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2. Derecho al medio ambiente sano

De acuerdo con la Corte, “la defensa del medio ambiente constituye un objetivo de principio dentro de la actual estructura de nuestro Estado Social de Derecho. En cuanto hace parte del entorno vital del hombre, indispensable para su supervivencia y la de las generaciones futuras, el medio ambiente se encuentra al amparo de lo que la jurisprudencia ha denominado “Constitución ecológica”, conformada por el conjunto de disposiciones superiores que fijan los presupuestos a partir de los cuales deben regularse las relaciones de la comunidad con la naturaleza y que, en gran medida, propugnan por su conservación y protección” nota 1

  1. Corte Constitucional, Sentencia C-431-00 , reiterada por T-500-94 
2.1. Carácter fundamental para la especie humana del derecho al medio ambiente sano

La Corte efectuó la revisión constitucional de la ley 618 de 2000, por la cual se aprueba la ‘Enmienda del Protocolo de Montreal aprobada por la Novena Reunión de las Partes’, suscrita en Montreal en 1997. Según la Corte, conforme a las normas de la Carta, el medio ambiente es un derecho constitucional fundamental para todos los individuos de la especie humana y el Estado está obligado a velar por su conservación y debida protección, procurando que el desarrollo económico y social sea compatible con las políticas que buscan salvaguardar las riquezas naturales de la Nación. La ley es declarada exequible. nota 1

  1. Corte Constitucional, Sentencia C-671-01 
2.2. Deber de compatibilizar el desarrollo económico, el derecho a un ambiente sano y el equilibrio ecológico

Se revisó la constitucionalidad de la Leyes 165 y 162 de 1994 "por medio de la cual se aprueba el Convenio sobre Diversidad Biológica" suscrito en Río de Janeiro en junio de 1992. La Corte sostuvo que la Constitución Política, con base en un avanzado y actualizado marco normativo en materia ecológica, es armónica con la necesidad mundial de lograr un desarrollo sostenible, pues no sólo obliga al Estado a planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales sino que además, al establecer el llamado tríptico económico determinó en él una función social, a la que le es inherente una función ecológica, encaminada a la primacía del interés general y del bienestar comunitario. Concluye que el Constituyente patrocinó la idea de hacer siempre compatibles el desarrollo económico y el derecho a un ambiente sano y a un equilibrio ecológico.” nota 1

  1. Corte Constitucional, Sentencia C-519-94 
2.3. Protección frente a beneficios tributarios

Se demandó la inconstitucionalidad parcial del artículo 158 del Estatuto tributario, según el cual se consideran gastos deducibles del impuesto sobre la renta, los desmontes, obras de riego y de desecación. Para los actores la disposición acusada vulnera, entre otras normas constitucionales, el derecho a un medio ambiente sano. Consideran que la norma también es contraria a la Ley 357 de 1997, por la cual se aprueba la "Convención Relativa a los Humedales de Importancia Internacional Especialmente como Hábitat de Aves Acuáticas", y a la Ley 162 de 1994, mediante la cual se aprobó el "Convenio sobre la Diversidad Biológica". En criterio de los demandantes, el Estado Colombiano, lejos de promover la conservación de los ecosistemas y de la biodiversidad misma, lo que hace a través de su política impositiva, en normas como la impugnada -que consagra estímulos tributarios- es incentivar la destrucción de la biodiversidad y de los recursos naturales.

La Corte consideró que de acuerdo al contenido técnico de los conceptos de desmonte y desecación, no pueden considerarse de manera absoluta como contrarios a la preservación y conservación de los recursos naturales ni a su desarrollo sostenible, y, por ende, nada en la Constitución impide al legislador consagrar respecto de tales actividades deducciones de impuestos para incentivar las labores de adecuación de tierras o la agricultura. Desde luego, no todos los casos son iguales y puede ocurrir que, cuando no se aplican las reglas vigentes para salvaguardar el ambiente y los recursos naturales, éstos resulten afectados a raíz de procedimientos de desmonte o desecación. Lo cual no quiere decir que, por así acontecer en determinadas circunstancias concretas, la disposición tributaria que de manera general se refiere a esos conceptos -los cuales per se no son inconstitucionales- vulnere los postulados superiores.

La Corte condiciona la exequibilidad en el sentido de exigir en la práctica, para que haya lugar a la deducción tributaria por los conceptos de desecación y desmonte, que la Administración sólo la reconozca previa certificación específica del Ministerio del Medio Ambiente o de la respectiva corporación autónoma regional, en el sentido de que los indicados procesos no perjudican el ambiente ni el desarrollo sostenible de los recursos naturales. nota 1

  1. Corte Constitucional, Sentencia C-1647-00 
2.4. Protección excepcional del derecho colectivo al medio ambiente sano mediante la acción de tutela

2.4.1. Por amenaza o vulneración de un derecho fundamental

De acuerdo con la jurisprudencia de la Corte Constitucional, la regla general del artículo 88 de la Carta, según la cual la protección del derecho e interés colectivo al medio ambiente sano se obtiene mediante el ejercicio de las acciones populares o las de clase o grupo, se exceptúa cuando, de la apreciación fáctica en concreto de los hechos efectuada por el juez de tutela, se logra deducir que la perturbación al mismo presenta un nexo de causalidad con la acción u omisión de la autoridad pública o del particular, según el caso, ocasionando la vulneración o amenaza en forma directa e inminente de derechos fundamentales de las personas, respecto de los cuales se solicita el amparo.

Es evidente que la perturbación producida al medio ambiente, mediante conductas que atentan contra la conservación de los recursos naturales, el equilibrio de los ecosistemas, la preservación de la biodiversidad y la estabilidad de aquel, por lo general llevan envuelta una vulneración o amenaza directa a derechos fundamentales de las personas, tales como la vida, la integridad personal, la intimidad y en conexidad con estos a la salud, en la medida en que existe una interdependencia vital entre la estabilidad de ese medio exterior como hábitat natural y la especie humana. De manera que, en el evento de llegarse a demostrar que en forma individual y concreta se ha producido una vulneración o amenaza aun derecho de ese rango, puede obtenerse su protección por la vía de la acción de tutela." nota 1

· Por conexidad con los derechos fundamentales a la vida y a la salud

Manifestaron los actores, que una empresa de cemento transporta diariamente materia prima por el área urbana donde residen, lo que genera una grave contaminación que afecta la salud y la tranquilidad de los habitantes, de lo cual se ha informado a la administración municipal sin que se hayan tomado medidas para resolver el problema. Solicitaron que se ordenara suspender el tránsito de los camiones por el sector y construir una vía alterna. La Corte consideró que la responsabilidad en la conservación y defensa del ambiente no es exclusiva del Estado sino que también atañe a los particulares y de modo especial a las empresas que en razón de su actividad puedan hallarse en posición de afectarlo.

Ellas gozan de libertad pero no pueden ejercerla arbitrariamente ni olvidar la función social que les corresponde. Esto resulta más claro si se tiene en cuenta la estrecha relación entre las condiciones ambientales y la salud de las personas que habitan en los lugares expuestos a la perturbación. En un ambiente viciado no se puede garantizar adecuadamente el derecho a la vida pues las posibilidades de ésta se verán notoriamente disminuidas. De acuerdo con la Corte, como en este caso, se presenta una situación de indefensión de los accionantes frente a la empresa de cemento y se ha demostrado la amenaza del derecho a la salud, procede la acción de tutela. Se ordena a la empresa, construir una banda transportadora para llevar la materia y mientras culmina esta obra, cubrir con carpas los camiones para evitar que los materiales caigan al suelo, así como lavar las llantas y las carrocerías. nota 2

En otro caso, una empresa privada construyó una canal para unir dos ríos y dicha construcción trajo consigo una cantidad de cambios ecológicos y sociales. Los habitantes de la zona intentaron que entidades estatales se responsabilizaran del daño, lo cual fue imposible. Los demandantes solicitaron que se ordenara a las entidades, elaborar un estudio de impacto ambiental (a costa de la sociedad maderera que ocasionó el problema) y de recuperación de la zona de influencia del canal, a fin de mitigar los efectos de su construcción y restaurar el área afectada. De acuerdo con la Corte, la acción de tutela procede solo como mecanismo transitorio para la protección de los derechos fundamentales amenazados, durante el tiempo que la autoridad judicial competente utilice para decidir sobre la acción de cumplimiento.

