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Última modificación: 2010-12-18
Reconocimiento y pago de la pensión de invalidez

· Derecho de petición para el reconocimiento de pensión de invalidez

“Una persona instaura acción de tutela para que se le de respuesta a su solicitud de reconocimiento y pago de la pensión a que tiene derecho por haber sido declarado inválido total. La Corte Constitucional expone que se torna indispensable asegurar la protección de las personas que, al contribuir por medio de su fuerza de trabajo con la productividad social, se han visto afectados en su integridad física y mental. La obligación estatal de amparar a quienes se encuentren bajo estas circunstancias, tiene como base primordial el derecho a la igualdad y la necesidad de proporcionar un trato compensatorio a quienes no pueden fácilmente acceder a los medios materiales que garanticen su subsistencia y su dignidad. Esa obligación incluye, el deber de dar pronta resolución a las solicitudes y de señalarle al peticionario el camino a seguir para que su pedido pueda ser resuelto lo más rápidamente posible, teniendo en cuenta que el derecho de petición es corolario de la responsabilidad de las autoridades de contribuir con el beneficio social y asegurar la convivencia pacífica.” * nota 1

· Omisión en el trámite para otorgar la pensión de invalidez por parte del ISS no puede afectar al beneficiario

El ISS omitió realizar el trámite para otorgar la pensión de invalidez al actor, porque a pesar de que el actor trabajó todo el tiempo requerido, las cotizaciones no se habían hecho efectivas en su totalidad. La Corte afirmó que corresponde a las entidades administradoras adelantar las acciones de cobro con motivo del incumplimiento de las obligaciones del empleador y esta negligencia no puede ser trasladada al peticionario. Además, si las cotizaciones están acreditadas en la Gerencia de recaudo y no constan en el registro histórico del ISS, tal hecho no es oponible al actor, pues proviene de la negligencia del Instituto. nota 2

· Los conflictos entre las entidades o personas encargadas de prestar los servicios inherentes a la seguridad social no pueden afectar el derecho de las personas con discapacidad

Una persona con Parkinson presentó acción de tutela contra dos entidades prestadoras de la seguridad social por negasen a concederle la pensión de invalidez al afirmar que no era de su competencia el reconocimiento de tal prestación.

Para la Corte Constitucional, el no reconocimiento de un derecho pensional a una persona con discapacidad cuando ésta no cuenta con la capacidad laboral para valerse por sí misma, en principio, representa la afectación de sus derechos fundamentales, en especial el mínimo vital. La especial protección de los derechos pensionales de estas personas es una respuesta al fin esencial del Estado, consagrado en el artículo 2º de la Constitución Política, de asegurar la vigencia de un orden justo y de garantizar el principio de igualdad material establecido en el artículo 13 Superior.

De ahí, que los conflictos jurídicos surgidos entre el empleador y las entidades de que éste se valga para satisfacer las prestaciones correspondientes a la seguridad social de sus trabajadores, no pueden afectar los derechos de éstos, en tanto que forman parte del extremo más débil de la relación laboral, al paso que el empleador y las entidades encargadas de tales prestaciones sociales son generalmente las partes subordinantes de dicha relación y tienen a su alcance suficientes acciones legales para dirimir las controversias sin afectar el ámbito de los derechos de los trabajadores, que se encuentra, además, fuera de su libre disposición.

El conflicto, cuando no es causado por el usuario, debe ser resuelto en estos casos por las entidades directamente comprometidas sin afectar su derecho a percibir normal y puntualmente las mesadas pensionales durante el tiempo que se demoren las autoridades competentes para dirimir la controversia. Lo contrario sería conducir a que los derechos constitucionales de los usuarios dependieran de derechos de rango legal y puramente patrimoniales de las entidades administradoras de pensiones lo cual viola el artículo 4 de la Carta Política y la jurisprudencia constitucional.

