iberoamericano contará, igualmente, con la presencia de Defensoras y Defensores titulares de los países miembros de la FIO, las integrantes de la Red de Defensorías de Mujeres de Iberoamérica, el equipo directivo de la Defensoría del Pueblo de Colombia, agencias del Sistema de Naciones Unidas como la Organización Internacional para la Migraciones-OIM y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados-ACNUR-, agencias de Cooperación Internacional y Directivos de la Defensoría del Pueblo de Colombia encabezados por el Defensor Nacional.

La Federación Iberoamericana de Ombudsman – FIO, reúne a Defensores del Pueblo, Procuradores de Derechos Humanos, Proveedores, Razonadores y Presidentes de Comisiones estatales de Derechos Humanos de los países iberoamericanos en los ámbitos nacional, regional y autónomo.

En Cartagena se reunirán durante tres días en el Centro de Formación de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo – AECID-, Defensoras y Defensores del Pueblo provenientes de España, Andorra, Argentina, Bolivia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Portugal, Puerto Rico, Venezuela, Bermudas, Brasil y Colombia para evaluar medidas y formular recomendaciones a las autoridades de los Estados en cuanto a medidas de seguridad para proteger a los migrantes, refugiados, víctimas de la violencia del delito de trata.

La Federación Iberoamericana del Ombudsman (FIO), constituida en Cartagena de Indias (Colombia) en 1995, igualmente realizará el martes 26 de octubre la Reunión Anual de la Red de Defensorías de las Mujeres, como antesala a la cumbre de defensores para propiciar el debate y el pronunciamiento oficial sobre la seguridad ciudadana y los derechos humanos de las mujeres en Iberoamérica.

Programa XV congreso y asamblea FIOPrograma XV congreso y asamblea FIO [1060 Kb]

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Mesa Principal

Intervención Defensor del Pueblo Volmar Pérez Ortiz

Participantes al XV Congreso y Asamblea de la FIO

El Vicepresidente de la República, Angelino Garzón y el Defensor del Pueblo, Volmar Pérez, en Cartagena en el XV Congreso y Asamblea de la Federación Iberoamericana de los Ombudsman

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Desaparición Forzada | 19 de octubre de 2010Defensor del Pueblo afirma que Colombia da un paso significativo en el proceso de adopción de medidas oportunas de prevención y protección para las víctimas del delito de desaparición forzada

Defensor del Pueblo afirma que Colombia da un paso significativo  en el proceso de  adopción de    medidas oportunas de prevención y protección para las víctimas del delito de desaparición forzada

El Defensor del Pueblo, Volmar Pérez Ortiz, afirmó que con la aprobación hoy en la Plenaria de la Cámara de Representantes de la “Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas”, Colombia dio un paso significativo en el proceso de adopción de medidas oportunas de prevención y protección para las víctimas del delito de desaparición forzada.El Defensor del Pueblo, Volmar Pérez, igualmente, indicó que Colombia por el hecho de ser el país el país número 20 en ratificar la Convención Internacional, le está dando plena vigencia a este instrumento internacional, que adoptaron 57 países el 20 de diciembre de 2006 en New York.

El Defensor del Pueblo también destacó que la ratificación de la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas, es un instrumento integral que permitirá enfrentar la impunidad en la lucha contra el delito de la desaparición forzada y, a su vez, constituye un mecanismo indispensable en el proceso de garantizar la protección plena para las víctimas y sus familiares próximos.

“La adhesión a este instrumento internacional representa también una oportunidad para adecuar la legislación interna en Colombia en lo relacionado con las exigencias de los estándares internacionales y, en especial, con la Convención de Naciones Unidas para la Protección de toda las Personas contra las Desapariciones Forzadas”, dijo el Defensor del Pueblo.

Según cifras de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas, presidida por la Defensoría del Pueblo, el registro de personas desaparecidas desde la década de 1940 da cuenta de 50.207 casos, de los cuales 6981 han aparecidos vivos y 1352 muertos. El Registro Nacional de Desaparecidos arroja 13.941 casos que corresponden a presuntas desapariciones forzadas.

