Defensoría del Pueblo Colombia - Observatorio de Justicia Constitucional - Personas con Discapacidad
Observatorio de Justicia Constitucional
Mapa del Sitio    Tamaño del texto:  
Usted está en : Defensoría del Pueblo Colombia  ›  Observatorio de Justicia Constitucional  ›  Personas con Discapacidad
› Observatorio de Justicia Constitucional
» Personas con Discapacidad
Tabla de Contenidos
Última modificación: 2006-08-01
Calificación de la invalidez de la persona con discapacidad

· La pensión de invalidez debe ser pagada por la entidad que resulte responsable según el dictamen de la Junta de Calificación de Invalidez y hasta tanto el juez laboral competente no disponga otra cosa

Ante la suspensión del pago de la pensión de invalidez, la continuidad de su discapacidad y la grave afectación de su derecho al mínimo vital, Deunice Muñoz Vélez, cónyuge del señor Wilson Agudelo Serna, actuando como agente oficiosa interpuso acción de tutela contra Suratep para que se reanudara el pago de la mesada pensional por invalidez. Aclara la demandante que su esposo y su grupo familiar – dos hijos menores – están desprotegidos y sus derechos fundamentales violados por SURATEP, la cual se niega a admitir el dictamen de la Junta Nacional de Calificación de Invalidez que catalogó el accidente sufrido por su esposo como de origen laboral.

La Corte señaló que (1) cuando no está en duda que la persona discapacitada es titular de la pensión y lo que se discute es cuál de las entidades aseguradoras es responsable de la obligación, debe pagar, al menos transitoriamente, la entidad que resulte responsable según el dictamen de la Junta de Calificación de Invalidez y hasta tanto el juez laboral competente no disponga otra cosa; (2) quien debe acudir a la jurisdicción ordinaria si no está conforme con una decisión de la Junta de Calificación de Invalidez sobre el origen de un determinado accidente, es la entidad o la persona afectada por dicho dictamen; (3) si el juez laboral accede a las pretensiones de la empresa demandante, ésta deberá continuar con el pago de la pensión hasta que la otra empresa asuma efectivamente el pago de la mesada. Sin embargo, tendrá pleno derecho a repetir contra la empresa finalmente responsable, por el pago de todas las mesadas pagadas y los perjuicios eventualmente sufridos. En efecto, el derecho al pago de la pensión, es decir, el derecho al mínimo vital, no puede quedar en ningún momento desprotegido. nota 1

· Honorarios de la Junta de calificación de invalidez deben ser cubiertos por las E.P.S.

El ISS le solicitó al accionante, luego de que en la primera evaluación se le diagnosticó un 0% de incapacidad, que cancelara los honorarios de la Junta de Invalidez para realizarle la segunda evaluación. Esta exigencia se encontraba planteada en el artículo 43 del Decreto 1295 de 1994, el cual fue declarado inexequible en su totalidad por la Corte Constitucional, nota 2por que el ejercicio de los derechos de los trabajadores que han sufrido mengua en su capacidad laboral no puede supeditarse a que ellos gocen de una situación financiera solvente que les permita sufragar los gastos que genere la evaluación de las juntas de calificación de invalidez, por lo que quien debe incurrir en ese gasto es la EPS a la que el trabajador se encuentre afiliado. nota 3

En un caso similar, El actor solicitó a una administradora de salud que le hiciera una valoración de la incapacidad permanente que lo afectaba, que nunca se realizó. El señor entabló una acción de tutela contra la Junta calificadora de invalidez. La Corte negó la protección pues señaló que, por ley, los honorarios de los miembros de la Comisión deben ser pagados por la entidad de seguridad social o por la sociedad administradora a la que esté afiliado el solicitante. Por tanto, si no se efectuaba la respectiva consignación por parte de la EPS, la Junta no estaba en la obligación de prestar sus servicios. nota 4

· No puede condicionarse la prestación de los servicios en materia de seguridad social al pago de la evaluación de una incapacidad

Un padre en representación de su hija que padece de sordomudez, instauró acción de tutela contra el Seguro Social, al negarse a realizarle la calificación de invalidez con el fin de incluirla como beneficiaria de los servicios de salud de su padre pensionado, con el argumento de que debe cancelar los honorarios a la Junta de Calificación de Invalidez.