La Ley establece la acción de cumplimiento en asuntos ambientales como medio de defensa judicial, a disposición de cualquier persona natural o jurídica, para enfrentar eficazmente la omisión en el cumplimiento de sus funciones por parte de las autoridades públicas encargadas de la protección y defensa del medio ambiente. La orden a impartir por el Juez de tutela no puede comprender la pretensión de que se realice un estudio de impacto ambiental y la adopción de medidas para mitigar los efectos socio-ambientales de la construcción del Canal, ya que este sería el objeto mismo de la acción de cumplimiento. Se ordenó la adopción de medidas para evitar que se presente un perjuicio irreparable a la vida y bienes de los demandantes. nota 3

Posteriormente, un actor solicitó la protección de su derecho a la salud por considerar que el basurero existente cerca de su casa, es un foco de enfermedades que no debe estar en una zona residencial. El concepto de vida, como reiteradamente lo ha sostenido la Corte, no es un concepto limitado a la idea restrictiva de peligro de muerte, que daría lugar al amparo de tutela solo en el evento de encontrarse el individuo a punto de fenecer o de perder una función orgánica de manera definitiva; sino que se consolida como un concepto mas amplio a la simple y limitada posibilidad de existir o no, extendiéndose al objetivo de garantizar también una existencia en condiciones dignas.

Lo que se pretende es respetar la situación “existencial de la vida humana en condiciones de plena dignidad”, ya que “al hombre no se le debe una vida cualquiera, sino una vida saludable, en la medida en que sea posible. En ese orden de ideas, se requiere para el conocimiento de una acción orientada en ese sentido, que exista un daño o amenaza concreta de los derechos fundamentales del solicitante o su familia, una perturbación de derechos colectivos y un nexo causal o vínculo directo entre uno y otro, de manera tal que se pueda determinar directamente que la lesión o amenaza del derecho fundamental es producto de la perturbación de los derechos colectivos.

“Para el caso concreto se probó que existe una amenaza grave y actual sobre el derecho a la salud del actor y de su hijo, en razón a la cercanía de la vivienda del actor al basurero municipal, y la consiguiente potencialidad de riesgo de incidencia de estos vectores, real y concreta, por la presencia permanente de las moscas y mosquitos, del humo producto de la quema de las basuras, por los olores nauseabundos y por la existencia probable de residuos domésticos peligrosos al interior del botadero, que puedan lesionar la salud y vida del actor y su hijo.” nota 4

En otro caso posterior, adujo la accionante que, debido a la falta de condiciones higiénicas de las porquerizas existentes en el predio de su vecino, se han generado malos olores en la zona, moscos en abundancia y contaminación de las aguas que corren por las quebradas aledañas, por los deshechos que allí se vierten. Según la Corte, en los casos en que los olores fétidos provenientes de actividad industrial o agraria, se tornen intolerables para el individuo que está obligado a soportarlos por tener su lugar de residencia o de trabajo en lugar cercano, se hace viable el mecanismo de la tutela para proteger el derecho a un medio ambiente sano, como derecho colectivo, por estar en conexidad con los derechos fundamentales a la vida y a la salud que, evidente y directamente, están siendo vulnerados por la emanación de los malos olores. nota 5

· Por conexidad con el derecho a la intimidad

Los solicitantes afirmaron que la planta de procesamiento de alimentos concentrados para aves fue establecida hace aproximadamente quince años y que hasta la fecha no han sido instalados los equipos necesarios para eliminar los olores fétidos que se generan en el proceso productivo. Agregan que los residentes de la región han acudido reiteradamente a la Alcaldía Municipal, a la Gobernación y a la Corporación Autónoma Regional -CAR-, pero hasta el momento no han logrado que se les resuelva el problema. Solicitaron la protección de sus derechos a gozar de un medio ambiente sano, a consumir agua potable y a conservar la valorización de sus predios. La Corte señaló que, la naturaleza nauseabunda de un olor lleva al organismo humano a reaccionar como mecanismo de rechazo a sustancias tóxicas o dañinas.

La generación de olores nauseabundos, emitidos al aire por una empresa como consecuencia de su proceso industrial, de superar el rango de lo normalmente tolerable, constituye una molestia que no está obligado a soportar el grupo de personas que habitan en el radio de su influencia. La circunstancia de que esta externalidad de la actividad productiva sea evitable mediante la adopción de las medidas técnicas correspondientes-, convierte la molestia ocasionada en una injerencia arbitraria que vulnera el núcleo esencial del derecho fundamental a la intimidad personal y familiar.

Los solicitantes aseguraron que el olor no les permite "permanecer en sus viviendas", lo que evidencia la reducción automática de que han sido víctimas durante varios años en el goce efectivo de su derecho a la intimidad. En consecuencia, se ordenó a la industria demandada que, en el tiempo y modo que indique la autoridad sanitaria, adopte los medidas técnicas para resolver definitivamente el problema de emisiones externas de mal olor, so pena de verse avocado a su cierre total. nota 6

En otro caso posterior, el actor alega que se le viola su derecho a la intimidad, por el ruido y las vibraciones que provienen de la casa vecina, donde funciona una cerrajería, que no posee los permisos requeridos para este tipo de actividad. La Corte considera que, las molestias causadas por ruidos u olores no tienen, prima facie, relevancia constitucional, salvo que tales molestias adquieran una magnitud de tal entidad que lleguen a constituir una injerencia arbitraria sobre el derecho a la intimidad (Constitución Política, art. 15) de las personas que deben soportar tales olores o ruidos. Si se llega a comprobar la anotada magnitud y, además, se cumplen los restantes requisitos de procedibilidad de la acción de tutela, la cuestión adquiere entidad constitucional y, el anotado mecanismo procesal, se convierte en el instrumento adecuado para lograr el cese de las emanaciones auditivas u olfativas que violan el derecho fundamental a la intimidad. nota 7

  1. Corte Constitucional, Sentencia T-046-99 
  2. Corte Constitucional, Sentencia T-014-94 , ver, entre otras, las sentencias T-206-94 , T-431-94 , SU-442-97 , SU-1116-01 
  3. Corte Constitucional, Sentencia T-621-95 , ver T-092-93 , T-539-93 
  4. Corte Constitucional, Sentencia T-453-98 
  5. Corte Constitucional, Sentencia T-975-00 
  6. Corte Constitucional, Sentencia T-219-94 
  7. Corte Constitucional, Sentencia T-589-98 
2.4.2. Por contaminación de fuentes hídricas por vertimiento de aguas negras

La Corte Constitucional entra a determinar si existe vulneración de los derechos fundamentales a la vida, a la salud y a gozar de un ambiente sano de un ciudadano y la población de un barrio, los cuales se ven afectados en razón al vertimiento de aguas negras que son depositadas en el caño de su comunidad, por un Centro Comercial.

La Corte Constitucional determinó que para el momento en que fue instaurada la acción de tutela, ya no existía el vertimiento de aguas residuales debido al sellamiento del tubo que conducía dichas aguas desde el Centro Comercial al caño del barrio, razón por la cual operaba la carencia actual de objeto.

Pese a lo anterior, se ordenó a la Corporación Autónoma Regional la realización de todas las actividades correspondientes para garantizar la protección del derecho fundamental al medio ambiente sano y a la salud del actor y de los demás residentes del barrio por vertimientos del caño. Así mismo, para que no vuelva a incurrir en conductas como las que dieron origen a la solicitud de amparo y garanticen el goce efectivo de los derechos de las personas. nota 1

En otro caso, el actor expuso que vivía en un sector donde su inmueble y el de otros vecinos, se encontraban contiguos a una quebrada que recibía las aguas servidas de sus viviendas y de las que no están conectadas al plan maestro de alcantarillado local, situación que propicia la generación de malos olores, enfermedades transmitidas por mosquitos y afectación de la flora, fauna y medio ambiente del sector.

La Corte Constitucional encuentra que el vertimiento de las aguas residuales de la vivienda del actor y las aledañas a la quebrada que pasan por el jardín de su casa, sin tratamiento alguno, desconoce los derechos fundamentales del actor en tanto que no satisface siquiera los requisitos mínimos de un sistema de saneamiento básico constitucionalmente admisible.

Aun cuando el accionante cuenta con un sistema de colección de aguas residuales dentro del bien inmueble, es decir, baterías sanitarias y desagües, los residuos recolectados no están canalizados de forma tal que puedan ser conducidos adecuadamente a través del sistema de alcantarillado, específicamente a los interceptores de las descargas y a las plantas de tratamiento ya creadas. De acuerdo con las pruebas allegadas, las aguas residuales que deberían salir del inmueble al sistema de alcantarillado caen sin tratamiento alguno en el patio de la casa del accionante, uniéndose a las vertidas por los inmuebles vecinos.

Por lo anterior, se concede la tutela a los derechos a la dignidad, la salud y la vivienda digna en relación con las obligaciones de saneamiento básico del actor y de todos los habitantes del sector donde él reside, que carezcan de sistemas adecuados de disposición y canalización de las aguas residuales provenientes del interior de sus viviendas y se imparten una serie de órdenes conducentes a hacer efectivo el goce de los derechos amparados. nota 2

  1. Corte Constitucional, Sentencia T-1085-12 
  2. Corte Constitucional, Sentencia T-707-12 
2.5. Armonización del derecho a la tranquilidad frente a la contaminación auditiva y derecho al trabajo

La actora afirmó que, sus vecinos instalaron una fábrica de cajas de madera donde operan máquinas destinadas al corte de madera que producen un enorme ruido que afecta seriamente los órganos auditivos, la paz, la tranquilidad, el sosiego y la higiene suyos y de las personas que conviven con ella. La Corte sostiene que la preservación y conservación del ambiente es una responsabilidad que compromete la acción conjunta del Estado y de los particulares. El desarrollo de una labor productiva, así como la libre iniciativa privada, dentro de un marco de legalidad, no pueden considerarse en términos absolutos, pues la preservación del ambiente sano, además de ser un deber inalterable e incondicional, es perenne, pues recae sobre algo necesario: la dignidad de la vida humana.