La Corte ordenó a las entidades encargadas de la prestación de la seguridad social en pensiones que reconocieran y pagaran, por partes iguales, a favor del accionante las mesadas pensionales que por invalidez le adeudan a la fecha, y las que en el futuro se causen hasta que la jurisdicción ordinaria determine la entidad a quien corresponde el pago definitivo de su pensión de invalidez. De igual forma, previno al accionante para que en un plazo de cuatro meses instaure el proceso ordinario respectivo, para que no cesen los efectos de la protección otorgada. nota 3

· La mora patronal en el pago de los aportes destinados a pensión no constituye motivo suficiente para enervar el suministro de la pensión a una persona en condición de discapacidad

Una persona de 53 años de edad y quien padece desde hace varios años de un glaucoma bilateral que lo ha dejado ciego, interpuso demanda de tutela contra el Instituto de Seguros Sociales para que se protegieran sus derechos a la seguridad social y al mínimo vital. El demandante considera que sus derechos han sido vulnerados porque el Instituto de Seguros Sociales se negó a reconocerle la pensión de invalidez porque supuestamente al momento de la estructuración de la invalidez no había cotizado las 26 semanas que exigen los artículos 38 y 39 de la Ley 100 de 1993.

El demandante afirma que está totalmente ciego, reside en el municipio de Chigorodó, y se encuentra en una situación económica precaria, sin ningún ingreso que le permita vivir dignamente ni sostener a su familia, salvo lo que recibe ocasionalmente por la venta callejera de paletas, o la caridad de amigos y presenta varias pruebas documentales que acreditan tal situación.

La Corte indicó que para que surja la obligación de las entidades administradoras de pensiones de conceder la pensión de invalidez deben concurrir los requisitos de pérdida de capacidad laboral y monto de cotizaciones previstos por la Ley. Respecto de este segundo requisito, las disposiciones legales aplicables determinan que para el caso de los trabajadores dependientes, el aporte está conformado por un porcentaje asumido por el empleado y otro por el empleador, de forma tal que éste tiene la obligación de descontar del salario el monto correspondiente, sumar su porción de la cotización y reportar el pago a la entidad administradora de pensiones a la que el trabajador se encuentre afiliado.

Del reconocimiento y pago de la pensión de invalidez, previo cumplimiento de los requisitos legales, depende la protección efectiva de los derechos fundamentales de personas que por su discapacidad son sujetos de especial protección constitucional. Por ello, la mora patronal en el pago de los aportes destinados a pensión no constituye motivo suficiente para enervar el suministro de la pensión, amén de los instrumentos previstos en el ordenamiento jurídico para que las entidades administradoras de pensiones cobren las cotizaciones respectivas.

En el caso concreto, si bien es cierto, la totalidad de los descuentos y la cuota correspondiente al empleador no fueron transferidos en su totalidad al Instituto de Seguros Sociales, la administradora de pensiones no empleó ninguno de los medios disponibles para lograr el pago efectivo de los mismos. Por lo tanto, para efectos del reconocimiento de la pensión de invalidez del accionante, su omisión le impedía adoptar una decisión sobre el reconocimiento pensional teniendo en cuenta exclusivamente las semanas efectivamente pagadas y, por el contrario, le exigía tener en cuenta todas las semanas que el trabajador estuvo vinculado al mismo empleador, así estas no hubieran sido pagadas efectivamente por el empleador.

Por lo anterior, la Corte ordenó dejar efectos la Resolución que negó la pensión y ordenó al Instituto de Seguros Sociales expedir dentro de los 15 días siguientes a la comunicación de la presente tutela, un nuevo acto administrativo en el que tenga en cuenta la totalidad de semanas laboradas por el accionante con la empresa xx y con otros empleadores, así éstas no hubieran sido efectivamente pagadas al Instituto de Seguros Sociales por el empleador. nota 4

· Carácter programático y progresivo de la seguridad social. Configuración legislativa

Un ciudadano con una discapacidad interpuso acción de tutela contra la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia y del Honorable Tribunal Superior de Bogotá, por considerar que se le vulneraron sus derechos a la igualdad, petición, debido proceso, seguridad social y trabajó, al no casar la sentencia que había sido proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogotá, la que a su vez había revocado la decisión del Juzgado Laboral que ordenaba al entonces Instituto de los Seguros Sociales pagarle la pensión a que tiene derecho, a causa de la invalidez del 100% que lo aqueja. La Corte Constitucional al respecto, expuso que la pensión de invalidez es una prestación destinada a proteger los riesgos o contingencias que provocan estados de incapacidad, con cargo al sistema de seguridad social, de acuerdo con las directrices del Estado y con sujeción a los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad previstas en la Carta Política.

