Conceptos de la Defensoría sobre Proyectos de Ley

Legislatura 2007-2008

Creación del Ministerio de Justicia y del Derecho
Proyecto de ley no. 78/07, Senado, por medio del cual se crea el Ministerio de la Justicia y el Derecho, se determinan sus funciones y se dictan otras disposiciones

Autor: Iniciativa parlamentaria

Tema: El proyecto pretende restituir el Ministerio de Justicia y del Derecho como organismo rector encargado de la formulación de la política del Estado en materia de justicia. El Proyecto asigna como objetivos del nuevo ente la adopción de políticas, planes generales, programas y proyectos del sector de administración de justicia, la coordinación de las relaciones de la Rama Judicial con la Rama Ejecutiva, el diseño de políticas y estrategias para la defensa de la libertad personal, la formulación de políticas de inversión en materia penitenciaria y carcelaria, el desarrollo de mecanismos alternativos de acceso a la justicia y la coordinación de la defensa de la Nación, entre otras.

De igual forma, el proyecto contempla funciones del nuevo Ministerio en relación con la política del Estado en materias de justicia y derecho, con la política criminal y penitenciaria del Estado, con la política de drogas y actividades conexas, la Rama Judicial y los órganos de control, la sociedad civil, la defensa judicial de la Nación y con el ordenamiento jurídico y la seguridad jurídica.

Consagra además las entidades y organismos que conforman el sector justicia, los consejos asesores (Estupefacientes, Política Criminal y Penitenciaria, Control del Lavado de Activos, Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, Lucha contra la Trata de Personas), así como su integración y funciones. De igual forma, el artículo 17 del proyecto asigna facultades extraordinarias al Presidente para determinar la estructura y organización del Ministerio de Justicia, asignarle sus funciones y adoptar la planta de personal, entre otras atribuciones.

Observaciones de la Defensoría: El Defensor del Pueblo se pronunció el 11 de octubre de 2007 sobre la iniciativa y advirtió que, por tratarse de la creación de un organismo del ejecutivo de los previstos expresamente en el numeral 7 del artículo 150 de la Carta, la iniciativa para la creación del Ministerio de Justicia está reservada al Ejecutivo.

No obstante lo anterior, es posible que el Ejecutivo participe más adelante en el debate del proyecto para impulsarlo, entendiéndose a partir de su intervención que coadyuva la iniciativa, con fundamento en lo preceptuado por el parágrafo del artículo 142 de la Ley 5ª de 1992, Reglamento del Congreso.

Al margen del debate formal, el Defensor expresó la conveniencia de la iniciativa. En primer lugar, la implementación del sistema penal acusatorio plantea por sí sola una serie de retos que justifican contar con un organismo técnico y experto encargado de la coordinación, los ajustes y reformas que los sucesivos entornos hacen aconsejables, así como del diseño de la política y la asignación de los recursos necesarios para un manejo adecuado y eficiente de la administración de justicia. Agregó que el posicionamiento del tema de la justicia en la agenda política pasa necesariamente por su autonomía como ministerio independiente. Tal posicionamiento es sin duda necesario en un país que, como Colombia, tiene en las expresiones del fenómeno criminal, la implementación de un nuevo sistema penal, la grave situación de impunidad, la desmovilización de los miembros de los grupos armados y la propia política de seguridad democrática, líneas gruesas que afectan de forma cotidiana el entramado institucional colombiano. También el posicionamiento del país en un entorno cada vez más competitivo sugiere que una adecuada y pronta administración de justicia conlleva mejoras en los niveles de calificación internacionales para efectos de inversión y comercio. En suma, la creación del Ministerio de Justicia permitiría copar esta necesidad institucional en una materia que es neurálgica para el Estado colombiano.

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Atribución de concierto para delinquir simple a miembros rasos de grupos armados al margen de la ley.
Proyecto de Ley 67 de 2007 Senado, por medio del cual se modifica el artículo 340 del Código Penal y se adiciona el artículo 69 de la Ley 975 de 2005.

Autor: Gobierno Nacional

Tema: El proyecto de ley de iniciativa gubernamental propone incluir entre los sujetos activos del denominado concierto para delinquir simple a los "miembros rasos" de los grupos armados al margen de la ley con quienes el Gobierno Nacional adelante acuerdos de paz en el marco de la ley 1106 de 2006 - Instrumento para la búsqueda de la convivencia -, es decir, a quienes no se les pueda atribuir otra responsabilidad penal diferente a la simple pertenencia al grupo armado organizado al margen de la ley o, en otras palabras, a la "tropa".

Con un leve incremento de la pena y de la sanción pecuniaria, el proyecto de ley mantiene la figura del concierto para delinquir agravado, atribuible a las personas que se conciertan para cometer delitos de lesa humanidad, delitos contra personas y bienes protegidos por el Derecho Internacional Humanitario, homicidio, terrorismo, tráfico de drogas y secuestro extorsivo, entre otros.

No obstante, dejan de ser concierto para delinquir agravado las conductas de varias personas encaminadas a organizar, promover, armar o financiar grupos armados al margen de la ley. De manera expresa, excluye también de estos beneficios jurídicos a quienes se hubieren favorecido de esas conductas para acceder a la función pública o hayan tenido la calidad de servidores públicos.

Observaciones de la Defensoría: La Defensoría del Pueblo destacó del proyecto cuatro aspectos que merecen reconocimiento: a) La proscripción de beneficios jurídicos contemplados en la Ley 1106 de 2006 en favor de personas responsables de concierto para delinquir simple que se hayan beneficiado de esas conductas para acceder la función pública o hayan tenido la condición de servidor público durante su realización. b) La imposibilidad de calificar como concierto para delinquir la actividad encaminada a organizar, promover, armar y financiar grupos armados al margen de la ley. c) La posibilidad de acceder a los beneficios jurídicos contemplados en la Ley 1106 de 2006, de los responsables de la conducta delictiva concierto para delinquir simple, siempre y cuando se desmovilicen dentro de un proceso de paz, y d) La imposibilidad de que los jefes y cabecillas de grupos armados al margen de la ley, responsables de conductas delictivas contra personas y bienes protegidos por el Derecho Internacional Humanitario sean destinatarios de los beneficios jurídicos de que trata la ley 1106 de 2006.