Además la Corte expresó que, los instrumentos jurídicos para el amparo del interés colectivo -como es el caso de las acciones populares o las acciones de clase, no resultan aplicables por el simple hecho de que se afecte a un numero plural de personas, o porque se trate de derechos enumerados en el artículo 88 de la Carta o en alguna otra disposición constitucional o legal, sino que se trata de una circunstancia que puede protegerse o remediarse mediante la acción de tutela en los términos definidos por la Constitución. En este caso la Corte consideró que se debían armonizar los derechos de las partes, esto es el derecho a la tranquilidad frente a la contaminación auditiva y el derecho al trabajo y la libertad de empresa de los dueños de la fábrica, por lo cual se ordenó a las autoridades sanitarias tomar medidas para reducir el ruido a niveles tolerables. nota 1

  1. Corte Constitucional, Sentencia T-028-94 
2.6. Obligación de conjunto multifamiliar de realizar obras para evitar contaminación auditiva

La actora interpuso acción de tutela al considerar violados sus derechos a la salud, la intimidad y la tranquilidad, por cuanto el conjunto multifamiliar donde reside no acató requerimiento de autoridad ambiental, consistente en realizar obras de insonorización y control necesarias al ascensor ubicado cerca de su apartamento.

La Corte Constitucional reiteró su jurisprudencia respecto de (i)la viabilidad de la tutela contra particulares que administran conjuntos residenciales, debido a que las decisiones de la Junta o Consejo de Administración, o el Administrador, pueden colocar en situación de indefensión o necesariamente de subordinación a los copropietarios y, (ii)el ruido como agente contaminante del medio ambiente, puede vulnerar los derechos fundamentales de una persona, lo que supone la procedencia de la acción de tutela para efectos de conseguir su reducción o supresión.

Señaló la corporación que es un caso de omisión por parte de un ente particular, que afecta derechos fundamentales de una persona, además la protección al medio ambiente es deber tanto del Estado como de los particulares, quienes deben adoptar las medidas necesarias a fin de evitar y reducir el ruido a niveles tolerables, respetando el marco normativo sobre contaminación auditiva regulado por las autoridades competentes. Igualmente manifestó la Corte que el hecho de que problema del ascensor aqueje directamente a uno de los miembros del conjunto, no exime a los demás de contribuir a su solución, máxime si se tiene en cuenta que se trata de un daño sobre un bien común que no puede ser reparado por cuenta de la accionante, por cuanto no le corresponde asumirlo.

Advirtió la Corte que el ruido excesivo vulnera notablemente los derechos a la vida en condiciones dignas y a la salud de la accionante, así como afecta la intimidad y tranquilidad de aquella y su familia. Por encontrar probada la afectación de derechos fundamentales y la situación de indefensión de la accionante frente al ente demandado, del cual no ha obtenido una solución al problema de contaminación auditiva, pese a la intervención de la autoridad ambiental, concedió el amparo a sus derechos y ordenó al conjunto multifamiliar iniciar las gestiones tendientes a la aprobación de una partida presupuestal con el fin de adelantar las obras de insonorización y control necesarias con el fin de garantizar que el ascensor cumpla con la normatividad ambiental. nota 1

  1. Corte Constitucional, Sentencia T-1015-04 . Ver también la Sentencia T-1047-08  sobre niveles sonoros elevados en la celebración de cultos
2.7. Protección del medio ambiente y de los derechos fundamentales frente a la actividad económica

Los habitantes de una zona cercana a la recepción, manejo y embarque de carbón, sienten vulnerado su derecho a un medio ambiente sano, en conexidad con sus derechos a la salud y a la vida digna. Sostiene la Corte, que existe para los particulares una especial responsabilidad en la preservación y protección del medio ambiente, cuando quiera que con el ejercicio de la libertad de empresa se atente contra su equilibrio; más aún, cuando de su posible lesión pueden derivarse amenazas a derechos fundamentales. La realización de la actividad económica debe sujetarse a las normas ambientales expedidas, con el fin de mantener un medio ambiente sano a través de un desarrollo económico sostenible, y con el control de las autoridades ambientales.

De acuerdo con la Corte se encuentra acreditada una afectación del ambiente por la emisión de partículas de carbón en diferentes lugares de la ciudad que al esparcirse por el aire generan enfermedades respiratorias y pulmonares, que comprometen la salud de la población, especialmente de la infantil. Atentar contra la salud de las personas por la afectación del medio ambiente, además de poner en peligro una vida en condiciones saludables, atenta contra la dignidad humana y lesiona el derecho a la integridad personal, que puede traducirse en una amenaza del derecho a la vida de los mismos, dada la conexidad innegable entre unos y otros. Dicha causa de contaminación, genera restricción de la capacidad de autodeterminación de las personas que viven cerca del puerto, en la medida en que las mismas se ven sometidas a una constante, incontrolable y arbitraria injerencia en la intimidad y vida privada, lesionando la tranquilidad, sosiego doméstico y la estética de los predios, en un grado injustificado que evidencia un trato discriminatorio de los mismos.

Esta situación determina la necesidad de proceder a una protección inmediata, de índole constitucional, como la que ofrece la acción de tutela. Resulta adecuada, la decisión de impartir órdenes preventivas a fin de implementar los correctivos necesarios para reducir el efecto nocivo producido por la emisión de partículas de carbón durante la actividad que realiza la accionada, a fin de amparar los derechos fundamentales de los actores y demás personas afectadas, sin desconocer la protección a la libertad de empresa de la sociedad demandada.

La Corte ordenó a la empresa consolidar, en un término de tres (3) meses, un cronograma de razonable duración para la realización de inversiones necesarias que permitan eliminar toda influencia malsana a la salud e intimidad de los pobladores de la zona, que comprenda todo el proceso de transporte terrestre, almacenamiento, cargue y descargue de carbón en el puerto y en sus lugares adyacentes, sin perjuicio del cumplimiento de las obligaciones que, para la expedición de las diversas licencias, le hayan sido impuestas por las autoridades ambientales, administrativas y de salud. nota 1

  1. Corte Constitucional, Sentencia T-046-99 , ver también T-428-92 
2.8. Todas las empresas tienen la responsabilidad de proteger el medio ambiente, pero no todas tienen la obligación de crear un departamento de gestión ambiental

Se demanda el artículo 8 de la Ley 1124 de 2007, “Por medio de la cual se reglamenta el ejercicio de la profesión de Administrador Ambiental”, por considerar que la norma acusada vulnera los artículos 158 y 333 de la Constitución Política, en tanto establece la obligación para toda empresa del sector industrial de crear un departamento de gestión ambiental que limita gravemente la libre actividad económica y la iniciativa privada.
En primer lugar la Corte considera que la norma acusada pretende garantizar el goce efectivo del derecho al medio ambiente, a través de personas (administradores ambientales) debidamente capacitadas y ubicadas en las empresas que por su ámbito de acción, el industrial, generan una mayor afectación del bien constitucionalmente protegido.

Respecto al cargo referente a la supuesta violación de la libertad económica y la iniciativa privada, a causa la imposición de la obligación de crear un departamento de gestión ambiental en todas las empresas del sector industrial con el fin de velar por el cumplimiento de la normatividad ambiental, la Corte encuentra que existe una tensión entre los principios de libertad económica, libertad de empresa, por un lado; y la primacía del interés general, referente a la protección al medio ambiente, por otro. Frente a esto, la doctrina de la Corte ha establecido que las restricciones a la libertad económica y de empresa serán constitucionales en la medida en que (i) respeten el principio de reserva democrática, (ii) no anulen el derecho en sus contenidos esenciales, y (iii) si responden a criterios de razonabilidad, en el sentido que obedezcan al principio de solidaridad o a alguna de las finalidades expresamente señaladas por la Constitución, y proporcionalidad en sentido lato. Después de examinar uno a uno estos requisitos la Corte concluye que respecto del primer requisito, en razón a que la medida impuesta por el artículo demandado que restringe los derechos a la libertad económica y de empresa, cumple con la obligación estatal de velar por la conservación y debida protección del medio ambiente.

En cuanto al segundo requisito, la Corte encuentra que no hay anulación o desconocimiento absoluto del derecho a la libertad de empresa, porque la norma demandada no regula totalmente la actividad empresarial, sino que se limita a establecer la manera como las empresas a nivel industrial deben cumplir sus obligaciones en relación con la protección ambiental.