En este sentido, y en consideración a que el señor padecía una invalidez permanente y total, debía la Corte remitirse a los principios que reconocen a las personas afectadas con limitaciones físicas, mentales y sensoriales el derecho a exigir del Estado condiciones que les permitan vivir con dignidad, rehabilitarse, e integrarse a la sociedad, en cuanto dichos principios informan la normatividad legal que regula la prestación por invalidez, y deben en consecuencia considerarse en las decisiones administrativas e interpretaciones jurisprudenciales atinentes al tema. Principios, que sirven de sustento para afirmar que el señor tiene derecho a exigir del Estado, y en consecuencia de las Salas accionadas y de la entidad prestadora vinculada a la decisión, i) que se le reconozca una suma periódica mientras subsista su estado de invalidez, y ii) que se adopten a su favor medidas que contrarresten el estado de debilidad manifiesta en que se encuentra, entre las que deben destacarse programas de rehabilitación, de integración social y de empleo.

Al respecto la Corte observó i) que la libertad de configuración legislativa, válida en la determinación de los servicios que conforman la cobertura de la seguridad social, en los términos del artículo 48 de la Carta Política, se aminora considerablemente ante la necesidad de garantizarles a las personas con discapacidad total y permanente recursos imprescindibles para la preservación de su dignidad humana; ii) que la pensión de invalidez por riesgo común es una prestación debidamente programada y suficientemente decantada en el sistema de seguridad social integral, como lo indica su desarrollo normativo; y iii) que el señor no reclamó del Estado el cumplimiento de un deber de asistencia pública gratuita, sino que el sistema de seguridad social no le niegue una cobertura para la cual contribuyó efectivamente.

De modo que la aplicación del artículo 6° del Acuerdo 049 de 1990, para definir el derecho del actor a la pensión de invalidez, además de desfavorable, y contraria a los principios de los derechos humanos que informan la seguridad social de las personas con minusvalías, resulta regresiva y carente de toda lógica, puesto que para tener derecho a la prestación, según la hermenéutica de los accionados, el actor tenía que haber cotizado al sistema desde el 23 de enero de 1987, es decir desde los 15 años de edad. Así las cosas, la norma aplicable para resolver el derecho a la pensión del actor viene a ser el artículo 39 de la Ley 100 de 1993, en cuanto la disposición vigente a tiempo de la realización del riesgo lo excluye del sistema de seguridad social, para el cual él contribuyó efectivamente. Exclusión que no resulta posible si se considera que acredita un número de semanas de cotización considerablemente superior a las 26 que sustentan el riesgo de invalidez por régimen común.

Por lo anterior, la Corte decidió i) anular las sentencias proferidas por las Salas accionadas, ii) ordenar que las mismas se dicten nuevamente, iii) disponer su inaplicación general e inmediata, y iv) ordenar que el Seguro Social le reconozca al actor la pensión de invalidez a que tiene derecho, sin aguardar la decisión que la Sala Laboral del H. Tribunal Superior de Bogotá, deberá adoptar en reemplazo de la proferida el 15 de septiembre del 2000. Dentro de este contexto, y habida cuenta que los jueces constitucionales están en el deber de restablecer real y efectivamente los derechos fundamentales de los asociados, vulnerados por cualquier autoridad pública, se ordenará al Seguro Social, inaplicar de antemano las sentencias de las Salas Laboral y de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, de conformidad con lo ordenado en el artículo 4° de la Carta Política, y conceder la prestación que el señor reclama, en los cinco días siguientes contados a partir de la notificación de esta providencia.

Además la Corte hace un llamado general a prevención sobre la aplicación del artículo 4° constitucional, en todos los casos de incompatibilidad entre las sentencias de esta Corporación, que ordenan el restablecimiento de los derechos fundamentales de los asociados y las decisiones judiciales y administrativas que los desconocen. Lo anterior sin perjuicio de la obligación que les asiste a las Salas accionadas de acatar íntegramente esta decisión, de modo que la Sala Laboral del H. Tribunal Superior deberá resolver el recurso de apelación interpuesto por el apoderado del actor, contra la sentencia del Juzgado Laboral del Circuito, que reconoció al actor la pensión de invalidez, con sujeción estricta a esta providencia, siendo, por consiguiente innecesario, por sustracción de materia, un pronunciamiento en casación nota 5.

· El tránsito legislativo no puede hacer más gravosa o regresiva las condiciones para acceder a la pensión de invalidez de las personas con discapacidad

Una madre con una discapacidad interpuso acción de tutela contra una de entidad administradora de pensiones y cesantías por negarle el reconocimiento de la pensión de invalidez, debido a que no cumple con el mínimo de las semanas cotizadas dentro de los últimos tres (3) años conforme a lo consignado en el numeral 1° del artículo 39 de la Ley 100 de 1993.