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Audiencia pública para discutir el proyecto de ley sobre igualdad y no discriminación
Proyecto de Ley No. 040, Senado, 040 "Por medio del cual se adoptan medidas en desarrollo del artículo 13 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones para prevenir, erradicar y sancionar toda forma de discriminación" acumulado con el Proyecto de Ley No. 068 de 2007, Senado, "por la cual se desarrolla el derecho a la igualdad y se dictan disposiciones para prevenir, erradicar y sancionar la discriminación"

Autores de los proyectos acumulados: Proyecto de Ley Estatutaria No. 040 de 2007, Senado: Iniciativa parlamentaria. Proyecto de Ley Estatutaria No. 068 de 2007, Senado: Iniciativa del Defensor del Pueblo

Tema: : La Senadora Gina Parody, ponente del proyecto de Ley No. 040, decidió acumular a dicho proyecto, la iniciativa presentada por el Defensor del Pueblo. Para efectos de promover una discusión amplia sobre los temas de las respectivas iniciativas, convocó a una audiencia pública con presencia de las personas, entidades y colectivos interesados en el tema, y escuchar así sus posiciones e inquietudes.

En su ponencia, la Senadora introdujo algunas modificaciones sustanciales respecto de los temas que había incluido el Defensor en su iniciativa. Entre ellos, la ponencia excluyó la tipificación de conductas discriminatorias consagradas para cada grupo vulnerable y las englobó bajo un solo conjunto para todos los grupos. También excluyó el concepto de "accesibilidad universal" propuesto por el Defensor e introdujo el de "ajuste razonable". En igual sentido, la ponencia excluyó la propuesta de crear un Comité Interinstitucional contra la Discriminación como lo propuso la Defensoría. Además, radicaba en cabeza de la Procuraduría el diseño e implementación de acciones afirmativas a favor de los grupos vulnerables, contrario a lo considerado por el Defensor, que asignaba al Gobierno Nacional dicha competencia.

Posición de la Defensoría: El Defensor del Pueblo, invitado a participar en la audiencia pública, hizo énfasis en que, a pesar de que la Constitución declara a Colombia como una nación pluriétnica y multicultural, tales postulados están lejos de ser una vivencia cotidiana para la gran mayoría de los colombianos. A las condiciones de marginalidad que impone la pobreza de la mayoría de la población, se agrega la interiorización de patrones, prejuicios e imaginarios que han justificado por centurias el odio, la discriminación y la exclusión. El Defensor justificó algunos de los puntos del Proyecto presentado por la Entidad al Congreso, que no fueron tenidos en cuenta en la ponencia para primer debate. En efecto, destacó que la Defensoría ha estado asistida, más allá de la intención de consignar de manera casuista las situaciones constitutivas de discriminación, de una intención pedagógica, en el sentido de visibilizar las conductas que más afectan a cada uno de los colectivos de que trata el Proyecto. Esta orientación fue asumida al constatar la especificidad de cada grupo y de cada problemática, lo cual hacia aconsejable la categorización propuesta.

Sobre el criterio de la "accesibilidad universal", el Defensor expresó que el artículo 22 del proyecto de Ley 068, lo consagra en el sentido de que los entornos, estructuras, bienes, procesos y servicios deben cumplir con las condiciones que permitan su acceso o uso en condiciones de seguridad y comodidad de forma natural para todas las personas, incluidas aquellas en situación de discapacidad. En cambio, el principio del "ajuste razonable" propuesto en la ponencia se circunscribe a las circunstancias de discapacidad. De hecho, la Defensoría lo incluyó en el texto del artículo 22 de su propuesta. Sin embargo, puede no ser suficiente como pauta para abarcar las situaciones que deben enfrentar no sólo las personas en situación de discapacidad sino otros grupos, como niños y niñas o mujeres, para salvar los obstáculos y barreras que se les presentan de manera continua.

El Defensor abogó por la necesidad de reconocer una dimensión institucional para el proyecto. Estimó que la creación de un Comité interinstitucional para un tema de la amplitud y con las connotaciones que reviste la discriminación en Colombia es necesaria para el abordaje dinámico y la asunción de responsabilidades desde las perspectivas múltiples que pueden aportar las diversas entidades involucradas en el tema, y que es a la Rama Ejecutiva, a quien compete en primera instancia adoptar las medidas y asignar los recursos que requiere el cumplimiento de las obligaciones y deberes derivados de los tratados y convenios internacionales de Derechos Humanos y de la propia Constitución.

Por último, la Defensoría encontró problemática la asignación de competencias sobre estudio y definición de las políticas de acción afirmativa a la Procuraduría General de la Nación, puesto que se trata en esencia de un organismo de control. Sin perjuicio de las atribuciones que le permiten al Defensor del Pueblo y al Procurador General sugerir medidas de política pública, su diseño y adopción están a cargo del Legislativo y del Ejecutivo, rama que además ostenta la calidad de ordenadora del gasto. En esta medida, dejar como responsable de las medidas de acción afirmativa al Procurador General de la Nación puede ir en contravía de su naturaleza constitucional y del alcance de sus atribuciones.