Por último, El Defensor del Pueblo, Volmar Pérez Ortiz, puntualizó que la aprobación de la Convención Internacional para la protección internacional de todas las personas contra las desapariciones forzadas permitirá avanzar en los pr0cesos de búsqueda e identificación de personas en concordancia con el Plan Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas.
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Derecho Internacional Humanitario | 13 de octubre de 2010Defensor del Pueblo califica el hecho como una grave infracción al derecho internacional humanitario y pide a las autoridades que se prevenga el riesgo que afrontan las misiones médicas en zonas donde hay presencia de grupos armados ilegales

Defensor del Pueblo califica  el hecho como una grave infracción al derecho internacional humanitario y pide a las autoridades que se prevenga el riesgo que afrontan las misiones médicas en zonas donde hay presencia de grupos armados ilegales

El Defensor del Pueblo, Vólmar Pérez Ortiz, expresó su preocupación por el riesgo que a afrontan las misiones médicas en zonas donde hay presencia de grupos armados ilegales, como la región del Catatumbo, con el atropello a la labor de una misión médica por parte de hombres armados en la vereda Arboledas, localizada en el municipio de San Calixto-región del Catatumbo- en el Norte de Santander, en donde se produjo la muerte del señor Urbalí Jaime Franco, de 38 años de edad, quien era transportado en el vehiculo para recibir atención médica de urgencia en el hospital Emiro Quintero Cañizares de Ocaña.Según información allegada a la Defensoría del Pueblo, el señor Urbalí Jaime Franco, había resultado herido el pasado 12 de octubre en la vereda Arboleda cuando dos hombres que portaban armas de largo alcance le propinaron varios disparos en su vivienda y luego fue trasladado de urgencia en un ambulancia del centro de salud de San Calixto en compañía de su hermano, un médico y una auxiliar de enfermería.

La Defensoría del Pueblo confirmó que durante el trayecto entre la cabecera municipal de San Calixto y la vereda Palmarito, sector conocido como San Roque, dos hombres no identificados que aparecieron sobre la vía, interceptaron la ambulancia y bajaron por la fuerza a sus ocupantes, ingresaron al vehículo y dispararon un proveedor completo sobre el señor Urbalí Jaime Franco.

Asimismo, se tuvo información de que los sicarios obligaron al personal sanitario que se transportaba en la ambulancia a dejar sobre la vía el cadáver del señor Jaime Franco, y obligaron a su familiar a retornar a San Calixto.

El Defensor del Pueblo, Volmar Pérez Ortiz, al condenar de manera enérgica el atropello de que fue objeto el personal sanitario que ocupaba la ambulancia y el asesinato al interior del vehículo del señor Jaime Franco, señaló que este acto de violencia constituye una grave infracción del Derecho Internacional Humanitario (DIH), que consagra en los artículos 9, 10, 11 y 12 del Protocolo II, adicional a los Convenios de Ginebra, la obligación de los grupos armados ilegales de respetar las misiones médicas. El atropello a la tarea que cumple el personal sanitario y la unidad médica, se considera, además, un crimen de guerra que debe ser objeto de investigación por parte de las autoridades judiciales.

El Defensor del Pueblo señaló que según estimativos del Grupo Atención de Emergencias del Ministerio de la Protección Social, en Colombia 24 infracciones a las misiones médicas se han presentado en el país de enero a octubre de 2010, que han dejado un saldo de 17 víctimas.