La Corte Constitucional manifestó que la naturaleza de la pensión de invalidez tiene su sustento más claro en la dignidad de la persona con discapacidad y es, sin duda, uno de los elementos esenciales a través del cual se predica, en términos reales, la protección especial de éste y su integración a la sociedad, es decir, se constituye en una verdadera estrategia para hacer frente a la minusvalía.

En la medida en que dicha prestación constituya el único medio para que la persona con discapacidad derive su subsistencia, adquiere una connotación fundamental que merece ser resguardada a través de la acción de tutela. De ahí, que la Corte haya construido una línea jurisprudencial en el sentido de afirmar que la acción de tutela es el mecanismo idóneo para garantizar la efectividad de los derechos fundamentales de las personas con discapacidad física, sensorial y psíquica, cuando quiera que por la acción u omisión de una autoridad pública se desconozca el contorno de su protección especial, por ejemplo, los beneficios que componen el servicio de seguridad social. De hecho, el amparo ha sido procedente para verificar si, frente a un caso concreto, las condiciones y requisitos impuestos por el legislador para el acceso a los beneficios del sistema resulta desproporcionada o ilegítima.

Como derecho prestacional, es indudable que la solicitud de reconocimiento de la pensión de invalidez se debe ajustar a los parámetros que haya definido el legislador en la materia. No obstante, la libertad configurativa del legislador tiene varios límites, dentro de los cuales se encuentran los mandatos constitucionales que rigen el derecho a la seguridad social y, por supuesto, la vigencia y efectividad de los derechos fundamentales. En tal virtud, los cambios legislativos en esta materia merecen un estudio cuidadoso de interpretación para asegurar el valor del texto constitucional por encima -si es el caso- de una variación normativa. Por ejemplo, una de las herramientas legítimas para precaver que se afecten desmesuradamente las expectativas válidas o legítimas de todos aquellos que están próximos a adquirir el derecho, es la creación de regímenes de transición. También uno de los parámetros a tener en cuenta es que dicho transito debe respetar el principio de progresividad.

Conforme a lo anterior y frente a la evidente necesidad de aplicar la Constitución directamente la Corte reitera que para que sea posible el reconocimiento de la prestación es necesario que primero el legislador haya definido sus requisitos. Aún así, ante la ausencia de un régimen de transición y conforme al principio de favorabilidad de las normas laborales, la Corte considera necesario dar aplicación en este caso del numeral 1 del artículo 39 de la Ley 100 de 1993 que dispone la cotización de veintiséis (26) semanas al momento de producirse el estado de invalidez. Este requisito previsto por esta norma lo cumple cabalmente la peticionaria.

En consecuencia, la Corte ordenó a la entidad administradora de pensiones y cesantías que procediera a iniciar los trámites para reconocer y pagar a la señora con discapacidad la pensión de invalidez respectiva garantizando el pago de la pensión mínima conforme a los artículos 60, literal “i” y 71 de la Ley 100 de 1993, en un término no mayor a veinte (20) días hábiles. nota 6

· Protección de la persona con discapacidad a la que se pretende despojar de su pensión de invalidez.

“El accionante es una persona invidente, que ha disfrutado de la pensión por espacio de 15 años y que carece de recursos económicos para poder subsistir y gozar de una especial calidad de vida. También se ha establecido que el petente era invidente desde antes de su afiliación al ISS; pero había recibido la capacitación necesaria para desarrollar un trabajo como invidente, lo cual le permitió desempeñar su actividad laboral durante 10 años aproximadamente como afiliado a dicha entidad, y que según los reglamentos vigentes para esa época [art. 5o. del Acuerdo 224 de 1966 (Decreto 3041 de 1966)], para tener derecho a pensión por invalidez de origen no profesional se requería además de ser declarado inválido permanente, haber cotizado 150 semanas para los riesgos de IVM, dentro de los seis años anteriores a la invalidez, 75 de las cuales debían corresponder a los últimos tres años. De lo planteado puede deducirse que dos son las cuestiones a dilucidarse en el presente caso: La presunta invalidez contraída por el peticionario con anterioridad a su afiliación al ISS., y la procedencia por parte de la administración de la revocación de la pensión de invalidez.