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Saneamiento de titulación de propiedad inmueble
Proyecto de Ley numero 102 de 2006 Senado, 246 de 2007 Cámara, por medio de la cual se establece un proceso especial para el saneamiento de titulación de propiedad inmueble

Autor: Iniciativa parlamentaria

Tema: el proyecto propone la creación de un proceso especial de saneamiento encaminado a sanear los títulos de dominio incompletos que conlleven la falsa tradición de aquellos poseedores de bienes inmuebles cuya extensión no sea superior a diez (10) hectáreas y que demuestren que su precaria tradición no es producto de violencia, usurpación, desplazamiento forzado, engaño o testaferrato. Se exige como requisito especial que sobre el inmueble se tenga título o títulos registrados durante un periodo igual o superior a cinco (5) años, inscritos en la sexta (6ª) columna del folio de matrícula inmobiliaria correspondiente a la llamada "falsa tradición". Como requisitos adicionales se exige que se haya ejercido posesión sobre el mismo en forma publica, pacífica y continua, se trate de inmueble sobre el cual no pese proceso administrativo agrario alguno, que no sean bienes imprescriptibles o públicos o cuya apropiación, posesión u ocupación no esté prohibida por la Constitución y la ley. De igual manera se demanda que el inmueble no se encuentre ubicado en las zonas declaradas de inminente riesgo de desplazamiento o de desplazamiento forzado, en los términos de la ley 387 de 1997 y sus reglamentos o en similares zonas urbanas.

El trámite que propone el proyecto se surte ante el juez civil o promiscuo municipal del lugar de ubicación del inmueble; la legitimación por pasiva se radica en quienes figuren como titulares del derecho de dominio que aparezcan en el folio de matrícula inmobiliaria de instrumentos públicos, las personas indeterminadas y los colindantes del inmueble; se debe practicar sobre el inmueble una inspección judicial, con el fin de establecer su ubicación, cabida y linderos; la providencia una vez en firme, hace tránsito a cosa juzgada material, produce efectos erga omnes y se debe registrar en el folio de matrícula inmobiliaria de la oficina de registro de instrumentos públicos. Por último, el proyecto establece que la ley se aplicará con efectos retrospectivos, esto es, sobre situaciones acaecidas antes de su entrada en vigencia y empezará a regir seis (6) meses después de su promulgación.

Observaciones de la Defensoría del Pueblo: La Defensoría del Pueblo consideró inconveniente el proyecto de ley por cuanto crea un procedimiento paralelo a los trámites de saneamiento de la propiedad que actualmente existen en la legislación colombiana; el saneamiento de la propiedad inmueble no puede basarse únicamente en la posesión inscrita que impulsa el proyecto en detrimento de la posesión real y material, aparte de que podría crear una compuerta para sanear no solo propiedades rurales hasta de 10 hectáreas sino grandes propiedades a través de títulos fraccionados de inmuebles que han sido arrebatados a los campesinos colombianos dentro del conflicto armado.

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Legislatura 2006-2007

1. Policía rural y unidades permanentes de justicia
Título: Proyecto de Ley número 042 de 2005 Cámara "por medio de la cual se crea la Ley de Seguridad Ciudadana y la Guardia Colombiana".

Autor: Gobierno Nacional

Tema: el proyecto busca la creación legal de la Guardia Colombiana Nacional o Policía Rural y las Unidades Permanentes de Justicia. La primera, como un cuerpo dependiente de la Policía Nacional, encaminada a consolidar la seguridad en las zonas rurales del país. La segunda, como unidades permanentes de justicia o centros multiagenciales, coordinados y administrados por las alcaldías municipales en aquellos municipios mayores de 100.000 habitantes, que actuarían como unidades de retención transitoria de personas, en los términos y para los casos señalados en los códigos de policía. Ambas figuras ligadas a dos ámbitos de aplicación de la seguridad: la seguridad rural y la seguridad en las grandes ciudades.

El proyecto también regula la restricción temporal del porte de armas por parte de los alcaldes, previa autorización del jefe militar y policía local, por razones excepcionales de orden público, en ciudades de más de 100.000 habitantes. Asimismo, anuncia la creación del Sistema Nacional de Registro Balístico.

Observaciones de la Defensoría del Pueblo: El Defensor del Pueblo conceptuó que desde el punto de vista técnico, las propuestas eran formal y jurídicamente procedentes, en razón a que existe el marco constitucional que las haría viables y que el Legislador en desarrollo de la cláusula general de competencia legislativa se encontraba legitimado para legislar sobre esas materias.

En particular, sobre la propuesta de la policía rural, el Defensor del Pueblo consideró que desde el punto de vista filosófico, la seguridad es un bien social indispensable para asegurar y garantizar la convivencia pacífica de los asociados. Es por su naturaleza y alcance uno de las funciones esenciales del Estado y requisito para poder alcanzar sus fines. Desde el punto de vista político, la propuesta está encaminada a restituirle a la seguridad la connotación de función pública en cabeza del Estado antes que la de servicio público, en el sentido de que es a éste como estructura jurídicamente organizada a quien le corresponde en forma exclusiva su prestación, a través de sus agentes representados en las Fuerzas Militares y Policía Nacional. Y que, constituye, por lo tanto, la oportunidad de que el Estado colombiano retome el monopolio de las armas en aquellas zonas o regiones en que lo había perdido, mediante la reasunción del poder soberano de la fuerza legítima que por antonomasia le corresponde. Ello le permitiría no solamente cumplir con sus obligaciones de respeto para con sus asociados en materia de seguridad, sino también con las de protección y garantía.

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2. Delitos informáticos
Título: proyecto de ley número 087 de 2005 Cámara, "por medio del cual se crea un articulo nuevo o se adiciona al artículo 197 del Código Penal - Ley 599 de 2000 -, correspondiente al título de los delitos contra la libertad individual y otras garantías".

Autor: iniciativa parlamentaria.