Respecto al tercer requisito referente a la observancia de los criterios de razonabilidad y proporcionalidad, señala la Corte que los primeros se cumplen a cabalidad, ya que la creación de un departamento de gestión ambiental resulta un medio adecuado - en tanto no está prohibido ni riñe con los preceptos constitucionales - para alcanzar el fin buscado, cual es garantizar el cumplimiento de la normatividad ambiental de la República, dentro de la libertad de configuración que tiene el legislador, sin desconocer que no es el único ni considerar si es el mejor para conseguir el fin propuesto.

Pero respecto al criterio de proporcionalidad, la Corte concluye que la norma impone una carga excesiva a todas las empresas a nivel industrial, que no se compadece con la finalidad que se pretende alcanzar al exigir la creación de departamentos de gestión ambiental como mecanismo para lograr la protección del medio ambiente. El hecho de que las empresas no cuenten con tal departamento no implica una desprotección del medio ambiente. La efectividad del resto de la normatividad ambiental no depende de que todas las empresas estén organizadas bajo dicho esquema.

En efecto, a pesar de que el ordenamiento constitucional vigente consagra un modelo económico que garantiza un amplio espacio de libertad para la actividad económica y la iniciativa privada, dentro de los límites del bien común, la empresa, como base del desarrollo, se encuentra sujeta a una función social que implica obligaciones (artículos 84 y 333 CP.). Es decir, recae sobre los particulares una especial responsabilidad en la preservación y protección del medio ambiente, cuando quiera que con el ejercicio de la libertad de empresa se puede atentar contra su equilibrio.

Por su parte, el medio previsto en la norma demandada establece una obligación en cabeza de todas las empresas pertenecientes al sector industrial sin ninguna consideración respecto a las características específicas del tipo de industria al que pertenece (manufacturero, textil, metalúrgica, minerales no metálicos como el cemento, química y derivados del petróleo, etc.), el tamaño (grandes, medianas, pequeñas y microempresas), el capital, la localización, el grado de afectación del medio ambiente, la situación económica que enfrente un determinado sector o el compromiso previo con la protección del bien que se busca proteger plasmado en acciones concretas y efectivas.
Desde esta perspectiva, las implicaciones y efectos de la obligación contenidos en la norma demandada variarán significativamente entre las empresas catalogadas como grandes, medianas o microempresas.

Todo lo anterior, sin desconocer que debe resaltarse la responsabilidad social que compete a todas las empresas en la protección del medio ambiente. Por tanto, la circunstancia de su tamaño no exonera a ninguna empresa dedicada a la actividad industrial del cumplimiento de las normas ambientales, por ende las pequeñas empresas que con su actividad puedan impactar el entorno natural quedan sujetas al deber de solicitar las licencias que haya a lugar y a los controles correspondientes.

La Corte no desconoce que la norma demandada podría cumplir una finalidad constitucionalmente importante en aras de alcanzar la efectividad de las normas que protegen el medio ambiente, en particular, en relación con las grandes y medianas empresas a nivel industrial, por lo cual no decide declarar toda la norma inconstitucional.

Por tanto, la Corte resuelve declarar inexequible, la expresión “todas” contenida en el artículo 8 de la Ley 1124 de 2007 y declarar EXEQUIBLE el resto de la disposición en el entendido de que la obligatoriedad de crear un departamento de gestión ambiental no se aplica a las micro y pequeñas empresas a nivel industrial, en los términos expuestos en la parte motiva de esta providencia. nota 1

  1. Corte Constitucional, Sentencia C-486-09 
2.9. El comparendo ambiental no podrá impedir el ejercicio efectivo de la actividad de los recicladores informales

Se demandan los numerales 6, 14 y 15 del artículo 6º de la Ley 1259 de 2008 “por medio de la cual se instaura en el territorio nacional la aplicación del comparendo ambiental a los infractores de las normas de aseo, limpieza y recolección de escombros; y se dictan otras disposiciones”, por considerarlos violatorios del preámbulo y en los artículos 1, 6, 11, 13, 24, 25, 26, 29, 53, 58, 79, 80, 81, 82, 83 y 93 de la Constitución Política, que califican como infracción la actividad misma de reciclar que desempeñan personas en condiciones de marginalidad, privilegiando así la protección al ambiente sano sobre los derechos fundamentales de los recicladores.

Del análisis realizado frente a cada numeral acusado de la Ley 1259 de 2008, la Corte establece que las normas demandadas tienen un efecto de exclusión, proscripción y sanción de la actividad que se cumple por los recicladores informales de basura.

Respecto a la legitimidad de las medidas adoptadas por la norma acusada la Corte considera que si bien las mismas se orientan a la preservación del espacio público, el medio ambiente y la salubridad, por la manera como están redactadas podrían dar lugar a que se afecte de manera desproporcionada al sector de los recicladores informales, escenario en el cual estarían en contravía con mandatos imperativos que se derivan de la configuración de Colombia como un Estado Social de Derecho, y los cuatro principios fundantes del mismo, cuales son la dignidad humana, la igualdad, el trabajo y la solidaridad.

Las normas acusadas, sin embargo, desde una perspectiva enmarcada solamente en el concepto de cultura ciudadana, adoptan una aproximación sancionatoria, sin contemplar de manera expresa alternativas para los recicladores informales que se verían desplazados de su actividad, lo cual harían desproporcionales las medidas adoptadas por las normas demandadas respecto del fin perseguido, cual es la protección del medio ambiente.

Para la Corte, esa restricción es contraria a la Constitución porque afecta el mínimo vital y el derecho al trabajo, y desconoce el deber del Estado de garantizar espacios de autonomía para que las personas puedan procurarse el sustento y las condiciones de una vida con dignidad, o el deber subsidiario de plantear alternativas, mediante acciones afirmativas que permitan que quienes se ven privados de su medio tradicional de subsistencia, encuentren los escenarios adecuados para el desarrollo de una vida digna.

En el anterior contexto se señala que para la Corte no resulta inconstitucional per se establecer como infracción las conductas de extraer sin autorización el contenido de los recipientes de basura, o utilizar medios inadecuados para el trasporte de la misma, o dar mal manejo a los sitios donde se reciclan los residuos sólidos, pero que sí se advierte en determinados contenidos de las disposiciones acusadas una oposición con la Constitución, que obedece al hecho de que, por la manera como están redactadas, pueden tener un alcance altamente restrictivo de las actividades que realizan los recicladores informales de basura, sin contemplar alternativas para garantizar su participación e inclusión en el marco de las labores que tradicionalmente han venido realizando como medio de subsistencia.

La dicotomía que se presenta entre la protección a los derechos al medio ambiente, salubridad y espacio público, por un lado; y la protección a los derechos fundamentales de los recicladores, lleva a que la Corte acuda en este caso a una sentencia de exequibilidad condicionada que, al paso que permita mantener en el ordenamiento jurídico los contenidos de las disposiciones acusadas que, no solamente no son contrarios a la Constitución, sino que obedecen a objetivos socialmente valiosos, excluya, como contrarios a la Carta, los contenidos normativos que es posible derivar de ellas y que tendrían un impacto lesivo sobre los recicladores informales de basura.

En otras palabras, dentro de una concepción integral del problema de manejo de los desechos, es posible adoptar las medidas de regulación orientadas a evitar que la actividad de los recicladores informales vaya en contravía con los objetivos de aseo, manejo del espacio público y preservación del ambiente, como dejar tirada o esparcida la basura en la calle o en el andén, conducta que, como se admite en la demanda, a no dudarlo, sí amerita ser sancionada, sin recurrir, a priori, a medidas altamente restrictivas de las actividades de los recicladores de la calle, como las que se excluirán del ordenamiento mediante una decisión de exequibilidad condicionada.

Por tanto, la Corte resuelve declarar la exequibilidad de los numerales 6º, 14º y 15º del artículo 6 de la Ley 1259 de 2008, en el entendido de que el comparendo ambiental no podrá impedir el ejercicio efectivo de la actividad de los recicladores informales. nota 1

  1. Corte Constitucional, Sentencia C-793-09 
2.10. El cierre de rellenos sanitarios que afectan el medio ambiente, no puede afectar el mínimo vital de aquellas personas que encuentran en los residuos sólidos su único medio de subsistencia.

Varias personas que se dedican al reciclaje solicitan la protección a su derecho a la vida digna en conexidad con el derecho al trabajo, los cuales consideran vulnerados a raíz del cierre de un relleno sanitario del cual los actores obtenían los residuos aprovechables, que vendían en el mercado secundario.

En primer lugar, la regulación del servicio público de aseo incluye tanto la recolección como el aprovechamiento de los residuos. En segundo lugar, el servicio público de aseo está enmarcado en normas generales del orden nacional las cuales desarrollan lo dispuesto en la Ley 142 de 1994 en materia de manejo y aprovechamiento de residuos sólidos.