En este sentido, los principios del DIH señalan que la protección de la misión médica busca garantizar, especialmente, la protección del personal de salud, así como las unidades y los medios de transporte sanitarios. Resulta fundamental su protección como quiera que los atropellos privan de asistencia en salud a la población civil, así como a los heridos, enfermos y otras personas que la requieran; implica, además, violar el principio de neutralidad de la actividad médica.
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Eventos y actos públicos | 11 de octubre de 2010Acciones de Grupo y de Clase en casos de graves vulneraciones a los Derechos Humanos

La Defensoría del Pueblo, The George Washington University y la Universidad del Rosario presentarán el libro “Acciones de Grupo y de Clase en casos de graves vulneraciones a los Derechos Humanos” en el que se efectúa un balance del papel desempeñado por este mecanismo constitucional de protección en sus 10 años de vigencia.En la obra, que es el resultado de una investigación adelantada en forma conjunta por el Grupo de Investigación en Derechos Humanos de la Universidad del Rosario, la Clínica de Derechos Humanos de George Washington University y la Dirección Nacional de Recursos y Acciones Judiciales de la Defensoría del Pueblo, se analizan los principales avances que en materia de interpretación y aplicación del mecanismo, se han obtenido en Colombia, y desarrolla en 5 casos paradigmáticos ocurridos en el país, la relevancia de la Acción, cuando esta se desarrolla en el contexto de graves violaciones a los Derechos Humanos. La publicación también profundiza en el papel que el Fondo para la Defensa de los Derechos e Intereses Colectivos, administrado por la Defensoría, desempeña frente a la realización de las acciones de grupo y realiza un análisis del tratamiento de los sujetos colectivos en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. El acto se llevará a cabo el próximo viernes, 15 de octubre de 2010, a las 4:00pm en el Aula Máxima del Colegio Mayor Nuestra Señora del Rosario, calle 14 No. 6 – 25, de la ciudad de Bogotá. Más información: Dirección Nacional de Acciones y Recursos Judiciales Defensoría del Pueblo 3144000 Ext.2303 moreno@defensoria.org.co


Acciones de grupo y de clase en casos de graves vulneraciones a los Derechos Humanos

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Audiencias Defensoriales | 8 de octubre de 2010Los habitantes de Bogotá tenemos un pasivo ambiental con el sur de la ciudad

Los habitantes de Bogotá tenemos un pasivo ambiental  con el sur de la ciudad

Al evaluar el aprovechamiento y disposición final de los residuos sólidos en Bogotá, la Defensoría del Pueblo, concluyó que si bien ha habido un avance en la mitigación de los impactos que afectan las zonas aledañas al vertedero de basuras, es necesario un mayor esfuerzo por parte de la administración distrital.La advertencia se hizo en el marco de la audiencia pública convocada por la Defensoría en la localidad de Usme, donde participaron las comunidades, autoridades, grupos ambientales, estudiantes, profesores y organismos de control, quienes fijaron sus posiciones en torno al tema, que servirán de insumo para la resolución defensorial.

Advierte la Defensoría que “ha hecho falta un mayor esfuerzo por parte de las autoridades competentes del Distrito, pues el manejo de los residuos sólidos es un problema de gran trascendencia al que se debe prestar especial atención, para lograr un aprovechamiento efectivo y disminuir las 6.000 toneladas (aproximadas) de residuos sólidos que hoy desechamos los Bogotanos”.

La evaluación destacó que la comunidad de las zonas aledañas al relleno sanitario Doña Juana, continúa expuesta a los impactos ambientales propios de la operación del relleno, además de otras fuentes que generan impacto en esta zona, entre las que se encuentran la contaminación por material particulado de explotación de canteras, así como por la acción de las ladrilleras ubicadas muy cerca de los centros poblados y los problemas ocasionados por la inundación de las cárcavas de la explotación minera que causan proliferación de vectores, entre otros.

Cabe recordar que las localidades de Usme, Ciudad Bolívar y Tunjuelito de Bogotá, son las más cercanas al Relleno Sanitario Doña Juana, y habitadas por comunidades vulnerables.

Recomendaciones

Después de visibilizar el estudio, el Defensor del Pueblo, Vólmar Pérez Ortiz, consideró necesario que la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos -UAESP- y la Secretaría Distrital de Salud, evalúen la incidencia de la operación del relleno sanitario Doña Juana en la salud de la comunidad, incluyendo un grupo significativo en el análisis y por un período de tiempo que permita identificar la afectación a la salud a largo plazo.