“Se infiere del artículo 54 que, si tanto el Estado como los particulares están obligados a ofrecer habilitación profesional y técnica a quienes lo requieran, incluyendo los minusválidos, y si de otra parte, aquél debe de garantizarle a éstos "el derecho a un trabajo acorde con sus condiciones de salud", necesariamente ha de concluirse que cuando se capacitan para acceder o reingresar al mercado laboral deben gozar de las mismas condiciones laborales de los demás trabajadores para que no se rompa el principio de igualdad, condiciones que obviamente incluyen los derechos derivados de la seguridad social. La conducta asumida por el peticionario se encuentra amparada por la presunción de buena fe, pues no existe prueba dentro del expediente de la cual pueda deducirse que su afiliación al ISS se produjo en forma fraudulenta.

“Por las razones expuestas concluye la Sala, que no obstante existir en el presente caso un mecanismo ordinario de defensa judicial, como lo es el proceso ordinario ante la justicia laboral concederá la tutela como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, mientras el juez competente decide en definitiva si al demandante le asiste el derecho de continuar gozando de su pensión de invalidez. No cabe duda, que el perjuicio que se le podría causar al demandante tiene el carácter de irremediable, porque la no percepción de la pensión de invalidez que ha sido su único sustento durante 15 años, puede poner en peligro el derecho a la subsistencia, a la vida y a la salud del actor y de su familia.” * nota 7

· El ingreso a la actividad laboral de las personas con discapacidades no conlleva la pérdida de la pensión que ha adquirido.

Se presentó demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 33, parcial, de la Ley 361 de 1997 por el cual se establece que el ingreso al servicio público o privado de una persona limitada que se encuentre pensionada, no implicará la pérdida ni suspensión de su mesada pensional, siempre que no implique doble asignación del tesoro público. La Corte declaró exequible la expresión “ni suspensión” contenida en el artículo 33 de la mencionada Ley, al argumentar que el derecho a la pensión surge del hecho de que la persona reunió una serie de requisitos e hizo aportes periódicos durante su vida laboral, con el fin de garantizar el amparo para él y su familia, contra las contingencias derivadas de la vejez, la invalidez y la muerte. No es, entonces, ningún regalo del Estado, sino la retribución de lo que la persona cotizó al Sistema de Seguridad Social, bien fuere a través del régimen solidario de prima media con prestación definida o a través del régimen de ahorro individual, como lo prevé la Ley 100 de 1993.

Por ello, no existe ninguna razón constitucionalmente válida para afirmar que por posibles razones constitucionales resulta incompatible que una persona limitada no pueda percibir la pensión a la que legalmente tiene derecho y, a su vez, el salario producto de su incorporación a la vida laboral. Asunto distinto es que quien recibe pensión de invalidez debe someterse a revisión periódica, con el fin de ratificar, modificar o dejar sin efectos el dictamen que sirvió de base para la liquidación de la pensión (art. 44 de la misma Ley).

En cualquiera de estas hipótesis resulta armónica con la disposición acusada, pues, si se extingue la pensión, no hay lugar a ninguna clase de suspensión al ingresar a la actividad laboral; si se disminuye, quiere decir que con mayor razón el limitado tiene motivos económicos y personales para ingresar a la actividad laboral lucrativa, por lo que no habría lugar a la suspensión; y si hay aumento, significa que la incapacidad laboral del limitado es mayor y tiene derecho a que si tiene oportunidad de ingresar a la actividad laboral, el Estado estimule este ingreso y cree las condiciones de privilegio encaminadas a lograr la integración social y laboral, por las razones de naturaleza constitucional. Con este mismo criterio, y sin que se viole el artículo 48 de la Constitución, sobre la supuesta vulneración del principio de solidaridad con el sistema de seguridad social, la ley permite que una persona, sin distinguir si el limitada o no, reciba pensión de sobreviviente y de vejez, o de invalidez y sobreviviente, ya que el punto a tener en cuenta es si la persona cotizó para que se le amparan estas contingencias cuando se cumpliera cualquiera de las mismas nota 8.

