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Última modificación: 2006-08-01
Por amenaza o vulneración de un derecho fundamental

De acuerdo con la jurisprudencia de la Corte Constitucional, la regla general del artículo 88 de la Carta, según la cual la protección del derecho e interés colectivo al medio ambiente sano se obtiene mediante el ejercicio de las acciones populares o las de clase o grupo, se exceptúa cuando, de la apreciación fáctica en concreto de los hechos efectuada por el juez de tutela, se logra deducir que la perturbación al mismo presenta un nexo de causalidad con la acción u omisión de la autoridad pública o del particular, según el caso, ocasionando la vulneración o amenaza en forma directa e inminente de derechos fundamentales de las personas, respecto de los cuales se solicita el amparo.

Es evidente que la perturbación producida al medio ambiente, mediante conductas que atentan contra la conservación de los recursos naturales, el equilibrio de los ecosistemas, la preservación de la biodiversidad y la estabilidad de aquel, por lo general llevan envuelta una vulneración o amenaza directa a derechos fundamentales de las personas, tales como la vida, la integridad personal, la intimidad y en conexidad con estos a la salud, en la medida en que existe una interdependencia vital entre la estabilidad de ese medio exterior como hábitat natural y la especie humana. De manera que, en el evento de llegarse a demostrar que en forma individual y concreta se ha producido una vulneración o amenaza aun derecho de ese rango, puede obtenerse su protección por la vía de la acción de tutela." nota 1

· Por conexidad con los derechos fundamentales a la vida y a la salud

Manifestaron los actores, que una empresa de cemento transporta diariamente materia prima por el área urbana donde residen, lo que genera una grave contaminación que afecta la salud y la tranquilidad de los habitantes, de lo cual se ha informado a la administración municipal sin que se hayan tomado medidas para resolver el problema. Solicitaron que se ordenara suspender el tránsito de los camiones por el sector y construir una vía alterna. La Corte consideró que la responsabilidad en la conservación y defensa del ambiente no es exclusiva del Estado sino que también atañe a los particulares y de modo especial a las empresas que en razón de su actividad puedan hallarse en posición de afectarlo.

Ellas gozan de libertad pero no pueden ejercerla arbitrariamente ni olvidar la función social que les corresponde. Esto resulta más claro si se tiene en cuenta la estrecha relación entre las condiciones ambientales y la salud de las personas que habitan en los lugares expuestos a la perturbación. En un ambiente viciado no se puede garantizar adecuadamente el derecho a la vida pues las posibilidades de ésta se verán notoriamente disminuidas. De acuerdo con la Corte, como en este caso, se presenta una situación de indefensión de los accionantes frente a la empresa de cemento y se ha demostrado la amenaza del derecho a la salud, procede la acción de tutela. Se ordena a la empresa, construir una banda transportadora para llevar la materia y mientras culmina esta obra, cubrir con carpas los camiones para evitar que los materiales caigan al suelo, así como lavar las llantas y las carrocerías. nota 2

En otro caso, una empresa privada construyó una canal para unir dos ríos y dicha construcción trajo consigo una cantidad de cambios ecológicos y sociales. Los habitantes de la zona intentaron que entidades estatales se responsabilizaran del daño, lo cual fue imposible. Los demandantes solicitaron que se ordenara a las entidades, elaborar un estudio de impacto ambiental (a costa de la sociedad maderera que ocasionó el problema) y de recuperación de la zona de influencia del canal, a fin de mitigar los efectos de su construcción y restaurar el área afectada. De acuerdo con la Corte, la acción de tutela procede solo como mecanismo transitorio para la protección de los derechos fundamentales amenazados, durante el tiempo que la autoridad judicial competente utilice para decidir sobre la acción de cumplimiento.

La Ley establece la acción de cumplimiento en asuntos ambientales como medio de defensa judicial, a disposición de cualquier persona natural o jurídica, para enfrentar eficazmente la omisión en el cumplimiento de sus funciones por parte de las autoridades públicas encargadas de la protección y defensa del medio ambiente. La orden a impartir por el Juez de tutela no puede comprender la pretensión de que se realice un estudio de impacto ambiental y la adopción de medidas para mitigar los efectos socio-ambientales de la construcción del Canal, ya que este sería el objeto mismo de la acción de cumplimiento. Se ordenó la adopción de medidas para evitar que se presente un perjuicio irreparable a la vida y bienes de los demandantes. nota 3

Posteriormente, un actor solicitó la protección de su derecho a la salud por considerar que el basurero existente cerca de su casa, es un foco de enfermedades que no debe estar en una zona residencial. El concepto de vida, como reiteradamente lo ha sostenido la Corte, no es un concepto limitado a la idea restrictiva de peligro de muerte, que daría lugar al amparo de tutela solo en el evento de encontrarse el individuo a punto de fenecer o de perder una función orgánica de manera definitiva; sino que se consolida como un concepto mas amplio a la simple y limitada posibilidad de existir o no, extendiéndose al objetivo de garantizar también una existencia en condiciones dignas.

Lo que se pretende es respetar la situación “existencial de la vida humana en condiciones de plena dignidad”, ya que “al hombre no se le debe una vida cualquiera, sino una vida saludable, en la medida en que sea posible. En ese orden de ideas, se requiere para el conocimiento de una acción orientada en ese sentido, que exista un daño o amenaza concreta de los derechos fundamentales del solicitante o su familia, una perturbación de derechos colectivos y un nexo causal o vínculo directo entre uno y otro, de manera tal que se pueda determinar directamente que la lesión o amenaza del derecho fundamental es producto de la perturbación de los derechos colectivos.