El Defensor urgió de las autoridades competentes del Distrito Capital y de la administración del departamento de Cundinamarca que encuentren fórmulas adecuadas para la disposición final de residuos sólidos a largo plazo, en donde involucre sistemas de aprovechamiento y nueva tecnología para la disposición final de los residuos, con un enfoque regional y participativo, de acuerdo con los lineamientos impartidos por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial.

Exhortó también a la ciudadanía a que contribuya con la limpieza de la ciudad no arrojando ningún tipo de residuo al espacio público; a que haga uso adecuado de los contenedores públicos para depositar los residuos; a separar en la fuente y a generar nuevos hábitos de consumo de tal forma que se minimicen los residuos a disponer.

En cuanto al componente de disposición final, el Defensor del Pueblo Volmar Pérez, señaló que es necesario tener en cuenta aspectos como la generación de gases, así como la producción de lixiviados, dos factores de contaminación propios de la operación del relleno sanitario, a los cuales se les debe hacer un especial seguimiento con el fin de que se garantice el efectivo cumplimiento de las normas ambientales, para evitar afectaciones al ambiente y la salud.
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Agua | 8 de octubre de 2010Defensoría del Pueblo propone tarifas de acueducto de acuerdo con la calidad del agua

En un reciente estudio, la Defensoría del Pueblo concluye que 618 municipios del país suministraron agua no apta para el consumo humano en el segundo semestre de 2009. Del mismo modo, recomienda que las tarifas de acueducto se adopten con base en el Índice de Riesgo de Calidad del Agua para Consumo Humano –IRCA-, y que se incluyan en la factura las características del líquido y la calidad del servicio que se presta.El diagnóstico de la Defensoría del Pueblo sobre la calidad del agua para consumo humano, revela que entre los años 2007 y 2009 la calidad del agua que se suministra para consumo humano ha mejorado; hay más municipios que suministran agua apta para consumo humano y menos municipios se ubican en los niveles de riesgo “medio”, “alto” e “inviable sanitariamente”.

El estudio concluye que la tendencia mejora de acuerdo con el indicador de calidad de agua; sin embargo, el porcentaje de municipios que en el segundo semestre de 2009 suministró agua sin riesgo para la salud humana sólo alcanza el 32%, de un universo de 901 municipios que reportaron información.
En este mismo periodo, segundo semestre de 2009, 296 municipios suministraron agua “sin riesgo” para la salud humana; 99 presentaron un nivel de riesgo bajo en salud; 219 se ubicaron en el nivel de riesgo “medio”, 276 en el nivel riesgo “alto” y 24 municipios suministraron agua inviable sanitariamente.

Se destacaron por haber distribuido agua ‘inviable sanitariamente’ en forma consecutiva durante 4 semestres los municipios de Saboyá en Boyacá, Rovira en Tolima, Aracataca en Magdalena, Miraflores y Calamar en el Guaviare.

De la misma manera, Quindío y Arauca suministraron agua potable “sin riesgo” para la salud humana en todos sus municipios. En Antioquia, Cundinamarca y Atlántico mejoraron las condiciones de la calidad de agua. Por el contrario, los departamentos de Putumayo, Caldas y Guainía desmejoraron. Los departamentos de Guaviare, Valle del Cauca, Cauca y Bogotá D.C., no reportaron información.

Además, en dicho periodo, 650 municipios presentaron Coliformes Totales en sus muestras; el 46,1% de las 12.637 muestras de agua evaluadas en esos municipios tuvo presencia de dichos microorganismos y se presentó E-Coli en 502 de los municipios, es decir, el 38,6% de las 10.439 muestras de agua que se evaluaron en esos municipios.