En tercer lugar, las normas mencionadas, tanto del nivel nacional, como local, se presentan con un objetivo común: garantizar que la gestión integral de los residuos sólidos no sólo sea eficiente, sino que no ponga en peligro la salud humana o afecte el medio ambiente. En cuarto lugar, si bien la mayor parte de estas disposiciones son de carácter general, algunas de sus disposiciones no sólo hacen referencia expresa a los recicladores –en algunas ocasiones para prohibir cierta actividad, en otras con el ánimo de promover su participación en el manejo y aprovechamiento de residuos sólidos-, sino que varias de ellas, a pesar de no mencionarlos expresamente, los impacta directamente, más que a cualquier otro grupo poblacional.

En efecto, es evidente que las disposiciones que ordenan la clausura y restauración ambiental de los lugares que han sido utilizados como “botaderos”, al margen de las evidentes consideraciones ambientales, es una medida que afecta a los recicladores informales, especialmente a aquellos que derivan su sustento de los botaderos. Si el botadero se cierra, estas personas quedan sin su lugar ordinario de trabajo.

Frente a este hecho, no hay duda que la decisión de cerrar el botadero obedece a una finalidad constitucional imperiosa, cual es la de garantizar condiciones ambientales y de salubridad pública. Con el propósito de evitar los efectos nocivos de la operación del botadero, su cerramiento no sólo era una medida adecuada, sino necesaria, pues ya no había nada que hacer para permitir su operación en condiciones ambientalmente óptimas.

Ahora bien, así como es un hecho la comprobada amenaza del botadero para la salud de la población y para el medio ambiente, también es un hecho incuestionable que la decisión de cerrar el botadero generó un impacto social, de grandes proporciones, para las personas cuyo mínimo vital dependía de este relleno, por lo cual ha debido venir acompañada de medidas complementarias para mitigar los efectos de la decisión, las cuales se fundamenten en una evaluación razonable y cuidadosa de la realidad sobre la cual dichas autoridades efectuarán su intervención, de manera tal que atiendan a los resultados reales y concretos derivados de la evaluación en cuestión, y no a un estado de cosas ideal o desactualizado, para no afectar indebidamente el goce efectivo de los derechos fundamentales de las personas.

Se reconoce que si bien las autoridades tienen el deber y la potestad constitucionales de adelantar políticas, programas y medidas orientadas a recuperar y preservar el espacio público, tales políticas, programas y medidas, se han de adelantar siguiendo el debido proceso y dándole a los afectados un trato digno. Dichas medidas también deben respetar la confianza legítima de los afectados, deben estar precedidas de una cuidadosa evaluación de la realidad sobre la cual habrán de tener efectos, con el seguimiento y la actualización necesarios para guardar correspondencia en su alcance y características con dicha realidad, con miras a asegurar el goce efectivo de derechos constitucionales fundamentales, y no se pueden adelantar en forma tal que se lesione desproporcionadamente el derecho al mínimo vital de los sectores más vulnerables y pobres de la población, ni de manera tal que se prive a quienes no cuentan con oportunidades económicas en el sector formal de los únicos medios lícitos de subsistencia que tienen a su disposición.

Por tanto, la Corte resuelve proteger los derechos a la salud, vida digna, trabajo y educación de los actores y sus familiares. nota 1

  1. Corte Constitucional, Sentencia T-291-09 
2.11. El ambiente sano es un derecho colectivo de cuya satisfacción resultan beneficiados derechos individuales

El accionante presentó acción de tutela contra una empresa de Aguas y un Establecimiento Público Ambiental, por la presunta vulneración de sus derechos fundamentales, y los de su familia, a la vida digna, la salud y la intimidad, ocasionada por los malos olores y el desbordamiento de basura que se generan en el canal de aguas lluvias que construyó el Distrito de en el patio de su vivienda. Pues desde que el canal fue construido, ni el Distrito ni la correspondiente empresa pública de alcantarillado han hecho un adecuado mantenimiento, para evitar que los desperdicios que llegan al canal obstruyan la fluencia del agua y produzcan malos olores. Como resultado de esta obstrucción y de la descomposición de residuos orgánicos que allí se acopian, el canal presenta tres causas de riesgo para la salubridad de quienes transitan por el lugar y, sobre todo, de quienes habitan cerca, como es el caso de la familia del peticionario. El actor envió derecho de petición a la empresa Aguas solicitando que se instalaran tapas de concreto sobre el canal, para detener y evitar los efectos perjudiciales a los que conduce el estado actual del canal para él y su familia, solicitud que fue negada.

Por tal razón acudió ante la Personería que recomendó a la empresa colocar tapas de concreto sobre el mismo, con el propósito de disminuir el impacto que las condiciones del caño tienen para la comunidad y, especialmente, para el peticionario y su familia. Solicitud que tampoco fue atendida en sentido favorable.

El derecho a un ambiente sano sólo puede ser concebido como un derecho colectivo. Sin embargo, lo cierto es que la Corte Constitucional en su jurisprudencia le ha reconocido que el goce efectivo de muchos otros derechos individuales, como por ejemplo los derechos a la vida, a la salud y a la intimidad, depende de que se proteja y garantice el medio ambiente. En ese sentido, el derecho a un ambiente sano es también un derecho subjetivo de todo ser humano, en tanto se considera titular del derecho a vivir sanamente y sin injerencias indebidas.

La Corte reconoció la protección de los derechos tutelados en el presente caso. nota 1

  1. Corte Constitucional, Sentencia T-271-10 
2.12. Actividades como la explotación, transporte y almacenamiento de carbón deben estar sometidas a medidas para proteger la indemnidad del ambiente

El accionante presentó acción de tutela contra varios organismos encargados de la protección al medio ambiente aduciendo vulneración de los derechos a la vida, a la salud y a gozar de un ambiente sano, ya que el barrio en el que reside se ve afectado por la inhalación de polvillo de carbón, que se desprende del descargue, almacenamiento y embarque de ese mineral en el puerto. Solicita el decretar de una inspección judicial en el puerto y en su vivienda, con el fin de corroborar los hechos expuestos en la demanda, y enviar las muestras recogidas a una Universidad, para que ilustre sobre los perjuicios que ocasiona el polvillo del carbón en la salud humana y en el ambiente.

Los derechos del ser humano a la salud y a la integridad física, suelen resultar afectados por las alteraciones que se ciernan contra el ambiente sano, particularmente cuando se altera la calidad de elementos vitales, como el agua y el aire. Así lo ha señalado la Corte:…“Es cierto que la salud y la integridad física son objetos jurídicos identificables, pero nunca desligados de la vida humana que los abarca de manera directa. Por ello cuando se habla del derecho a la vida se comprenden necesariamente los derechos a la salud e integridad física, porque lo que se predica del género cobija a cada una de las especies que lo integran. Es un contrasentido manifestar que el derecho a la vida es un bien fundamental, y dar a entender que sus partes -derecho a la salud y derecho a la integridad física- no lo son.

Cuando se habla del derecho a la salud, no se está haciendo cosa distinta a identificar un objeto jurídico concreto del derecho a la vida, y lo mismo ocurre cuando se refiere al derecho a la integridad física. Es decir, se trata de concreciones del derecho a la vida, mas no de bienes jurídicos desligados de la vida humana, porque su conexidad próxima es inminente. Igualmente, el derecho a un ambiente sano presenta una innegable conexión con el derecho a la intimidad de las personas (art. 15 Const.), de manera que la lesión del primero redunda en el disfrute y efectividad del segundo, ya que puede coartar la autodeterminación de las personas, en razón a condiciones a las cuales se puedan ver expuestos en el interior de sus moradas, que implican molestias para desarrollarse en su ámbito privado personal y familiar.

De esta manera, ante la realización de una actividad económica que pueda producir contaminación del medio ambiente, cuando resulten ineficaces o insuficientes los controles que por ella misma corresponde implantar, como aquellos radicados en las autoridades competentes para mantener las condiciones básicas ambientales que permitan preservar la calidad de vida y proporcionar un bienestar general, se vulnera el derecho fundamental a la intimidad personal y familiar de quienes resulten afectados por la contaminación, en virtud del injusto detrimento contra el derecho a gozar de un ambiente sano y de otros derechos conexos.

Sin duda, la explotación, transporte y almacenamiento de carbón genera partículas en suspensión, que afectan la pureza del aire. En tal virtud, esas actividades deben estar sometidas a específicas medidas sanitarias y de control, tendientes a proteger la indemnidad del ambiente, el bienestar general y, particularmente, la salud y demás derechos de la población circunvecina.
El incumplimiento de las normas sobre mantenimiento de la calidad del aire conlleva, en consecuencia, además de una vulneración de deberes internacionales, un desconocimiento del derecho colectivo al ambiente sano y los individualizables de la vida y la salud, entre otros.