· Trabajadores con hijos mayores que sufran una discapacidad física o mental, tienen derecho a acceder a la pensión especial de vejez

Se presentó demanda de inconstitucionalidad contra la expresión “menor de 18 años” contenida en el artículo 9º, inciso segundo del parágrafo 4º de la Ley 797 de 2003, -por la cual se reforma algunas disposiciones del Sistema General de Pensiones previsto en la Ley 100 de 1993-. El actor consideró que tal expresión violaba el principio de igualdad por cuanto no permitía que accedieran a la pensión especial de vejez las madres trabajadoras de personas mayores de 18 años que sufrían una discapacidad física o mental. Sin embargo, la Corte Constitucional encontró que para el examen de constitucionalidad era necesario tener en cuenta en qué consistía dicho derecho y cuáles eran las condiciones legales para acceder y gozar de él.

Al respecto, la Corte Constitucional señaló que el parágrafo 4 del artículo 9 de la Ley 797/03 tiene como finalidad hacer posible que las personas menores de edad, afectadas por una invalidez física o mental, sean cuidadas por su madre o, en el caso de que ella hubiera fallecido y el padre tuviere la patria potestad, por su padre, acudientes que en este caso tienen derecho a la pensión especial de vejez. Este tipo especial de pensión constituye una excepción a la exigencia general de haber alcanzado una determinada edad (en este momento, 60 años los hombres y 55 las mujeres) para poder acceder a la pensión de vejez. Es decir, la norma hace posible que las madres, o los padres, de las personas que padecen una invalidez física o mental puedan acceder a la pensión sin importar su edad.

De acuerdo con la norma, para acceder a este beneficio deben cumplirse cuatro condiciones: i) que la madre o el padre haya cotizado al Sistema General de Pensiones cuanto menos el mínimo de semanas exigido en el régimen de prima media para acceder a la pensión de vejez; ii) que el hijo sufra una invalidez física o mental, debidamente calificada; iii) que la persona discapacitada sea dependiente de su madre – o de su padre, si fuere el caso; y iv) que el hijo afectado por la invalidez sea menor de 18 años.

A su vez, la disposición establece como condición de permanencia dentro de este régimen especial de pensión de vejez: 1. que el hijo afectado por la invalidez física o mental permanezca en esa condición, según certificación médica, y continúe como dependiente de la madre; y 2. que ésta no se reincorpore a la fuerza laboral. De lo anterior de deriva también que el beneficio de la pensión especial de vejez no podrá ser reclamado por las madres trabajadoras, cuando sus niños afectados por una invalidez física o mental tengan bienes o rentas propios para mantenerse. En este caso, estos niños no dependerían económicamente de la madre, requisito que debe cumplirse para poder acceder a la pensión especial de vejez. Tampoco sería aplicable la norma cuando estos niños reciban un beneficio del Sistema de Seguridad Social que los provea de los medios para subsistir. Por lo tanto, este aparte de la norma será declarado constitucional, en el entendido de que la dependencia de la madre debe ser de carácter económico.

En cuanto a la edad del hijo que padece una invalidez física o mental, la Corte manifestó que es claro que el fin perseguido por la norma es legítimo, puesto que persigue proteger de manera especial, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución, a las personas que sufren una invalidez. Además, la norma persigue un fin importante para el ordenamiento jurídico, cual es el de garantizarle a los hijos discapacitados la atención que requieren tanto para poder llevar una vida digna como para su rehabilitación. De igual manera, el medio escogido es adecuado, puesto que a través de la pensión especial de vejez las madres podrán dispensar a sus hijos afectados por una invalidez los cuidados que requieren, lo cual seguramente redundará en su bienestar y desarrollo. Pues, el objetivo facilitarle a las madres el tiempo y el dinero necesarios para atender a aquellos hijos que están afectados por una invalidez física o mental, que no les permita valerse por sí mismos, y que dependen económicamente de ellas.

Puesto que una de las metas esenciales del beneficio es la de facilitar la rehabilitación de los niños no es razonable que este proceso de recuperación se traumatice por el simple hecho de que el hijo llegue a la mayoría de edad. Si el fin de la norma es precisamente facilitar la rehabilitación del niño discapacitado, lo propio es que ese proceso de rehabilitación pueda continuar en el tiempo, sin considerar la edad del hijo, hasta que éste pueda culminar su proceso e integrarse a la sociedad. En este punto, la diferenciación establecida en la norma alrededor de la edad no es efectivamente conducente para el alcanzar el fin buscado. Interrumpir el apoyo maternal en el proceso de rehabilitación cuando el hijo cumpla 18 años puede incluso demorar o frustrar el cabal logro del fin al cual apunta la norma parcialmente acusada.