Como se ha dicho en otras oportunidades, esta situación significa riesgo latente frente a la presencia de tales microorganismos en el agua que se usa diariamente para las actividades de alimentación, bebida y aseo personal. Se estima que una de las causas de los resultados es la contaminación del recurso hídrico en los ríos, quebradas, lagunas, pozos subterráneos, etc. Se recuerda que menos del 15% del agua residual del país recibe algún tipo de tratamiento antes de disponerse en las fuentes naturales.

La investigación indica que por falta de tratamiento del agua que se suministra para consumo humano y por los bajos niveles de saneamiento básico, los índices de morbilidad y mortalidad infantil en Colombia no mejoran; esta situación ha llevado a las entidades sanitarias a proponer campañas preventivas con el fin de reducir las muertes de menores edad y evitar que este sector de la población no presente problemas de salud, y se deterioren sus capacidades físicas y mentales.


Algunas recomendaciones

De acuerdo con este diagnóstico, el Defensor del Pueblo, Vólmar Pérez Ortiz, consideró necesario recomendar la inclusión en la metodología tarifaria de acueducto factores tales como la continuidad en la prestación del servicio, la calidad del agua, el nivel de satisfacción de los usuarios y, en general, aquellos que permitan ajustar el valor de la tarifa a los servicios que efectivamente se estén prestando.

Además, es necesario advertir que la presencia de cloro residual, Coliformes Totales y E-coli en algunas de las muestras en cada semestre sigue siendo alta; por ello es necesario que los resultados de la muestras se divulguen en forma amplia y oportuna. Los resultados de las muestras deben manejarse para prevenir a la comunidad sobre los riesgos que tiene consumir agua no apta para su consumo. En este sentido, la Defensoría del Pueblo solicita de la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico se incluya en las facturas los resultados de las muestras de la calidad del agua para consumo humano del mes correspondiente, así como que la tarifa del servicio de acueducto considere el nivel de riesgo del IRCA.

Todos los municipios que suministren agua no apta para consumo humano deben aplicar las medidas y las tecnologías necesarias para realizar el tratamiento de potabilización que corresponda a las características del agua que se capta en cada uno de los municipios, con el propósito de suministrar agua “sin riesgo” para la salud humana en un periodo de tiempo claramente definido. Los municipios que están cercanos a cumplir con los estándares de calidad de agua apta para el consumo humano, necesitan hacer un mayor esfuerzo y adoptar planes de acción adecuadamente elaborados y formulados para que en el corto plazo suministren agua apta para consumo humano.

La fuerte presencia de Coliformes Totales y E-coli podría estar relacionada con el bajo tratamiento a las aguas residuales; por ello es necesario que se adopten medidas para mejorar e incrementar el tratamiento a las aguas en referencia. Además, es necesario identificar los acueductos aguas abajo de los vertimientos de otros municipios, con el propósito de tomar los correctivos a que haya lugar.

Las entidades sanitarias deben impulsar la aplicación de políticas públicas de tipo preventivo para reducir la mortalidad infantil por causas relacionadas con el agua, en especial, para prevenir problemas de salud y el deterioro de sus capacidades físicas y mentales. Así como continuar con la implementación estricta el Decreto 1575 de 2007 y la Resolución 2115 de 2007, que señalan los criterios para la protección y el control de la calidad del agua para consumo humano.

Finalmente, es necesario que los ciudadanos actúen responsablemente en el manejo del agua y ejerzan su derecho a la participación ciudadana y al control social de las obras e inversiones del sector de acueducto y alcantarillado.

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) declaró desde 1992, el primer sábado del mes de octubre como el Día Panamericano del agua, y su celebración representa una oportunidad para reflexionar sobre la importancia del agua y de la necesidad de implementar medidas para su conservación.