Tema: el proyecto pretende incorporar un nuevo tipo penal en el ordenamiento criminal colombiano, relacionado con la descripción de conductas desplegadas por los denominados "delincuentes virtuales" o "hackers", quienes valiéndose del uso de la informática y de los sistemas que utilizan tecnologías de la información o mediante la apropiación de identidades, logran descubrir los datos financieros de sus victimas con fines defraudatorios. Esto es, suplantando y sustituyendo a los usuarios de las redes de servicios en sus distintas modalidades - tarjetas de crédito, debito, servicios y transacciones en línea, entre otras -, con el fin de obtener un provecho ilícito.

Observaciones de la Defensoría del Pueblo: el Defensor del Pueblo señaló que si bien las conductas descritas por el tipo penal objeto del proyecto constituyen sin lugar a duda una problemática en la que el Estado puede intervenir a través de su función punitiva, se consideró que la forma como se pretende afrontarla no arrojaría resultados socialmente útiles, objeto de toda política pública en cualquier campo.

La propuesta no constituye nada distinto a la simple agregación de un tipo penal al actual estatuto criminal que, por compartir elementos de otros tipos, bien podría caber dentro de la adecuación típica de la falsedad personal y la estafa, hecho que haría intrascendente su constitución como nuevo tipo penal.

No obstante, lo anterior no es óbice para que se considere que los avances tecnológicos de la modernización hacen necesario la protección especial de la información como bien jurídico tutelable no solo desde el punto de vista de la confidencialidad, como hasta ahora lo han venido haciendo los ordenamientos jurídicos, sino desde otros puntos de vista como los de la integridad y disponibilidad de la misma, afectados por los llamados delitos informáticos.

Por ello, se estimó que el Estado si podría estar en mora de legislar en materia de los delitos informáticos, a través de una política pública criminal seria y coherente, en la que se asuma su estudio en forma sistemática e integral.

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3. Reforma del Código Nacional de Policía
Titulo: proyecto de ley número 47 de 2006 Cámara, "por la cual se modifican y adicionan algunos artículos del Decreto 1355 de 1970".

Autor: iniciativa parlamentaria.

Tema: el proyecto de ley propuso varias modificaciones y adiciones al Código Nacional de Policía: se adiciona una nueva causal a la figura de los registros y allanamientos de domicilio o sitios abiertos al público o allanamientos administrativos con fines preventivos, a cargo de los Jefes de policía mediante mandamiento escrito; se modifica la descripción del ejercicio de la prostitución; se adiciona como nueva medida correctiva de policía la de cancelación de permiso, licencia, autorización o personería jurídica; se modifica la cuantía mínima y máxima fija de la medida correctiva de multa por la del sistema de salarios mínimos vigentes (entre uno y veinte salarios mínimos legales mensuales vigentes) y se adiciona al de la capacidad económica del infractor el de la gravedad de la infracción como un nuevo criterio para su fijación; se adiciona a la medida correctiva de cierre temporal de establecimiento por siete (7) días, la de cierre definitivo, cuando se compruebe el desarrollo de actividades contrarias a su objeto social y perturbadoras de la moral y el orden público; se consagra la cancelación del documento en donde conste el permiso, licencia, autorización o personería jurídica y la inhabilidad para seguir ejerciendo la actividad, y se crea una nueva contravención especial de policía vinculada a las entidades privadas sin ánimo de lucro que desarrollen actividades contrarias a su objeto social y perturbadoras de la moral y el orden público como la prostitución; el suministro de bebidas alcohólicas y embriagantes a menores de edad, y el uso, distribución y consumo de sustancias psicoactivas.

Observaciones de la Defensoría del Pueblo: El Defensor del Pueblo señaló que debe dejarse claro de que las intervenciones de las entidades privadas a las que se refieren las normas están relacionadas con las llamadas sociedades civiles, mercantiles o comerciales de contenido patrimonial y no a las sociedades en sentido estricto. Las primeras son el producto de los principios de la libertad de empresa, propiedad e iniciativa privada, que aparte de regirse por normas especiales, pueden ser restringidas o limitadas por el Estado en ejercicio de su poder de inspección, vigilancia y control: Sobre ellas, el Estado ejerce lo que la doctrina ha denominado "dirigismo económico" sobre un mercado de bienes y servicios bajo su dirección, en el que puede intervenir en defensa del interés social, el ambiente y el patrimonio cultural de la Nación.

Las segundas son las agrupaciones con fines no lucrativos que garantizan las libertades de expresión, reunión y asociación de las personas. Sobre ellas se proscribe toda forma de "dirigismo en materia política, ética o intelectual" por parte del Estado y no caben restricciones por simples razones de conveniencia. No obstante, para este tipo de asociaciones también caben restricciones en interés de la seguridad nacional, de la seguridad y el orden público, para proteger la salud y la moral pública o los derechos y libertades de los demás.

Lo anterior, con el propósito de dejar claro que las normas de policía que se proponen no pueden servir de medio para legitimar una interferencia indebida del Estado en aquellas asociaciones que carecen de contenido económico o patrimonial. Frente a ellas se impone una interpretación restrictiva de las posibilidades de interferencia estatal

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4. Prisión Perpetua
Título: proyecto de acto legislativo número 009/06 Cámara "por el cual se modifica el artículo 34 de la Constitución Política", acumulado con el proyecto de acto legislativo número 034/06 cámara "por medio del cual se modifica el artículo 34 de la constitución política"

Autor: Iniciativa parlamentaria

Tema: los proyectos de Acto Legislativo 009 y 034 de 2006 tienen ambos por objeto la modificación del artículo 34 de la Constitución Política, que actualmente prohíbe las penas de destierro, prisión perpetua y confiscación, con el propósito de establecer en el ordenamiento jurídico colombiano la pena de prisión perpetua.

