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Número de resoluciones encontradas: 64


25 de mayo de 2006
Resolución Defensorial Nº 44:
Prestación de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo en la isla de San Andrés

En septiembre de 2002, la Defensoría del Pueblo expidió la Resolución Defensorial Seccional N° 004 sobre “El Servicio Público de Recolección, Transporte y Disposición Final de Residuos Sólidos en la Isla de San Andrés”; documento en el que se concluyó que los residuos sólidos depositados a cielo abierto en el botadero Magic Garden contaminan los recursos naturales y afectan la biodiversidad del sistema insular, vulneran los derechos a la salud, a la salubridad pública y al goce de un ambiente sano; por consiguiente, resultan igualmente quebrantados los derechos a la vida, a la vida digna, el principio de igualdad y el concepto constitucional de desarrollo sostenible.

De otra parte, se vulnera el derecho a la prestación eficiente de los servicios públicos domiciliarios, particularmente, porque pese a las acciones promovidas por CORALINA2 y otras entidades, aún no se separan en la fuente los residuos sólidos antes de su envío al Magic Garden3. La flexibilidad en la aplicación de las resoluciones de la CRA para el cobro de tarifas generaron denuncias por parte de miembros de las comunidades. A esto se suma que los recaudos por concepto de la actividad de disposición y tratamiento no fueron invertidos por Trash Buster's S.A. E.S.P.4 en la adecuación, mantenimiento y operación del sitio denominado Magic Garden; además es recurrente la omisión de la autoridad departamental en cuanto al apoyo financiero, técnico y administrativo, así como de coordinación de sus acciones con la empresa prestadora del servicio, hecho que afecta directamente los derechos de los pobladores de la isla.

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25 de mayo de 2006
Resolución Defensorial Nº 43:
Creación de la mesa de garantes del nuevo Hospital Universitario del Caribe

Crear la Mesa de Garantes de la ESE Hospital Universitario del Caribe, que tendrá por objeto realizar labores de prevención y control que garanticen su sostenibilidad.

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25 de mayo de 2006
Resolución Defensorial Nº 42:
Situación de los servicios de salud en el distrito de Santa Marta

Las quejas recibidas por la Defensoría del Pueblo – Regional Magdalena – sobre amenazas al derecho a la salud o vulneraciones al mismo en el Distrito de Santa Marta, aumentaron luego del cierre del Hospital Central, entre otras razones, por falta de un plan de contingencia adecuado para atender la demanda de los usuarios que quedaron desprotegidos, la negación de los servicios de segundo y tercer nivel de atención y el escaso número de instituciones prestadoras de salud, situaciones que tienen a la ciudad de Santa Marta en una grave crisis.

Por lo anterior, el Programa de Salud adscrito a la Secretaría General de la Defensoría del Pueblo junto con la Regional Magdalena, examinó los casos desde la perspectiva del derecho a la salud y a la seguridad social de la población samaria.

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31 de agosto de 2005
Resolución Defensorial Nº 41:
Centro de Reclusión de Mujeres de Medellín

El 9 de septiembre de 2003, la Sala Novena de Decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia declaró terminado judicialmente el contrato de arrendamiento No. 1515 del 26 de enero de 1999, celebrado entre el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC y la comunidad religiosa El Buen Pastor de Medellín. El Tribunal tomó tal decisión por incumplimiento de las obligaciones contractuales. En consecuencia, ordenó la restitución inmediata a dicha comunidad religiosa del inmueble ocupado por el Centro de Reclusión de Mujeres de Medellín, ubicado en la carrera 95 No. 42 –02, sector San Javier, barrio La América de Medellín.

Es de anotar que la citada decisión judicial no solo afecta directamente a 647 mujeres allí recluidas sino a seis niños menores de tres años y a 41 hombres ubicados en la Unidad de Salud Mental. (Datos obtenidos hasta el día 12 de julio de 2005)

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3 de junio de 2005
Resolución Defensorial Nº 40:
Anexo mujeres cárcel Valledupar

Hechos:
En el mes de enero del año en curso algunos familiares de internas informaron, por vía telefónica a la Defensoría del Pueblo, que un grupo de mujeres había sido trasladado a la penitenciaria de Valledupar donde se les estaba violando sus derechos humanos por las condiciones de reclusión. En consecuencia, esta entidad inició un constante y especial seguimiento a las condiciones de vida de las mujeres recluidas en el mencionado establecimiento penitenciario, a través de la Defensoría Seccional del Cesar y de la Defensoría Delegada para la Política Criminal y Penitenciaria.