Desde esta perspectiva, la limitación que establecía la expresión “menor de 18 años” no es efectivamente conducente para obtener el fin perseguido por la disposición. La situación de los hijos inválidos que se encuentran en situaciones extremas de minusvalía no cambia necesariamente por el hecho de alcanzar una edad determinada, incluso cuando se trata de aquella que, convencional y constitucionalmente, es considerada como el comienzo de la madurez. Las razones anteriores conducen a la conclusión de que la expresión “menor de 18 años” constituye una diferenciación que no permite que la norma estudiada sea efectivamente conducente para el fin para el que fue creada, pues obliga a la interrupción de los procesos de rehabilitación y no cubre a un sector de hijos afectados por invalidez y dependientes económicamente de su madre. Por ello, y debido a los vacíos que se presentan en el Sistema de Seguridad Social, se declaró que la expresión “menor de 18 años” vulneraba el principio de igualdad y, por lo tanto, es inconstitucional. nota 9

· No puede negarse el pago de una pensión cuando el beneficiario designa a personas diferentes para efectos de su cobro. Para pagos a terceros autorizados se requiere una autorización por cada mesada pensional

Al conocer de una acción de tutela impetrada a nombre de un ciudadano con discapacidad a quien le suspendieron el pago de la pensión de invalidez por haber otorgado poder a persona diferente de la que venía siendo autorizada para dicho cobro, la Corte expresó:

El beneficiario de una pensión de jubilación, vejez, invalidez o sobrevivientes, tiene la potestad de efectuar el cobro de forma directa, o extendiendo una autorización especial especificando cada mesada, para que el tercero designado por él pueda recibir esas sumas, quien deberá acompañar prueba de la supervivencia del beneficiario, de modo tal que se pueda impedir que se defraude al pensionado o al sistema en pensiones mediante pagos a personas no autorizadas o de pensionados fallecidos.

Cuando un tercero autorizado por el beneficiario de una pensión cumple con los requisitos señalados, no puede la entidad financiera con la cual se celebró el convenio negar el pago. Tampoco puede suspenderse el desembolso por la entidad obligada de cubrir esas prestaciones o la que ejecuta el encargo fiduciario, cuando el tercero designado por el pensionado cumple con los requisitos referidos.

Además, no pueden negarse los desembolsos cuando el beneficiario designa a personas diferentes para efectos de su cobro, pues como quedo señalado para los pagos a terceros autorizados se requiere una autorización por cada mesada pensional.

Las omisiones referidas no sólo afectan los derechos a la seguridad social, a la vida y a la dignidad humana del pensionado que se ve imposibilitado para cobrar personalmente su pensión al privarlo de esos dineros, sino que se impide que los pensionados que padezcan disminuciones físicas, sensoriales o síquicas, se rehabiliten e integren a la sociedad (art. 47 Const.).

En el caso concreto, independiente de si el autorizado antes era el padre y el autorizado ahora es el hermano, si un notario dio fe pública sobre la presentación personal de la autorización para el cobro de la pensión, que fue signada a ruego, y de la supervivencia del beneficiario, los requisitos legales exigidos se cumplieron, sin que se pudiese negar el desembolso por la entidad fiduciaria y muchos menos la negación al pago por el banco con el cual existe el convenio para tal fin. nota 10



  • * Con autorización, tomado del CD "Sujetos de Especial Protección en la Constitución Política de Colombia", elaborado por la Corte Constitucional y publicado por el Consejo Superior de la Judicatura.
  1. Corte Constitucional, Sentencia T-159-93 , reiterada por las Sentencias T-714-00 , T-888-01 , T-679-00 
  2. Corte Constitucional, Sentencia T-609-00 
  3. Corte Constitucional, Sentencia T-1182-05 
  4. Corte Constitucional, Sentencia T-757-07 
  5. Corte Constitucional, Sentencia T-951-03 
  6. Corte Constitucional, -Sentencia T-1291-05 
  7. Corte Constitucional, Sentencia T-144-95 . En el mismo sentido ver T-1034-04 
  8. Corte Constitucional, Sentencia C-072-03 
  9. Corte Constitucional, Sentencia C-227-04 
  10. Corte Constitucional, Sentencia T-422-08 

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 Mesada pensional

Prestación económica que se adquiere al reconocerse la calidad de pensionado, ya sea que se trate de pensión de vejez, de invalidez o de sobrevivencia.

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