Observaciones de la Defensoría del Pueblo: La Defensoría del Pueblo expresó su opinión contraria a la propuesta de instaurar la pena de prisión perpetua, y advirtió la necesidad de reflexionar y madurar suficientemente las propuestas tendentes a modificar la normatividad penal, bien sea por el expediente de la tipificación permanente de conductas o por las asiduas decisiones de aumentar las penas o consagrar rebajas por los más variados motivos, pues llevan a perder de vista el objetivo fundamental, cual es el de garantizar la eficacia real del aparato represor. La propuesta, cuya inspiración entiende acude a una sola de las variables que hacen parte del sistema punitivo, y no considera los vacíos, las inconsistencias y las ineficacias del sistema como causas incidentales de la crisis de impunidad que tan gravemente afecta a los seres humanos más vulnerables, como son los niños.

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Legislatura 2005-2006

1. Rebaja general de penas a condenados
Título: proyecto de ley número 218 de 2005 Senado "sobre rebaja general de penas a condenados".

Autor: iniciativa parlamentaria

Tema: el proyecto de ley plantea que uno de los problemas más álgidos en el tema de los derechos humanos en Colombia es el carcelario, del que se derivan gravísimos problema del hacinamiento, precarias condiciones higiénicas, de salud, de seguridad y alimenticias, así como falta de alternativas de trabajo y estudio. Se plantea entonces como una forma de aliviar esa situación una rebaja de penas que si bien en sí misma no contribuye a mejorar esas condiciones, por lo menos, se espera le permita a los condenados a quienes está dirigida la medida liberarse antes de lo previsto de esa carga.

Observaciones de la Defensoría del Pueblo: Tras advertir los inconvenientes que exhibe la reclusión tradicional y la aparición de teorías de enfoque de tratamientos distintos a la 'prisionización', la ciencia penal contemporánea revalúa la función de la pena privativa de la libertad, buscando sustitutos del aislamiento penal en aras de la defensa de los derechos humanos. Destaca que durante la ejecución de las penas debe primar la función de resocialización de la persona que la sufre, como una manifestación del Estado Social de Derecho fundado en la dignidad humana, toda vez que el fin del derecho penal en un Estado de esta connotación, no es excluir al sujeto activo del delito del ordenamiento social, sino propender por su reinserción a las reglas sociales que ha violentado. Así, los instrumentos internacionales de derechos humanos establecen esta función resocializadora del tratamiento penitenciario…"

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2. Informe anual de cuentas a la ciudadanía
Título: proyecto de Ley No. 21 y 61 acumulados de 2005 Senado 248/05 Cámara "por medio del cual se ordena a todas las entidades centralizadas y descentralizadas de la rama ejecutiva del orden nacional y territorial, al Congreso de la República, la Fiscalía General de la Nación, el Consejo Superior de la Judicatura -Sala Administrativa-, a los órganos de control y a los órganos autónomos e independientes y otros, a rendir un informe anual de cuentas a la ciudadanía".

Autor: iniciativa parlamentaria

Tema: el proyecto busca, a través del informe anual de cuentas a la ciudadanía a que estarían obligadas las autoridades públicas de la administración central y territorial, así como los órganos de control e independientes, desarrollar un instrumento necesario para acercar la ciudadanía al Estado y contribuir a la conformación de un modelo de organización política participativo y pluralista, en el que el ciudadano pasa a ser protagonista de sus propias decisiones y de los modelos institucionales de diseño, implementación, ejecución y control de políticas públicas y no solo electos de representantes ante instituciones públicas.

Observaciones de la Defensoría del Pueblo: El Defensor del Pueblo apoyó esa iniciativa legislativa, en la medida en que constituye la posibilidad de ampliar el sentido de rendición de cuentas a quienes en principio no ejecutan recursos en inversión, pero si presupuesto para su propia administración e indudablemente realizan una gestión de los asuntos públicos. Constituye un paso significativo en el sentido de aportarle a la administración de los recursos públicos un significado ulterior a la mera ejecución de políticas públicas, y evidencia que la probidad y la transparencia son un principio predicable de cada entidad del Estado y que exige a cada institución contar con un plan de acción propio que lo lleve a cumplir con sus objetivos de gestión, independientemente de si ejecuta o no recursos de inversión.

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3. Hábeas Data
Título: proyecto de ley No. 071/05, Cámara "por la cual se regula el derecho de acceso a la información de interés público, en particular la de carácter comercial, financiero, la que tiene que ver con el cumplimiento de obligaciones fiscales y parafiscales y con el pago de servicios públicos domiciliarios y se dictan otras disposiciones", acumulado al proyecto de ley número 113 de 2005, Cámara "por la cual se dictan disposiciones generales del hábeas data y se regula el manejo de la información contenida en bases de datos personales, en especial la financiera y crediticia, y se dictan otras disposiciones"

Autor: iniciativa parlamentaria

Materia: el proyecto amplía el objeto y marco de aplicación de la ley para hacer de ella un instrumento regulador integral del derecho fundamental de hábeas data. Está encaminado a la protección de datos personales, más que al manejo de la prelación de la información pública.

Observaciones de la Defensoría del Pueblo: A juicio de la Defensoría del Pueblo algunos puntos del proyecto resultan inconstitucionales e inconvenientes, por implicar una apertura inusitada del campo de información que puede ser objeto de tratamiento. En otro campo, la ponencia atribuye a la Procuraduría General de la Nación el carácter de órgano de vigilancia y control de la actividad de los bancos de datos y centrales de información, atribución que va en contravía de varias normas constitucionales. Por lo mismo, dada la improcedencia de asignar a la Procuraduría la condición de órgano de vigilancia y control de la actividad señalada, tampoco resulta coherente dejar en sus manos el manejo del Registro Nacional Público de Bancos de Datos, el cual, debe estar a cargo de la entidad que finalmente sea designada para el ejercicio de la protección de datos.