Diagnóstico de la Calidad del Agua para consumo humano año 2009

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Audiencias | 5 de octubre de 2010Sobre el aprovechamiento de residuos sólidos y su disposición final en el Relleno Sanitario Doña Juana

El evento que se realizará el próximo 9 de octubre de 8:00 am a 1:00 pm en el colegio “Diego Montaña Cuellar” de la localidad de Usme , busca abrir un espacio para la participación ciudadana sobre la problemática de los residuos sólidos en Bogotá.Con el propósito de divulgar la investigación sobre el aprovechamiento de residuos sólidos y su disposición final en el Relleno Sanitario Doña Juana, la Defensoría del Pueblo, convoca a la comunidad, organizaciones de la sociedad civil y autoridades del ramo, a la Audiencia Defensorial que se llevará a cabo el próximo 9 de octubre en las instalaciones del Colegio Monteblanco sede B “Diego Montaña Cuellar”, ubicado en la carrera 2 este No. 101A - 01 sur, barrio Lorenzo Alcantuz, localidad Quinta de Usme.

La Audiencia Defensorial será un espacio que permitirá garantizar la participación de la ciudadanía para establecer con las autoridades del nivel nacional y distrital el impacto que haya producido el Relleno Sanitario Doña Juana desde el punto de vista social y ambiental y, del mismo modo, evaluar las políticas y medidas que se están adoptando para el aprovechamiento y disposición final de residuos sólidos.

El 27 de septiembre de 1997 se derrumbó una montaña de residuos en el Relleno Sanitario Doña Juana, lo que generó una nube de gases que cubrió el área del vertedero y los barrios aledaños a este. El olor producido por los gases atravesó gran parte de la Capital, afectó la salud de algunas personas y desmejoró notablemente la calidad de vida de otras.

Trece años después, un estudio adelantado por la Defensoría del Pueblo encontró que, aunque las condiciones de operación del Relleno han mejorado, los habitantes de las localidades aledañas a éste continúan siendo afectados por diferentes factores de riesgo ambiental como fuertes olores y presencia de insectos y roedores, que podrían afectar el derecho a la salud de estas comunidades.

En razón de lo anterior, y con el propósito de impulsar la efectividad de los derechos al acceso a los servicios públicos y al goce de un ambiente sano de quienes habitan en esta zona, la Defensoría del Pueblo divulgará en la audiencia convocada para el próximo 9 de octubre, los resultados de un informe adelantado sobre esta problemática.


Relleno Sanitario Doña Juana

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Conflicto Armado | 2 de octubre de 2010Condena la masacre ocurrida en el municipio de El Charco y el Desplazamiento en Iscuandé, en el departamento de Nariño

Condena la masacre ocurrida en el municipio de El Charco y el Desplazamiento en Iscuandé, en el departamento de Nariño

El Defensor del Pueblo, Volmar Pérez Ortiz, condenó la masacre de cinco personas perpetrada en la vereda Yanzal del municipio El Charco, en el departamento de Nariño, en la mañana del viernes 1º de octubre de 2010 y el desplazamiento masivo ocurrido hoy sábado en zona rural del municipio de Santa Bárbara de Iscuandé, luego de las amenazas, homicidios y extorsiones ejecutadas por un grupo armado ilegal.Según información de las autoridades locales, un grupo armado ilegal integrado por aproximadamente 20 hombres que portaban armas largas, incursionó a las 6:00 a.m. del pasado viernes 1º de octubre en la vereda Yanzal, y sacó de sus viviendas y asesinó al señor David Enrique Tello, ex concejal municipal de El Charco, y dos de sus hermanos: Jesús Ariel Enríquez Tello, 32 años y Fabio Enríquez Tello, 30 años y, a los señores Eduard Portocarrero Ruíz de 22 años y Albeiro Ortiz Orobio de 29 años.