La Corte tuteló los derechos a la intimidad, la salud y el goce de un ambiente sano del actor y en consecuencia a todos los habitantes del barrio; ordenó a la empresa acatar lo dispuesto por la autoridad ambiental y a esta ejercer riguroso control para la erradicación de las partículas de carbón. nota 1

  1. Corte Constitucional, Sentencia T-203-10 
2.13. Principio de precaución como criterio hermenéutico para establecer la necesidad de proteger el ambiente sano ante amenazas graves que no han sido científicamente comprobadas

Los actores afirman que, a raíz de la ubicación de una subestación eléctrica y unos transformadores pertenecientes a la empresa de energía, en el piso inferior del edificio donde viven junto con sus menores hijos, se encuentran en situación de riesgo derivada de la posibilidad de incendio, y del paso de corriente en los electrodomésticos de la cocina. Los actores solicitan la protección constitucional del derecho a un ambiente sano, en conexidad con los derechos a la salud, la integridad física, y a la vida.

La Corte reitera su jurisprudencia referente a procedencia excepcional de la acción de tutela para la protección del derecho al medio ambiente:
(i) Que exista conexidad entre la vulneración de un derecho colectivo y la violación o amenaza a un derecho fundamental, de forma tal que el daño o la amenaza del derecho fundamental sea consecuencia inmediata y directa de la perturbación del derecho colectivo; (ii) Que el peticionario sea la persona directa o realmente afectada en su derecho fundamental; (iii) Que la vulneración o la amenaza del derecho fundamental aparezca expresamente probada en el expediente; y, (iv) finalmente, que la orden judicial busque el restablecimiento del derecho fundamental afectado y no del derecho colectivo en sí mismo considerado, pese a que con la decisión resulte protegido, igualmente, un derecho de esta naturaleza.

Se establece el cumplimiento del requisito de conexidad, en relación con la amenaza del derecho a la integridad física de los peticionarios (riesgo no controlado de incendio), y la integridad física de los menores, (debido al paso de corriente en los electrodomésticos de la cocina). En cuanto a los requisitos de titularidad del derecho fundamental amenazado, de las pruebas de la amenaza del mismo y de la idoneidad de la acción de tutela para su protección, la Corte los encuentra cumplidos.

Como en el caso que se examina no se ha producido ningún daño o vulneración a los derechos invocados por los accionantes, como tampoco existe certeza científica pero si una amenaza grave para los mismos, la Corte acude a lo que se ha llamado el principio de precaución y que se encuentra en el artículo 15 de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, suscrita por el Estado Colombiano, y cuyos principios fueron incorporados a la legislación nacional a través de la ley 99 de 1993, con lo cual el Estado quedó comprometido a aplicarlo según sus capacidades. Este principio permite que cuando haya peligro de daño grave o irreversible, la falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces en función de los costos para impedir la degradación del medio ambiente.

A partir de la consagración legal del principio de precaución, en diversos pronunciamientos de la Corte, se ha considerado que el mismo se encuentra constitucionalizado, por lo cual se ha convertido en un criterio de interpretación a la hora de dar aplicación a las disposiciones relativas a la protección ambiental.

Para tomar la determinación de adoptar medidas de precaución o prevención a favor de los menores que se encuentran en riesgo, se deben cumplir tres elementos a saber: (i) la posible ocurrencia de un daño grave, sobre el cual (ii), la evidencia científica es en extremo limitada y, lo que resulta de mayor relevancia: (iii) la intensidad del riesgo es mínima, pues la intensidad de los campos es en extremo baja, y la fuente de los campos electromagnéticos ubicada en la instalación eléctrica es sólo uno de muchos factores que generan campos electromagnéticos en el entorno del apartamento.

En síntesis, el riesgo tiene una entidad considerablemente superior a la de los electrodomésticos comunes.

Por tanto, la Corte resuelve proteger el derecho a la integridad física de los peticionarios y sus hijos menores de edad, en conexidad con la vida. nota 1

  1. Corte Constitucional, Sentencia T-299-08 
2.14. Improcedencia general de la tutela para la protección del medio ambiente como derecho colectivo

2.14.1. Por falta de conexidad con un derecho fundamental

La Corte Constitucional, en varios pronunciamientos ha señalado que la contaminación del medio ambiente por olores nauseabundos, puede vulnerar no sólo los derechos fundamentales como la vida o la salud, sino también el derecho a la intimidad, como quiera que puede traducirse en la necesidad de abandonar el lugar, constriñendo por lo tanto su libertad de autodeterminación. Con todo, el mal olor que las personas no están en la obligación de soportar, ha de ser incontrolado, significativamente desproporcionado, al punto que la persona vea impedido el derecho a gozar de su intimidad.

Si bien en el presente caso, es indiscutible la existencia de malos olores, no puede la Corte ordenar por vía de tutela el cierre de la planta de tratamiento del matadero municipal, por cuanto, en primer lugar, las afecciones nasales que padecen la accionante y su menor hijo, no se encuentran directamente relacionados con los malos olores que expele la planta de tratamiento, como lo certificó el Hospital al que fue enviada. En segundo lugar, porque según las pruebas que obran en el proceso, los malos olores se han presentado con planta o sin planta “porque la fuente de la quebrada de por sí es donde cae la alcantarilla del pueblo.” Y además, resultan ser ocasionales y tolerables, como se afirma en la diligencia de inspección judicial. nota 1

Una persona que vive en inmediatez de relleno sanitario, en el que se produjo un derrumbamiento, solicitó que se le ampararan sus derechos al goce de un ambiente sano, a la salud y a la vida, que se ordene trasladar el relleno a otro lugar y se reparen los daños ocasionados por el derrumbe. En el proceso no se comprobó que los hechos objeto de la acción de tutela, hubieran producido una “afectación actual e inminente” de los derechos fundamentales del actor.

Ante esto la Corte advierte que, la Carta de 1991 es explícita en adoptar el modelo que consagra el "derecho al goce de un ambiente sano" no como un derecho fundamental, sino como un derecho y un interés constitucional de carácter colectivo; en este sentido la Acción de Tutela, no es procedente para obtener de manera autónoma su protección pues, aquella procede para obtener el amparo de los derechos fundamentales y no el de otros derechos que, como los colectivos, deben perseguirse judicialmente por virtud del ejercicio de las Acciones Populares o de las Acciones de Grupo en los términos de su regulación legal.

El derecho a gozar de un ambiente sano es un derecho colectivo, cuya protección especial se ejerce por medio de acciones populares, consagradas en el artículo 88 de la Carta. Únicamente en casos excepcionales procede la acción de tutela para proteger derechos colectivos, siempre y cuando se acredite la existencia de un perjuicio en relación con un derecho fundamental individual de los peticionarios, quienes deberán demostrar fehacientemente el nexo causal entre los presuntos hechos atentatorios contra el medio ambiente y la afectación del derecho individual alegado. nota 2

En otro caso, el actor consideró vulnerados sus derechos a la vida y a un ambiente sano por las industrias que contaminan la zona donde reside. No se encontró conexidad entre la contaminación del lugar y el estado de salud de los peticionarios, por esto la Corte dejó claro que, la protección del derecho al ambiente sano a través de la acción de tutela, procede únicamente en aquellos casos excepcionales en los que aparezca evidente la necesidad de proteger, por conexidad, un derecho constitucional fundamental. De igual forma no es posible argumentar que el problema en comento -polución del aire- es tutelable por el simple de hecho de “coadyuvar” en la alteración del estado físico de los peticionarios, pues si ello fuera así, entonces sería necesario proteger, a través de este mecanismo judicial, la vida, la salud y la integridad física de todas las personas que habitan y que desarrollan su vida diaria en ciudades, localidades o zonas, que presentan altos niveles de contaminación ambiental. nota 3

  1. Corte Constitucional, Sentencia T-554-02 
  2. Corte Constitucional, Sentencia T-244-98 
  3. Corte Constitucional, Sentencia T-220-95 
2.14.2. Por falta de pruebas de la violación del derecho fundamental

El accionante sintió vulnerado su derecho a la tranquilidad, por el ruido que se produce hasta altas horas de la noche en el autódromo de la ciudad de Bogotá. Ante esto la Corte ha dicho que, no basta alegar que existe una determinada contaminación ambiental por exceso de ruido si ni siquiera existe prueba de que se sufre de una afección en cuya virtud se corra el peligro de perder la vida o disminuir el funcionamiento vital o integral de los elementos a la salud. nota 1

  1. Corte Constitucional, Sentencia T-226-95 
2.14.3. Por falta de pruebas de la violación de un derecho fundamental o colectivo

Ante la poca efectividad de las autoridades locales de gestionar una solución al agrietamiento presentado sobre la vía que comunica el casco urbano de un municipio con una vereda, los accionantes solicitaron la tutela a los derechos a la libre locomoción, al trabajo, a la producción y comercialización de alimentos agrícolas, a gozar de una infraestructura física adecuada, al acceso a la educación y a la protección de la integridad del espacio público.