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2 de junio de 2005
Resolución Defensorial Nº 39:
Violacion de los derechos humanos por siembra de palma africana en territorios colectivos de Jiguamiandó y Curvaradó – Chocó

Vistos:
1. La Defensoría del Pueblo por quejas y peticiones de miembros de las comunidades afrodescendientes e indígenas, desplazados de las cuencas de los ríos Jiguamiandó y Curvaradó, tuvo conocimiento de diversos problemas derivados de la siembra de palma africana en territorios colectivos.

2. La expedición de la RESOLUCIÓN DEFENSORIAL No. 025 de octubre de 2002 sobre las Violaciones Masivas de Derechos Humanos y Desplazamiento Forzado en la Región del Bajo Atrato Chocoano.

3. Los informes presentados por los defensores comunitarios en el marco del proyecto de acompañamiento permanente a comunidades en riesgo de desplazamiento forzado quienes hacen presencia en la zona a partir de junio de 2002, con jurisdicción en el bajo Atrato –municipios de Riosucio y Carmen del Darién-.

4. Las misiones humanitarias llevadas a cabo por la Defensoría Delegada para Indígenas y Minorías Étnicas, la Oficina Nacional de Coordinación al Desplazamiento Forzado, la Defensoría Regional Chocó y la Defensoría Seccional Urabá desde 1998.

5. La participación de la Defensoría del Pueblo en las reuniones de seguimiento a las medidas provisionales otorgadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la OEA por solicitud de la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz a favor del Consejo Mayor de la cuenca del río Jiguamiandó y 9 comunidades del río Curvaradó.

6. En razón de lo anterior, se realizó la acción defensorial tendente a la protección de las comunidades afectadas, con el fin de garantizar el respeto y la conservación de sus derechos humanos.

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5 de mayo de 2005
Resolución Defensorial Nº 38:
Estado actual de la cuenca media y baja del Sinú

La Defensoría del Pueblo tuvo conocimiento de diferentes peticiones, actuaciones y pronunciamientos, tanto de organizaciones de la sociedad civil como de autoridades administrativas y judiciales, respecto de la construcción, llenado y operación de la Hidroeléctrica de Urrá, de las históricas intervenciones en las ciénagas y demás cuerpos de agua asociados al río Sinú y del desarrollo de la industria camaronera en el delta del mismo río.

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6 de mayo de 2005
Resolución Defensorial Nº 37:
Prestación del servicio de acueducto y alcantarillado en Sincelejo – Sucre

Vistos:

1. Las quejas presentadas por la comunidad sobre las fallas en la prestación del servicio de acueducto por la empresa Aguas de la Sabana S.A. E.S.P. en el municipio de Sincelejo, tales como discontinuidad en la prestación del servicio, baja cobertura, carencia de los instrumentos de medición necesarios y cobro de cargo fijo completo por un suministro del servicio de acueducto que se presta por turnos cada tres, cuatro ó cinco días.

2. En razón de lo anterior, la Delegada para los Derechos Colectivos y del Ambiente de la Defensoría del Pueblo examinó el caso y su alcance en relación con el derecho al agua potable, a la salud pública, a la prestación eficiente de los servicios públicos y al derecho al desarrollo humano.

3. Se ejerció la acción defensorial tendente a la protección de las comunidades afectadas con el propósito de garantizar la vigencia de los derechos humanos vinculados a la prestación del servicio de acueducto y alcantarillado.

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29 de marzo de 2005
Resolución Defensorial Nº 36:
Licenciamiento ambiental de proyectos de infraestructura en Buenaventura

La Defensoría del Pueblo por quejas y peticiones de miembros de las comunidades del municipio de Buenaventura, tuvo conocimiento de varios problemas conectados con el proceso de licenciamiento de algunos proyectos de infraestructura que allí adelantan diferentes empresas y entidades: (1) Puerto Industrial Aguadulce S.A., (2) Relleno Sanitario de Zacarías, (3) Rehablitación, Reconstrucción, y Operación de la Red Ferroviaria del Pacífico, (4) Dragado del Canal de Acceso al Puerto.