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Legislatura 2004-2005

1. Procedimientos especiales para el saneamiento y titulacion de propiedad inmueble
Título: proyecto de ley número 230 de 2004 Senado y 083 de 2004 Cámara "por medio de la cual se expiden normas y se establecen procedimientos especiales para el saneamiento y la titulación de la propiedad inmueble y se toman otras determinaciones".

Autor: iniciativa parlamentaria

Tema: el proyecto de ley propone establecer un procedimiento abreviado de saneamiento administrativo de registro para la titularidad precaria de inmuebles y para declarar la propiedad de los mismos. En tal sentido se dispone tal facultad jurisdiccional en los Registradores de Instrumentos y se enumeran unos requisitos para la procedencia del mecanismo, que se relacionan fundamentalmente con los tipos de inmuebles que no podrían ser objeto de dicho procedimiento -imprescriptibles, de dominio público, de uso público, en zonas de riesgo, de reserva forestal, áreas de protección de cauces o ríos, reserva agrícola, ecológica, parques naturales-, con el tipo de título -falsa tradición con títulos registrados-, con la posesión-pública, pacífica y continua y sin violencia, constreñimiento o amenaza al dueño-, y con la prohibición de la procedencia del saneamiento cuando exista controversia sobre el dominio.

Observaciones de la Defensoría del Pueblo: La Defensoría del Pueblo estimó la iniciativa como inconveniente e inconstitucional y recomendó el archivo del proyecto. Consideró que el proyecto acababa con los dos conceptos de prescripción vigentes en el derecho colombiano para la adquisición de bienes, esto es, con la prescripción ordinaria y la extraordinaria. Aparte de ello, que con la implementación de ese procedimiento se afectaba el tráfico jurídico y el principio general según el cual es la tradición el modo protegido por el ordenamiento jurídico para la adquisición del dominio.

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2. Hábeas Data
Título: proyecto de Ley Estatutaria número 139 de 2004 Cámara, "mediante el cual se regula el derecho fundamental de hábeas data y demás derechos y libertades de las personas en lo que respecta al tratamiento de sus datos personales"

Autor: iniciativa parlamentaria

Tema: El objeto del proyecto de ley es la protección del derecho fundamental de hábeas data y derechos conexos, como los derechos a la intimidad personal y familiar, a la honra y al buen nombre. Es en esencia, el desarrollo del artículo 15 de la Constitución Política que predica el derecho de toda persona a conocer, actualizar y rectificar la información que sobre ella se ha recogido en los bancos de datos o en los archivos de las entidades públicas o privadas.

Observaciones de la Defensoría del Pueblo: El Defensor del Pueblo apoyó el proyecto de ley sobre la regulación estatutaria del derecho fundamental de hábeas data. Hizo precisiones conceptuales que en su concepto deberían quedar consignadas en proyecto, con el fin de evitar ambigüedades y vaguedades que desvirtuaran su propósito. Llamó la atención sobre la necesidad de precisar que la persona natural y no la jurídica, es la única titular de los derechos consagrados en el artículo 15 de la Constitución Política. La Defensoría del Pueblo propuso para que hiciera parte del proyecto la exclusión de los codeudores de las listas que reportan los acreedores a las centrales de riesgo hasta tanto no se haya agotado todos los mecanismos de cobro judiciales y extrajudiciales en contra de los deudores principales.

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3. Ordenamiento Territorial
Título: proyecto de ley número 16/03 Senado y 270/04 Cámara, "por la cual se expiden normas orgánicas en materia de ordenamiento territorial y se dictan otras disposiciones"

Autor: Gobierno Nacional

Tema: Se trata de un proyecto de ley orgánica, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 151 de la Constitución, que establece reglas para el futuro ejercicio de la actividad legislativa en materia territorial. Sus objetivos son buscar la profundización de la descentralización, el establecimiento de regímenes voluntarios y flexibles de asociación, la reglamentación de la creación de las Entidades Territoriales Indígenas (ETI), la no generación de impacto fiscal y el fortalecimiento de las entidades territoriales existentes

Observaciones de la Defensoría del Pueblo: El Defensor del Pueblo apoyó la iniciativa más cuando su regulación es mandato constitucional para el Legislador. No obstante, recomendó la inclusión en el proyecto las siguientes temáticas: políticas de redistribución o compensación territorial con el fin de evitar desequilibrios regionales; estructuración de estatutos especiales para las regiones de la Orinoquia, la Amazonía, la Costa Pacífica, la Sierra Nevada y San Andrés Islas, articulados alrededor de los criterios de diversidad étnica y cultural, biodiversidad y soberanía; inclusión de una lectura espacial de los derechos humanos y del fenómeno del desplazamiento forzado, que se expresa desde luego en el territorio nacional y que alcanza niveles intolerables y el derecho al ambiente sano, entre otros.

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4. Hoja de coca
Título: proyecto de Ley número 247 de 2004 Cámara "Por medio de la cual se permite el cultivo, la tenencia, el uso y consumo de la hoja de coca en su estado natural"

Autor: iniciativa parlamentaria

Tema: el proyecto de ley tenía por objeto permitir el cultivo de la hoja de coca para fines lícitos, como el que adelantan las comunidades indígenas en el ámbito de sus territorios conforme con su tradición ancestral, así como autorizar a las comunidades negras y campesinas el aprovechamiento lícito de las múltiples ventajas que la hoja de coca pueda tener. Define que el cultivo, tenencia, comercialización, uso y consumo de la hoja de coca en su estado natural para fines culturales ancestrales o la utilización en la producción de alimentos, la industria y la medicina, no serán consideradas actividades ilícitas

Consideraciones de la Defensoría del Pueblo: Consideró el Defensor del Pueblo que la defensa del proyecto tiene una fuerte fundamentación constitucional sobre la base de que los derechos de los pueblos indígenas son de carácter colectivo. La Convención de Viena contra el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, aprobada en Colombia mediante la Ley 67 de 1993, en su artículo 14.2 ordena la adopción de medidas adecuadas para evitar el cultivo ilícito de tales plantas, pero expresamente prevé que estas medidas deben respetar los derechos humanos fundamentales "y tendrán debidamente en cuenta los usos tradicionales lícitos, donde al respecto exista la evidencia histórica, así como la protección del medio ambiente".