“Para el caso concreto se probó que existe una amenaza grave y actual sobre el derecho a la salud del actor y de su hijo, en razón a la cercanía de la vivienda del actor al basurero municipal, y la consiguiente potencialidad de riesgo de incidencia de estos vectores, real y concreta, por la presencia permanente de las moscas y mosquitos, del humo producto de la quema de las basuras, por los olores nauseabundos y por la existencia probable de residuos domésticos peligrosos al interior del botadero, que puedan lesionar la salud y vida del actor y su hijo.” nota 4

En otro caso posterior, adujo la accionante que, debido a la falta de condiciones higiénicas de las porquerizas existentes en el predio de su vecino, se han generado malos olores en la zona, moscos en abundancia y contaminación de las aguas que corren por las quebradas aledañas, por los deshechos que allí se vierten. Según la Corte, en los casos en que los olores fétidos provenientes de actividad industrial o agraria, se tornen intolerables para el individuo que está obligado a soportarlos por tener su lugar de residencia o de trabajo en lugar cercano, se hace viable el mecanismo de la tutela para proteger el derecho a un medio ambiente sano, como derecho colectivo, por estar en conexidad con los derechos fundamentales a la vida y a la salud que, evidente y directamente, están siendo vulnerados por la emanación de los malos olores. nota 5

· Por conexidad con el derecho a la intimidad

Los solicitantes afirmaron que la planta de procesamiento de alimentos concentrados para aves fue establecida hace aproximadamente quince años y que hasta la fecha no han sido instalados los equipos necesarios para eliminar los olores fétidos que se generan en el proceso productivo. Agregan que los residentes de la región han acudido reiteradamente a la Alcaldía Municipal, a la Gobernación y a la Corporación Autónoma Regional -CAR-, pero hasta el momento no han logrado que se les resuelva el problema. Solicitaron la protección de sus derechos a gozar de un medio ambiente sano, a consumir agua potable y a conservar la valorización de sus predios. La Corte señaló que, la naturaleza nauseabunda de un olor lleva al organismo humano a reaccionar como mecanismo de rechazo a sustancias tóxicas o dañinas.

La generación de olores nauseabundos, emitidos al aire por una empresa como consecuencia de su proceso industrial, de superar el rango de lo normalmente tolerable, constituye una molestia que no está obligado a soportar el grupo de personas que habitan en el radio de su influencia. La circunstancia de que esta externalidad de la actividad productiva sea evitable mediante la adopción de las medidas técnicas correspondientes-, convierte la molestia ocasionada en una injerencia arbitraria que vulnera el núcleo esencial del derecho fundamental a la intimidad personal y familiar.

Los solicitantes aseguraron que el olor no les permite "permanecer en sus viviendas", lo que evidencia la reducción automática de que han sido víctimas durante varios años en el goce efectivo de su derecho a la intimidad. En consecuencia, se ordenó a la industria demandada que, en el tiempo y modo que indique la autoridad sanitaria, adopte los medidas técnicas para resolver definitivamente el problema de emisiones externas de mal olor, so pena de verse avocado a su cierre total. nota 6

En otro caso posterior, el actor alega que se le viola su derecho a la intimidad, por el ruido y las vibraciones que provienen de la casa vecina, donde funciona una cerrajería, que no posee los permisos requeridos para este tipo de actividad. La Corte considera que, las molestias causadas por ruidos u olores no tienen, prima facie, relevancia constitucional, salvo que tales molestias adquieran una magnitud de tal entidad que lleguen a constituir una injerencia arbitraria sobre el derecho a la intimidad (Constitución Política, art. 15) de las personas que deben soportar tales olores o ruidos. Si se llega a comprobar la anotada magnitud y, además, se cumplen los restantes requisitos de procedibilidad de la acción de tutela, la cuestión adquiere entidad constitucional y, el anotado mecanismo procesal, se convierte en el instrumento adecuado para lograr el cese de las emanaciones auditivas u olfativas que violan el derecho fundamental a la intimidad. nota 7



  1. Corte Constitucional, Sentencia T-046-99 
  2. Corte Constitucional, Sentencia T-014-94 , ver, entre otras, las sentencias T-206-94 , T-431-94 , SU-442-97 , SU-1116-01 
  3. Corte Constitucional, Sentencia T-621-95 , ver T-092-93 , T-539-93 
  4. Corte Constitucional, Sentencia T-453-98 
  5. Corte Constitucional, Sentencia T-975-00 
  6. Corte Constitucional, Sentencia T-219-94 
  7. Corte Constitucional, Sentencia T-589-98 

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 Acción de tutela

Mecanismo de protección judicial de carácter subsidiario mediante el cual se protegen derechos constitucionales contra acciones u omisiones de las autoridades o de particulares. Aun cuando en principio solo procede para la protección de derechos fundamentales, la jurisprudencia de la Corte Constitucional la ha extendido para proteger ciertos derechos sociales en conexidad con derechos fundamentales. Se caracteriza por: 1) puede ser ejercida por cualquier persona, sin necesidad de abogado; 2) en principio solo protege derechos fundamentales, y por conexidad otros derechos constitucionales; 3) se puede interponer ante cualquier juez de la República; 4) tiene un procedimiento sencillo y rápido; 5) se puede interponer contra autoridades públicas o personas privadas; 6) es de carácter subsidiario, es decir, solo procede cuando no existe otro medio judicial para la protección del derecho, o cuando a pesar de existir otro medio judicial, la tutela es necesaria para prevenir un perjuicio irremediable.

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