En razón de lo anterior, se realizó la acción defensorial tendente a la protección de las comunidades afectadas, con el fin de garantizar la conservación de sus derechos humanos.

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16 de marzo de 2005
Resolución Defensorial Nº 35:
Situación ambiental del rio Anchicayá Buenaventura - Valle del Cauca-

La Defensoría del Pueblo tuvo conocimiento de la comunicación surtida ante la máxima autoridad ambiental por las comunidades afrocolombianas pertenecientes a ocho de los nueve Consejos Comunitarios asentados a orillas del río Anchicayá, mediante la cual se informó sobre la descarga de sedimentos del embalse El Cidral al mencionado río; proyecto hidroeléctrico “Bajo Anchicayá” adelantado por la EMPRESA DE ENERGIA DEL PACIFICO S.A. E.S.P. –EPSA-.

En razón de lo anterior, se realizó la acción defensorial tendente a la protección de las comunidades afectadas y de los ecosistemas estratégicos, en particular del río Anchicayá, con el fin de garantizar los derechos humanos vinculados a su conservación.

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Número de resoluciones encontradas: 18


30 de julio de 2003
Resolución Humanitaria Nº 18:
Sobre la labor de las organizaciones humanitarias

Diferentes actos cometidos por los grupos armados ilegales en el país, han impedido o dificultado la labor de los miembros de organizaciones humanitarias. La Defensoría del Pueblo condenó estos hechos y recordó que las normas del Derecho Internacional Humanitario protegen el derecho de las víctimas a recibir asistencia humanitaria.

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16 de abril de 2014
Resolución Humanitaria Nº 17:
Utilización de niños para cometer actos de perfidia

En el municipio de Fortul, departamento de Arauca, el 17 de abril del 2003, el niño Erwin Orlando Ropero Serrano de 10 años de edad, murió cuando conducía una bicicleta que hizo explosión camino a un puesto de control del Ejército. Según testimonios acopiados por la Defensoría del Pueblo, la bicicleta fue acondicionada con explosivos por miembros de las Farc que engañaron al menor de edad.

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12 de mayo de 2003
Resolución Humanitaria Nº 16:
Ataques contra periodistas

En el año 2002, se presentaron 111 ataques contra periodistas y contra empresas periodísticas, como consecuencia del conflicto armado. La Defensoría del Pueblo hizo un análisis de estos hechos, a la luz de las normas del Derecho Internacional Humanitario, y de las respuestas ofrecidas por el Estado para la protección de los comunicadores.

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26 de diciembre de 2002
Resolución Humanitaria Nº 15:
Ataques con cilindros de gas

Entre el 1 de enero y el 31 de agosto de 2002, estaciones de policía de 44 municipios colombianos fueron atacadas con cilindros de gas, dejando cerca de 18 miembros de la Fuerza Pública muertos y 38 más heridos. 13 personas civiles perdieron la vida y 25 resultaron heridas. La Defensoría del Pueblo condenó el uso de cilindros de gas como arma de guerra por parte de la guerrilla de las FARC y donde se considerar su uso como violatorio del Derecho Internacional Humanitario.

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5 de julio de 2002
Resolución Humanitaria Nº 14:
Ataques contra misiones médicas

Desde el año 2000 se han presentado una serie de ataques contra establecimientos médicos, ambulancias y personal sanitario. La Defensoría condenó estos ataques como violaciones al Derecho Internacional Humanitario y recomendó el desarrollo de un Plan Nacional de Señalización de hospitales y medios de transporte en zonas de conflicto armado y un Programa de Carnetización del personal de salud que permita mejorar sus condiciones de seguridad.

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13 de agosto de 2002
Resolución Humanitaria Nº 13:
Terrorismo en el Meta

Entre el primero de mayo de 2001 y el 30 de abril de 2002, el Departamento del Meta fue víctima de numerosas acciones violentas, cometidas al parecer por las FARC. Entre ellas, ataques con cilindros de gas contra estaciones de Policía, derrumbe de torres eléctricas y carros bomba. Además de calificar los hechos como infracciones al Derecho Internacional Humanitario, la Defensoría del Pueblo solicitó a las autoridades de la región diseñar un plan preventivo para enfrentar ataques contra la población civil y recomendó a los Comandantes del Ejército y la Policía y al Director Regional del DAS con jurisdicción en la zona, llevar a cabo una evaluación de los mecanismos de inteligencia en la región.