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5. Reincorporación de miembros de grupos armados organizados al margen de la ley, que contribuyan de manera efectiva a la consecución de la paz nacional
Título: proyecto de ley "por el cual se dictan disposiciones para la reincorporación de miembros de grupos armados organizados al margen de la ley que contribuyan de manera efectiva a la consecución de la paz nacional".

Autor: iniciativa parlamentaria

Tema: la materia del proyecto de ley se fundamenta en el concepto de justicia transicional, cuyo objeto es posibilitar la transición hacia regimenes democráticos o superar situaciones de conflicto armado, sobre la base de la verdad, justicia y reparación. Es la confrontación entre el derecho a la justicia que reclaman las victimas de la violencia y el derecho a la paz que reclama la sociedad. Sobre esa base se formulan sendos proyectos de ley, uno de origen parlamentario y otro de origen gubernamental en los que se observan similitudes y diferencias, en todo caso, los dos encaminados a permitir la reincorporación de los miembros de los grupos armados al margen de ley a la sociedad civil y el tránsito de una etapa de violencia y conflicto armado a otra de reconciliación y convivencia.

Observaciones de la Defensoría del Pueblo: Las objeciones que se le formularon a los proyectos se centraron en que ninguno asignó a la Defensoría del Pueblo atribución alguna en el trámite del proceso transicional, a pesar de que podría por su naturaleza acompañarlo, como asistencia a las víctimas en el ejercicio de sus derechos, la rendición de conceptos, orientación a testigos y la interposición de acciones para la defensa de los derechos fundamentales de las víctimas, entre otras, aparte de que ninguno de ellos tampoco contempla la creación de una Comisión de la Verdad, institución propia de la justicia transicional, ni posibilidad alguna de encausar la responsabilidad de aquellos que colaboraron efectivamente con la financiación, encubrimiento y asesoría a ese tipo de grupos.

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Legislatura 2003-2004

1. Estatuto del consumidor y del usuario
Título: proyecto de ley número 081 de 2003 Cámara "por el cual se expide el Estatuto del Consumidor y del Usuario".

Autor: iniciativa parlamentaria.

Tema: el proyecto regula las relaciones entre los productores y proveedores de bienes y servicios y los consumidores y usuarios. En particular se regulan los principios que enmarcan esas relaciones, la información y publicidad de los productos, las garantías de los mismos, la responsabilidad por los productos defectuosos, las cláusulas contractuales en las que es necesario proteger al consumidor o usuario, los mecanismos judiciales, administrativos y solución de conflictos en las mencionadas relaciones, así como la acción de repetición.

Observaciones de la Defensoría del Pueblo: El objetivo del proyecto de ley es, según se anota en la exposición de motivos, establecer una normatividad en la cual se consagran los principios generales aplicables a todas las relaciones de consumo, así como la creación de un solo sistema de protección al consumidor, que cobije todos los ámbitos del quehacer económico. Además de la uniformidad, el proyecto tiene también por objetivo adecuar el actual Estatuto del Consumidor, que tiene dos décadas de vigencia (Decreto 3466 de 1982), al nuevo marco constitucional y a la nueva organización económica nacional e internacional. La Defensoría realizó varias recomendaciones, relacionadas con los derechos de los consumidores y usuarios, el comercio electrónico, las garantías otorgadas a los consumidores, entre otras.

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2. Ordenamiento Territorial
Título: proyecto de ley número 237 de 2003 Senado y 181 Cámara "por la cual se adicionan algunos artículos de la Ley 388 de 1997 y se dictan otras disposiciones".

Autor: iniciativa parlamentaria.

Tema: el proyecto de ley tiene por objeto introducir modificaciones a la ley 388 de 1997, en lo referido a los diseños de los planes de ordenamiento territorial de los municipios y distritos con el fin de regular los usos del suelo en servicios llamados de alto impacto referidos a la prostitución y actividades afines y los usos para vivienda y dotaciones educativos. Ese uso conlleva la reubicación de las familias e instituciones educativas afectadas con el diseño de esos nuevos planes.

Concepto de la Defensoría del Pueblo: En concepto del Defensor del Pueblo el proyecto de reforma responde al desarrollo de principios constitucionales y busca el amparo de los derechos de sectores de la población que requieren de una especial protección del Estado. Tal como lo había expresado anteriormente en otros conceptos el contenido del proyecto contenía medidas de carácter preventivo de situaciones que pueden afectar de manera grave las condiciones óptimas de desarrollo armónico e integral de las familias, en particular cuando en su interior existen menores de edad, frente a quienes el mandato constitucional, la sociedad y el Estado deben concurrir para protegerlos contra toda forma de abuso, explotación, todo cuanto afecte sus derechos fundamentales y su desarrollo armónico e integral.

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3. Estatuto Antiterrorista
Título: proyecto de acto legislativo número 2 de 2003 Cámara "por medio del cual se modifican los artículos 15, 28 y 250 de la Constitución Política de Colombia, para enfrentar el terrorismo"

Autor: Gobierno Nacional

Tema: el Proyecto inicialmente presentado por el Gobierno Nacional constaba de cuatro artículos. La esencia de la iniciativa radica en facultar a las autoridades administrativas para interceptar comunicaciones y correspondencia privada, así como para posibilitar la detención de personas con fines de identificación y registros domiciliarios, sin previa orden judicial, exclusivamente para los casos de terrorismo, facultades que deberán estar definidas en una ley estatutaria. La iniciativa pretende modificar los artículos 15 y 28 de la Carta. Además, se adiciona el artículo 250 -relativo a las funciones de la Fiscalía General de la Nación- con un parágrafo, con la pretensión de autorizar la participación de miembros de las Fuerzas Militares, bajo la dirección y coordinación de la Fiscalía General, en el desarrollo de actividades de policía judicial, circunscribiendo su actuación a las conductas de terrorismo.