La Corte Constitucional consideró que de conformidad con el artículo 34 del Decreto 806 de 1998 la cobertura familiar de los servicios de salud comprende los hijos de cualquier edad si tienen incapacidad permanente y dependen económicamente del afiliado. Los hijos con incapacidad permanente producida por alteraciones orgánicas o funcionales incurables que impidan su capacidad de trabajo de acuerdo con las normas vigentes sobre la materia tienen derecho a ser considerados miembros del grupo familiar. La incapacidad deberá acreditarse mediante certificado expedido por un médico autorizado por la respectiva EPS.

El derecho a la seguridad social es un servicio público que debe ser protegido por el Estado en aras a garantizar el goce de los derechos fundamentales de los ciudadanos. La Constitución nacional no exige para la concretización de una eficiente política de seguridad social para los disminuidos físicos, sensoriales o psíquicos capacidad financiera alguna ni exigen que paguen para que puedan tener derecho a la evaluación de su incapacidad. En consecuencia, no puede condicionarse la prestación de los servicios en materia de seguridad social al pago de la evaluación de una incapacidad.

De acuerdo a lo establecido en el artículo 41 de la Ley 100 de 1993, los honorarios de las Comisiones Interdisciplinarias que califican en primera instancia la invalidez y determinan su origen, serán pagados por la entidad de previsión social o la administradora a la que esté afiliado el solicitante.

Para el caso de la calificación de invalidez cuando se trata del acceso a los servicios de salud de una persona con el fin de lograr la inscripción como beneficiaria de dichos servicios, en su condición de persona con problemas de sordomudez, corresponde en el caso concreto al Seguro Social el pago de los honorarios.

En consecuencia, la Corte considera que la entidad demandada ha sido negligente al no realizar los trámites para la eventual inscripción de la hija del accionante como beneficiaria de los servicios de salud.

Por lo tanto concede el amparo solicitado al derecho fundamental a la seguridad social, ordenado al Seguro Social, cubra los costos de la calificación de la invalidez y si del resultado de la calificación se desprende un efectivo estado de invalidez proceda a la afiliación como beneficiaria de los servicios de salud de su padre pensionado. nota 5

· Derecho del trabajador materialmente inválido a que se tengan en cuenta patologías anteriores para la calificación del grado de invalidez que padece

Se presentó demanda de inconstitucionalidad contra el parágrafo 1º del artículo 1º de la Ley 776 de 2002, el cual señalaba que la existencia de patologías anteriores no es causa para aumentar el grado de incapacidad, ni las prestaciones que correspondan al trabajador.

Evidencia la Corte Constitucional que de la norma acusada se desprende la posible existencia al interior del Sistema General de Seguridad Social, de un individuo que puede estar materialmente inválido sin la protección adecuada a su incapacidad, que no es otra que la pensión de invalidez. En efecto, al prohibir la norma que se aumente el grado de incapacidad con base en patologías anteriores, está desconociendo la realidad física del trabajador a proteger, para darle prioridad al formalismo de asunción del riesgo creado. Esta prohibición viola el Art. 1 numeral 2 literal a) de la “Convención Interamericana para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad” aprobada en Colombia a través de la ley 762 de 2002

En segundo lugar, los postulados del Estado Social de Derecho como principio fundante del Estado colombiano, denotan la protección especial al trabajo (en tanto valor axiológico, principio constitucional y derecho fundamental) y al derecho a la seguridad social como servicio público en cabeza del Estado. En este orden de ideas, tanto el primero como el segundo, deben estar en concordancia con la salvaguarda reforzada que la misma Constitución ha indicado en cabeza de las personas con discapacidad y disminuidos físicos. Lo anterior, con el propósito de hacer valer su dignidad humana.