La Corte afirma en primer lugar, la improcedencia, por regla general, de la acción de tutela para proteger derechos colectivos, por otra parte haciendo el análisis concreto, la Corte determina que los peticionarios no aportaron ningún elemento de juicio dirigido a demostrar su veracidad o a comprobar que ellos, efectivamente, viven en esa zona, por tanto se está ante la ausencia de material probatorio que permita aclarar la situación fáctica que origina la acción de tutela. En consecuencia, considera la Corte que no están presentes los requisitos de procedencia de la acción de tutela cuando se afectan derechos fundamentales directamente relacionados con la vulneración de derechos colectivos. La decisión en consecuencia fue negar la tutela. nota 1

  1. Corte Constitucional, Sentencia T-659-07 
2.15. Licencias ambientales

2.15.1. Constitucionalidad de la creación de la autoridad nacional de licencias ambientales anla

Un ciudadano instauró demanda de inconstitucionalidad, contra el Decreto 3573 de 2011, debido a que contraría los numerales 7° y 10° del artículo 150 de la Constitución, en cuanto excede las facultades extraordinarias de las cuales se revistió al Presidente de la República en la Ley 1444 de 2011.

Del análisis realizado por la Corte, se concluye que el precepto legal demandado es constitucional, porque del estudio normativo armónico y sistemático, se dedujo clara y precisamente que la ley habilitante, 1444 de 2011, sí facultaba al efecto al Presidente de la República, existiendo la necesidad de contar con un organismo que se encargue "del estudio, aprobación y expedición de licencias, permisos y trámites ambientales que contribuirá a mejorar la eficiencia, eficacia y efectividad de la gestión ambiental y al desarrollo sostenible", lo cual condujo a que válidamente emergiera la unidad administrativa especial del orden nacional denominada Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, ANLA, en los términos del artículo 67 de la Ley 489 de 1998, con autonomía administrativa y financiera, sin personería jurídica y haciendo parte del Sector Administrativo de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

En consecuencia, el cargo formulado contra el Decreto 3573 de 2011, no estaba llamado a prosperar y por ende, la Corte procedió a declararlo exequible. nota 1

  1. Corte Constitucional, Sentencia C-572-12 
2.15.2. Concepto y justificación de la licencia ecológica

Se presentó demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 4º de la Ley 105 de 1993, que regula la obtención de la licencia ambiental para la construcción de obras públicas que tengan un efecto sobre el ambiente. La norma también atribuye a la autoridad de transporte competente, en concordancia con la autoridad ambiental, la facultad de establecer los niveles máximos de emisión de sustancias, ruidos y gases contaminantes de los motores de los distintos tipos de naves y vehículos. De acuerdo con la Corte, la licencia ambiental es el acto administrativo de autorización que otorga a su titular el derecho de realizar una obra o actividad con efectos sobre el ambiente, de conformidad con las condiciones técnicas y jurídicas establecidas previamente por la autoridad competente.

La licencia ambiental es esencialmente revocable. La razón de ser de las licencias ambientales es la protección de los derechos individuales y colectivos. Corresponde a las autoridades públicas velar por estos derechos, en particular cuando el riesgo de su vulneración aumenta debido al desarrollo de actividades riesgosas. El silencio administrativo positivo, en materia de solicitudes para proyectos de construcción de obras públicas, cumple el importante objetivo de garantizar la eficiencia, economía y calidad del servicio público del transporte. nota 1

  1. Corte Constitucional, Sentencia C-328-95 
2.15.3. Inconstitucionalidad del silencio administrativo positivo frente a la obtención de las licencias ambientales

Se demandó la inconstitucionalidad parcial de los parágrafos 6 y 7 del artículo 1º de la Ley 507 de 1999 por la cual se modificaba la Ley 388 de 1997, por considerar que la aplicación del silencio administrativo positivo como instrumento de enlace para lograr la formulación y adopción de los Planes de Ordenamiento Territorial (POT) por parte de los Municipios, Distritos y Áreas Metropolitanas, impide al Estado -a través de sus autoridades ambientales- cumplir con su deber constitucional de proteger la diversidad e integridad del medio ambiente.

La Corte sostiene que la defensa del medio ambiente constituye un objetivo de principio dentro de la estructura del Estado Social de Derecho. En cuanto hace parte del entorno vital del hombre, indispensable para su supervivencia y la de las generaciones futuras, el medio ambiente se encuentra al amparo de lo que la jurisprudencia ha denominado “Constitución ecológica”, conformada por el conjunto de disposiciones superiores que fijan los presupuestos a partir de los cuales deben regularse las relaciones de la comunidad con la naturaleza y que propugnan por su conservación y protección.

Por esto se le impone al Estado las siguientes obligaciones: 1) proteger su diversidad e integridad; 2) salvaguardar las riquezas naturales de la Nación; 3) conservar las áreas de especial importancia ecológica; 4) fomentar la educación ambiental; 5) planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para así garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución; 6) prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental; 7) imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados al ambiente y; 8) cooperar con otras naciones en la protección de los ecosistemas situados en las zonas de frontera.

En este orden de ideas la Corte consideró que los apartes demandados deben ser declarados inexequibles, por cuanto, resulta paradójico, que la ineficacia del Estado - la omisión en pronunciarse sobre la solicitud de una licencia ambiental - termine sancionada con mayor ineficacia, en este caso, relevando a las autoridades de su deber constitucional de prevenir y controlar el deterioro ambiental. La aplicación del silencio administrativo, en estas condiciones, es inexequible. nota 1

  1. Corte Constitucional, Sentencia C-431-00 
2.15.4. Licencias ambientales que otorgan las corporaciones autonomas regionales no son apelables ante el ministerio del medio ambiente

Se demandó la incostitucionalidad del inciso final del artículo 63 de la Ley 99 de 1993, el cual establecía que, “Los actos administrativos expedidos por las Corporaciones Autónomas Regionales -CAR- que otorguen o nieguen licencias ambientales, serán apelables ante el Ministerio del Medio Ambiente, en los términos y condiciones establecidos por el Código Contencioso Administrativo”. Indicaron las demandantes que el citado inciso desconoció la autonomía de éstas, toda vez que este recurso es conocido por el superior jerárquico y es claro que el Ministerio del Medio Ambiente no ejerce relación de jerarquía alguna respecto de las CAR, dado el carácter autónomo especial que el mismo constituyente les otorgó.

La Corte observó que para la protección del medio ambiente la Constitución asigna competencias concurrentes a la Nación, las CAR, las entidades territoriales y las autoridades indígenas, lo cual hace posible que a pesar de la omisión de una u otra autoridad, el Estado pueda garantizar la efectividad de la protección de las riquezas naturales, asegurando que la comunidad y las generaciones futuras puedan gozar de un ambiente sano. El criterio político en torno al cual el constituyente distribuyó las competencias del estado en materia ambiental, facilita la participación de las personas en las decisiones que afectan su entorno inmediato y a la vez garantiza que todos los habitantes gocen de un ambiente sano, mediante la concurrencia de los órganos territoriales y nacionales en su protección.

De acuerdo con la Corte en virtud de los principios de armonía regional y gradación normativa se garantiza que el otorgamiento de licencias obedezca a un criterio unitario y general, dictado por una entidad nacional y se protege el medio ambiente en lo territorial y en lo regional, frente a la insuficiencia de las regulaciones dictadas por las autoridades en ese ámbito, y en virtud del principio de rigor subsidiario las entidades regionales no pueden adoptar medidas menos rigurosas que las adoptadas por la entidad nacional.

Lo anterior, teniendo en cuenta que (i)en virtud del principio de armonía regional las entidades regionales deben ejercer sus funciones constitucionales y legales en relación con la protección del ambiente de manera coordinada y armónica con sujeción a las normas de carácter superior y a las directrices de la Política Nacional Ambiental, a fin de garantizar un manejo unificado, racional y coherente de los recursos naturales; (ii) el principio de gradación normativa garantiza que las regulaciones medioambientales dictadas por las CAR y por las entidades territoriales respeten las regulaciones dictadas por el Ministerio de Ambiente; y (iii) el principio de rigor subsidiario establece que las regulaciones nacionales son un estándar mínimo con el que deben cumplir las autoridades ambientales regionales y territoriales.

Concluyó la Corte que tanto la protección del ambiente, como la aplicación uniforme de un estándar mínimo de protección nacional se encuentran garantizadas sin necesidad de limitar la autonomía de las CAR para decidir definitivamente sobre las licencias que estas entidades expiden, en consecuencia, declara la inconstitucionalidad de la disposición demandada. nota 1

  1. Corte Constitucional, Sentencia C-894-03 
2.15.5. Prohibición de expedición de licencias de construcción como protección del medio ambiente

Presentaron los actores que como consecuencia de las continuas migraciones provenientes de la zona continental y del extranjero, la apertura económica, y las numerosas construcciones hoteleras, villas turísticas, condominios, almacenes, urbanizaciones y tugurios, sin límites de racionalidad y razonabilidad, se ha ocasionado en San Andrés Isla, una grave problemática de connotaciones socio-culturales, laborales y con notables repercusiones en el medio ambiente.