Consideraciones de la Defensoría del Pueblo: El Defensor del Pueblo desestimó la conveniencia y oportunidad del proyecto, en razón a la amplitud y vaguedad del concepto de terrorismo, que podría conducir a autorizar la intromisión arbitraria sobre los derechos y libertades públicas, en franca contradicción con los principios y las reglas contenidas en los tratados internacionales sobre derechos humanos incorporados al orden interno colombiano. Se manifestó en contra del otorgamiento de funciones de policía judicial a las Fuerzas Militares. La objeción fundamental radica en que los miembros de las Fuerzas Militares que se asignen a las unidades especiales de policía judicial, bajo dirección y coordinación del Fiscal General, continúan vinculados jerárquicamente a las Fuerzas Militares, situación que les impide cumplir con el requisito fundamental de la imparcialidad que se requiere para cumplir con las funciones de policía judicial, lo que imposibilita el cabal cumplimiento del postulado constitucional que prescribe que los entes públicos que desarrollen funciones de policía judicial actúen exclusivamente "bajo la responsabilidad y dependencia funcional" de la Fiscalía General de la Nación.

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4. Estatuto Antiterrorista
Título: Proyecto de ley estatutaria número 176 de 2004 Senado y 211 de 2004 Cámara "por medio de la cual se desarrolla el acto legislativo N° 2 de 2003".

Autor: Gobierno Nacional

Tema: el proyecto pretende mediante ley estatutaria regular tres especificas materias: la primera vinculada a las funciones para prevenir la comisión de actos terroristas; la segunda, referida a la creación de un cuerpo de investigación judicial conformado por miembros de las fuerzas militares: y, la tercera, reguladora de una institución denominada Informe de residencia o empadronamiento.

Observaciones de la Defensoría del Pueblo: El Defensor del Pueblo desaprobó las facultades de policía judicial que el proyecto le pretendía otorgar a los miembros de las fuerzas militares, junto con la atribuciones adicionales de registro y allanamiento e interceptación de comunicaciones y correspondencia, entre otras, por considerarlas contrarias al espíritu de la Constitución y del Estado Social de Derecho. Consideró además que la creación de un cuerpo de investigación judicial conformado por miembros de las Fuerzas Militares era violatorio del derecho fundamental al debido proceso, particularmente con el derecho que se tiene a ser juzgado por el juez natural.

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5. Transplante de órganos
Título: proyecto de ley número 9/03 Senado "por la cual se prohíbe la comercialización de órganos humanos para trasplante"

Autor: iniciativa parlamentaria

Tema: Si bien el contenido original del proyecto de ley No. 9/03 Senado se centró inicialmente en la penalización del tráfico ilícito de componentes anatómicos, la propuesta se abrió a una deliberación sobre el procedimiento de donación de órganos por parte de personas fallecidas, en particular, sobre el carácter del consentimiento del donante.

Observaciones de la Defensoría del Pueblo: El Defensor del Pueblo apoyó la iniciativa, con sugerencias en cuanto a la tipificación de la aberrante conducta del tráfico ilegal de componentes anatómicos, formulando a su vez una invitación al Congreso y a la comunidad en general para que no se opte por un sistema de extracción de órganos y se preserve el principio del consentimiento. Por otra parte, hace un llamado a las autoridades públicas, a los funcionarios y a las instituciones sin ánimo de lucro que intervienen en las distintas etapas del proceso de donación de órganos para que extremen las garantías que deben rodear el proceso de ablación de componentes anatómicos de personas fallecidas y fomenten la observancia de los niveles legales, éticos y técnicos, lo mismo que la toma de conciencia por parte de los ciudadanos de la importancia de la donación de órganos y tejidos.

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Legislatura 2002-2003

1. Prórroga de la Ley de Orden Público
Título: proyecto de ley número 081 de 2002 Cámara "por medio de la cual se prorroga la vigencia de la ley 418 de 1997, prorrogada y modificada por la ley 548 de 1999, y se modifican algunas de sus disposiciones".

Autor: Gobierno Nacional

Tema: el Gobierno Nacional propuso la prórroga de varias de las disposiciones vigentes de la Ley 418 de 1997 o ley de orden público y modificaciones a parte de su articulado, normatividad que tiene por objeto definir sus facultades para propiciar diálogos y mecanismos para la búsqueda de la convivencia y la eficacia de la justicia con organizaciones armadas al margen de la ley; consagrar auxilios y ayudas para las víctimas de atentados terroristas y otros actos violentos vinculados al conflicto armado interno; establecer la protección a intervinientes en procesos penales, así como normas para el control sobre el financiamiento de las actividades de las organizaciones armadas al margen de la ley y sobre equipos de telecomunicaciones.

Observaciones de la Defensoría del Pueblo: El Defensor del Pueblo se mostró partidario de la prórroga de la ley de orden público, especialmente, porque es de su opinión que la autorización para adelantar contactos, diálogos o negociaciones con "organizaciones armadas al margen de la ley" constituye un avance significativo encaminado a facilitar diálogos y negociaciones con las distintas organizaciones armadas inmersas en el conflicto armado interno con el objetivo de lograr finalmente la reconciliación entre los colombianos y la convivencia pacífica. Señaló igualmente la importancia de hacer los ajustes necesarios a la ley en materia que hubieren dejado controversia y que se ajusten a la realidad presente, hecho éste que se facilita por el carácter temporal de la ley.

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