Asimismo, en la mañana del sábado 2 de octubre, 38 familias (183 personas) se vieron forzadas a desplazarse de la vereda Las Varas a la vereda La Soledad del municipio de Santa Bárbara de Iscuandé, debido a las amenazas, extorsiones, a docentes y comerciantes, y homicidios cometidos contra los pobladores por el mismo grupo armado ilegal que ejecutó la masacre en la vereda Yanzal en el municipio de El Charco,

El Defensor del Pueblo, manifiesta su preocupación por los graves hechos de violencia que vienen aconteciendo en la costa pacífica nariñense que afecta los derechos fundamentales de las comunidades afrocolombianas y pueblos indígenas de los municipios de El Charco y Santa Bárbara de Iscuandé y solicita de manera urgente la intervención de las autoridades civiles y de la Fuerza Pública para prevenir actos violentos contra la población civil.

El Defensor del Pueblo manifiesta que debe adoptarse prontamente medidas de prevención y protección efectivas para evitar un posible desplazamiento de un grupo significativo de personas a la cabecera urbana del municipio de Iscuandé de las comunidades que hacen parte del consejo comunitario “Esfuerzo Pescador” y “Unicosta” o hacía el municipio de Guapi (Cauca) o de carácter interveredal desde las veredas Las Varas, La Soledad, Juanchillo, Ensenada, El Cuerval, Secadero, Soledad Pueblito, Soledad Pesquera y Chico Pérez.

El Defensor del Pueblo, señaló que el Sistema de Alertas Tempranas (SAT) de la Defensoría del Pueblo, en la Nota de seguimiento número 020 del 24 de agosto de 2010 advirtió de la persistencia de la situación de riesgo para la población civil de la zona urbana y rural de los municipios de El Charco, Santa Bárbara de Iscuandé, La Tola y Olaya Herrera, la cual fue declarada Alerta Temprana por el Comité Intersectorial de Alertas Tempranas que coordina el Ministerio del Interior y de Justicia.

Con respecto al municipio de El Charco, la Nota de Seguimiento Número 020 describe que el escenario de riesgo en la cabecera urbana y en la zona rural lo configura la disputa territorial entre las FARC, Los Rastrojos y un grupo armado ilegal conformado por desmovilizados del ELN y de las antiguas AUC, que se han rearmado, y miembros de bandas al servicio del narcotráfico que están actuando particularmente en la zona de Puerto Bazán y Chico Pérez. “Ante el retiro de las tropas del Batallón Fluvial de Infantería de Marina (BAFLIM 10) que hacía presencia en Puerto Bazán, la administración municipal y la Personería Municipal han solicitado el retorno de la Fuerza Pública como medida que permita garantizar la vida y la seguridad de la población civil”, dice la Nota de Seguimiento.

En lo que alude al municipio de Santa Bárbara de Iscuandé el factor de riesgo identificado por el SAT hace referencia a los propósitos de control territorial y social de la guerrilla de las FARC, y de los grupos armados ilegales autodenominados Los Rastrojos, Las Águilas Negras y otras bandas delincuenciales al servicio de narcotráfico, que se expresan en hechos de violencia contra la población indígena y afrocolombiana.

Aseguró el Defensor del Pueblo, que la masacre y el desplazamiento masivo presentado en zona rural de los municipios de El Charco y Santa Bárbara de Iscuandé, constituye una grave violación a los derechos fundamentales a la vida y a la integridad de la población civil de las comunidades afrodescendientes e indígenas, que afecta, adicionalmente, sus derechos a la autonomía territorial y cultural, y a la organización social.

El Defensor del Pueblo, urge de las autoridades civiles y a la Fuerza Pública la adopción de medidas integrales y efectivas de prevención y protección para garantizar el derecho a la vida y a la integridad de la población civil de los municipios de El Charco y Santa Bárbara de Iscuandé.

De igual manera, insta a la Administración Municipal de Santa Bárbara de Iscuande y a la Unidad Territorial de Acción Social del departamento de Nariño, a brindar, sin dilación alguna, la asistencia humanitaria de emergencia a las familias en situación de desplazamiento que se hallan en la vereda La Soledad.

Por último, solicita de los órganos competentes del Estado, investigar los hechos de violencia en los municipios de El Charco y Santa Bárbara de Iscuandé para que sus responsables sean judicializados y sancionados.
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