En cuanto a las nocivas consecuencias en el medio ambiente, anotan que esto obedece en gran medida a que el Gobernador y la Junta de Planeación del Departamento, han expedido y autorizado licencias de construcción y urbanización en forma indiscriminada, por fuera de los límites del Plan de Ordenamiento Territorial, lo que ocasiona una deficiente prestación en los servicios públicos domiciliarios que no tienen la cobertura para cubrir en mínima parte la demanda propia de las viviendas y mucho menos satisfacer las necesidades de las nuevas edificaciones. La Corte consideró que el otorgamiento incontrolado de licencias de construcción en la Isla de San Andrés, sin contar con una infraestructura sanitaria suficiente y adecuada, se ha constituido en un factor determinante de la creación y agravación de los problemas ambientales.

La prohibición de expedir licencias de construcción se extiende a los proyectos de construcción denominados “autosuficientes”, es decir, aquellos que cuentan con sistemas propios de agua, generación eléctrica, tratamiento de aguas negras, etc., toda vez que ese tipo de obras no se acompasa con la solución integral a la problemática ambiental que propone la administración y de otra parte no contribuyen eficazmente a su solución, en razón a que se construyen en zonas carentes de los correspondientes servicios públicos. nota 1

  1. Corte Constitucional, Sentencia T-284-95 
2.15.6. En los trabajos de exploración minera, debe establecerse previamente el impacto que sobre el medio ambiente y el entorno social estos puedan causar

Se demandan los artículos 203 y 213 (parciales) de la Ley 685 de 2001, “por la cual se expide el Código Minas y se dictan otras disposiciones” por considerarlos violatorios de los artículos 2, 8, 58, 79, 80, 93, 333 y 334 de la Constitución Política. En primer lugar, se considera que el artículo 203 desconoce que las autorizaciones de uso y aprovechamiento de los recursos naturales deben estar condicionadas a los resultados de los estudios que demuestren si la solicitud es razonable y no representa ningún daño al ecosistema, y en segundo lugar el artículo 213, que establece cuatro causas taxativas para negar la licencia ambiental para la explotación de los recursos naturales, no contempla dentro de las mismas aspectos sustanciales que pueden afectar al medio ambiente.

La Corte, frente a la acusación contra el artículo 203, luego de realizar un estudio sistemático de la ley 685 de 2001 y de la Ley 99 de 1993, encuentra que no es correcto afirmar que el artículo 203 obligue a la autoridad ambiental a autorizar el uso de los recursos naturales renovables, sin ninguna condición, y sin atender a si dicho uso afecta o no el medio ambiente, en tanto resulta claro que la Ley 685 de 2001 persigue fomentar la exploración de los recursos mineros teniendo en cuenta que su aprovechamiento se realice atendiendo a los principios y normas de explotación racional de los recursos naturales no renovables, dentro de un concepto integral de desarrollo sostenible. Agrega que todas las normas de la Ley 685 de 2001, incluido el artículo 203 acusado, buscan desarrollar las normas constitucionales que ordenan al Estado planificar e intervenir la explotación de los recursos naturales, con el fin de conseguir la preservación de un ambiente sano. Igualmente, se dispone en la mencionada ley que en los trabajos de exploración minera, deba establecerse el impacto que sobre el medio ambiente y el entorno social puedan causar, y que en todo caso, tales actividades exploratorias deben acomodarse a las normas y guías adoptadas por el Gobierno.

Según la Ley 99 de 1993, las autoridades ambientales a quienes compete otorgar la autorización a que se refiere la norma acusada deben ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de las actividades de exploración de los recursos naturales no renovables, que generen o puedan generar deterioro ambiental. Igualmente las autoridades encargadas de expedir las licencias ambientales deben tomar medidas de prevención y protección del medio ambiente.

En efecto, las leyes 685 de 2001 y 99 de 1993 buscan atender a la protección del medio ambiente y al logro del desarrollo sostenible, de donde se infiere que no podía estar dentro de la intención del legislador que las autoridades ambientales autorizaran de plano el uso de recursos naturales renovables, sin considerar el impacto ambiental de dicho uso.

Respecto de la constitucionalidad del artículo 213 de la Ley 685 de 2001, en igual sentido, la Corte afirma que la interpretación literal de esta disposición indica todo lo contrario de lo que sostienen los demandantes, pues la denegación de la licencia sí procede por razones sustanciales. Antes bien, la ley es clara en indicar que sólo procede por ese tipo de razones y por “errores u omisiones puramente formales”.

Una lectura integral de la Ley 685 de 2001 permite ver que el propósito legislativo general que animó la expedición de esta ley fue alcanzar la protección efectiva del medio ambiente y el logro de un desarrollo económico sostenible, cuando de la explotación de los recursos minerales se trate. De donde se infiere que no podía estar dentro de la intención legislativa disponer que las autoridades negaran el otorgamiento de licencias ambientales solamente por razones formales, sin atender a si con las autorizaciones impartidas se ocasionaba o no un daño al medio ambiente, o se impedía alcanzar metas de desarrollo sostenible.

Así pues, el artículo 213 no es una norma aislada y ella misma remite a otra reglamentación de rango no legal, pero importante para su cabal entendimiento, reglamentación que contiene indicaciones dirigidas a las autoridades encargadas de aprobar licencias ambientales, en donde se ordena atender pautas para valorar el impacto de los proyectos sobre el medio ambiente.

Por tanto, la Corte resuelve declarar exequible el artículo 203 del Código de Minas y la expresión “solamente” contenida en el artículo 213 del mismo Código. nota 1

  1. Corte Constitucional, Sentencia C-813-09 
2.16. Apelación de los actos administrativos expedidos en virtud del principio de rigor subsidiario por las autoridades ambientales regionales o locales es inconstitucional

Se demanda el Art. 63 (parcial) de la Ley 99 de 1993, porque se considera que vulnera los Arts. 1°, 79, 80, 150, Num. 7, y 287 de la Constitución Política ya que desconocen la autonomía otorgada por la Carta a las Corporaciones Autónomas Regionales y a las entidades territoriales.

Recuerda la Corte que los actos administrativos que profieran las corporaciones autónomas regionales y las entidades territoriales están sometidos al control de legalidad por parte de la jurisdicción contenciosa administrativa, de conformidad con la Constitución Política y el código respectivo, en cuyo ejercicio aquella puede suspender provisionalmente sus efectos mientras profiere la sentencia respectiva. Concluye el Alto Tribunal que la apelación de los actos administrativos expedidos en virtud del principio de rigor subsidiario por las autoridades ambientales regionales o locales, ante la autoridad superior dentro del Sistema Nacional Ambiental - SINA, limita el principio de autonomía de las corporaciones y de las entidades territoriales, sin una justificación razonable, que pudiera fundarse en un interés superior, y, por tanto, vulnera los Arts. 150, Num. 7, y 287 de la Constitución; por lo que se declara la inexequibilidad de la expresión "serán por su naturaleza apelables ante la autoridad superior, dentro del Sistema Nacional Ambiental (SINA), y tendrán una vigencia transitoria no superior a 60 días mientras el Ministerio del Medio Ambiente decide sobre la conveniencia de prorrogar su vigencia o de darle a la medida carácter permanente", contenida en el Art. 63 de la Ley 99 de 1993.

En cuanto a la expresión impugnada: "en concordancia con el artículo 51 de la presente Ley", afirma la Corte que se trata no solamente de la expedición de las licencias ambientales sino también de la aplicación de los demás mecanismos de control ambiental, como es el otorgamiento de permisos, concesiones y autorizaciones, por lo cual visiblemente no se limita el desarrollo del principio de rigor subsidiario ni se vulneran las normas constitucionales señaladas, en consecuencia, el cargo planteado carece de fundamento y la Corte lo declara exequible. nota 1

  1. Corte Constitucional, Sentencia C-554-07 

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 Acción de tutela

Mecanismo de protección judicial de carácter subsidiario mediante el cual se protegen derechos constitucionales contra acciones u omisiones de las autoridades o de particulares. Aun cuando en principio solo procede para la protección de derechos fundamentales, la jurisprudencia de la Corte Constitucional la ha extendido para proteger ciertos derechos sociales en conexidad con derechos fundamentales. Se caracteriza por: 1) puede ser ejercida por cualquier persona, sin necesidad de abogado; 2) en principio solo protege derechos fundamentales, y por conexidad otros derechos constitucionales; 3) se puede interponer ante cualquier juez de la República; 4) tiene un procedimiento sencillo y rápido; 5) se puede interponer contra autoridades públicas o personas privadas; 6) es de carácter subsidiario, es decir, solo procede cuando no existe otro medio judicial para la protección del derecho, o cuando a pesar de existir otro medio judicial, la tutela es necesaria para prevenir un perjuicio irremediable.

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