En tercer lugar, el sistema general de riegos profesionales, es uno de los sistemas esenciales del Sistema General de Seguridad Social. Dicho sistema esta básicamente sustentado en la relación laboral que existe entre el trabajador y el empleador. Este especial sistema de seguro funciona bajo el supuesto que todos los trabajadores deben ser afiliados, pero no todos sufren siniestros. En consecuencia, puede presentarse que ninguno quede inválido o que pocos queden inválidos. Por eso, en últimas y para el tema del que se hace referencia, el sistema general de riesgos profesionales pretende asegurar la invalidez. En consecuencia, de un lado debe afirmarse que, cuando el patrono cotiza el riesgo, lo hace independientemente que éste se produzca o no, para él es indiferente la ocurrencia del riesgo y paga el seguro aún cuando este no exista.

En cuarto lugar, ante la posible existencia al interior del sistema de un individuo materialmente inválido , el cual goza de una protección no solo especial sino igualmente reforzada a la luz de la Constitución Nacional, al cual debe respetársele su dignidad humana y al cual debe hacérsele efectivo su derecho de seguridad social; haciendo uso del principio según el cual las relaciones laborales deben guiarse por la realidad más que por los formalismos; constata esta Corporación que existe una contradicción entre la norma demandada y los postulados Constitucionales.

En efecto, el sistema de seguridad social fundado en la Constitución y desarrollado en la ley, tiene como fin primordial el respeto de la dignidad humana y de la calidad de vida de los individuos, con base en que el trabajo es un valor esencial y un principio fundante del Estado colombiano, además de ser un derecho fundamental de los trabajadores, elementos esencial del Estado Social de Derecho. El sistema de seguridad social concerniente en la protección de riesgos profesionales, es un sistema de seguro en el cual se establece una discriminación entre los trabajadores asegurados al sistema de riesgos profesionales , pues a pesar de que la empresa y el trabajador cotizan en forma total al sistema , como lo hacen todos los asegurados, al trabajador que sufre un accidente de trabajo o disminuye sensiblemente su capacidad laboral, no le tienen en cuenta para calificar el grado de invalidez condiciones de salud anteriores, lo cual viola el derecho a la igualdad y los principios de irrenunciabilidad, universalidad, solidaridad y obligatoriedad de la seguridad social consagrados en el artículo 48 Constitucional.

Concluye la Corte que el parágrafo acusado, al prohibir que se aumente el grado de incapacidad con base en patologías anteriores, está desconociendo la realidad física del trabajador a proteger, que materialmente es inválido, pero carecería de la protección adecuada a su incapacidad, conforme los consagran los artículos 13, 47, 48 y 53 de la Constitución Política. Por consiguiente, se declarará la inexequibilidad del parágrafo 1° del artículo 1 de la ley 776 de 2002. nota 6



  1. Corte Constitucional, Sentencia T-726-07 
  2. Corte Constitucional, El artículo referido fue declarado inexequible en sentencia C-164-00 
  3. Corte Constitucional, Sentencia T-1040-00 
  4. Corte Constitucional, Sentencia T-124-00 
  5. Corte Constitucional, Sentencia T-287-06 
  6. Corte Constitucional, Sentencia C-425-05 

 Ocultar columna

 Acción de tutela

Mecanismo de protección judicial de carácter subsidiario mediante el cual se protegen derechos constitucionales contra acciones u omisiones de las autoridades o de particulares. Aun cuando en principio solo procede para la protección de derechos fundamentales, la jurisprudencia de la Corte Constitucional la ha extendido para proteger ciertos derechos sociales en conexidad con derechos fundamentales. Se caracteriza por: 1) puede ser ejercida por cualquier persona, sin necesidad de abogado; 2) en principio solo protege derechos fundamentales, y por conexidad otros derechos constitucionales; 3) se puede interponer ante cualquier juez de la República; 4) tiene un procedimiento sencillo y rápido; 5) se puede interponer contra autoridades públicas o personas privadas; 6) es de carácter subsidiario, es decir, solo procede cuando no existe otro medio judicial para la protección del derecho, o cuando a pesar de existir otro medio judicial, la tutela es necesaria para prevenir un perjuicio irremediable.

 Ocultar significado

© 2003 - 2006 Defensoría del Pueblo Colombia | línea gratuita nacional 018000 914814
Requisitos técnicos del sitio web | Su uso de este sitio web constituye aceptación de nuestras condiciones de uso y privacidad