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25 de mayo de 2002
Resolución Humanitaria Nº 12:
Muerte de 119 personas en la población de Bojayá (Chocó)

El 2 de mayo de 2002, en medio de los enfrentamientos entre guerrilla y paramilitares en el municipio de Bojayá (Chocó) un grupo de hombres de las FARC lanzó una pipeta explosiva contra miembros de las autodefensas con quienes venían combatiendo desde hacía varios días. El artefacto impactó en el techo de la iglesia de la población, en donde se había refugiado más de un centenar de habitantes de la población, y estalló. 119 personas, murieron, el 40 de ellas menores de edad; 114 personas más resultaron heridas, 19 de gravedad. Tanto las Farc como las Autodefensas cometieron infracciones graves contra el Derecho Internacional Humanitario. El hecho también dejó al descubierto la necesidad de una política de prevención de violaciones masivas de derechos humanos y, en especial, de pautas de acción para organizar la respuesta gubernamental, luego de la emisión de alertas tempranas por parte de la Defensoría del Pueblo.

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8 de abril de 2002
Resolución Humanitaria Nº 11:
Perfidia

El 25 de enero del 2002, en el municipio de San Miguel, Santander, se presentaron enfrentamientos entre miembros de las Autodefensas Unidas de Colombia y las FARC. En ellos murieron dos guerrilleros. Dos días después, una comisión integrada por autoridades civiles del Municipio llegó a la zona para adelantar la diligencia de levantamiento de los cadáveres. En uno de ellos estaba oculto un artefacto explosivo, el cual se activó con el primer movimiento.

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1 de marzo de 2002
Resolución Humanitaria Nº 10:
Minas antipersonal

En Colombia, durante el año 2001, 201 personas fueron víctimas de minas antipersonal. Se calcula que en el país han sido sembradas por lo menos 70.000 minas, ubicadas en cerca de 168 municipios de 24 departamentos. Al ratificar la Convención de Ottawa, que entró en vigencia en Colombia el 1 de marzo de 2001, el país se comprometió a destruir todas las existencias de minas antipersonal antes del primero de marzo de 2005 y a destruir todas las minas sembradas antes del primero de marzo de 2010.

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19 de enero de 2002
Resolución Humanitaria Nº 9:
Ataques contra reservas de agua

El 20 de enero del 2002, un grupo de hombres las Farc, ingresó a la presa de Golillas, en la parte oriental del embalse de Chingaza, que surte de agua a Bogotá y accionó un artefacto explosivo en la válvula de descarga de la presa. El 4 de febrero, hombres armados pertenecientes, al parecer, al frente Camilo Torres Restrepo del Ejército de Liberación Nacional, ELN, dinamitaron la estructura de concreto que sostenía el tanque de almacenamiento del acueducto de Pailitas, una población de 20 mil habitantes, ubicada en el departamento del Cesar.

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15 de enero de 2004
Resolución Regional Nº 19:
Disposición final de los residuos sólidos en el municipio de Leticia, Amazonas

Debido a la violación de los derechos al medio ambiente y a la salud pública generada por la ineficiente prestación del servicio de aseo, particularmente en lo referente a la disposición de basuras en el municipio de Leticia, La Defensoría del Pueblo presentó un informe que muestra las deficiencias de las autoridades competentes en la búsqueda de alternativas para resolver el problema de basuras en ese municipio.

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17 de diciembre de 2003
Resolución Regional Nº 18:
Rehabilitación de las zonas de ronda y zonas de manejo y preservación ambiental del humedal de Córdoba

La Defensoría del Pueblo haciendo uso de sus facultades, tras escuchar a las organizaciones ambientales y analizar las decisiones judiciales sobre este caso, hizo un llamado a la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá -EAAB- para que tome medidas que salvaguarden el Humedal Córdoba

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16 de septiembre de 2003
Resolución Regional Nº 17:
Sobre la situación de desplazamiento en Buenaventura

En el municipio de Buenaventura, Valle del Cauca, habitan 450.000 personas. De ellas, más de 60.000 son desplazados, que comparten con la mayoría de los habitantes de la población, unas deplorables condiciones de vida (El 50,3% de la población vive en estratos 1 y 2). En los primeros nueve meses del año 2003, 187 personas murieron en forma violenta en esta localidad y 37 fueron desaparecidas. La Defensoría del Pueblo investigó la situación de las comunidades desplazadas de Buenaventura, con el propósito de verificar el cumplimiento de los compromisos adquiridos por el Gobierno Nacional con estas comunidades.

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16 de julio de 2003
Resolución Regional Nº 16:
Disposición final de residuos sólidos en el área metropolitana de Bucaramanga

La Resolución indica la situación del vertedero El Carrasco, sitio en el que se arrojan los desechos de la capital santandereana y municipios aledaños. De igual manera, se plantea el avance de las gestiones adelantadas con respecto a la población recicladora que obtiene sus ingresos de la separación y aprovechamiento de las basuras en el basurero.

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22 de mayo de 2003
Resolución Regional Nº 15:
Supuestos maltratos en la cárcel de San Isidro, por parte de la guardia

El 3 de febrero del 2003, se produjo un enfrentamiento entre reclusos del Complejo Penitenciario y Carcelario de San Isidro de Popayán (Cauca). Según las denuncias recibidas por la Defensoría del Pueblo, para enfrentar la revuelta la guardia del penal maltrató a varios reclusos e incluso obligó a uno de ellos a arrojarse desde el segundo piso, lo cual le habría producido una lesión en la columna. La Defensoría adelantó una investigación para verificar los hechos.

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24 de abril de 2003
Resolución Regional Nº 14:
Situación del Servicio Público de aseo en Cúcuta

En esta resolución se hace un diagnóstico de la prestación del servicio público domiciliario de aseo en San José de Cúcuta y otros municipios nortesantandereanos. En primer lugar se aborda el tema de los prestadores del servicio público de aseo, las decisiones adoptadas por las autoridades de esa ciudad y las quejas y reclamaciones de sus habitantes. Luego se evalúa la situación de los dos rellenos sanitarios, especialmente el de La Guaimarala. Posteriormente, se examinan otros componentes de la prestación del citado servicio. De otra parte, se analizan los derechos amenazados o vulnerados desde la normativa internacional y nacional, y, por último, se formulan algunas recomendaciones a las entidades competentes.

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1 de abril de 2003
Resolución Regional Nº 13:
Menores Infractores en el departamento del Quindío

Investigación realizada por la Defensoría del Pueblo regional Quindío, en la que se evidencia la imperante necesidad de construir un Centro de Atención especializada para los niños y niñas infractoras de la ley penal del departamento. La Defensoría recomienda la puesta en funcionamiento de dicho centro e insta para que los traslados de menores a diferentes lugares de la región sean en excelentes condiciones de seguridad.

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25 de marzo de 2003
Resolución Regional Nº 12:
Servicios públicos en Medellín y municipios aledaños

Investigación de la Defensoría del Pueblo sobre el funcionamiento del Relleno Sanitario Curva de Rodas y las fallas en el tratamiento biotecnológico en éste y sus alrededores. El análisis señala que se ocasionó un deterioro ambiental en los municipios de Bello y Copacabana, y ha afectado la salud de más de 33 mil personas que habitan en sus alrededores.

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1 de diciembre de 2002
Resolución Regional Nº 11:
Menores infractores en Villavicencio

La Defensoría del Pueblo investigó la situación de los adolescentes privados de libertad en el centro de atención especializado para el menor de edad infractor de Villavicencio "Encuentro". Dicha investigación se efectuó por la existencia de diversas denuncias acerca de las precarias condiciones de esta institución y el rapto de diez niños de ella.

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23 de diciembre de 2002
Resolución Regional Nº 10:
Etnoeducación en Amazonas

La Defensoría del Pueblo investigó las deficiencias en la prestación del servicio público de educación en los territorios indígenas del Departamento de Amazonas. Al confiar la Gobernación en la iglesia la prestación del servicio de educación, el ente departamental desconoció los siguientes derechos de los pueblos indígenas: la consulta previa, el derecho de preferencia a ser contratadas para administrar este servicio en sus territorios y la educación propia. Con ello se vulneraron los derechos a la identidad, autonomía e interculturalidad.

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